MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ

EXP. Nº 2012-1682

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el oficio N° 2012-0838 de fecha 23 de noviembre de 2012, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente contentivo de la demanda por cumplimiento de contrato incoada por el abogado Ángel Álvarez Oliveros, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 81.212, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 47, Tomo 162-A-Pro, el 25 de septiembre de 2008; contra la sociedad mercantil AMERICANA DE REASEGUROS, S.A., inscrita ante el mismo Registro Mercantil bajo el N° 26, Tomo A-34, en fecha 4 de septiembre de 1972.

La remisión ordenada se cumplió en atención al recurso de regulación de jurisdicción ejercido en fecha 3 de agosto de 2012 por la abogada Militza Alejandra Santana Pérez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 78.224, actuando en representación de la empresa demandada, contra la decisión dictada por el Juzgado remitente en fecha 31 de julio de 2012, que declaró sin lugar la falta de jurisdicción, por considerar que el contrato de arbitraje invocado por la parte demandada no cumple con el requisito de validez y eficacia.

El 27 de noviembre de 2012 se dio cuenta en Sala y, por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Trina Omaira Zurita a los fines de decidir la regulación de jurisdicción.

Por auto de fecha 15 de mayo de 2013 se dejó constancia de la elección de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia el 8 del mismo mes y año, y quedó conformada esta Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Emilio Ramos González. Asimismo, se reasignó la ponencia a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz.

Realizado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir previo a lo cual formula las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 9 de marzo de 2012 presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el abogado Ángel Álvarez Oliveros, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Aseguradora Nacional Unida UNISEGUROS, S.A., demandó el cumplimiento de los contratos de “Reaseguros Proporcional y no Proporcional” celebrados en fechas 30 de marzo de 2007 y 24 de marzo de 2008, respectivamente, con la sociedad mercantil Americana de Reaseguros, S.A., con ocasión de los contratos de fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento suscritos por la empresa Constructora DRECOMA, C.A., a favor de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas -adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación-.

El 20 de marzo de 2012, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda y ordenó emplazar a la empresa demandada.

Por escrito presentado el 9 de abril de 2012, la parte actora solicitó una  medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmuebles propiedad de la demandada.

En fecha 21 de junio de 2012 los abogados Militza Santana Pérez, ya identificada, Andrés A. Mezgravis y Carolina González, inscritos los dos últimos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 31.035 y 118.183, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Americana de Reaseguros, S.A., por una parte,  opusieron la cuestión previa contenida en el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil, relativa a la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, por haber convenido las partes en someter a arbitraje sus controversias; y, por la otra, la cuestión previa de falta de jurisdicción conforme a lo establecido en el ordinal 1° del artículo 346 eiusdem, en virtud del pacto convenido entre las partes para someterse al procedimiento arbitral en caso de controversias derivadas de los contratos “proporcionales, no proporcionales y facultativos” para las fianzas emitidas por la sociedad mercantil Aseguradora Nacional Unida UNISEGUROS, S.A.

Mediante escrito del 27 de julio de 2012 la abogada Fabiola Azuaje Sandoval, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 155.508, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandante, presentó un escrito de contradicción a las cuestiones previas anteriormente alegadas.

Por decisión del 31 de julio de 2012, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la cuestión previa opuesta referida a la falta de jurisdicción, por considerar que  el contrato de arbitraje no cumple con los requisitos de validez y eficacia, pues nunca fue suscrito por las partes.

En fecha 3 de agosto de 2012 la representación judicial de la sociedad mercantil Americana de Reaseguros, S.A., apeló la antes referida decisión y ejerció el recurso de regulación de jurisdicción.

Los días 15 de octubre y 8 de noviembre de 2012 el apoderado judicial de la empresa Aseguradora Nacional Unida UNISEGUROS, S.A., solicitó la remisión del expediente a esta Sala.

En fecha 9 de noviembre de 2012 la representación judicial de la empresa demandada, solicitó la suspensión del juicio por haberse iniciado un proceso de arbitraje ante el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) en fecha 28 de mayo de 2012, en el cual fue dictado un Laudo que declaró la validez del acuerdo de arbitraje.

Por auto de fecha 23 de noviembre de 2012 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenó la remisión del expediente a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la decisión del recurso de regulación de jurisdicción ejercido.

II

DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

Mediante decisión de fecha 31 de julio de 2012 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar las cuestiones previas opuestas por la representación judicial de la demandada, por cuanto la existencia del contrato de arbitraje opuesto por la parte demandada para fundamentar la cuestión previa promovida, no cumplía con los requisitos de validez y eficacia, por haber constatado el Juez de las actas procesales que dicho contrato de arbitraje nunca fue suscrito por las partes.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala Político-Administrativa emitir un pronunciamiento con relación al recurso de regulación de jurisdicción ejercido, de acuerdo a la competencia que le ha sido atribuida en el numeral 20 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los artículos 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil. A tal efecto, se observa:

Vistas las diligencias consignadas en el expediente los días 4 y 19 de diciembre de 2012 por las partes en juicio, se advierte que en anteriores oportunidades (Vid., entre otras, sentencias Nos. 01108, 00449 y 00223 de fechas 10 de agosto de 2011, 8 de mayo de 2012 y 28 de febrero de 2013, respectivamente) esta Sala se ha pronunciado acerca de la presentación y consignación de alegatos con posterioridad a la petición de regulación, en atención a lo dispuesto en los artículos 63 y 66 del Código de Procedimiento Civil (aplicables por remisión expresa de los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). Conforme a las normas mencionadas, la Sala ha señalado que la determinación de la jurisdicción ha de efectuarse sin alegatos, con base en las actuaciones remitidas por el tribunal, entendiéndose que la norma se refiere a las actas con las cuales el juzgado remitente decidió el asunto sometido a regulación; por lo tanto, los alegatos contenidos en las antes mencionadas diligencias no serán valoradas a los efectos de la presente decisión. Así se decide.

Determinado lo anterior, pasa la Sala a resolver el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil Americana de Reaseguros, S.A., para lo cual observa:

Mediante decisión de fecha 31 de julio de 2012 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar las cuestiones previas opuestas por la representación judicial de la demandada, por haber evidenciado el Juez que el contrato de arbitraje no cumplía con los requisitos de validez y eficacia, en virtud de que nunca fue suscrito por las partes.

Precisa la Sala que lo debatido en el asunto bajo examen, se refiere a un problema de jurisdicción para conocer de la demanda incoada, ya que el análisis que se realice va dirigido a establecer la existencia o no de un acuerdo o cláusula arbitral suscrito o celebrado entre las partes en juicio; situación que, en caso de verificarse,  podría sustraer el conocimiento de la causa del Poder Judicial, razón por la cual el medio de impugnación idóneo es el recurso de regulación de jurisdicción. Así se establece.

En conexión con lo anterior, advierte la Sala que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 258 que el sistema de justicia está constituido, entre otros, por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley y por los medios alternativos de justicia, entre los cuales se encuentra evidentemente el arbitraje. Por tal razón el constituyente estableció en la Carta Magna el deber que tiene el legislador de promover el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos, como alternativa ante las típicas disputas o querellas en sede judicial, lo que refleja la constitucionalización de los medios alternativos para la resolución de conflictos.

De allí, que el arbitraje constituya un mecanismo eficaz de cooperación a la competencia que tienen los tribunales ordinarios del país para resolver, por imperio de la Ley, todas las querellas que les sean sometidas por los ciudadanos a su conocimiento, en uso del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva y la garantía de acceso a la justicia, previstos en el artículo 26  de la Carta Magna.

La doctrina y la jurisprudencia han considerado al arbitraje como un medio de heterocomposición procesal entre las partes, quienes mediante su voluntad expresa convienen de forma anticipada, en sustraer del conocimiento del Poder Judicial (acuerdo este que también podría ser posterior, esto es, ya iniciada una causa judicial), las diferencias, controversias o desavenencias que puedan surgir entre ellas por la ejecución, desarrollo, interpretación o terminación de un negocio jurídico.

En tal sentido, el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.430 del 7 de abril de 1998, prevé que cuando en una cláusula contractual o en un acto independiente esté incluido un acuerdo de arbitraje, éste adquiere carácter vinculante para las partes que han suscrito el contrato, quienes por dicho acuerdo se obligan a dirimir sus controversias ante árbitros y renuncian a acudir ante los órganos jurisdiccionales ordinarios.

Igualmente, el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial prevé que el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a este medio de resolución de controversias.

En este sentido, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 1067 del 3 de noviembre de 2010, respecto a las relaciones de coordinación y subsidiariedad de los órganos del Poder Judicial frente al sistema de arbitraje, dispuso que los órganos del Poder Judicial sólo pueden realizar un examen o verificación prima facie”, formal, preliminar o sumaria de los requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral, con exclusión de cualquier análisis relacionado con los vicios del consentimiento.

De la misma forma, ha dejado sentado la referida Sala en su sentencia, que para determinar la procedencia de la denominada “Renuncia Tácita al Arbitraje” debe estudiarse, en cada caso, el comportamiento desarrollado por las partes en el proceso que demuestren una indiscutible “orientación” de someterse al arbitraje como medio de resolución del conflicto.

Por otra parte, siguiendo lo establecido en el fallo transcrito esta Sala Político-Administrativa ha asumido el criterio, de acuerdo al cual el examen que realice el Poder Judicial a los efectos de determinar la validez, eficacia y aplicabilidad de las cláusulas arbitrales, debe limitarse a la constatación de la existencia por escrito del acuerdo de arbitraje sin analizar la configuración de los vicios del consentimiento que puedan afectar a dicho acuerdo.  (Vid. Sentencias Nos. 00266, 00690, 00974, 01462 y 00577 de fechas 23 de febrero, 25 de mayo, 20 de julio, 3 de noviembre de 2011 y 24 de mayo de 2012, respectivamente).

Sobre la base de lo anterior, esta Sala considera necesario determinar en el caso bajo examen: i) si del documento anexo al escrito de cuestiones previas consignado en fecha 21 de junio de 2012 (folios 169 al 171), se desprende la intención de resolver por vía de arbitraje las controversias derivadas de los contratos de reaseguros suscritos por las partes; y ii) si dentro del procedimiento llevado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se verificaron actuaciones que hagan presumir a esta Máxima Instancia que hubo una renuncia tácita al sistema arbitral.

A tal fin se observa que, en fecha 9 de noviembre de 2012, la abogada Militza Alejandra Santana Pérez, apoderada judicial de la empresa demandada, señaló que “se dio inicio a un proceso de arbitraje en fecha 28 de mayo de 2012 ante el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (‘CEDCA’)”, el cual en fecha 5 de noviembre de 2012 “dictó un Laudo Parcial declarando la validez del acuerdo de arbitraje”, y consignó en autos copia certificada del Laudo (folios 287 al 312).

Del contenido del Laudo se evidencia lo siguiente: 1) que sus partes son (a) la sociedad mercantil “AMERICANA DE SEGUROS, S.A.”, representada por los abogados Andrés Mezgravis, Militza A. Santana y Carolina González, y (b) la sociedad mercantil “ASEGURADORA NACIONAL UNIDA DE SEGUROS S.A. UNISEGUROS” representada por el abogado Ángel Álvarez Oliveros; 2) que el caso se circunscribe a “la validez o no del Acuerdo Arbitral con fundamento al que fue (sic) interpuesta la presente demanda arbitral por AMERICANA. (…omissis…) [y que] tal Acuerdo de Arbitraje fue el producto de un extenso cruce de correos electrónicos realizados entre aquella y UNISEGUROS, específicamente entre apoderados, que contaban con la facultad expresa para comprometer en arbitros”; y 3) que el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) dictaminó que “…las partes sí pactaron un Acuerdo Arbitral en fecha 01 de agosto de 2011…”, siendo dicho acuerdo “…válido, y no infringe el artículo 1.155 del Código Civil, por cuanto su objeto no es indeterminado…”.

Lo anterior, indica a esta Sala que en el presente caso existe un acuerdo arbitral mediante el cual las partes decidieron resolver sus controversias conforme al Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA).

Por otra parte, se observa de los autos que la sociedad mercantil Americana de Reaseguros, S.A., parte demandada, opuso oportunamente la cuestión previa de falta jurisdicción, al evidenciarse que su apoderada judicial consignó una diligencia el día lunes 18 de junio de 2012, mediante la cual se dio por citada en la causa bajo examen. Asimismo, pudo constatarse que  dicha representación judicial presentó su escrito de oposición el día miércoles 21 de junio de ese mismo año, es decir, al tercer día hábil siguiente a su citación, por lo que considera esta Sala que alegó tempestivamente la exclusión de la jurisdicción ordinaria frente a la resolución alternativa de conflicto mediante arbitraje.

En consecuencia, de la lectura del “Laudo parcial arbitral” consignado en autos y la tempestividad de la solicitud de aplicación del procedimiento de arbitraje, se constata que las partes en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1.159 del Código Civil, decidieron someter a la decisión de un tribunal arbitral las controversias que pudiesen surgir entre ellas con ocasión de los contratos de reaseguros celebrados, sin que pueda sostenerse que se trata de una manifestación genérica, imprecisa o incompleta que no refleje su “voluntad arbitral”.

Igualmente, se advierte que no existe prueba en autos de que la parte demandada -quien pretende hacer valer el acuerdo arbitral- haya renunciado tácitamente al mismo, lo cual en la situación analizada es suficiente para concluir que la acción planteada debe ser decidida por el mencionado tribunal de arbitraje.

Conforme a lo expuesto, debe esta Sala declarar con lugar el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la sociedad mercantil Americana de Reaseguros, S.A., en razón de lo cual declara que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la presente demanda. En consecuencia,  se revoca el fallo dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la cuestión previa opuesta el 31 de julio de 2012. Así se declara.

IV

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- CON LUGAR el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por la representación judicial de la empresa AMERICANA DE REASEGUROS, S.A.

2.- Que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda por cumplimiento de contrato incoada por la sociedad mercantil ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A., contra la sociedad mercantil AMERICANA DE REASEGUROS, S.A.

3.- IMPROCEDENTES, los alegatos formulados por los apoderados judiciales de la sociedades mercantiles AMERICANA DE REASEGUROS S.A. y ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A., en fechas 4 y 19 de diciembre de 2012.

4.- REVOCA la decisión dictada en fecha 31 de julio de 2012 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

                             

 

El Presidente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta - Ponente

EVELYN MARRERO ORTÍZ

 

 

Las Magistradas,

 

 

 

TRINA OMAIRA ZURITA

 

 

 

 

 

 

 

MÓNICA MISTICCHIO

TORTORELLA

 

El Magistrado

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

 

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

En veintiocho (28) de mayo del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00504, la cual no está firmada por la Magistrada Trina Omaira Zurita, por motivos justificados.

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN