Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. Nº 2005-0364
Mediante Oficio Nº 2005-40 del 10
de enero de 2005, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas, con sede en Maturín, remitió a
esta Sala el expediente contentivo de la solicitud que por calificación de
despido, reenganche y pago de los salarios caídos, incoara el ciudadano FRANK
REINALDO PÉREZ LOBO, titular de la cédula de identidad N° 10.101.170,
asistido por el abogado Jean C. Maita H., inscrito en el Inpreabogado bajo el
N° 91.735, contra la sociedad mercantil P.D.V.S.A PETRÓLEO, S.A.,
inscrita ante el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y
Estado Miranda, el 16 de noviembre de 1978, bajo el N° 26, Tomo 127-A Sgdo.,
siendo inscrita su última modificación por ante el Registro Mercantil Segundo
de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 9 de mayo de 2001, bajo el N°
23, Tomo 81-A-Sgdo.
Dicha remisión fue efectuada a los
fines de decidir la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de
Procedimiento Civil, por haber declarado el tribunal remitente en fecha 2 de
noviembre de 2004, su falta de jurisdicción respecto de la
Administración Pública.
En fecha
17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn
Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004,
quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en
el artículo 2 de la
Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia de la República Bolivariana
de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente,
Magistrado Hadel Mostafá Paolini; y
Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.
El 1° de febrero de 2005, se dio
cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado HADEL MOSTAFÁ PAOLINI,
a los fines de decidir la consulta.
Posteriormente,
en fecha 02 de febrero de 2005, fue elegida la nueva Junta Directiva del
Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de
la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz;
Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio
Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la
continuación de la presente causa, en el estado en que se encuentra.
Para
decidir, la Sala
observa:
I
ANTECEDENTES
En fecha 13 de febrero de 2003, el
ciudadano Frank Reinaldo Pérez Lobo, asistido por el abogado Jean C. Maita H.,
previamente identificados, en la solicitud presentada ante el Juzgado de
Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción
Judicial de Estado Monagas, expuso que en fecha 12 de febrero
de 1996 ingresó a prestar sus servicios
en la sociedad mercantil LAGOVEN S.A. (hoy PDVSA Petróleo, S.A.), hasta el 11 de febrero de 2003, fecha esta
última en la cual manifiesta fue despedido sin justa causa del cargo de “Ingeniero
Estimador de Costos, adscrito a la gerencia de Ingeniería y Proyecto Oriente de
la División
Oriente de Exploración, Producción y Mejoramiento”, y
devengando como último salario la cantidad de un millón ciento treinta y nueve
mil bolívares (Bs. 1.139.000,00) mensuales.
Asimismo del escrito libelar se
observa, que el prenombrado ciudadano invocó en su favor estar amparado por la
estabilidad laboral consagrada en el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley
Orgánica de Hidrocarburos, a los fines de que sea calificado el despido y se
proceda a su reenganche con el correspondiente pago de los salarios caídos.
El 19 de agosto de 2003, el Juzgado
de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas, admitió la solicitud interpuesta
y ordenó citar a la parte demandada, así como notificar a la Procuradora General
de la República,
de conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que rige sus
funciones, acordando la suspensión de la causa por el lapso de noventa (90)
días continuos a la constancia en autos de dicha notificación. Asimismo, se
fijó la oportunidad para que tuviera lugar el acto conciliatorio.
El 23 de diciembre de 2003 el
ciudadano Frank Reinaldo Pérez Lobo, asistido por el abogado Ramón Urbaneja,
inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 70.155, presentó ante el Juzgado
Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas, escrito en el cual reformó su
solicitud, agregando que para el momento de su despido estaba amparado por
inamovilidad absoluta en virtud de pertenecer a la organización sindical “Unión
Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus
Derivados (UNAPETROL)”.
Luego en virtud de la entrada en
vigencia de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, el Juzgado Primero de Primera
Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, por
auto del 12 de enero de 2004, se abocó al conocimiento de la causa, ordenando
la notificación de la parte demandada, así como de la Procuradora General
de la
República. Asimismo, fijó la oportunidad en que se realizaría
la audiencia preliminar.
El 15 de octubre de 2004, la abogada
Nellys Prada, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 49.323, actuando en su
carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., filial
de Petróleos de Venezuela, S.A., opuso la falta de jurisdicción del Poder
Judicial respecto de la Administración Pública, por órgano de la Inspectoría del
Trabajo del Estado Monagas, en virtud de que el accionante presentó ante la
mencionada Inspectoría solicitud de calificación de despido, reenganche y pago
de salarios caídos por inamovilidad laboral derivada del fuero sindical, tal
como se evidencia de la copia certificada que anexó al escrito in commento.
El
2 de noviembre de 2004, el Juzgado Primero de Primera Instancia de
Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas,
declaró no tener jurisdicción para conocer de la acción ejercida, indicando que
es a la
Administración Pública a quien corresponde conocerla,
ordenando en consecuencia la remisión del expediente a esta Sala
Político-Administrativa, a los fines de la consulta prevista en el artículo 59
del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, la referida decisión
señaló:
“(...) Como
corolario de lo anterior y considerando que la parte actora introdujo una
solicitud por ante la
Inspectoría del Trabajo por encontrarse investido de fuero sindical y el demandado (sic)
introdujo ante este Tribunal un escrito de vicio procesal alegando la falta de
jurisdicción, este Tribunal considera que no tiene jurisdicción para conocer
del presente caso, en virtud de lo contemplado en el artículo 449 de la Ley Orgánica
del Trabajo (...). En consecuencia, corresponderá a la Inspectoría del
Trabajo determinar si en efecto el accionante estaba amparado por Fuero
Sindical y pronunciarse de ser procedente sobre la Calificación
de despido, reenganche y pago de salarios caídos (...)”.
En fecha 20 de enero de 2005,
se recibió el expediente en esta Sala.
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Corresponde
a esta Sala, pronunciarse acerca de la consulta planteada por el Juzgado
Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas, en virtud de la sentencia que
dictara en fecha 2 de noviembre de 2004, mediante la cual declaró su falta de
jurisdicción para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y
pago de los salarios caídos incoada por el ciudadano Frank Reinaldo Pérez Lobo,
señalando que la misma debe ser tramitada por ante la Inspectoría del
Trabajo respectiva, al advertir que dicho ciudadano acudió ante la Inspectoría del
Trabajo del Estado Monagas, alegando en esa sede administrativa que gozaba de
la inamovilidad laboral por fuero sindical, en virtud de ser miembro del
Sindicato Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los
Hidrocarburos y sus derivados (UNAPETROL). En tal sentido, observa:
En el presente caso, la parte
accionante señaló que en fecha 12 de febrero de 1996 ingresó a prestar sus servicios en la sociedad mercantil LAGOVEN, S.A., (hoy PDVSA PETRÓLEO,
S.A.), hasta el 11 de febrero de 2003, fecha en la cual fue despedido injustificadamente -según alega-
del cargo de “Ingeniero Estimador de Costos, adscrito a la gerencia de
Ingeniería y Proyecto Oriente de la División Oriente de Exploración, Producción y
Mejoramiento”.
Ahora bien, de la revisión de las
actas procesales que conforman el expediente se observa que el ciudadano Frank
Reinaldo Pérez Lobo, alegó en su escrito de reforma que gozaba de inamovilidad
absoluta en virtud de que para el momento de producirse el despido se
encontraba presuntamente investido del fuero sindical por promover la inscripción
del Sindicato “Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los
Hidrocarburos y sus Derivados (UNAPETROL)”.
Adicionalmente, advierte la
Sala que el hoy accionante en fecha 4 de julio de 2003 (folio
26 y vto.) acudió ante la
Inspectoría del Trabajo en el Estado Monagas, a los fines de
que le calificara el despido y ordenara el reenganche con el correspondiente
pago de los salarios caídos, siendo alegada en tal solicitud la causal de
inamovilidad antes mencionada.
Al respecto, esta Sala observa que, tal como indicó el
tribunal remitente, los artículos 449, 450, 453 y 454 de la Ley Orgánica
del Trabajo, disponen:
“Artículo
449.- Los trabajadores que gocen de fuero sindical de acuerdo con lo
establecido en esta Sección, no podrán ser despedidos, trasladados o
desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente
calificada por el Inspector del Trabajo. El despido de un trabajador amparado
por fuero sindical se considerará írrito si no han cumplido los trámites establecidos en el
artículo 453 de esta Ley.
La inamovilidad consagrada en
virtud del fuero sindical se otorga para garantizar la defensa del interés
colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales.”
“Artículo
450.- La notificación formal que cualquier número de trabajadores,
suficiente para constituir un sindicato, haga al Inspector del Trabajo de la
jurisdicción de su propósito de organizar un sindicato, coloca a los firmantes
de dicha notificación bajo la protección especial del Estado. En consecuencia,
desde la fecha de la notificación hasta la de la inscripción del sindicato
gozarán de inamovilidad. (...)”.
“Artículo 453.- Cuando un patrono
pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido de fuero
sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo,
solicitará la autorización correspondiente del Inspector del Trabajo de la
jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato, en escrito que determine el
nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el cual se presenta; el
nombre y el cargo o función del trabajador a quien se pretende despedir,
trasladar o desmejorar, y las causas que se invoquen para ello. (...)”.
“Artículo 454. Cuando un trabajador que
goce de fuero sindical sea despedido, trasladado o desmejorado sin llenar las
formalidades establecidas en el artículo anterior, podrá, dentro de los
treinta (30) días continuos siguientes, solicitar ante el Inspector del Trabajo
el reenganche o la reposición a su situación anterior. El Inspector, dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes, notificará al patrono que debe
comparecer al segundo día hábil, por sí o por medio de representante(...)”.
(Subrayados de la Sala).
De las normas parcialmente
transcritas se evidencia, que sólo podrá despedirse a un trabajador que se
encuentre investido de fuero sindical, mediante causa justificada debidamente
comprobada por el Inspector del Trabajo, de conformidad con el procedimiento
establecido en los artículos 453 y 454 antes transcritos, según el caso.
Siendo
ello así, y por todo lo antes expuesto, esta Sala declara que el Poder Judicial
no tiene jurisdicción para conocer el presente caso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 449 de la
Ley Orgánica del Trabajo.
En
consecuencia, corresponderá a la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas
determinar si en efecto el accionante estaba amparado por fuero sindical y
pronunciarse, de ser procedente, acerca de la solicitud de calificación de
despido, reenganche y pago de los salarios caídos incoada. Así se decide.
Finalmente,
no puede dejar de advertir la
Sala la actuación impropia del ciudadano Frank Reinaldo Pérez
Lobo, quien interpuso solicitudes de calificación de despido, reenganche y pago
de salarios caídos ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas y ante la Inspectoría del
Trabajo del referido Estado, cuando lo correcto era que el mencionado ciudadano
acudiera ante el tribunal competente sólo en caso que la decisión que en
definitiva emitiera la
Administración resultare desfavorable a su solicitud. Así se
decide.
III
DECISIÓN
Atendiendo a los razonamientos
antes señalados, esta Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la solicitud
de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos intentada
por el ciudadano FRANK REINALDO PÉREZ LOBO, asistido por el
abogado Jean C. Maita H., previamente identificados, contra la sociedad
mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A.
En consecuencia se confirma la
decisión consultada de fecha 2 de noviembre de 2004, dictada por el Juzgado
Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas.
Publíquese,
regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen y copia
certificada de la presente decisión a la Inspectoría del
Trabajo del Estado Monagas. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en
Caracas, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil cinco (2005).
Años 194º de la
Independencia y 146º de la Federación.
La Presidenta,
EVELYN
MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los
Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Ponente,
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria (E),
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
Exp. Nº 2005-0364
En dieciséis (16) de
marzo del año dos mil cinco, se publicó y registró la anterior sentencia bajo
el Nº 00713.
La Secretaria (E),
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
