MAGISTRADO PONENTE: HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. 419
El Juzgado Superior Primero de Hacienda,
adjunto a oficio Nº 145 de fecha 27 de febrero de 1973, remitió a esta Sala el
expediente que contiene el procedimiento del Reparo, formulado por la Sala de
Examen de la Contraloría General de la República contra la sociedad mercantil CONSERVAS RODENAS DE VENEZUELA, C.A.,
por cuanto “Examinados los expedientes de
Liquidación, Recaudación e Importación del vapor español RUISEÑADA, fondeado en
el Puerto de La Guaira el día (...), se comprobó que en perjuicio del Fisco
Nacional fue practicada una doble liquidación de los Impuestos de Importación
causados por mercancías amparadas por el Manifiesto de Importación Nº 111”. Dicha
remisión lo hizo con la finalidad de que este Tribunal conociera de la
“apelación interpuesta” contra la decisión de ese Juzgado de fecha 13 de
febrero de 1973, que declaró con lugar el reparo interpuesto.
El 26 de marzo de 1973 se dio cuenta en Sala
y por auto de la misma fecha, se designó ponente al Magistrado Jonás Barrios E.
y se fijó la 4ª audiencia para comenzar la relación.
Mediante escrito del 21 de marzo de 1973, el
ciudadano Juan Antonio Rodríguez Valdés, titular de la cédula de identidad
número E-292.629, actuando con el carácter de Presidente de la recurrente
fundamentó la apelación interpuesta.
El 2
de abril de 1973 comenzó la relación y terminó el 29 de mayo del mismo año,
cuando se fijó la oportunidad para el acto de informes, el cual se realizó en
fecha 5 de junio de 1973, compareció el representante de la recurrente,
consignando su escrito respectivo y seguidamente se dijo “VISTOS”.
Por auto de fecha 7 de abril de 2000, la Sala
ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba y designó
ponente al Magistrado José Rafael Tinoco.
En virtud de la
designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero,
y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional
en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N°
37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político
Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se reasignó la ponencia al
Magistrado Hadel Mostafá Paolini, quien con tal carácter suscribe el presente
fallo.
Para
decidir, la Sala observa:
De
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas
que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento,
por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites debe declarar
la perención, de oficio o a instancia de parte.
En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del
presente año declaró que la perención:
“Se trata,
así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto
de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son
imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de
inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera
intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid.
caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios
se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después
de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas
providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo
también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza
de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación
por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
(...omissis...)
Así,
declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del
proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden
público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto
quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente
la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente
establecidos.
Por último, esta interpretación es en un todo
coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no
contradice el artículo 96 eiusdem que dispone:
‘Los informes constituyen la última actuación de las
partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la
incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a
las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo
dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514
del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar
conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.’
En efecto, cuando la norma transcrita establece que
la "última actuación de las partes" en el juicio son los informes, se
está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión
entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos
alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando
en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva
conclusión con el fallo respectivo.
De ahí que no están las partes exceptuadas de
actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de
una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado
puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aún después de
la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo
especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo
Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la
incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder
Público.
En suma, que según los términos del artículo 86 de
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos
que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en
disposiciones especiales, basta para que opere la perención de pleno derecho,
el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que
se trate de razones imputables a la parte o del estado en que la misma se
encuentre. Así se declara.”
Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente
expediente, se constata que la causa ha estado paralizada desde el 5 de junio
de 1973, fecha en la cual se dijo “VISTOS”, hasta el presente, sin que se
hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este
Supremo Tribunal.
Igualmente, se aprecia que en el caso de
autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la
indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido con creces el lapso
previsto en la misma y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba transcrito,
se ha consumado la perención. Así se declara.
En
virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA
CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.
Queda
así, firme la decisión dictada por el Tribunal de la causa en fecha 13 de
febrero de 1973.
Publíquese,
regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada
y sellada, en
el Salón de
Despacho de la Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, en
Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de junio de dos mil uno (2001).
Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente,
LEVIS IGNACIO
ZERPA
El
Vicepresidente-Ponente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Magistrada
La Secretaria,
ANAÍS
MEJÍA CALZADILLA
EXP. Nº 419
HMP/hra.-
Sent. Nº 01317
En tres (03) de julio del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01317.