Magistrado–Ponente: JOSE RAFAEL TINOCO
Se inició la
presente causa mediante escrito de fecha
14 de junio de 2000, por el cual el ciudadano JOSE LUIS MOLINA MARTINEZ, titular de la Cédula de Identidad N°
3.814.952, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 3188195 C.A,
inscrita ante el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del
Distrito Federal y Estado Miranda bajo el N° 72, Tomo 235-A-Pro de fecha 31 de
octubre de 1998; asistido por el abogado ANTONIO
JOSE SOTO MACABI, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 78.154, interpuso
recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de
amparo constitucional en contra de la
Resolución N° 320 de fecha 08 de mayo de 2000 dictada por el INSTITUTO
VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, por la cual se revocó la Resolución N°
183, Acta 15 del 15-03-00, la cual acordaba
la contratación entre la recurrente y dicho Instituto, otorgando la
buena pro para la realización de obras y servicios.
Por auto de
fecha 15 de junio de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al
Magistrado JOSE RAFAEL TINOCO, quien
con tal carácter suscribe el presente fallo.
Para decidir
esta Sala observa:
I
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
Mediante escrito
de fecha 14 de junio de 2000, el
ciudadano JOSE LUIS MOLINA MARTINEZ, en
su carácter de Presidente de la sociedad de comercio CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 3188195 C.A y asistido por el abogado ANTONIO JOSE SOTO MACABI, supra
identificados, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad
conjuntamente con acción de amparo constitucional en contra de la Resolución N°
320 de fecha 08 de mayo de 2000 dictada por el
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS
SEGUROS SOCIALES, por la cual se revocó la Resolución N° 183, Acta 15 del
15-03-00, la cual acordaba la
contratación entre la recurrente y dicho Instituto, otorgando la buena pro para
la realización de obras y servicios.
El aludido escrito recursivo
explana una serie de denuncias que, según expresa, conculcan y cercenan sus derechos constitucionales, todas
imputables a la Resolución que impugna, en los términos siguientes:
1.- Que la Resolución impugnada cercena su derecho de la defensa y
presunción de inocencia, previsto en el ordinal 1° del artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que – según
sostiene- la misma ha sido motivada a través de la calificación e imputación de
un hecho delictuoso a su representada, esto es, basada en que la certificación
otorgada a su representada por el Registro Nacional de Contratistas, es forjado
o falso.
2.-
Que la Resolución impugnada cercena su derecho al debido proceso previsto en el
artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda
vez que – según sostiene- la revocatoria de la Resolución N° 183, Acta 31 del
15-03-00, por la cual se otorgó la buena pro en beneficio de su representada,
mediante la Resolución N° 320 de fecha 8 de mayo del año en curso, - ésta última la que se impugna- ; fue
dictada sin procedimiento previo alguno.
3.-
Que la Resolución que se impugna ( N° 320 de fecha 8 de mayo de 2000), se
encuentra inficionada de ilegalidad “...por
ausencia de base legal en su fundamentación y falso supuesto en su motivación
por ser errónea la interpretación dada a la normativa legal” (sic) por
parte del acto administrativo en cuestión; pues, según sostiene el recurrente,
habiéndose otorgado la buena pro a su representada mediante la figura de la
adjudicación directa de conformidad con lo previsto en el ordinal 5° del
artículo 69 de la Ley de Licitaciones, en virtud de emergencia critica, figura
ésta última que – según denuncia el accionante- no exige la inscripción ante el
Registro Nacional de Contratistas; posteriormente, la Resolución que se impugna,
procedió a revocar dicha buena pro,
aduciendo paradójicamente, que la certificación otorgada por la empresa
resultaba producto de un hecho delictual.
4.- Que por los motivos expuestos este Máximo
Tribunal de la República acuerde: (i) la nulidad de la Resolución N° 320 de
fecha 8 de mayo de 2000, dictada por el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales; (ii) Que en acatamiento a la
garantía constitucional consagrada en el artículo 49 de la vigente Carta Magna,
restituya su situación jurídica infringida con pretensión cautelar durante el
tiempo en que sea emitida la decisión de mérito sobre el fondo de la causa;
(iii) la suspensión subsidiaria de los efectos de la
Resolución que se impugna y; (iv) la condenatoria del Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales al pago de los daños y perjuicios ocasionados a su
representada los cuales estima en la cantidad de DOSCIENTOS MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 200.000.000,oo), de conformidad con lo previsto en el artículo
131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Pedimentos todos estos sobre los cuales la Sala
habrá de pronunciarse mediante la decisión de mérito sobre el fondo, tanto de
la presente acción de amparo cautelar como del recurso contencioso
administrativo de nulidad -previo el
desarrollo del controvertido-, visto que, los recurrentes no efectuaron
solicitud alguna de medidas provisionales.
II
MOTIVACIONES
PARA DECIDIR
Visto que la presente querella ha sido incoada mediante
la interposición de recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente
con acción de amparo cautelar, corresponde
a esta Sala, de forma preliminar,
el pronunciamiento de rigor sobre la admisibilidad del recurso
principal.
En efecto, mediante reciente fallo de esta Sala en fecha
27 de abril del año en curso (Sentencia N° 953), se estableció que:
“...siendo que la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales no establece un procedimiento para la
tramitación de las acciones conjuntas (de nulidad contra actos administrativos
de efectos particulares y amparo cautelar) y por cuanto la admisión de la
demanda o solicitud que efectúa el “Juzgado de Sustanciación” a que hacen
referencia los artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia, versan sobre acciones de nulidad (sin pretensión cautelar de amparo),
es razón por la que, dada la urgencia que caracteriza a estas acciones
conjuntas y vista la imposibilidad que tiene el órgano sustanciador (distinción
que se efectúa únicamente para los casos de tribunales que funcionan con
“Juzgados de Sustanciación”) de pronunciarse en relación a la solicitud
cautelar de amparo, es razón por la que esta Sala acoge para la determinación
de la competencia y admisibilidad de la acción de nulidad y amparo cautelar, la
referida tramitación conjunta, para lo cual, una vez recibidas en Secretaría
las actas que conformas el expediente, deberán las mimas remitirse de inmediato
ante la Sala, a fin de que ésta dictamine sobre su competencia para conoce
ambas acciones (constituido en presupuesto para dictar sentencia) para
posteriormente, realizar en cuanto a la
acción principal, un examen de las causales de inadmisibilidad previstas en los
artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Tribunal
Supremo, pero sin emitir pronunciamiento en relación a la caducidad y
agotamiento de la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
parágrafo único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales. (Subrayado
de la Sala en esta ocasión).
Todo lo cual conduce a esta Sala a pronunciarse sobre los
motivos de admisibilidad del recurso principal – el de nulidad -, conforme a lo
previsto en los artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia; resultando excluidos de tal examen, los referidos a la caducidad de
la acción y el del previo agotamiento de la vía administrativa, por imperium del Parágrafo Único del
artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales.
En ese
mismo sentido, resulta perentorio de
forma preliminar la determinación de la competencia de esta Sala para el
conocimiento de la acción interpuesta.
Al respecto, se
observa, como acertadamente la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela consagra normas jurídicas que
separan – de forma diáfana- al orden
jurisdiccional administrativo del orden jurisdiccional constitucional.
El primero, - el
orden jurisdiccional administrativo- se encuentra regulado en la Constitución,
mediante la consagración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin
formalismo, ni dilaciones indebidas (artículo 26), el establecimiento expreso
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (artículo 259), las
competencias atribuidas a esta Sala Político-Administrativa para dirimir las
controversias administrativas que se susciten entre la República, los Estados,
los Municipios u otro ente público, cuando la otra parte sea algunas de esas
mismas entidades, salvo que se trate de Municipios de un mismo Estado, en cuyo
caso la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa podrá atribuirle la
competencia a otro órgano jurisdiccional
(numeral 4 del artículo 266), así como declarar la nulidad total y
parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o
individuales del Ejecutivo Nacional
(numeral 5 del artículo 266), independientemente que éstos sean
impugnados por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.
Ahora bien,
estando el control concentrado de la
constitucionalidad de los actos del Poder Público, en el Tribunal Supremo de
Justicia, órgano jurisdiccional al que corresponde garantizar la supremacía y
efectividad de las normas y principios constitucionales, como máximo y último
intérprete de la Constitución (artículo 335) y no estando atribuido el control
concentrado de la constitucionalidad de manera exclusiva y excluyente a la Sala
Constitucional, en el marco del Estado social y democrático de Derecho y de
Justicia, que propugna como uno de sus principios, el control jurisdiccional
pleno de los órganos del Poder Público, corresponderá a esta Sala Político
Administrativa declarar la nulidad
total o parcial de las Constituciones estadales, las leyes estadales, las
ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados
y Municipios, impugnados por razones de inconstitucionalidad, cuando son
dictados en ejecución indirecta y mediata de la Constitución de la República
(numeral 2, del artículo 336); declarar la nulidad total o parcial de los actos administrativos generales o individuales,
de las autoridades estadales o municipales, impugnados por razones de
inconstitucionalidad, cuando son dictados en ejecución directa e inmediata o
indirecta y mediata de la Constitución de la República (numeral 2, del artículo
336); declarar la nulidad total o parcial por razones de inconstitucionalidad,
de los demás actos emanados en ejercicio del Poder Público, cuando son dictados
en ejecución indirecta y mediata de la Constitución, por cualesquiera otros
órganos estatales, tales como serían la Asamblea Nacional, el Procurador
General de la República, el Fiscal General de la República, el Contralor
General de la República, el Defensor del Pueblo, el Banco Central de Venezuela,
el Consejo de Estado, el Consejo Federal de Gobierno (numeral 4 del artículo
336), correspondiéndole esta misma competencia, respecto del Consejo Nacional
Electoral, a la Sala Electoral de este Máximo Tribunal (artículo 297).
Asertos todos éstos referidos a la
competencia de esta Sala, que resultan cónsonos y acordes con lo expuesto en
fallos recientes de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, entre
otros, de fecha 20 de enero de 2000, en donde se estableció que:
“...la Sala Político-Administrativa y la Sala
Electoral seguirán conociendo los amparos que se ejercieron o se ejerzan
conjuntamente con el recurso contencioso administrativo o electoral de anulación
de actos o contra las conductas omisivas”. (Subrayado de esta Sala)
Así pues,
tratándose la presente acción de un recurso contencioso administrativo de nulidad
conjuntamente interpuesto con acción de amparo cautelar contra un acto
administrativo individual emitido por un Instituto Autónomo de carácter
nacional, este es, una Resolución emanada del Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales – en particular la Resolución N° 320 de fecha 8 de mayo de
2000- mediante la cual se revocó la
Resolución N° 183, Acta 15 del 15-03-00, la cual acordaba la contratación entre la recurrente y dicho
Instituto, otorgando la buena pro para la
realización de obras y servicios, lo que evidencia un contrato
administrativo; corresponde pues a esta Sala Político Administrativa de
este Supremo Tribunal de la República, el conocimiento de la presente acción de
nulidad y, por tanto, de la acción de amparo cautelar, ello de conformidad con
el artículo 43 en concordancia con el ordinal 14° del artículo 42, ambos de la
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y, así se declara.
Ahora bien, determinada como ha sido la competencia de
esta Sala para el conocimiento de la acción incoada, respecto de la acción principal y, por ende de la acción cautelar, se observa que, (i)
Visto que no existe recurso paralelo; (ii) Que de lo que se desprende de las
pruebas que hasta ahora cursan en autos, deviene en evidente la cualidad e
interés del recurrente; (iii) Que no existe prohibición de ley; (iv) Que el
conocimiento de la acción corresponde a esta Sala (supra); (v) Que no se han interpuesto acciones incompatibles o excluyentes, como tampoco, se han
formulado peticiones contradictorias; (vi) Que no existe precariedad en la
documentación fundamental para la interposición inicial de la acción; (vii) Que
el escrito recursivo no contiene conceptos ofensivos, irrespetuosos,
ininteligibles o contradictorios y; (viii) Que según se desprende de Autos
resulta incuestionable la representatividad del actor; resulta forzoso para esta Sala, admitir el
recurso contencioso administrativo de nulidad que dio origen a la presente
causa. Así se declara.
Una vez que ha quedado demostrada y declarada la admisibilidad
del recurso principal de marras, corresponde a esta Sala efectuar, similar
pronunciamiento sobre la acción cautelar constituida por la acción de amparo
constitucional.
En ese sentido,
ha sido establecido que la acción de amparo constitucional se constituye en
auténtico instrumento de protección cuando es ejercida conjuntamente con el
recurso contencioso administrativo de nulidad, de conformidad con lo previsto
en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, la acción de amparo constitucional
ejercida conjuntamente, debe reputarse
como un medio idóneo para la protección del recurrente durante el desarrollo y
consecución del iter impugnatorio
originado por el principal recurso contencioso administrativo de nulidad de que
se trate y, en ese sentido, conviene precisar, que tal circunstancia no es óbice de que en el contenido del
mandamiento de amparo cautelar no quede limitado o circunscrito a la mera y
simple suspensión de efectos del acto administrativo, es decir, puede resultar
perentorio a los fines de la protección cautelar, que el contenido del
mandamiento de amparo revista medidas que por su particularidad y
especificidad, no puedan encuadrárseles en el catalogo común de medidas; con lo
cual, serían susceptibles de
reputárseles como innominadas y, sin que ello en modo alguno comporte
para el Juez Constitucional, hacer uso de las disposiciones contenidas en el
artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil..
Revisados los
requisitos de inadmisibilidad a que se contrae el artículo 6 de la Ley Orgánica
de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta forzoso para
esta Sala admitir el amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Jose
Luis Molina Martinez, en su carácter
de Presidente de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO 3188195 C.A, supra identificados,
en contra de la Resolución N° 320 de
fecha 08 de mayo de 2000 dictada por el
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS
SEGUROS SOCIALES, por la cual se revocó la Resolución N° 183, Acta 15 del
15-03-00, la cual acordaba la
contratación entre la recurrente y dicho Instituto, otorgando la buena pro para
la realización de obras y servicios.
III
DECISION
Por todas las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la
República y por Autoridad de la ley, declara:
1)
COMPETENTE, para conocer del recurso
contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo
constitucional interpuesto por el ciudadano José Luis Molina Martínez, en su carácter de Presidente de la
sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO 3188195 C.A, supra identificados,
en contra de la Resolución N° 320 de
fecha 08 de mayo de 2000 dictada por el
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS
SEGUROS SOCIALES.
2)
Se
ADMITE el recurso contencioso
administrativo de nulidad y, en tal sentido, se ORDENA: (i) Solicitar mediante oficio al Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales el expediente administrativo de la presente causa de
conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia y, de conformidad con lo previsto en artículo 125 eiusdem: (ii) Notificar a los ciudadanos Procurador General de la
República y Fiscal General de la República, remitiéndoles copia certificada del
escrito recursivo y de la documentación anexa al mismo; (iii) Remitir el
presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala a los fines de que
cumpla con lo ordenado, decida sobre la necesidad de librar el Cartel de
emplazamiento y continúe la consecución y tramitación del procedimiento de
nulidad.
3)
Se
ADMITE la acción de amparo
conjuntamente interpuesta con recurso contencioso administrativo de nulidad y,
a tales fines, se ORDENA la apertura
de pieza separada para su tramitación.
4)
Se ORDENA
oficiar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para que de conformidad con el artículo 23
de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
informe sobre las pretendidas violaciones constitucionales alegadas por los
recurrentes, ello, dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la presente notificación.
Igualmente, notifíquese al Fiscal General de la República conforme al artículo
15 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase
lo ordenado.
Dada,
firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 20 días del mes de julio del dos mil (2000). Años 190º de la
Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente,
CARLOS ESCARRA MALAVE
El Vicepresidente-Ponente,
JOSE RAFAEL TINOCO
LEVIS IGNACIO ZERPA
Magistrado
La Secretaría
ANAÍS
MEJÍA CALZADILLA
Exp. Nro. 0654
JRT/ggr.-
Sent.
01711