Caracas, 29 de marzo
de 2001
190° y 142°
Exp. Nº 16.740
Vista la diligencia de fecha
7 de marzo de 2001, por los abogados José Ramón González Paredes y Francisco
Félix Tagliapietra Espinoza, inscritos en el Instituto de Previsión Social del
Abogado bajo los números 5.713 y 43.448, respectivamente, en su carácter de
apoderados judiciales de los codemandantes en el presente juicio, ciudadanos
Luisa Díaz Seijas, viuda de Rodríguez y Pedro Vicente Díaz Seijas, titulares de
las cédulas de identidad números 846.043 y 90.352 respectivamente, en la cual
recusan a la Juez titular del Juzgado de Sustanciación de esta Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, abogada María Luisa Acuña
López, con fundamento en las previsiones contenidas en el ordinal 18° del
artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Vista igualmente la diligencia
de fecha 8 de marzo de 2001, suscrita por la recusada, mediante el cual ella
informa sobre la recusación interpuesta en su contra, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 92 in fine
del Código de Procedimiento Civil; este Juzgador, de conformidad con las
atribuciones conferidas por el ordinal 18° del artículo 46 y por ordinal 3° del
artículo 47 el de la Ley Orgánica que
rige las funciones de este Alto Tribunal, para resolver observa:
I
ANTECEDENTES
Expresan los abogados José Ramón González Paredes y Francisco Félix Tagliapietra Espinoza, antes identificados, en su referida diligencia de fecha 7 de marzo de 2001, lo que a continuación se transcribe:
“En vista de
los hechos sobrevenidos con posterioridad
al día 25 de enero de los
corrientes, oportunidad en la cual apelamos de la decisión emitida por este
Juzgado el 18 de enero de 2001, en representación de nuestros patrocinados,
recusamos a la Doctora María Luisa Acuña López, Juez titular del Juzgado de
Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por encontrase incursa en la
causal determinada en el numeral décimo octavo (18°) del artículo 82 del Código
de Procedimiento Civil, que a todo evento, evidencia su enemistad con los
accionantes demostrada por los hechos que seguidamente narramos, los cuales
hacen sospechable la imparcialidad de la recusada. Como ya mencionamos, el
jueves 25 de enero de 2001, apelamos de la decisión que causante de un gravamen
irreparable, fue emitida por este Juzgado en fecha 18 de enero de 2001,
mediante la cual, tuvo lugar el nombramiento de expertos fijado por auto del 16
de enero de 2001, dicha apelación se interpuso observando la forma prevista en
el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, es decir, “…por escrito que
presentarán en las mismas horas al Secretario, firmado por las partes o por sus apoderados. …”, y esta, debió
admitirse o negarse en el día siguiente al vencimiento de aquel término, tal y
como lo estatuye el artículo 293 ejusdem, acto que a la presente fecha no se ha
producido y para mayor claridad de la situación, referimos comparativamente la
apelación interpuesta el 18 de enero de 2001, por el abogado Pedro Miguel
Castillo, actuando en la carácter que dice tener de apoderado judicial de las
litisconsortes Felicidad Díaz Seijas de Ascanio, Clarisa Díaz Seijas viuda de
Perdomo y María del Rosario Díaz Seijas, la cual inmediatamente al día de
despacho siguiente, le fue oída por este Juzgado, admitiéndosele conforme a la
Ley. Posteriormente en fecha martes 06 de febrero de febrero de 2001, mediante
diligencia solicitamos el cómputo de las audiencias transcurridas desde el día
25 de enero de 2001 hasta la fecha antes mencionada, y una vez dada la cuenta
al día siguiente, ha continuado diligentemente con los tramites del
procedimiento desprendidos del auto apelado por nuestra representación, ya que
el 31 de enero de 2001, el Juzgado emitió Boleta de Notificación a la experta
Ivonne M. Infante Vargas, para su comparecencia, y en la misma fecha también
emitió Boletas a los expertos Adesales Colmenares Ramires, María Sanchez
Maldonado, Itamalk Guedez del Castillo, Aymerich Jaime y Leonarda García
Echezuría. Los hechos antes descritos, rompen con la igualdad de las partes en
el proceso y con su equilibrio procesal y, de igual forma, crean la sospecha de
preferencias y desigualdades, tal y como lo establece la doctrina reiterada y
pacífica de máxima instancia, que dice…. (Omissis). (sic)
Por último, queremos
dejar expresa constancia que en este
juicio no tenemos otro ánimo, ni de parte de nuestros representados ni de
nosotros mismos que el estrictamente jurídico, nuestro mandante profesor Pedro Díaz
Seijas, es un conocido escritor, crítico literario de fama continental y ex
director de la Academia Venezolana de la Lengua correspondiente a la Real
Española, formador de generaciones de venezolanos en la docencia a todos los
niveles. Su hermana, nuestra mandante doña Luisa Díaz Seijas, viuda de
Rodríguez, es madre del Dr. Isaías Rodríguez Díaz, quien ha sido Vice
Presidente de nuestro país en el actual gobierno y ahora ocupa la Fiscalía
General de la República Bolivariana de Venezuela.”
En el indicado informe presentado por la Juez titular del Juzgado de Sustanciación, en fecha 8 de marzo de 2001, se expresó lo siguiente:
“Ahora
bien, al respecto debo manifestar lo siguiente: los abogados recusantes
apelaron del acto de nombramientos de expertos, al cual no comparecieron; sin
embargo, sí compareció el abogado Pedro Miguel Castillo, quien en su carácter
de apoderado de los otros litisconsortes, de conformidad con el artículo 456
del Código de Procedimiento Civil, procedió a realizar las designaciones
correspondientes. Debo señalar e primer lugar que no se trata de una decisión
emitida por el Juzgado de Sustanciación, como lo indicaron los recusantes, sino
de un acto procesal, que se realiza como consecuencia directa de la admisión de
la prueba de experticia que le fue admitida a los recusantes por auto de fecha
16.01.01. En segundo término, tal como lo señalan los recusantes, este Juzgado
a mi cargo, por una inadvertencia, no se ha pronunciado respecto de la apelación
interpuesta contra dicho acto procesal. Sin embargo, ello no puede constituir
el fundamento de la presente recusación, alegando desigualdad procesal con
respecto al abogado representante de los otros litisconsortes. Toda vez que
acerca de la apelación que éste interpusiera, este Juzgado sí procedió a oírla
en la oportunidad legal. Lo que los recusantes señalan, antes bien, está
referido a una evidente omisión involuntaria de este Juzgado, en la cual no
subyace la enemistad referida,…(Omissis). Debo manifestar, además, que no cursa
en los autos actuación de parte de los abogados recusantes, en la cual se
advirtiera al Juzgado de esta situación, la que inmediatamente hubiera sido
corregida, salvando el error o la omisión. Con ello no pretendo justificar en modo
alguno la omisión de este Juzgado, que se explica por la abundante actividad
procesal que se ha producido en esta causa, como así se desprende de las actas
procesales, así como por el gran número de causas que en este Despacho se
tramitan. Por lo que se refiere a la expresa constancia que dejan los
recusantes de “que en este juicio no tenemos (...) nada puedo responder
al respecto, pues no es este el fundamento de su recusación, ni logro entender
lo que se ha pretendido con tal señalamiento. Finalmente, estimo que la
inadvertencia procesal de este Juzgado a mi cargo, no puede considerarse
fundamento de la pretendida enemistad con los representados de los abogados
recusantes, por lo que solicito muy respetuosamente sea declarada improcedente
la recusación... (Omissis)
II
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
La recusación tiene por objeto demostrar la vinculación que existe entre el juez y las partes, o el juicio sometido a su conocimiento, vinculación ésta que la ley califica como suficiente para objetar la aptitud o competencia subjetiva del funcionario judicial, por aparecer comprometida su imparcialidad para juzgar; la recusación debe ser debidamente fundada y probada por quien la alega.
Corresponde a este Juzgador verificar conforme a la noción antes expresada, si la causal de recusación alegada por la parte recusante procede conforme a derecho o si por el contrario debe ser declara improcedente.
En el caso bajo estudio, se alegó la causal contenida en el ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
“Artículo 82.- Los funcionarios
judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de
jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas
siguientes:
(...
omissis)
18º. Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado.” (Destacado de la Sala).
Se desprenden de las actas del
expediente debidamente apreciadas en su integridad, los siguientes hechos:
1.- Consta al folio dos de la tercera pieza de este expediente, que los abogados José Ramón González Paredes y Francisco Félix Tagliapietra Espinoza, antes identificados, en su carácter de apoderados judiciales de la parte actora en el procedimiento que cursa en el expediente signado con el número 16.740, en el capítulo III de su escrito de promoción de pruebas de fecha 8 de noviembre de 2000, promovieron prueba de experticia.
2.- Consta igualmente que dicha prueba de experticia, fue admitida por el Juzgado de Sustanciación mediante auto de fecha 16 de enero de 2001. En el mismo auto se fijó oportunidad para que tuviera lugar el nombramiento de los expertos, esto es, el segundo día de despacho siguiente a la fecha de este auto. (Folio 229).
3.- Se evidencia a los folios 239 y siguientes de la tercera pieza de este expediente, el acto de nombramientos de expertos de fecha 18 de enero de 2001, de donde se observa que por la parte actora asistió solamente el apoderado judicial de las litisconsortes Felicidad Díaz Seijas de Ascanio, Clarisa Díaz Seijas y María del Rosario Díaz Seijas, abogado Pedro Miguel Castillo; dejando constancia de la no comparecencia de la parte demandada. No se evidencia en dichas actas de nombramientos de expertos, la comparecencia a este acto de los otros demandantes, ciudadanos Luisa Díaz Seijas, viuda de Rodríguez y Pedro Vicente Díaz Seijas, ni de sus apoderados judiciales, abogados José Ramón González Paredes y Francisco Félix Tagliapietra Espinoza, parte recusante en esta incidencia, siendo estos últimos quienes promovieron dicha prueba de experticia.
4.- Asimismo, se observa que los abogados José Ramón González Paredes y Francisco Félix Tagliapietra Espinoza apelaron del acta de fecha 18 de enero de 2001, en fecha 25 de enero de 2001.
5.-
Consta que el apoderado judicial de las litisconsortes Felicidad Díaz Seijas de
Ascanio, Clarisa Díaz Seijas y María del Rosario Díaz Seijas, abogado Pedro
Miguel Castillo, mediante diligencia de fecha 18 de enero de 2001, apeló del
auto de admisión de pruebas de fecha 16 de enero de 2001; y que dicha apelación
fue oída en fecha 23 de enero de 2001.
6.- Se aprecia además en el expediente, que el procedimiento se ha continuado tramitando, es decir, ha seguido el desenvolvimiento normal; el mismo que ha tenido antes y después de la apelación de fecha 25 de enero de 2001.
7.-
No se evidencia que los abogados José Ramón González Paredes y Francisco Félix
Tagliapietra Espinoza, diligenciaran o hayan realizado alguna otra actuación
instando el pronunciamiento del Juzgado de Sustanciación.
Ahora bien, la parte recusante alega la existencia de una causal de enemistad contenida ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en razón de que hay una enemistad manifiesta con los accionantes, demostrada por la circunstancia de no haber oído la apelación, ejercida en fecha 25 de enero de 2001, del acta de nombramiento de expertos de la prueba de experticia de fecha 18 de enero de 2001 y que por el contrario si oyó la apelación del abogado Pedro Miguel Castillo ejercida en contra del auto de admisión de pruebas; que la circunstancia de no haber oído la apelación, rompe con la igualdad de las partes en el proceso y con el equilibrio procesal, lo que de igual forma crea la sospecha de preferencias y desigualdad.
Frente a estos alegatos, la Juez recusada expuso: que no se trata de una decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación, sino de un acto procesal, realizado como consecuencia directa de la admisión de la prueba de experticia; que lo anterior no puede constituir el fundamento de la presente recusación, alegando desigualdad procesal con respecto al abogado representante de los otros litisconsortes, toda vez que acerca de la apelación que éste interpusiera el Juzgado sí procedió a oírla en la oportunidad legal.
Añade a lo anterior que lo ocurrido atiende a una evidente omisión involuntaria de este Juzgado, en la cual no subyace la enemistad referida.
Finalmente, en relación a las condiciones personales de los representados por los recusantes y sus vinculaciones con determinada personalidad nacional expresó que nada podía responder al respecto, pues no es este el fundamento de su recusación, ni lograba entender lo pretendido con tal señalamiento.
Ahora,
observa este Juzgador que se evidencia de las actas del expediente el no
pronunciamiento por parte del Juzgado de Sustanciación sobre la apelación
interpuesta por los abogados José Ramón González Paredes y Francisco Félix
Tagliapietra Espinoza, en fecha 25 de enero de 2001.
Asimismo, se evidencia que
ni los mencionados recusantes, abogados José Ramón González Paredes y Francisco
Félix Tagliapietra Espinoza, ni la parte a la cual representan, asistieron al
acto de nombramiento de expertos, según consta del acta de fecha 18 de enero de
2001, a pesar de ser ellos los promoventes de dicha prueba.
Igualmente se aprecia que los indicados recusantes, no diligenciaron ni realizaron actuación alguna instando el correspondiente pronunciamiento o advirtiendo la omisión al Juzgado de Sustanciación.
La singular omisión no es
razón suficiente para concluir en la existencia de una relación de enemistad,
con los apoderados judiciales de los codemandantes ni con éstos. Por otra parte,
no se aprecia en la tramitación del juicio ninguna actuación de la recusada que
haga presumir parcialidad o ruptura del necesario equilibrio en la función de
juzgar; sin mayor dificultad se puede observar que el procedimiento ha seguido
su normal desarrollo, sin desigualdades ni preferencias indebidas.
El retardo en proveer sobre
la apelación bien puede apreciarse como producto del apreciable volumen de
trabajo y de la variada actividad procesal que a diario se realiza en el
Juzgado.
Además debe destacarse que
tal omisión no aparece causando daños ni desmejorando la situación procesal de
la parte recusante.
Por otra parte, es cierta la
circunstancia de que el objeto de la apelación es un acta procesal contentiva
del nombramiento de expertos; y asimismo que los recusantes no apelaron del
auto de admisión.
De todas las circunstancias anteriores se concluye, que no hay en autos la demostración de elementos suficientes, que arrojen indicios que permitan establecer una presunción de enemistad, entre la Juez titular del Juzgado de Sustanciación, abogada María Luisa Acuña López, y los abogados José Ramón González Paredes y Francisco Félix Tagliapietra Espinoza y la parte a la cual representan. Así se establece.
En
fuerza de las motivaciones anteriormente expuestas, este Juzgador considera que
los fundamentos de la recusación carecen de la necesaria consistencia y
demostración en autos para fundamentarla en forma válida, por no existir en el
expediente elementos de convicción que permitan establecer esa conclusión; los
razonamientos expresados por los recusantes y su debida confrontación con las
actas del expediente, considerados en forma objetiva, no permiten sostener
válidamente el alegato de enemistad o de supuesta parcialidad de la Juez
recusada para conocer del presente juicio; razones por las cuales la recusación
planteada no puede prosperar. Así se declara.
En
otro contexto, advierte este Juzgador lo siguiente: se aprecia de la diligencia
contentiva de la presente recusación, que la misma fue suscrita por la
Secretaria del Juzgado de Sustanciación y por la parte recusante,
incumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 92 del Código de Procedimiento
Civil, cuyo texto expresamente dispone:
“Artículo 92.- La recusación
se propondrá por diligencia ante el Juez, expresándose las causas de ella.
Si la recusación se fundare en un motivo que la haga admisible, el
recusado, en el día siguiente, informará ante el Secretario del Tribunal,
indicando lo conveniente para la averiguación de la verdad.
Si el recusado fuere el mismo Juez, extenderá su informe a continuación
de la diligencia de recusación, inmediatamente o en el día siguiente.” (Destacado
del Juzgador)
Sin embargo, a pesar de haberse
incumplido esta formalidad esencial, la Juez recusada presentó el informe, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil in fine el día siguiente, es decir, en
fecha 8 de marzo de 2001; y además de
esto, dicha recusación fue debidamente tramitada por ante esta Sala. Por estas
especiales razones se ha estimado que debía producirse al decisión de mérito,
como se hace en el presente fallo.
Con motivo de esta situación, se exhorta a las partes y a los abogados
que pretendan formular recusaciones, a dar cumplimiento a esta formalidad
esencial de presentar la diligencia de recusación ante el Juez, como lo prevé
expresamente el artículo 92 antes citado, con la advertencia de que no
cumplirse dicha formalidad la solicitud no debe ser tramitada.
III
DECISIÓN
En vista de los razonamientos antes expuestos, este Juzgador administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la recusación interpuesta por los abogados José Ramón González Paredes y Francisco Félix Tagliapietra Espinoza, antes identificados, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Luisa Díaz Seijas, viuda de Rodríguez y Pedro Vicente Díaz Seijas, igualmente identificados, en fecha 7 de marzo de 2001, contra la Juez titular del Juzgado de Sustanciación, abogado María Luisa Acuña López.
En atención a lo dispuesto en el artículo 98
del Código de Procedimiento Civil, se sanciona con multa de dos mil bolívares
(Bs. 2000,oo) a la parte recusante, antes identificada.
Publíquese, regístrese y comuníquese.
Se deja constancia de que la presente decisión se suscribe y publica el noveno día de despacho siguiente al recibo de las actuaciones, conforme a lo previsto en el artículo 96 del Código de Procedimiento Civil.
Remítanse el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se continúe tramitando el procedimiento. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil uno. Años 190º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. Nº 16.740
LIZ/drm.
Auto Nº P-03