MAGISTRADO PONENTE: MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

EXP. NÚM. 2018-0705

 

El Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante oficio número 88/2018 de fecha 23 de abril de 2018, recibido en esta Sala Político-Administrativa el 13 de noviembre del mismo año, remitió copia certificada del expediente distinguido con el alfanumérico AP41-U-2012-000358 (de su nomenclatura), correspondiente al recurso de apelación ejercido el 28 de enero de 2016, por la abogada Dayana Elizabeth Regalado Hernández, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 208.378, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General de la República en representación del FISCO NACIONAL, según se evidencia de Oficio-Poder número 00926 de fecha 27 de noviembre de 2018, contra la sentencia interlocutoria número 140/2015 dictada por el juzgado remitente en fecha 15 de diciembre de 2015, que declaró “sin lugar la oposición formulada por la representación de la República” y admitió el recurso contencioso tributario interpuesto el 16 de julio de 2012, por el abogado Alberto José Pérez Benazar, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 134.254, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad de comercio SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 27 de noviembre de 1989, bajo el número 20, tomo 60-A, que por cambio de domicilio y de denominación social fue inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 7 de noviembre de 2005, bajo el número 16, tomo 1209-A; representación que se desprende del instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Octava del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, el 18 de mayo de 2012, inserto bajo el número 40, tomo 85 de los libros de autenticaciones llevados por dicha oficina notarial (folios 94 al 97 del expediente judicial).

El referido medio de impugnación fue incoado contra la Resolución Sumario Administrativo signada con el alfanumérico SNAT/INTI/GRTI CERC/DSA-R-2012-184 del 2 de junio de 2012, notificada el 7 del mismo mes y año, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), que confirmó el Acta de Reparo identificada con letras y números SNAT/INTI/GRTI/CE/RC/DF/48-06-0080 del 15 de abril de 2011, notificada en la misma fecha, levantada en materia de impuesto sobre la renta, para los ejercicios fiscales comprendidos desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2006 y desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2007; y en consecuencia, impuso la obligación de pagar los conceptos y montos que se detallan a continuación:

Para el ejercicio fiscal coincidente con el año 2006:

i) un millón setecientos treinta y nueve mil sesenta y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 1.739.068,00), actualmente diecisiete bolívares con treinta y nueve céntimos (Bs. 17,39), por diferencia de impuesto sobre la renta;

ii) cincuenta y ocho mil doscientos veintisiete bolívares con setenta y cuatro céntimos (Bs. 58.227,74), hoy cincuenta y ocho céntimos (Bs. 0,58), por sanción de multa por contravención según lo establecido en el artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, vigente ratione temporis; y

iii) dos millones trescientos quince mil cuatrocientos cuarenta y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 2.315.444,00), equivalentes a veintitrés bolívares con quince céntimos (Bs. 23,15), por intereses moratorios, calculados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 eiusdem.

Para el ejercicio fiscal coincidente con el año 2007:

i) dos millones ciento noventa y nueve mil doscientos veintisiete bolívares sin céntimos (Bs. 2.199.227,00), actualmente veintiún bolívares con noventa y nueve céntimos (Bs. 21,99), por diferencias de impuesto sobre la renta, para el ejercicio fiscal del año civil 2007;

ii) sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco bolívares con cuarenta céntimos (Bs. 65.745,40), hoy sesenta y seis céntimos de bolívar (Bs. 0,66), por sanción de multa por contravención según lo establecido en el artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, vigente en razón del tiempo; y

iii) dos millones trescientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 2.399.889,00), reexpresados en veinticuatro bolívares exactos (Bs. 24,00), por intereses moratorios, calculados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 ibídem;                

El tribunal de mérito por auto del 23 de abril de 2018, oyó en un solo efecto la apelación ejercida por la representación en juicio del Fisco Nacional y remitió el expediente a esta Alzada.

En fecha 14 de noviembre de 2018, se dio cuenta en Sala y, en la misma oportunidad, el Magistrado Marco Antonio Medina Salas fue designado Ponente, y se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Posteriormente, el 5 de diciembre de 2018, se dictó auto donde se indicó que en el presente caso corresponde es la fijación del lapso para la presentación de informes, establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Tributario de 2014. En consecuencia, se dejó sin efecto el procedimiento establecido mediante auto del 14 de noviembre del mismo año.

En esa misma fecha (5 de diciembre de 2018), los abogados Amilcar José Gómez Fernández y Exer Alejandro Suárez, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 42.139 y 244.115, respectivamente, actuando con el carácter de representantes de la República, según consta en el Oficio-Poder número 00926 de fecha 27 de noviembre de 2018 (folio 192 de las actas procesales) presentaron escrito de informes.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa este Alto Tribunal a decidir con fundamento en los artículos 26, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

I

ANTECEDENTES

 

De las copias certificadas que cursan en el expediente se constata lo siguiente:

Mediante Providencia Administrativa identificada con letras y números SNAT/INTI/GRTICE/RC/DF/48 del 9 de febrero de 2009 (notificada el 12 del mismo mes y año), la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), autorizó a los funcionarios Rafael Gerardo Álvarez Aular y José Gregorio Alcalá Armas, con cédula de identidad número V-11.409.215 y V-6.902.102, respectivamente, para practicar la fiscalización en materia de impuesto sobre la renta, con respecto a los ejercicios fiscales comprendidos desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2006 y desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2007.

El 15 de abril de 2011, se notificó a la mencionada contribuyente el Acta de Reparo signada con el alfanumérico SNAT/INTI/GRTI/CE/RC/DF/48-06-0080, de la misma fecha, con ocasión a la Providencia Administrativa arriba descrita, en materia de impuesto sobre la renta, para los ejercicios fiscales coincidentes con los años civiles 2006 y 2007.

En fecha 7 de junio de 2012, la empresa accionante, fue notificada de la Resolución Sumario Administrativo distinguida con letras y números SNAT/INTI/GRTICERC/DSA-R-2012-184 del 2 del mismo mes y año, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del mencionado Servicio, a través de la cual se confirmó el Acta de Reparo, antes descrita, y le impuso la obligación de pagar los montos y conceptos que se indican a continuación:

“(…)

 

EJERCICIO

 

IMPUESTO Bs.

MULTA CONVERSIÓN U.T.

 

INTERESES

 

2006

 

1.739.068,00

 

58.227,74

 

2.315.444,00

 

2007

 

2.199.227,00

 

65.745,40

 

2.399.889,00

 

Total

 

3.938.295,00

 

123973,14

 

4.715.333,00

(…)”.

Por disconformidad con el referido acto administrativo, el 16 de julio de 2012, el abogado Alberto José Pérez Benazar, ya identificado, actuando como apoderado en juicio de la contribuyente Seguros Constitución, C.A., interpuso recurso contencioso tributario ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, argumentando que la Resolución Sumario Administrativo impugnada es nula de nulidad absoluta, por cuanto incurrió en los siguientes vicios:

1) “… en el presente caso, es innegable que (…) la actuación fiscal incurrió en un falso supuesto de [hecho y de] derecho, al interpretar indebidamente la norma contenida en el artículo 5 de la [Ley de Reactivación de la Marina Mercante Nacional] pretendiendo desviar su propósito y finalidad, al entender equivocadamente que esta limita el aprovechamiento del beneficio fiscal a sujetos pasivos dedicados directamente a la explotación de actividades del sector de la marina mercante (…)”. (Agregados de esta Alzada).

2) Asimismo, expuso que “… el criterio del [Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)], conforme al cual actuó [su] representada, es que la rebaja del impuesto sobre la renta contemplada a las empresas inversionistas en navieras, le era plenamente aplicable; por ello, si durante el ejercicio fiscal en cuestión se modificó el criterio o la norma, este no podía ser aplicable a [su] representada sino para el próximo ejercicio fiscal, so pena de incurrir en violación a la garantía de prohibición de aplicación retroactiva de las normas tributarias, motivo por el cual el reparo formulado se encuentra afectado de un vicio de nulidad absoluta (…)”. (Corchetes de esta Superioridad).

3) Señaló que en la Resolución impugnada, existe violación al principio de legalidad, toda vez que “… se incurrió en un error al aplicarle a [su] representada un cambio de criterio [de la Administración Tributaria], contenido en una nueva opinión que entró en vigencia y comenzó a aplicarse desde el 19 de mayo de 2009, es decir 2 y 3 años posteriores a los ejercicios en los cuales se generó la inversión de [su] representada, violando así el derecho de la empresa como contribuyente de conocer con anterioridad bajo que modalidad le corresponde pagar sus impuestos, y como consecuencia de ello, el precepto constitucional de legalidad y certeza tributaria fue definitivamente violado (…)”. (Añadidos de esta Máxima Instancia).

El 26 de noviembre de 2015, la abogada Leidy Beatriz Zabala Serra, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 171.116, actuando con el carácter de representante en juicio de la República, según se evidencia de Oficio-Poder número 01316 de fecha 2 de noviembre de 2015, presentó el escrito de oposición a la admisión del recurso contencioso tributario, con base en el numeral 3 del artículo 266 del Código Orgánico Tributario de 2001, vigente ratione temporis, referido a la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente.

En este sentido, manifestó que “… al momento de la interposición del recurso contencioso tributario (…) no se acompañó el referido recurso con el Documento Constitutivo - Estatutario originario de la sociedad mercantil recurrente, así como tampoco las Actas de Asamblea de Accionistas que refle[jaran] las modificaciones estatutarias o el nombramiento de las personas a los que se les atribu[yó] la capacidad para representarla o para constituir apoderados judiciales, lo que gener[ó] incertidumbre jurídica, respecto a si el poder otorgado en fecha 18 de mayo  de 2012, ante la Notaría Pública Trigésima Octava del Municipio [Bolivariano] Libertador del Distrito Capital, anotado bajo el número 40, tomo 85 (…) cumplió con las formalidades legales correspondientes (…)”. (Corchetes de esta Máxima Instancia).

Asimismo indicó que “… en los autos que rielan en el expediente judicial, no consta documento auténtico o público alguno donde se desprenda indubitablemente la cualidad del otorgante para atribuirse la representación de la sociedad mercantil (…) o para constituir en su nombre apoderados judiciales, razón por la cual [esa] representación judicial de la República, se op[uso] formalmente a la admisión del recurso contencioso tributario presentado por la referida sociedad [de comercio], dado que el ciudadano Alberto José Pérez Benazar (…) carece, a juicio de [esa] representación judicial de la República, de legitimidad para interponer [el mismo] (…)”. (Interpolados de esta Superioridad).

En virtud de las consideraciones expuestas la representación fiscal solicitó la exhibición de los documentos que acrediten la legitimidad del otorgante del mencionado poder.

Mediante auto del 30 de noviembre de 2015, el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, abrió una articulación probatoria de cuatro (4) días de despacho, conforme a lo estatuido en el artículo 274 del Código Orgánico Tributario de 2014.

 

II

DE LA SENTENCIA APELADA

 

El Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al cual correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, mediante sentencia interlocutoria número 140/2015 dictada en fecha 15 de diciembre de 2015, declaró “sin lugar la oposición formulada por la representación de la República” y admitió el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad de comercio Seguros Constitución, C.A., con fundamento en las consideraciones transcritas a continuación:

“(…) Estando las partes a derecho y siendo la oportunidad procesal correspondiente para pronunciarnos sobre la admisión o inadmisión del recurso incoado este Tribunal observa lo siguiente:

(…) El artículo [266] del Código Orgánico Tributario [de 2001] (…) prevé lo siguiente (…)

En este sentido, de los artículos parcialmente transcritos, se puede evidenciar que, cuando la parte actora sea una persona jurídica, en el Recurso se debe hacer mención a los datos que identifiquen plenamente a quien actúe como su representante, datos éstos que igualmente deben hacerse constar, mediante la consignación, conjuntamente con el escrito recursivo, del original o copia certificada del Documento Poder.

El Código de Procedimiento Civil en su Capítulo II establece concretamente en su artículo 155 que cuando el poder fuere otorgado a otra persona, el otorgante deberá enunciar en dicho poder y presentar ante el funcionario correspondiente, los documentos que lo acrediten como representante y a su vez éste dejará expresa constancia de los documentos exhibidos con expresión de su fecha, origen y otros datos que concurran a identificarlos.

Ahora bien, en cuanto a la facultad del otorgante se puede comprobar mediante Documento Constitutivo - Estatutos Sociales de la empresaSEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A., presentado como anexo al escrito de Contestación a la Oposición de la admisión, la facultad del ciudadano Omar Jesús Farías Luces, titular de la cédula de identidad [número] 5.907.347, como Presidente de la Junta Directiva de la referida Sociedad Mercantil, así como las atribuciones que le son conferidas, dentro de las que se encuentra expresada en su artículo 17º específicamente en el numeral 9 lo siguiente:Sin perjuicio de ejercicio de similar facultad que detenta el Representante Judicial, designar y revocar apoderados judiciales, o apoderados para actuar en procedimientos administrativos y contencioso-administrativos; otorgando los correspondientes poderes de representación con las facultades que estime pertinente, para la mejor defensa de los intereses de la Compañía, pudiendo contener el mandato la facultad de convenir, transigir, desistir, conciliar y disponer del derecho en litigio; comprometer en árbitros, Arbitradores o de Derecho. A tales efectos, en el instrumento poder donde otorgue la correspondiente representación, establecerá las facultades y limitaciones que creyere conveniente’.

Este tribunal después del análisis exhaustivo realizado a las actas procesales que conforman el presente expediente evidencia que ha quedado suficientemente demostrada la facultad del ciudadano Omar Jesús Farías Luces, ya identificado, actuando en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la recurrente para otorgar el documento poder al ciudadano Alberto José Pérez Benazar, quien interpuso el Recurso Contencioso Tributario en nombre de su representada.

No obstante lo anterior, este juzgado quiere señalar a la representante judicial de la República, que a través de su escrito no puede subvertir el orden de la carga de la prueba, pues en el presente caso, el documento poder fue presentado en copia certificada anexo al recurso, y se presume auténtico al haber sido otorgado ante un funcionario público, que dio cumplimiento a lo previsto en el numeral 2 del artículo 79 de la Ley de Registro Público y del Notariado, al momento en que el Notario dejó constancia de haber tenido a la vista.1) Documento Constitutivo de la sociedad mercantil SEGUROS CONSTITUCION, C.A., domiciliada en caracas e inscrita inicialmente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 27 de noviembre de 1989, bajo el [número] 20, tomo 60-A, y que por efecto del cambio de domicilio y de denominación social se inscribió por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 07 de Noviembre de 2005, bajo el [número] 16, tomo 1209-A, con posteriores modificaciones a sus estatutos, siendo la última que consta en Acta de Asamblea inscrita en la citada Oficina de Registro en fecha 07 de Agosto de 2009, bajo el [número] 13, Tomo 146-A, e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) con el [número]  J-09028623-3, como también fue inscrita ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el [número] 96, representada en este Acto por su Presidente, por tal motivo no bastan meras alegaciones o suposiciones para tratar de desvirtuar las facultades del otorgante, sino que debe demostrar con documentos fehacientes la falta de cualidad alegada. Así se declara.

Con fundamento en los razonamientos expresados, este tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara        SIN LUGAR la oposición a la admisión del Recurso Contencioso Tributario incoado por la contribuyenteSEGUROS               CONSTITUCIÓN, C.A., y en consecuencia lo ADMITE en cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, al encontrarse llenos los requisitos establecidos en el Código Orgánico Tributario en sus artículos 266, 267, 268, 269 y 273, del Decreto Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario vigente, a saber se trata de un acto administrativo recurrible en la vía jurisdiccional, impugnado por ante la autoridad competente, dentro del lapso legal, mediante escrito en el cual se funda y consta la cualidad y el interés del recurrente, así como también queda demostrada la legitimidad de la persona que se presenta como representante de la contribuyente, procédase a su tramitación y sustanciación de conformidad con los artículos 274 y siguientes del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario vigente, abriéndose la causa a pruebas a partir del primer (1º) día de Despacho siguiente a que el ciudadano Procurador General de la República se le tenga por notificado de la presente decisión (…)”. (Sic). (Mayúsculas y resaltados propios de la cita).

 

III

INFORMES

 

En fecha 5 de diciembre de 2018los abogados Amilcar José Gómez Fernández y Exer Alejandro Suárez, ya identificados, actuando con el carácter de representantes en juicio de la República, presentaron el escrito de informes correspondiente, con base en los argumentos siguientes:

Señalaron que “… el tribunal de la causa conforme a lo dispuesto en el segundo aparte del artículo [267] del Código Orgánico Tributario, ordenó abrir una articulación probatoria de cuatro (4) días de despacho, donde lo conducente era que el apoderado judicial de la mencionada compañía procediera a exhibir el Documento Constitutivo Estatutario y el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas correspondiente, documentales que fueron asignadas en su oportunidad y que constan en autos (…)”. (Sic). (Corchetes de esta alzada).

Asimismo, expusieron que “… como se desprende de los extractos del fallo recurrido (…) el tribunal a quo al momento de pronunciarse sobre la procedencia de la oposición a la admisión del recurso contencioso tributario de marras, formulada por la representación fiscal, la declaróSIN LUGAR, por considerar que el instrumento poder conferido por el ciudadano Omar Jesús Farías Luces, en su carácter dePresidente de la Junta Directivade la sociedad mercantil (…) al abogado Alberto José Pérez Benazar, había sido debidamente otorgado de forma legítima, a razón de que se evidenciaba en el numeral 9° del artículo 17 del Acta Constitutiva, que el Presidente de la empresa contaba con tal facultad (…)”. (Sic).

En este sentido, resaltaron que “… siendo que el Notario Público, para el momento del otorgamiento del instrumento poder bajo análisis, solo tuvo a la vista el Acta Constitutiva de la empresa recurrente de fecha 27 de noviembre de 1989 y el Acta de Asamblea registrada en fecha 7 de agosto de 2009, esta representación fiscal advierte que este último documento nada dice sobre las facultades del Presidente de la compañía para otorgar poder judicial en nombre de la misma, sino que por el contrario llama la atención que limita el ejercicio de sus funciones al período 2009-2011 (…) por lo que se podría presumir que para la fecha del otorgamiento del mencionado instrumento poder (18/05/2012), podría estar en cabeza de otra persona dicho cargo y no necesariamente en las personas señaladas en dicho documento, cuyo período evidentemente se encontraba vencido (…)”. (Sic).

Igualmente, acotaron que “… siendo que el Acta de Asamblea registrada en fecha 7 de agosto de 2009 no es suficiente para determinar la facultad del Presidente de la empresa para otorgar poder judicial, el Notario Público debió en consecuencia analizar el contenido del Acta Constitutiva de fecha 27 de noviembre de 1989, en la cual se evidencia que en su artículo 18 (…) que el Presidente de la empresa la representa judicialmente solo cuando sea autorizado por la Junta Directiva’ (…)”. (Sic).

Sostuvieron que “… mal podría haberse otorgado el instrumento poder de fecha 18 de mayo de 2012 (…) cuando no hay evidencia de que la Junta Directiva de la sociedad mercantil Seguros Constitución, C.A., haya autorizado a su Presidente para tal otorgamiento y menos si existía duda razonable de que el ciudadano Omar Jesús Farías Luces, aún ostentara dicho cargo, por cuanto el Acta de Asamblea que fuere mostrada al Notario limita el ejercicio de sus funciones al año 2011 (…)”. (Sic).

Del mismo modo, manifestaron que “…  resulta evidente en los autos que constan el presente expediente, que el numeral 9° del artículo 17 de la última modificación estatutaria de la sociedad mercantil (…) que sirvió de fundamento al tribunal de la causa para considerar que el Presidente de la misma, tenía facultades para otorgar poder judicial en nombre de esta, se encuentra en un documento registrado en fecha 7 de septiembre de 2012, es decir, con posterioridad al momento del otorgamiento del referido instrumento poder (18 de mayo de 2012) e incluso de la interposición del recurso contencioso tributario (19 de julio de 2012); lo cual a todas luces constituye un falso supuesto de derecho, vicio en que incurrió el juez a quo al tomar en consideración lo dispuesto en un Acta de Asamblea que no había sido debidamente registrada en la oportunidad del otorgamiento del instrumento poder objeto por la representación fiscal (…)”. (Sic).

Añadieron que “… aunque también se evidencia que la Asamblea celebrada por los accionistas de la empresa Seguros Constitución, C.A., para la modificación de sus estatutos es de fecha 16 de noviembre de 2011 [esa] representación fiscal debe insistir que la misma no surtió efectos jurídicos frente a terceros hasta la fecha 7 de septiembre de 2012, cuando fue debidamente asentada ante el Registro Mercantil, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Código de Comercio, es decir, que la empresa no puede oponer a terceros la modificación estatutaria acordada en Acta de Asamblea de fecha 16 de noviembre de 2011, sino hasta la fecha 7 de septiembre de 2012, fecha posterior al momento en que fuere incoado el recurso contencioso tributario de marras, lo cual implica por todo lo ya señalado, que se configura la causal de inadmisibilidad del [referido] recurso, por haber actuado quien se presentó como apoderado judicial de la empresa, con un instrumento insuficiente (…)”. (Sic). (Agregados de esta Sala).

Señalaron que “… [esa] representación fiscal había subvertido el orden de la carga de la prueba, por solicitar la exhibición de los documentos mencionados en el poder queacreditala representación judicial de la sociedad mercantil (…) dando a entender que sea suficiente prueba la nota de autenticación del Notario Público, sobre los instrumentos que tuvo a la vista, posición esta que no comparte [esa] representación fiscal (…)”. (Sic). (Interpolados de esta Superioridad).

Indicaron que “… lo que se desea comprobar mediante la solicitud de exhibición de los documentos a que se refiere el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, es como se originó la potestad de otorgar el poder, de dónde deriva la representación que se atribuye el poderdante, lo cual es un derecho de las partes que no debe ser considerado como una subversión de la carga de la prueba, tal y como lo hizo ver el a quo; por tanto, resulta irrelevante, a los fines de la previsión contenida en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, que permite a la parte solicitar la exhibición de tales documentos, el que el Notario los haya tenido a la vista; en consecuencia, [esa] representación judicial de la República consider[ó] que la sentencia objeto de la presente apelación adolece del vicio de errónea apreciación de los hechos y de errónea interpretación del derecho, al desestimar la oposición a la admisión del recurso formulada por la representación judicial de la República (…)”. (Sic). (Añadidos de esta Máxima Instancia).

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la apelación ejercida por la representación en juicio del Fisco Nacional contra la sentencia interlocutoria número 140/2015 dictada en fecha 15 de diciembre de 2015, por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró “sin lugar la oposición formulada por la representación de la República” y admitió el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad de comercio Seguros Constitución, C.A., contra la Resolución Sumario Administrativo signada con el alfanumérico SNAT/INTI/GRTICERC/DSA-R-2012-184 del 2 de junio de 2012, notificada el 7 del mismo mes y año, emitida por la División de Sumario Administrativo de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Vistos los términos en los que fue dictado el fallo apelado y examinadas las alegaciones expuestas por la representación en juicio del Fisco Nacional, esta Máxima Instancia constata que en el caso concreto la controversia se circunscribe a verificar si la decisión del juzgado de instancia por medio de la cual declaró “sin lugar la oposición formulada por la representación de la República” y admitió el recurso contencioso tributario interpuesto, fue dictada conforme a derecho, o si por el contrario, incurrió en los vicios de falso supuesto de hecho y falso supuesto de derecho por la errónea aplicación del artículo 266 del Código Orgánico Tributario de 2001, por lo cual se debe determinar: i) si para la fecha del otorgamiento del poder, el ciudadano Omar Jesús Farías Luces, desempeñaba el cargo de Presidente; ii) si la Junta Directiva autorizó el otorgamiento del referido documento poder; iii) si el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa recurrente, celebrada el 16 de noviembre de 2011, en la cual se basó el juez de instancia para emitir su decisión, es oponible frente a terceros al registrarse en una fecha posterior al otorgamiento del documento poder (7 de septiembre de 2012); y iv) si la nota de autenticación del notario conforma una prueba absoluta.

Delimitada la litis, pasa esta Alzada a pronunciarse y, al efecto, observa:

Resulta oportuno comenzar el análisis de la presente controversia, citando el contenido del artículo 4 de la Ley de Abogados, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 1.081 de fecha 23 de enero de 1967 -aplicable al caso concreto por no contrariar los postulados previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999-, el cual dispone:

Artículo 4. Toda persona puede utilizar los órganos de administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado para que lo represente o asista en todo el proceso (…)”. (Resaltado de esta Superioridad).

De la disposición transcrita se evidencia la obligatoriedad de la asistencia o representación de un abogado o de una abogada, para que las partes puedan actuar en juicio y además, pone de manifiesto que dicha actuación debe constar en documento poder mediante el cual se otorgue la facultad a esos o esas profesionales del derecho para defender los intereses de su mandante válidamente en un proceso judicial. (Vid., decisiones de esta Sala números 00506, 01437 y 00095, del 10 de mayo y 15 de diciembre de 2016 y 16 de febrero de 2017, casos: Representaciones Tambi, C.A.; Zurich Seguros, C.A. y Stanhome Panamericana, C.A., respectivamente).

En este orden de ideas, el artículo 266 del Código Orgánico Tributario de 2001, dispone lo siguiente:

Artículo 266. Son causales de inadmisibilidad del recurso:

1. La caducidad del plazo para ejercer el recurso.

2. La falta de cualidad o interés del recurrente.

3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria para comparecer en juicio o por no tener la representación que se atribuye, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente”. (Destacado, negritas y resaltados de esta Sala).

Las previsiones contenidas en la norma examinada, constituyen exigencias legales para la interposición del recurso contencioso tributario, que tal y como lo ha sostenido esta Sala Político-Administrativa, no contravienen el espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando en su artículo 26 establece el alcance del derecho a acceder a las instancias judiciales, para obtener de ellas una protección cautelar o anticipada y obtener, luego del proceso, una sentencia basada en derecho. (Vid., entre otras, sentencia de esta Alzada número 00901 del 23 de julio de 2015, caso: BTP Distribuciones, S.A.).

Bajo tales premisas, esta Máxima Instancia aprecia que los y las  accionantes al momento de la interposición del recurso contencioso tributario, deben tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 266 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable ratione temporis; pues de configurarse alguna de las causales dispuestas en esa norma, traería como consecuencia inexorable la declaratoria de inadmisibilidad del mencionado recurso.

Al ser así, resulta claro que a la persona a quien se le atribuya la representación judicial debe necesariamente acreditarla. En este sentido, deberá consignar el respectivo documento poder (instrumento público o auténtico), otorgado ante una autoridad legalmente reconocida para dar fe pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 1357 del Código Civil.

Así, surge, en cuanto a la interposición de cualquier acción por parte de quien señale ser apoderado o apoderada judicial, el deber inexorable de comprobar en forma fehaciente la identificación del documento poder que le fue otorgado, y su consignación en original o en copia certificada, en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer en todo proceso. (Vid., sentencia de esta Sala número 1125 del 2 de agosto de 2012, caso: Cervecería Polar, C.A.). Por consiguiente, los jueces y juezas están en la obligación de verificar en cada caso concreto, las causales de inadmisibilidad del recurso contencioso tributario.

Aplicando las consideraciones expuestas al caso de autos, esta Sala observa:

i) La representación judicial de la República indicó que existen dudas respecto a si para la fecha del otorgamiento del poder, el ciudadano Omar Jesús Farías Luces, ostentaba el cargo de Presidente, ya que “(…) el Notario Público, para el momento del otorgamiento del instrumento poder bajo análisis, solo tuvo a la vista el Acta Constitutiva de la empresa recurrente de fecha 27 de noviembre de 1989 y el Acta de Asamblea registrada en fecha 07 de agosto de 2009 (…) que limita el ejercicio de [las] funciones [del Presidente de la compañía] al período 2009-2011[,] por lo que se podría presumir que para la fecha del otorgamiento del mencionado instrumento poder (18/05/2012), podría estar en cabeza de otra persona dicho cargo y no necesariamente en las personas señaladas en dicho documento, cuyo período evidentemente se encontraba vencido (…)”. (Corchetes de esta Superioridad).

Así, este Alto Tribunal constata que cursa al folio 88 al 92 de las actas procesales, copia certificada del documento poder otorgado ante la Notaría Pública Trigésima Octava del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital el 18 de mayo de 2012, por el ciudadano Omar Jesús Farias Luces, con cédula de identidad número 5.907.347, actuando en su carácter de Presidente de la empresa Seguros Constitución C.A., al abogado Alberto José Pérez Benazar, ya identificado.

Asimismo, corre inserto en el expediente judicial (folios 102 al 108), copia certificada del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa recurrente, inscrita el 7 de agosto de 2009 ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital, en la cual se lee que “(…) para el período 2009-2011, la Asamblea acuerda ratificar a los cinco directores principales que conforman la Junta Directiva en el período pasado, por lo que para el período 2009-2011, la nueva Junta Directiva quedará integrada por las siguientes personas: OMAR JESÚS FARIAS LUCES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. 5.907.347, quien ostentará además el cargo de Presidente de la Junta Directiva (…)”.

En este sentido, esta Máxima Instancia observa que cursa a los folios 122 al 137, el documento constitutivo de la empresa Seguros Constitución, C.A., presentado ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 27 de noviembre de 1989, bajo el número 20, tomo 60-A,  de la cual se aprecia que en su artículo 14 se dispone:

ARTÍCULO 14: La administración y la atención de los negocios de la compañía está a cargo de una Junta Directiva formada por: un Presidente, un Vicepresidente, siete (7) Directores Principales y once (11) Directores Suplentes, accionistas o no, quienes serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas; debiendo depositar, o hacer que se depositen por cada uno cinco (5) acciones en la Caja Social de la Compañía, antes de iniciarse en sus cargos para cumplir con lo pautado en el Artículo 244 del Código de Comercio. Ejercerán sus funciones durante un lapso de dos (2) años, o hasta que sean reemplazados por decisión de otra Asamblea; pudiendo ser reelegidos y permanecerán en sus cargos aún fuera del lapso de su mandato mientras no sean designados o tomen posesión quienes deban sustituirlos (…)”(Resaltado de esta Sala).

Así, de los documentos descritos se evidencia que el ciudadano antes identificado fue designado Presidente de la compañía para el período 2009-2011; ahora bien, al no constar en autos que una Asamblea de Accionistas, debidamente registrada, lo haya removido de ese cargo, esta Sala considera que el ciudadano Omar Jesús Farias Luces, permaneció como Presidente de la empresa recurrente, extendiendo sus funciones incluso fuera del mencionado período (2009-2011), con base en el antes transcrito artículo 14 del documento constitutivo de la empresa Seguros Constitución, C.A. de 1989.

En atención a lo expuesto, concluye esta Superioridad que en el caso de autos para el momento del otorgamiento del documento poder bajo análisis, esto es, el 18 de mayo de 2012, el ciudadano Omar Jesús Farías Luces, antes identificado, continuaba en el cargo de Presidente de la sociedad de comercio Seguros Constitución, C.A., por lo cual el prenombrado ciudadano sí tenía cualidad y capacidad para otorgar el poder que corre inserto a los folios 94 al 07 de las actas procesales (Vid., sentencia de esta Sala número 00926 del 2 de agosto de 2018, caso: Alfa Quartz, C.A.).

En consecuencia, estima este Alto Tribunal que en la oportunidad en que el mencionado ciudadano Omar Farías, ya identificado, otorgó el documento poder al abogado Alberto José Pérez Benazar (18 de mayo de 2012), tenía el cargo de Presidente de la empresa; por consiguiente, se desecha el argumento de la representación fiscal en este sentido. Así se declara.

ii) Continúan exponiendo los apoderados en juicio de la República, que en el caso de autos existe la duda de si la Junta Directiva autorizó el otorgamiento del referido documento poder; debido a que el artículo 18 del documento constitutivo de la empresa de fecha 27 de noviembre de 1989, indica que el presidente de la misma, la representa judicialmente sólo cuando sea autorizado por la Junta Directiva.

Al respecto, esta Máxima Instancia observa que el mencionado documento constitutivo de la empresa Seguros Constitución, C.A., registrado el 27 de noviembre de 1989, señala en su artículo 18 lo siguiente:

Artículo 18.- El Presidente de la Junta Directiva es Presidente de la Compañía y tiene las facultades y obligaciones siguientes: 1) Convocar y presidir las sesiones de las Asambleas, y de la Junta Directiva, bien sea Ordinarias y Extraordinarias. 2) Representar a la compañía en todo lo que le esté expresamente atribuido por los Estatutos y en los asuntos judiciales y extrajudiciales para los cuales sea autorizado por la Junta Directiva, la cual podrá delegar en aquél las atribuciones a ella conferidas por esta escritura, en cuyo caso obligará a la Compañía con su firma. 3) Conferir poderes especiales o generales para realizar actos de administración y de naturaleza judicial y extrajudicial en beneficio de los intereses de la Compañía. 4) Iniciar las gestiones que sean pertinentes, cuando se trate de un asunto de carácter urgente o inaplazable, participándolo a la Junta Directiva en su inmediata reunión. 5) Realizar en general cualquier acto de administración que no esté reservado expresamente a la Junta directiva o a la Asamblea de Accionistas”.

De la disposición trascrita, se observa que el numeral 2) exige que el Presidente de la empresa sea autorizado por la Junta Directiva, para realizar cualquier acto, judicial o extrajudicial, a través del cual obligue a la compañía con su firma; mientras que el numeral 3) otorga la facultad al Presidente de conferir poderes en beneficio de los intereses de la sociedad mercantil.

Precisado lo anterior, conviene traer a colación lo proferido por esta Sala en un caso similar al de autos (Vid., Sentencia número 00601 de fecha 13 de mayo de 2009, caso: Inversiones 3ra Década C.A., ratificada en el fallo número 00876 del 9 de agosto de 2016, caso: Centro Clínico del Caribe, C.A., entre otros), en el cual se decidió lo que a continuación se transcribe:

“(…) Resuelto lo anterior, pasa esta Sala a examinar la decisión apelada a través de la cual el a quo declaró inadmisible el recurso contencioso tributario interpuesto por la empresa recurrente en fecha 12 de diciembre de 2006, por falta de representación suficiente, a tenor de lo previsto en el numeral 3 del artículo 266 del Código Orgánico Tributario de 2001.  

(…)

En conexión con lo anterior, cabe referir que en fecha 27 de julio de 2001 los estatutos de la sociedad de comercio contribuyente fueron modificados, en atención al contenido del acuerdo suscrito entre los miembros de la Junta Directiva en Asamblea General Extraordinaria del 24 de mayo del mismo año, en donde se acordó, entre otros aspectos, lo siguiente:

SEGUNDO: NOMBRAR NUEVA JUNTA DIRECTIVA. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO. El cual se leerá al siguiente tenor: ARTÍCULO VIGÉSIMO: La Junta Directiva queda constituida de la siguiente forma: PRESIDENTE: MISAEL RAFAEL ZAMORA LÓPEZ. VICEPRESIDENTE: JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ ALFONZO (…). (Resaltado del documento).

Al ser así, de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el expediente y de la normativa antes reseñada, se desprende claramente que los actos de administración y disposición de la sociedad mercantil Inversiones 3era Década, C.A., tienen que ser ejecutados de manera conjunta por los miembros de la Junta Directiva de la aludida empresa, es decir, por el Presidente y el Vicepresidente; sin embargo, debe entenderse que dicha actuación conjunta se refiere a aquellos actos que comprometan el patrimonio de la empresa y no para la representación que ejerce el ciudadano Misael Zamora en el juicio de autos, la cual obra en beneficio de la referida sociedad.

(…)

En armonía con lo indicado, esta Sala considera necesario transcribir los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

Los artículos citados ponen de manifiesto que la Carta Magna estableció en forma expresa, principios cuyo objetivo primordial es garantizar a los ciudadanos una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles.

De la norma contenida en el artículo 26 del Texto Fundamental, se desprende que cualquier persona natural o jurídica plenamente capaz, que resulte afectada o lesionada en sus derechos e intereses, sean éstos directos o indirectos, individuales o colectivos; tiene legitimación activa para impugnar el acto administrativo que vulnere dichos derechos, sin necesidad de comprobar que le asiste un derecho subjetivo o un interés personal, legítimo y directo.

Ahora bien, una vez advertida la cualidad que tiene toda persona (natural o jurídica) legalmente capaz, que vea lesionados sus derechos e intereses de forma directa o indirecta, de solicitar la nulidad de un acto administrativo, debe esta Sala concluir que si se negase la defensa asumida por el ciudadano Misael Zamora, quien actuó con el carácter de Presidente de la sociedad de comercio Inversiones 3era Década, C.A., como ha quedado demostrado en autos, se estaría propiciando a una nítida lesión al derecho fundamental del justiciable, también de rango constitucional, de disponer de un proceso sin dilaciones indebidas y al servicio de la justicia. Así se declara”. (Resaltado y subrayado de esta Sala).

Tomando en consideración lo determinado en el fallo parcialmente transcrito, así como lo dispuesto en la cláusula estatutaria número 18 numeral 2), supra citada, se tiene que los actos de administración y disposición de la sociedad mercantil Seguros Constitución, C.A., tienen que ser autorizados previamente por la Junta Directiva; sin embargo, estima esta Máxima Instancia que la mencionada exigencia de autorización, se refiere a los actos que comprometan el patrimonio de la empresa, mas no así respecto a aquellos dirigidos a la defensa de sus derechos e intereses. (Vid., sentencia de esta Sala número 01293 del 13 de diciembre de 2018, caso: Vista Sea Corp.).

En tal sentido, considera esta Sala que el ciudadano Omar Jesús Farias Luces, en su carácter de Presidente de la referida empresa, al haber otorgado el documento poder a los fines de interponer el recurso contencioso tributario de autos, obró en beneficio de la prenombrada sociedad de comercio y no comprometiendo el patrimonio de ésta, lo cual debe interpretarse latu sensu, aún cuando la mencionada cláusula 18.2 de los Estatutos Sociales disponga que la actuación judicial y extrajudicial del Presidente, que comprometan el patrimonio de la empresa, debe ser autorizado por la Junta Directiva.

Esta interpretación permite una ampliación del derecho a la defensa del y de la justiciable, pues no compromete su patrimonio, sino que lo defiende, al admitirse que pueda verificarse tal representación en beneficio de la referida empresa, circunstancia esta que además resulta perfectamente subsumible en el supuesto establecido en la transcrita cláusula 18.3 de sus Estatutos Sociales, que permite conferir poder “en beneficio de los intereses de la Compañía”.

Por lo tanto, esta Máxima Instancia concluye que si se negase la defensa asumida por el ciudadano Omar Jesús Farias Luces, quien actuó con el carácter ya indicado, se estaría propiciando una lesión al derecho fundamental del justiciable, también de rango constitucional, de disponer de un proceso sin formalismos, ni dilaciones indebidas y al servicio de la justicia, por lo que el Presidente de la empresa recurrente, sí tenía la facultad, conferida por el documento constitutivo estatutario de 1989, no sólo de representar judicialmente a la compañía, sino que además, conferir poder para la representación ante los órganos jurisdiccionales. Por consiguiente, se desecha el argumento de la apoderada judicial del Fisco Nacional sobre este particular. Así se establece.

iii) Por otro lado, la representación fiscal señaló además que el acta en la cual se basó el juez de instancia no es oponible frente a terceros al registrarse en una fecha posterior al otorgamiento del documento poder, esto es, “(…) en fecha 07 de septiembre de 2012, es decir, con posterioridad al momento del otorgamiento del referido instrumento poder (18 de mayo de 2012) e incluso de la interposición del recurso contencioso tributario (19 de julio de 2012); lo cual a todas luces constituye un falso supuesto de derecho (…)”.

Así, el tribunal de instancia en la sentencia apelada indicó lo que se indica a continuación:

“(…)

Ahora bien, en cuanto a la facultad del otorgante se puede comprobar mediante Documento Constitutivo - Estatutos Sociales de la empresaSEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A., presentado como anexo al escrito de Contestación a la Oposición de la admisión, la facultad del ciudadano Omar Jesús Farías Luces, titular de la cédula de identidad [número] 5.907.347, como Presidente de la Junta Directiva de la referida Sociedad Mercantil, así como las atribuciones que le son conferidas, dentro de las que se encuentra expresada en su artículo 17º específicamente en el numeral 9 lo siguiente:Sin perjuicio de ejercicio de similar facultad que detenta el Representante Judicial, designar y revocar apoderados judiciales, o apoderados para actuar en procedimientos administrativos y contencioso-administrativos; otorgando los correspondientes poderes de representación con las facultades que estime pertinente, para la mejor defensa de los intereses de la Compañía, pudiendo contener el mandato la facultad de convenir, transigir, desistir, conciliar y disponer del derecho en litigio; comprometer en árbitros, Arbitradores o de Derecho. A tales efectos, en el instrumento poder donde otorgue la correspondiente representación, establecerá las facultades y limitaciones que creyere conveniente’.

Este tribunal después del análisis exhaustivo realizado a las actas procesales que conforman el presente expediente evidencia que ha quedado suficientemente demostrada la facultad del ciudadano Omar Jesús Farías Luces, ya identificado, actuando en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la recurrente para otorgar el documento poder al ciudadano Alberto José Pérez Benazar, quien interpuso el Recurso Contencioso Tributario en nombre de su representada (…)”.

De la decisión parcialmente transcrita se observa que el juez a quo fundamentó su fallo con el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa recurrente (folios 141 al 155 del expediente judicial), celebrada el 16 de noviembre de 2011, e inscrita ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital el 7 de septiembre de 2012, es decir, en una fecha posterior al otorgamiento del documento poder que ahora se analiza.

Al respecto, surge necesario citar el contenido del artículo 217 del Código de Comercio, que dispone:

Artículo 217: Todos los convenios o resoluciones que tengan por objeto la continuación de la compañía después de expirado su término; la reforma del contrato en las cláusulas que deban registrarse y publicarse, que reduzcan o amplíen el término de su duración, que excluyan algunos de sus miembros, que admitan otros o cambien la razón social, la fusión de una compañía con otra, y la disolución de la compañía aunque sea con arreglo al contrato, estarán sujetos al registro y publicación establecidos en los artículos precedentes”.

 Tomando en cuenta lo previsto en el transcrito artículo 217 del Código de Comercio, considera esta Sala, conforme lo indicó la representación judicial del Fisco Nacional, que el Acta de Asamblea General de Accionistas de una compañía, en la cual, como en el presente caso, se designen a los miembros de la Junta Directiva, debe cumplir con la formalidad del registro, y es desde ese momento (registro) cuando se convierte en un documento público y oponible a terceros. Razón por la cual, el juez de la causa incurrió en una errónea apreciación de los hechos, al considerar que el Acta de Asamblea registrada el 7 de septiembre de 2012, le otorgaba la facultad al Presidente de la compañía para otorgar un documento poder con fecha anterior (18 de mayo de 2012).

Lo anterior surge evidente, al leer el contenido del documento poder cursante a los folios 94 al 97 de la copia certificada del expediente judicial, autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Octava del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, el 18 de mayo de 2012, en el cual se dejó plena constancia en su último folio que el Notario Público Juan León Villanueva, tuvo a la vista el “(…) Documento Constitutivo de la Sociedad Mercantil SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A., (…) inscrita inicialmente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 27 de noviembre de 1989, bajo el [número] 20, tomo 60-A., y que por efecto del cambio de domicilio y de denominación social se inscribió por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado [Bolivariano de] Miranda, en fecha 7 de noviembre de 2005, bajo el [número] 16, tomo 1209-A, con posteriores modificaciones a sus estatutos, siendo la última que consta en Acta de Asamblea inscrita en la citada oficina de Registro en fecha 7 de agosto de 2009, bajo  el [número] 13, tomo 146-A (…)” (sic); es decir, que el instrumento de mandato se otorgó con fundamento en el documento constitutivo de 1989 y en el acta de asamblea de 2009 (ambos registrados), y no como erróneamente lo indicó el tribunal de instancia, con base en el acta de asamblea de 2012.

No obstante lo antes mencionado, al constatarse que el documento poder fue otorgado con fundamento en la designación hecha por la Junta Directiva de la empresa para el período 2009-2011, a través del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa recurrente, inscrita ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital el 7 de agosto de 2009, y siendo que tal designación no había sido revocada o sustituida para la fecha en que se otorgó el documento poder (18 de mayo de 2012), se debe considerar -como se indicó anteriormente- que el ciudadano Alberto José Pérez Benazar, permaneció como Presidente de la empresa recurrente, extendiendo sus funciones incluso fuera del mencionado período (2009-2011), conforme al artículo 14 del documento constitutivo de la empresa Seguros Constitución, C.A., presentado ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 27 de noviembre de 1989. En consecuencia, esta Alzada declara improcedente el alegato de la representación fiscal en este particular. Así se declara.

iv) Por último, en cuanto al alegato referido a si la nota de autenticación del notario conforma una prueba absoluta, esta Superioridad observa:

Del análisis de los documentos remitidos a esta Superioridad por el tribunal de mérito, como se había indicado anteriormente, se evidencia que la representación judicial de la recurrente consignó el poder original cursante a los folios 94 al 97 de la copia certificada del expediente judicial, autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Octava del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, el 18 de mayo de 2012, asentado en documento protocolizado bajo el número 40, tomo 85 de los libros llevados por el indicado despacho, en el cual se dejó plena constancia en su último folio que el Notario Público Juan León Villanueva, tuvo a la vista el siguiente documento:

(…) Documento Constitutivo de la Sociedad Mercantil SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A., (…) inscrita inicialmente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 27 de noviembre de 1989, bajo el [número] 20, tomo 60-A., y que por efecto del cambio de domicilio y de denominación social se inscribió por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado [Bolivariano de] Miranda, en fecha 7 de noviembre de 2005, bajo el [número] 16, tomo 1209-A, con posteriores modificaciones a sus estatutos, siendo la última que consta en Acta de Asamblea inscrita en la citada oficina de Registro en fecha 7 de agosto de 2009, bajo  el [número] 13, tomo 146-A (…)”. (Sic).

Así, respecto a las facultades de los notarios públicos y notarias públicas se destaca que conforme a la disposición contenida en el artículo 68 del Decreto número 1.422 del 17 de noviembre de 2014, contentivo del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado (Gaceta Oficial Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela número 6.156 del 19 de noviembre de 2014), el aludido funcionario está facultado por mandato de ley para dar fe pública de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física o mediante medios electrónicos.

Por lo tanto, esta Alzada constata del documento poder antes señalado donde acredita la representación judicial de la sociedad mercantil Seguros Constitución, C.A., que el funcionario Público Juan León Villanueva, en su carácter de Notario Trigésimo Octavo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, tuvo a la vista el Documento Constitutivo Estatutario, de la aludida empresa, así como la rúbrica y sellos que constituyen la fe pública de lo asentado en el referido documento (vid., sentencias de esta Superioridad números 00095, 01115 del 16 de febrero de 2017, y 17 de octubre del mismo año, casos: Stanhome Panamericana, C.A., Centro de Artes Yóguicas, S.A., respectivamente), lo cual permite otorgarle pleno valor probatorio a lo dicho por el notario respecto a que tuvo a su vista el documento constitutivo de la empresa, y de la legitimidad del ciudadano Omar Jesús Farías Luces, para otorgar poder.

En este sentido, este Alto Tribunal destaca que, si bien el documento poder otorgado ante un notario público o ante una notaria pública, admite prueba en contrario (vid, sentencia de esta Sala número 01288 del 12 de diciembre de 2018, caso: Perfumería Las Villas Tamanaco, C.A.)., en el presente caso el instrumento de mandato bajo estudio se ha analizado en conjunto con otros documentos (documento estatutario y actas de asambleas generales), que llevan a concluir a esta Sala que el referido poder se otorgó en forma legal y autentica. En consecuencia, se desecha el argumento fiscal expuesto en este sentido. Así se decide.

Siendo así, esta Alzada constata que en el caso de autos, al momento de ejercer el recurso contencioso tributario (16 de julio de 2012) el abogado Alberto José Pérez Benazar, consignó copia certificada del Poder autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Octava del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, el 18 de mayo de 2012, quedando anotado bajo el número 40, tomo 85 de los Libros de Autenticaciones (folios 94 al 97 de la copia certificada del expediente judicial), donde se desprende la representación judicial por parte del prenombrado abogado con relación a la sociedad de comercio Seguros Constitución, C.A.

En este sentido, esta Alzada observa que dicho documento poder es anterior a la interposición del recurso contencioso tributario, que fue realizada el día 16 de julio de 2012, con lo cual se evidencia, que no se verificó el supuesto de ilegitimidad previsto en el numeral 3 del artículo 266 del Código Orgánico Tributario de 2001.

Ahora bien, no pasa inadvertido para la Sala el error material en el cual incurrió el juez de instancia en la dispositiva del fallo, al declarar admisible el recurso contencioso tributario tomando como fundamento el Código Orgánico Tributario de 2001, cuando el Texto Orgánico que rige la materia que se encontraba vigente para esa fecha es el del 2014.

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, esta Sala declara sin lugar el recurso de apelación ejercido por los abogados Amilcar José Gómez Fernández y Exer Alejandro Suárez, ya identificados, actuando con el carácter de apoderados en juicio del Fisco Nacional, contra la decisión interlocutoria número 140/2015 dictada por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 15 de diciembre de 2015, la cual se confirma con una motivación diferente a la considerada por el juez de instancia, en los términos expuestos en el presente fallo. Así se declara.

De acuerdo con lo expresado, esta Máxima Instancia ordena al Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, continuar con el procedimiento de ley. Así se decide.

Por último, se estima que no procede la condenatoria en costas procesales al Fisco Nacional, a tenor de lo contemplado en el artículo 88 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2016. Así se dispone.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente señaladas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación en juicio del FISCO NACIONAL, contra la decisión interlocutoria número 140/2015 dictada por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 15 de diciembre de 2015, la cual se CONFIRMA con una motivación diferente a la considerada por el juez de instancia, en los términos expuestos en el presente fallo.

2.- Se ORDENA al Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, continuar con el procedimiento de ley.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). Años 209º de la Independencia y 160º de la Federación.

 

La Presidenta,

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente - Ponente,

MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

 

La Magistrada,

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO

 

 

 

 

 

El Magistrado,

INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA

La Magistrada,

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

 

 

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

 

En fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00276.

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD