Magistrada Ponente: EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

EXP. Núm. 2017-0738

 

Mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha 11 de octubre de 2017, la abogada Marianella Villegas Salazar, INPREABOGADO Núm. 70.884, actuando como apoderada judicial de la ciudadana LUZ MARY GONZÁLEZ ARAUJO, cédula de identidad Núm. 11.319.122, interpuso demanda de nulidad conjuntamente con amparo cautelar contra la Resolución Núm. 01-00-000164 de fecha 03 de marzo de 2017, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA mediante la cual la inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de diez (10) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en virtud de la responsabilidad administrativa que le fuera declarada en el Auto Decisorio Núm. 08-01-PADR-005-2016 del 01 de agosto de 2016 dictado por el Director de Determinación de Responsabilidades, actuando por delegación del Contralor General de la República, en su gestión como Administradora de la Gobernación del Estado Amazonas “durante el período fiscal del año 2009”.

El 24 de octubre de 2017 se dio cuenta en Sala y se designó Ponente a la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, a los fines de decidir sobre la admisibilidad de la demanda de nulidad y la acción de amparo cautelar.

En fecha 12 de diciembre de 2017 mediante sentencia Núm. 01977, la Sala admitió la demanda y declaró improcedente el referido amparo cautelar solicitado.

Por auto del 9 de enero de 2018 se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Dicho Juzgado el 18 de enero de ese mismo año, ordenó notificar a la recurrente y a la Procuraduría General de la República.

Los días 20 de febrero y 4 de abril de 2018 el Alguacil consignó los acuses de recibos de las referidas notificaciones.

Por auto del 10 de mayo de 2018 el referido Juzgado en virtud que de la revisión de las actas procesales se constató que la ciudadana Luz Mary González Araujo no acompañó oficio o instrumento alguno en el cual constasen los datos relativos a la notificación de la Resolución Núm. 01-00-000164 del 3 de marzo de 2017, dictada por el Contralor General de la República, estimó necesario otorgar a la mencionada ciudadana un lapso de tres (3) días de despacho contados a partir de esta fecha, exclusive, a fin de que consignase original o copia de la recepción de dicho oficio de notificación.

Mediante diligencia del 22 de ese mismo mes y año la apoderada judicial de la accionante consignó copia simple del mencionado oficio de notificación donde se puede apreciar que su recepción fue en fecha 4 de mayo de 2017 y señaló que el original consta en el expediente Núm. 2017-0138, llevado por esta Sala, al cual se anexó el expediente administrativo remitido por la Contraloría General de la República.

El 29 de mayo de 2018 el referido órgano de sustanciación admitió la demanda de nulidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En razón de ello, se acordó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República y Contralor General de la República, así como a la Procuraduría General de la República, ésta última en atención a lo previsto en el artículo 98 del Decreto Ley que rige sus funciones. De igual modo, se dejó establecido que una vez que constaran en autos las notificaciones se remitiría el expediente a la Sala, a fin de que fijara la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio. Finalmente, indicó que el expediente administrativo relacionado con el caso de autos fue consignado en la causa Núm. 2017-0138 el cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de la Sala Político Administrativa, por lo cual omitió la solicitud de dichos antecedentes.

Practicadas las notificaciones, por auto del 2 de octubre de 2018, se dio cuenta en Sala, se designó Ponente a la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero y se fijó la referida Audiencia para el día jueves 25 de octubre de 2018 a las 11:40 a.m.

El 11 de ese mismo mes y año la abogada Chary Melisa Parada Muñoz, INPREABOGADO Núm. 145.920, consignó copia simple de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual el Contralor General de la República la designa, entre otros abogados, como representante judicial de la Contraloría General de la República.

En fecha 24 de octubre de 2018 la abogada Marianella Villegas Salazar, ya identificada, apoderada judicial de la demandante sustituyó apud-acta el poder que le fue conferido por su mandante, en el abogado Leonardo Verónico Osorio, INPREABOGADO Núm. 272.222.

Por diligencia del 24 de ese mismo mes y año, la abogada Inés María Cartagena León, INPREABOGADO Núm. 59.709, actuando como representante de la Contraloría General de la República, solicitó la suspensión de la Audiencia de Juicio, en virtud del cambio de autoridad de su representada, lo cual fue acordado por auto de la misma fecha, difiriéndose esta para el día 22 de noviembre de 2018 a las 11:40 a.m.

En la hora y fecha pautada, tuvo lugar la mencionada Audiencia en la cual se dejó constancia de la comparecencia de los abogados Marianella Villegas Salazar y Leonardo Verónico Osorio, ya identificados, apoderados judiciales de la parte actora, la abogada Inés María Cartagena León en representación de la demandada y el abogado Luis Marcano por el Ministerio Público. En ese mismo acto, la representación judicial de la Contraloría General de la República presentó escrito de conclusiones; y se fijó un lapso de cinco (5) días de despacho para la presentación de los informes.

Mediante escritos presentados el 5 de diciembre de 2018, la abogada Marianella Villegas Salazar, previamente identificada, apoderada judicial de la parte demandante y la representación de la Contraloría General de la República consignaron sus respectivos informes.

El 6 de diciembre de 2018 la causa entró en estado de sentencia.

En sesión de Sala Plena del 30 de enero de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se reeligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidente, Magistrado Marco Antonio Medina Salas; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.

Realizado el estudio de las actas procesales, pasa esta Sala a emitir el pronunciamiento correspondiente. En tal sentido observa:

 

I

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

 

Mediante Resolución Núm. 01-00-000164 de fecha 3 de marzo de 2017, el Contralor General de la República, estableció lo siguiente:

 

"En ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 3 del artículo 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 112 de su Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al Objetivo General 2.4.1.2. de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, es fundamental desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción, fortaleciendo las instituciones del Estado, fomentando la participación protagónica del Poder Popular, promoviendo la transparencia y la automatización de la gestión pública, así como los mecanismos legales de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria contra las lesiones o el manejo inadecuado de los fondos públicos.

CONSIDERANDO

Que mediante decisión de fecha 01 de agosto de 2016, el Director de Determinación de Responsabilidades de este Máximo Órgano de Control Fiscal, actuando por delegación del ciudadano Contralor General de la República, según Resolución N° 01-00-000052 de fecha 20 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.607 de fecha 24 de febrero de 2015, declaró la responsabilidad administrativa de la ciudadana LUZ MARY GONZÁLEZ ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° V-11.319.122, por irregularidades administrativas ocurridas durante el ejercicio fiscal 2007, en el ejercicio de sus funciones como Administradora  de la Gobernación del estado (sic) Amazonas, por haber actuado de manera negligente en la preservación y salvaguarda del patrimonio público, por cuanto ordenó el pago de la edificación denominada edificio SALIM y un lote de terreno de 1.087,71 m2 donde se encontraba enclavada, con sobreprecio por la cantidad de trescientos cincuenta mil bolívares exactos (Bs. 350.000,00), siendo que se estableció en el documento respectivo como precio de venta el monto de seis millones de bolívares (Bs. 6.000.000,00); no obstante, según informe de avalúo practicado al inmueble en referencia por este Órgano de Control Fiscal, se determinó que el precio real del bien tenía un costo de aproximadamente cinco millones seiscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 5.650.000,00), valores actuales.

Conducta que se configura en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, descrita con detalle en la decisión que declaró la responsabilidad administrativa, con la consecuente imposición de multa por seiscientos sesenta y dos con cincuenta (662,50) Unidades Tributarias, equivalentes a la cantidad de veinticuatro mil  novecientos veintinueve bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs. 24.929,87), y la formulación de reparo solidario por la cantidad de trescientos cincuenta mil bolívares (Bs. 350.000,00),  la cual quedó firme en vía administrativa, mediante auto de fecha 03 de octubre de 2016, por cuanto no fue interpuesto el Recurso de Reconsideración dentro del lapso legalmente previsto para ello.

CONSIDERANDO

Que el artículo 105 de la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal establece que ‘(...) Corresponderá al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince años (...)’.

 

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el Contralor General de la República para acordar las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la mencionada Ley, tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria y para la graduación de la sanción, valorará los supuestos allí previstos.

 

RESUELVE

PRIMERO: Imponer a la ciudadana LUZ MARY GONZÁLEZ ARAUJO (...) de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de DIEZ (10) AÑOS, contado a partir de la fecha de ejecución de la presente Resolución.

SEGUNDO: Notificar la presente decisión a la ciudadana LUZ MARY GONZÁLEZ ARAUJO, antes identificada y adviértasele que la sanción de inhabilitación impuesta supone la ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entes de la Administración Pública, así como la imposibilidad de ejercer funciones públicas, cualquiera sea su naturaleza por el lapso que dure la misma, sin perjuicio de la responsabilidad de las máximas autoridades del órgano o ente donde se encontrare desempeñando funciones, quienes son los encargados de velar por la ejecución de la sanción”. (Resaltado de la Resolución).

 

 

II

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

 

La apoderada judicial de la parte accionante interpuso demanda de nulidad conjuntamente con amparo cautelar, argumentando lo siguiente:

 

I  ANTECEDENTES

Que “Mediante Auto de inicio de fecha 11 de febrero de 2016, la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la  Contraloría General de la República dio apertura al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades a la ciudadana Luz Mary González Araujo, en el cual se estableció una presunta responsabilidad administrativa de la mencionada ciudadana por acciones llevadas a cabo como Administradora de la Gobernación del estado Amazonas, referidas a la supuesta actuación negligente en cuanto a la preservación del patrimonio público, al haber ordenado el pago de una edificación denominada ‘SALIM’  y un lote de terreno de 1.087,71 m2 donde se encuentra enclavado, presuntamente con un sobreprecio por la cantidad de trescientos cincuenta mil bolívares exactos  (Bs. 350.000,00)”. (Sic).

Que la Contraloría General de la República alegó “que en el documento de compraventa se estableció como precio la cantidad de seis millones de bolívares (Bs. 6.000.000,00), a pesar de que en el informe de avalúo practicado posteriormente al inmueble por parte de la Dirección de Control de Estados de la Contraloría General de la República, se determinó que el precio real del bien inmueble tenía un costo de aproximadamente cinco millones seiscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 5.650.000,00)”.

Que dicho procedimiento fue sustanciado “bajo una serie de irregularidades que violan los derechos constitucionales de Luz Mary González Araujo, en fecha 1° de agosto de 2016, mediante Auto Decisorio N° 08-01-PADR-005-2016, (…) en el cual se consideró sin pruebas y fundamentos sólidos, que la mencionada ciudadana es responsable administrativamente por la comisión  de los hechos irregulares en el ejercicio de la función pública durante el ejercicio fiscal  2009, en su condición de Administradora de la Gobernación del estado Amazonas, al haber incurrido en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (sic), imponiéndole una multa por la cantidad de seiscientas sesenta y dos con cincuenta Unidades Tributarias (662,50 U.T.), equivalentes a la cantidad de veinticuatro mil novecientos veintinueve bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs. 24.929,87); así como un reparo solidario por la cantidad de trescientos cincuenta mil bolívares (Bs. 350.000,00).

Que “Posteriormente, en fecha 3 de marzo de 2017 la Contraloría General de la República dictó la Resolución N° 01-00-000-164, notificada  a [su] representada el 3 de mayo de 2017, que es el acto recurrido en este procedimiento, mediante la cual se le impone una sanción de inhabilitación de diez (10) años, contado (sic) a partir de la fecha de ejecución de dicha Resolución, advirtiéndole además que dicha sanción supone la ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entes de la Administración Pública, así como la imposibilidad de ejercer funciones públicas, cualquiera sea su naturaleza, por el lapso que dure la sanción de inhabilitación”. (Sic). (Agregado de la Sala).

Que “Es[a] Resolución, luego de transcribir  entre sus considerandos los supuestos sobre los cuales fue declarada la responsabilidad administrativa a [su]  representada, conforme al Auto Decisorio N° 08-01-PADR-005-2016 de fecha 1° de agosto de 2016, establec[ió] como única motivación para imponer dicha sanción de inhabilitación, los siguientes dos considerandos:

 

CONSIDERANDO

Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal establece que ‘(…) corresponderá al Contralor o Contralora General de la República  de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable (…) e imponer, atendiendo a la gravedad  de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince años (…)’.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 112 de Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República  y el (sic) Sistema Nacional de Control Fiscal, el Contralor General de la República  para acordar las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo son (sic) goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, conforme en (sic) el artículo 105 de la mencionada Ley, tomará en consideración la entidad o gravedad de ilícito o irregularidad  administrativa que dio lugar a dicha declaratoria  y para la graduación de la sanción, valorará los supuestos allí previstos.  (Agregados de la Sala).

Que “[esas] consideraciones son los únicos fundamentos (más allá de los señalamientos a los hechos sobre los cuales se declaró la responsabilidad administrativa, que motiv[ó] a la Contraloría General de la República para inhabilitar a la ciudadana Luz Mary González Araujo por un lapso de diez (10) años (…)”. (Agregados de la Sala).

Que “[esa] Resolución y el proceso que dio origen a la misma contiene vicios de nulidad absoluta por ir en detrimento de derechos fundamentales, pues desde su inicio estuvo lleno de de (sic) inconstitucionalidades, arbitrariedades y desviaciones de poder que no puede tener un fin distinto  a un acto írrito (…)”. (Agregado de la Sala).

III. CONSIDERACIÓN PREVIA: SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 105 DE LOCGR

Sobre este particular la representante de la demandante alegó que “Si bien la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas se encuentra prevista en el artículo 105 de la LOCGR, la inconstitucionalidad de dicha disposición es cuestionable, e incluso ya se han intentado varios recursos de inconstitucionalidad contra la misma, los cuales fueron acumulados y declarados sin lugar por la Sala Constitucional, pero en forma contraria a lo dispuesto en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”. (Sic).

Que “La inhabilitación política es una sanción que consiste en la restricción o exclusión de los derechos políticos”.

Que “En los Estados democráticos, donde existe, se aplica por los tribunales como sanción normalmente penal, en casos extremos, cuando, según el derecho interno de cada país, se han cometido delitos de alta gravedad, particularmente en contra de bienes que forman parte del patrimonio público, pero siempre como consecuencia de una sentencia definitiva. (Negrillas y subrayado del escrito).

Que “En el caso venezolano, el sistema anticorrupción se forma de dos normas, la LOCGR y la Ley contra la Anticorrupción (…)”.  (Sic).

Que “solo [ha] de ser la LCC la que determine lo referido a los supuestos de hecho (delitos) que dan lugar a la responsabilidad penal y las consecuencias jurídicas (penas privativas de libertad) que de aquella derivan según la gravedad del caso.  En cambio la LOCGR sólo debe determinar faltas y las sanciones a diferencia de las de la LCC deben ser únicamente multas”. (Sic). (Agregado de la Sala).

Que “La disposición es inconstitucional, toda vez que: (i) permite imponer sanciones ‘accesorias’ a  la multa en ausencia de procedimiento previo, violando el derecho al debido proceso y a la defensa; y (ii) viola las garantías constitucionales de proporcionalidad  y non bis in ídem”.

 “IV VICIOS QUE CONTIENE EL ACTO IMPUGNADO

Violación al debido proceso por ausencia absoluta de procedimiento al momento de imponer la inhabilitación

Sobre esta denuncia la parte accionante esgrimió que “Tal y como se señaló en el apartado referido a la evidente inconstitucionalidad del artículo 105 de LOCGR, es imposible sostener que la imposición de una sanción administrativa tenga lugar sin un procedimiento previo en el que el administrado tenga la debida oportunidad para ejercer el derecho a la defensa que le consagra el artículo 49.1 de la Constitución. (Sic).

Violación al derecho a la defensa en el procedimiento de determinación de responsabilidad que sirve de sustento a la sanción de inhabilitación

Indicó la actora que se evidencia, que en el marco del procedimiento administrativo seguido por la Contraloría General de la República contra [su] representada, su derecho a la defensa fue violado, ya que [ese] órgano contralor dictó un auto con fuerza definitiva sobre la base de pruebas manifiestamente impertinentes  e inconducentes para la demostración de los hechos, a la vez que obvió pruebas fundamentales que demostraban que no había  relación de causalidad alguna entre los hechos imputados y la acción desarrollada por [su] representada, en su condición de Administradora  de la Gobernación del estado (sic) Amazonas”.  (Agregados de la Sala).

Violación al derecho a la defensa por inmotivación de la sanción de inhabilitación

Sobre el mencionado vicio la representación de la demandante alegó que “La nulidad absoluta  de la sanción de inhabilitación procede no solo  por fundamentarse en un acto nulo, como señala[ron] en capitulo previo, también dicha nulidad es procedente porque la sanción de inhabilitación  contiene vicios que le son propios, como la falta de motivación en la escogencia de dicha pena ‘accesoria’ y su quantum”. (Agregado de la Sala).

Que “En el presente caso, el acto impugnado no permite conocer cuál fue el criterio del Contralor General de la República para imponer la sanción de inhabilitación por diez (10) años, mucho más del término medio, y no basta con hacer referencia a la decisión de responsabilidad administrativa para imponer automáticamente dicha sanción, ya que el propio artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 112 del Reglamento de dicha Ley, establecen como obligación para [esa] Contraloría analizar los criterios de valoración expuestos en dichas normas para determinar cuál es la sanción accesoria que puede ser aplicada y en qué proporción”. (Agregado de la Sala).

Violación del Principio constitucional nullum crimen nulla poena sine lege, ya que la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas no puede implicar la inhabilitación para el ejercicio de cargos de elección popular

Sobre lo anterior afirmó, que “la Resolución que inhabilita a [su] representada para postularse a un cargo público de representación popular  viol[ó] el principio nullum crimen nulla poena sine lege que posee rango constitucional y conforma una de las garantías del debido proceso, de acuerdo al artículo 49.6, que señala que ‘Ninguna persona podrá ser sancionada  por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes’ (…)”. (Agregados de la Sala).

Violación a los límites de la discrecionalidad, al existir desproporcionalidad e irracionalidad de la sanción de inhabilitación

A este respecto alegó que “la sanción de inhabilitación a [su] representada por un período de diez (10) años es una medida inmotivada, totalmente irracional y desproporcionada respecto a los hechos que se le imputan, referidos a la supuesta actuación negligente en la preservación y salvaguarda del patrimonio público, por haber ordenado el pago de la compra de una edificación con un supuesto sobreprecio que no es cierto,  donde además se siguieron todos los parámetros establecidos en la ley para que se llevara a cabo(Agregado de la Sala).

Que “En definitiva, el poder discrecional inherente a la potestad sancionatoria de la Contraloría General de la República no ha sido ejercido debidamente en el caso que [les] ocupa, sino que de manera arbitraria se ha impuesto a [su] representada una sanción muy gravosa y superior al límite medio, sin que se formulara una ponderación entre la gravedad del supuesto daño causado y la sanción impuesta.  Que “ello hace que la sanción resulte desproporcional y arbitraria, y deba ser revocada”. (Agregados de la Sala).

La desproporcionalidad del acto como causa de una Desviación de Poder

Denunció que “el Contralor General de la República ha actuado arbitrariamente y desproporcionadamente, falseando la verdad y abusando del poder que le otorga la LOCGR”. (Sic).

Que “En efecto, el fin de la sanción de inhabilitación por un período de diez (10) años a [su] representada no es la lucha contra la corrupción ni alguna otra razón legítima, ya que se trata de una decisión arbitraria, donde no se fundamentan los hechos y motivos en que se basó el contralor para escoger una medida muy severa, por lo que esta desproporcionalidad y arbitrariedad reflejan sin duda una grave desviación de poder, alejada totalmente de la finalidad de la norma. (Agregado de la Sala).

Amparo Cautelar

La representación judicial de la accionante reiteró los vicios alegados en el libelo de la demanda como fundamento a la violación del derecho a la defensa, al debido proceso, y al desempeño de cargos de elección popular de su representada bajo los siguientes argumentos: 

a) Que “La sanción de inhabilitación impuesta a [su representada] es completamente inconstitucional, ya que no se le permitió siquiera ejercer su derecho a la defensa (…) al no existir procedimiento administrativo para oponerse a la sanción de inhabilitación”.  (Agregado de la Sala).

 b) Que “(…) viola flagrantemente  el principio constitucional non bis in ídem, al condenársele dos veces por el mismo hecho, ya que la sanción pecuniaria  y la inhabilitación  son especies de sanciones administrativas, al compartir la misma naturaleza jurídica”.

c) Que “La Resolución que acuerda la inhabilitación de [su] representada carece de motivación, es desproporcionada e irracional ya que no establece las razones que tuvo el Contralor General de la República para  determinar el período de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, inobservando así las disposiciones  de los artículos 9 y 18 numeral 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, (…) lo que trajo una clara violación del derecho a la defensa. (Agregado de la Sala).

d) Que “La inhabilitación para el ejercicio de la función pública durante diez (10) años, que deriva de la resolución [recurrida], comprende tanto los cargos donde el sistema de ingreso a la función pública es por designación o nombramiento, como la elección popular, todo ello en flagrante violación a lo dispuesto en el 65 (sic) de la Constitución, el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el propio texto del artículo 105 de LOCGR”. (Sic).  (Agregado de la Sala).

Finalmente, mediante escrito de informes presentado en fecha 5 de diciembre de 2018, la ciudadana Luz Mary González Araujo, representada por su apoderada judicial, ratificó los alegatos expuestos en el escrito libelar, solicitando una vez más que se declare con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido.

 

III

ALEGATOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 

El 22 de noviembre de 2018 las abogadas Inés María Cartagena León, Chary Melisa Parada Muñoz (ya identificadas) y Maribel Yesayl Acosta González, INPREABOGADO Núm. 71.921, representantes judiciales de la Contraloría General de la República, mediante escrito de conclusiones solicitaron que la presente demanda de nulidad fuese declarada sin lugar conforme a los argumentos siguientes:

Que esta Sala Político-Administrativa en sentencia Núm. 528 del 13 de de mayo de 2015 estableció que “las denuncias realizadas en contra de la sanción de inhabilitación, relacionadas con el acto administrativo contentivo de la declaratoria de responsabilidad administrativa, no son procedentes en [esta] instancia, toda vez que se trata de dos actos distintos, pues la sanción interdictiva (sic) es un acto consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa; en razón de ello cualquier petitorio debe comportar o estar referido a vicios propios que afecten el acto contentivo de la sanción de inhabilitación, siendo este último sobre el que recae la legalidad y anulabilidad”.  (Negrillas del escrito, agregado de la Sala).

Que “(…) en el caso concreto, tomando en consideración que la sanción de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas es una consecuencia de haber sido declarada la responsabilidad administrativa, los argumentos dirigidos a atacar el acto mediante el cual se estableció la responsabilidad administrativa y civil de la ciudadana Luz Mary González Araujo, no deben ser valorados por esta Sala, dado que no es el objeto de este recurso administrativo (…)”.  (Negrillas del escrito).

Que con respecto a la “supuesta inmotivación de la sanción de inhabilitación (…) la Resolución impugnada (…) expresó cuál fue el ilícito cometido por la hoy recurrente, tipificado, en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, como supuesto generador de responsabilidad administrativa, consistente en la omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda del patrimonio público gubernamental. (Negrillas del escrito).

Que “(…) la Máxima Autoridad Contralora, en el caso bajo análisis encontró oportuno atender a los numerales 2, 3, 5 y 8 a que alude el (...) artículo 112 [del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal], con base en los hechos irregulares descrito (sic) en su declaratoria de responsabilidad administrativa, considerando así que causó daño al patrimonio público gubernamental (numeral 1), y no hubo reparación total del mismo (numeral 7); la impugnante cometió un (1) hecho irregular, afectando la legalidad, efectividad, eficiencia y economía de la Gobernación del Estado Amazonas (numeral 5), causando graves consecuencias económicas y sociales a la referida Entidad Territorial (numeral 3), la relevancia de la responsabilidad de los funcionarios públicos, la cual reside en la esencia de la importante labor que desempeñan, al detentar estos sujetos la tutela del interés general y el respeto al ordenamiento jurídico en los servicios específicos que realizan (numeral 8)”. (Negrillas del escrito, agregado de la Sala).

Por tanto, consideraron que la Resolución objetada estuvo motivada suficientemente.

Que en relación con la presunta desproporcionalidad de la sanción de inhabilitación (...) el acto impugnado se dictó con sujeción a lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, es decir, atendiendo a la gravedad de las irregularidades que dieron lugar a la declaratoria de responsabilidad administrativa de la recurrente”. (Negrillas del escrito).

Que “Asimismo, se apreciaron las circunstancias tanto de hecho como de derecho previstas en el artículo 112 del Reglamento de la Ley [Orgánica] de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a los fines de graduar la sanción.  (Agregado de la Sala).

En torno a la presunta vulneración del debido proceso y su derecho a la defensa, así como al principio non bis in ídem indicaron que “(...) de la revisión que se efectúe al expediente administrativo llevado por [su] representada (...) se puede apreciar que en todo momento fue[ron] respetados los aludidos derechos constitucionales, afirmación que tiene sustento en el hecho que la ciudadana Luz Mary González Araujo, tuvo pleno acceso al mencionado expediente; asimismo fue notificada de la Resolución N° 01-00-000164 del 03 de marzo de 2017, mediante la cual el Contralor General de la República resolvió imponerle la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez (10) años (...)”. (Negrillas del escrito, agregados de la Sala).

Que “(...) no constituye una doble sanción el resolver imponer a la [recurrente] la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas (...) toda vez que la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría (...) declaró su responsabilidad administrativa como sanción principal, conjuntamente con una multa de veinticuatro mil novecientos veintinueve bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs. 24.929,87), pues como ya se mencionó en líneas anteriores, la multiplicidad de sanciones accesorias responden al poder disuasivo que se desea en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (...)”. (Negrillas del escrito, agregado de la Sala).

Que sobre la supuesta desproporcionalidad del acto como causa de una desviación de poder”, afirma que el acto recurrido fue dictado “(...) en virtud de la competencia atribuida expresamente por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (…)”. (Negrillas del escrito).

Que “(…) la recurrente fue inhabilitada (…) por haber actuado de manera negligente en la preservación y salvaguarda del patrimonio público, por cuanto ordenó el pago de la edificación denominada edificio SALIM y un lote de terreno de 1.087,71 m2 donde se encontraba enclavada, con sobreprecio por la cantidad de trescientos cincuenta mil bolívares exactos (Bs. 350.000,00), siendo que se estableció en el documento respectivo como precio de venta el monto de seis millones de bolívares (Bs. 6.000.000,00); no obstante, según informe de avalúo practicado al inmueble en referencia por este Órgano de Control Fiscal, se determinó que el precio real del bien tenía un costo de aproximadamente cinco millones seiscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 5.650.000,00).  

Finalmente, indicaron que la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas no puede implicar la inhabilitación para el ejercicio de cargos de elección popular”, pues, según la jurisprudencia sostenida por este Alto Tribunal, esta (...)  sólo limita la aptitud del sancionado para el manejo de la cosa pública durante la vigencia de la misma (...) de allí que dicha sanción se extiende exclusivamente a la función administrativa, indistintamente de la forma de ingreso del funcionario (...) no tratándose en ningún caso de la inhabilitación política a que alude el artículo 65 del texto fundamental, pues este suspende los derechos políticos de los ciudadanos (...)”. (Negrillas del escrito).

En virtud de los argumentos expuestos, solicitaron se declare sin lugar la demanda de nulidad interpuesta.

El 5 de diciembre de 2018, mediante escrito de informes la representación judicial de la Contraloría General de la República reiteró los alegatos formulados en el escrito de conclusiones consignado el 22 de noviembre del mismo año.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Precisado lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la demanda de nulidad conjuntamente con amparo cautelar interpuesta por  la abogada Marianella Villegas Salazar, actuando como apoderada judicial de la ciudadana Luz Mary González Araujo, ya identificadas, contra la Resolución Núm. 01-00-000164 de fecha 03 de marzo de 2017, dictada por el Contralor General de la República que inhabilitó a la recurrente para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de diez (10) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en virtud de la responsabilidad administrativa que le fuera declarada en el Auto Decisorio Núm. 08-01-PADR-005-2016 del 1° de agosto de 2016 dictado por el Director de Determinación de Responsabilidades, actuando por delegación del Contralor General de la República, en su gestión como Administradora de la Gobernación del Estado Amazonas “durante el período fiscal del año 2009”. Al respecto, este órgano jurisdiccional pasa a decidir conforme a las siguientes razones:

Punto previo

De manera preliminar esta Sala observa que la representación judicial de la ciudadana Luz Mary González Araujo, adujo que el Auto Decisorio Núm. 08-01-PADR-005-2016 dictado el 1o de agosto de 2016 por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República, en el cual se fundamentó la Administración para imponer la sanción de inhabilitación impugnada, cercenó el derecho a la defensa de su representada (…) “al obviar documentos fundamentales que permitían desvirtuar la relación de causalidad entre los hechos que le fueron imputados y la conducta desempeñada (…), y al basarse en documentos y pruebas que no se correspondía (sic) con el ejercicio fiscal auditado".

Seguidamente precisó que “(…) el órgano contralor dictó un auto con fuerza definitiva sobre la base de pruebas manifiestamente impertinentes e inconducentes para la demostración de los hechos, a la vez que obvió pruebas fundamentales que demostraban que no había relación de causalidad alguna entre los hechos imputados y la actuación desarrollada por [su] representada (...)”. (Agregado de la Sala).

Por su parte, los apoderados judiciales de la Contraloría General de la República esgrimieron que las denuncias realizadas contra la declaratoria de responsabilidad administrativa (…) no son procedentes en [esta] instancia, toda vez que se trata de dos actos distintos, pues la sanción interdictiva (sic) es un acto consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa; en razón de ello cualquier petitorio debe comportar o estar referido a vicios propios que afecten el acto contentivo de la sanción de inhabilitación, siendo este último sobre el que recae la legalidad y anulabilidad”. (Negrillas del escrito, agregado de la Sala).

De esta forma, se constató que aun cuando la parte accionante expresamente indicó que el acto administrativo cuya nulidad pretende a través de la presente demanda de nulidad, está constituido por la Resolución Núm. 01-00-000164 del 3 de marzo de 2017, antes mencionada, lo cierto es que fundamentó el alegato de transgresión del derecho a la defensa en una denuncia en contra de un acto que es ajeno al objeto del procedimiento que nos ocupa, a saber, el Auto Decisorio Núm. 08-01-PADR-005-2016 proferido el 1° de agosto de 2016 por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República.

Es decir, que la demandante a pesar de que impugnó la Resolución que la inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas, también pretende un pronunciamiento en torno a la legalidad del acto que declaró su responsabilidad administrativa, lo cual -se insiste- no fue expresamente delimitado en su libelo como objeto de la presente acción.

No obstante, esta Sala considera necesario advertir que, según se aprecia del contenido de la Resolución Núm. 01-00-000164 del 3 de marzo de 2017, dictada por el Contralor General de la República (vid., folios 27 al 31 de la pieza principal del expediente judicial), así como del Auto Decisorio Núm. 08-01-PADR-005-2016 proferido el 1o de agosto de 2016 por el Director de Determinación de Responsabilidades del referido órgano de control fiscal (vid., folios 1785 al 1848 de la pieza Núm. 8 del expediente administrativo correspondiente a la causa Núm. 2017-0138 llevado por esta Sala, el cual conoce esta Máxima Instancia por notoriedad judicial), que si bien este último acto fue emitido por el referido funcionario “actuando por delegación del ciudadano Contralor General de la República, según Resolución N° 01-00-000052 de fecha 20 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.607 de fecha 24 de febrero de 2015 (...)” y que, en principio, esta Máxima Instancia resultaría competente para conocer de dicha “pretensión, lo cierto es que se evidencia del mismo expediente administrativo (folios 1867 al 1968) que el aludido Auto Decisorio fue notificado a la recurrente en fecha 5 de noviembre de 2016, a través del oficio Núm. 08-01-1561 emanado del Director de Determinación de Responsabilidades, siendo que no fue hasta el 11 de octubre de 2017, que la representación judicial de la ciudadana Luz Mary González Araujo introdujo la presente demanda.

Así pues, tomando en consideración la previsión del artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Núm. 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010), se constata que para la fecha de la interposición de la demanda que nos concierne, había transcurrido sobradamente el lapso de caducidad de seis (6) meses determinado en la Ley especial, de manera que la misma estaría caduca. Por tales consideraciones, esta Sala se encuentra impedida de conocer las referidas denuncias en torno a dicho auto decisorio. Así se establece.

Fondo de la controversia

Precisado lo anterior, esta Máxima instancia pasa a analizar los alegatos formulados por la accionante contra la Resolución Núm. 01-00-000164 del 3 de marzo de 2017, dictada por el Contralor General de la República, a saber: i) la inconstitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; ii) Violación al debido proceso por ausencia absoluta de procedimiento; iii) Violación al derecho a la defensa por inmotivación; iv) Violación del principio constitucional nullum crimen nulla poena sine lege v) Violación a los límites de la discrecionalidad, al existir desproporcionalidad e irracionalidad de la sanción de inhabilitación, así como: vi) La desproporcionalidad del acto como causa de una desviación de poder; los cuales serán analizados en el siguiente orden.

1.-  De la inconstitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

Sobre este particular la representante de la demandante alegó que “Si bien la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas se encuentra previsto en el artículo 105 de la LOCGR, la inconstitucionalidad de dicha disposición es cuestionable, e incluso ya se han intentado varios recursos de inconstitucionalidad contra la misma, los cuales fueron acumulados y declarados sin lugar por la Sala Constitucional, pero en forma contraria a lo dispuesto en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”. (Sic).

Que “La inhabilitación política es una sanción que consiste en la restricción o exclusión de los derechos políticos”.

Que “En los Estados democráticos, donde existe, se aplica por los tribunales como sanción normalmente penal, en casos extremos, cuando, según el derecho interno de cada país, se han cometido delitos de alta gravedad, particularmente en contra de bienes que forman parte del patrimonio público, pero siempre como consecuencia de una sentencia definitiva. (Negrillas y subrayado del escrito).

Que  “En el caso venezolano, el sistema anticorrupción se forma de dos normas, la LOCGR y la Ley contra la Anticorrupción (…)”(Sic).

Que “solo [ha] de ser la LCC la que determine lo referido a los supuestos de hecho (delitos) que dan lugar a la responsabilidad penal y las consecuencias jurídicas (penas privativas de libertad) que de aquella derivan según la gravedad del caso. En cambio la LOCGR sólo debe determinar faltas y las sanciones a diferencia de las de la LCC deben ser únicamente multas”. (Sic). (Agregado de la Sala).

Que “La disposición es inconstitucional, toda vez que: (i) permite imponer sanciones ‘accesorias’ a la multa en ausencia de procedimiento previo, violando el derecho al debido proceso y a la defensa; y (ii) viola las garantías constitucionales de proporcionalidad  y non bis in ídem”.

Con relación a la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se observa que dicha norma establece lo siguiente: 

Artículo 105. La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo a la gravedad de la irregularidad cometida su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos, del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes (...)”.

 

Al respecto, esta Sala estima prudente señalar que dicho tema de debate ya ha sido decidido por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, a través de los fallos Núms. 1.265 y 1.266 del 5 y 6 del agosto de 2008, respectivamente, -entre otros-, mediante los cuales se declaró que dicha norma -por sí misma- no es capaz de lesionar el derecho de los particulares al debido proceso y a la defensa, el principio non bis in idem, el principio de tipicidad, el principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia.

 En tal sentido, la Máxima Intérprete del Texto Fundamental determinó de forma expresa que tal disposición resulta conforme con la Constitución y, además, compatible con la vigencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en razón de lo cual esta Sala declara improcedente el alegato formulado por la representación judicial de la parte actora, sin menoscabo de pasar a conocer el resto de las denuncias particularmente esgrimidas. Así se decide.

2.- Violación al debido proceso por ausencia absoluta de procedimiento al momento de imponer la inhabilitación

Sobre esta denuncia la parte accionante esgrimió que “Tal y como se señaló en el apartado referido a la evidente inconstitucionalidad del artículo 105 de LOCGR, es imposible sostener que la imposición de una sanción administrativa tenga lugar sin un procedimiento previo en el que el administrado tenga la debida oportunidad para ejercer el derecho a la defensa que le consagra el artículo 49.1 de la Constitución. (Sic).

Por otro lado, las representantes de la Contraloría General de la República indicaron que “(...) de la revisión que se efectúe al expediente administrativo llevado por [su] representada (...) se puede apreciar que en todo momento fue[ron] respetados los aludidos derechos constitucionales, afirmación que tiene sustento en el hecho que la ciudadana Luz Mary González Araujo, tuvo pleno acceso al mencionado expediente; asimismo fue notificada de la Resolución N° 01-00-000164 del 03 de marzo de 2017, mediante la cual el Contralor General de la República resolvió imponerle la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez (10) años (...)”. (Negrillas del escrito, agregados de la Sala).

A los fines de resolver lo conducente, esta Sala estima pertinente citar el  artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1.- La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la Ley (...)”.

Sobre el debido proceso, la jurisprudencia de esta Sala ha sido pacífica al sostener que este constituye una de las manifestaciones más relevantes del derecho a la defensa, debiendo entenderse por consiguiente que la ausencia de procedimiento -en principio- entraña la nulidad de los actos que se dicten bajo tales parámetros, pues en tal supuesto el administrado se ve imposibilitado de hacer valer sus derechos e intereses contra el actuar administrativo.

En efecto, sobre el tema este Alto Tribunal ha destacado que los postulados constitucionales relacionados con el derecho a la defensa y al debido proceso, implican la posibilidad de ser oído; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa, a los fines de que le sea posible al administrado presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento; el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado de la causa las actuaciones que lo componen; el derecho del administrado a presentar pruebas tendentes a enervar las actuaciones administrativas que se le imputan; el derecho a ser informado de los recursos y medios de defensa que le asisten y, por último, el derecho a recibir oportuna respuesta a sus solicitudes. (Vid., sentencias Núms. 00161 de fecha 9 de febrero de 2011, 00817 del 4 de junio de 2014 y 00064 del 1° de febrero de 2018, dictadas por esta Sala).

En cuanto a la alegada violación al debido proceso por ausencia absoluta de procedimiento para imponer la inhabilitación, se observa que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal citado supra, consagra la facultad “exclusiva y excluyente” del Contralor General de la República para la aplicación de sanciones (suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo,  destitución e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas) una vez declarada la responsabilidad administrativa sin que medie ningún otro procedimiento”.

En el mismo sentido, esta Sala estima ineludible reiterar que la Máxima Intérprete del Texto Fundamental, mediante decisión Núm. 1.265 de fecha 5 de agosto de 2008, publicada en la misma fecha, declaró sin lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra la mencionada disposición, fijando de manera categórica su conformidad con la Carta Magna.

En esa oportunidad, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal apreció que: i) el ejercicio de esa potestad sancionatoria debía estar precedido por el procedimiento administrativo previo estatuido en el aludido cuerpo normativo, el cual comprende tres (3) etapas que garantizan el derecho a la defensa y el debido proceso de los imputados administrativamente, guardando total conformidad con la previsión del artículo 49 constitucional; ii) el artículo 105 eiusdem no comporta una norma en blanco, pues vaticina los supuestos de hecho acreedores de las respectivas sanciones; iii) la Contraloría General de la República no está constreñida a instruir un procedimiento administrativo distinto para imponer sanciones accesorias, como lo es la inhabilitación; iv) no  se ve afectado, por otro lado, el principio non bis in idem, en la medida que dicha sanción no se impone como consecuencia de un segundo acto de juzgamiento, sino que constituye una pena accesoria derivada de la comprobación de la responsabilidad administrativa, situación avalada constitucional y legalmente en nuestro ordenamiento jurídico. (Vid., entre otras, sentencias Núms. 1.266 y 1.270 del 6 y 12 de agosto de 2008, respectivamente, dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

Consecuente con el criterio antes plasmado por la Máxima intérprete de la Carta Magna, esta Sala Político-Administrativa mediante fallo Núm. 1.231 del 2 de diciembre de 2010, precisó que:

 “(…) i) La imposición de las sanciones disciplinarias a que se refiere el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, requiere como único presupuesto la declaratoria de responsabilidad administrativa. Es decir, dichas sanciones, aparte de la pecuniaria, son consecuencias jurídicas que, según la Ley, derivan de la declaratoria de responsabilidad administrativa, sin que medie ningún otro procedimiento', porque se erigen como actos-consecuencias, que resultan de un procedimiento o iter previo, preparatorio y necesario para su aplicación, el de la determinación de la responsabilidad administrativa, que es en el que se comprueba el ilícito administrativo y se determina dicha responsabilidad.

ii) En tal sentido, las medidas de suspensión sin goce de sueldo, destitución e inhabilitación a que se refiere el artículo 105 eiusdem, viene precedida de un procedimiento, por lo que es dable afirmar que la relación entre la decisión de responsabilidad administrativa y las medidas disciplinarias en cuestión es de causa y efecto; de allí que el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa es el que motiva las sanciones disciplinarias previstas en la citada norma.

iii) Por virtud de lo anterior, iniciar un nuevo procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones establecidas en dicha norma sería un contrasentido, pues además de que se iniciaría con base en los mismos hechos, se desnaturalizaría el tratamiento de la sanción como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad.

Con fundamento en lo antes señalado, debe la Sala concluir que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal no vulnera en modo alguno los derechos y garantías consagradas en el Texto Fundamental, relativas al debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de tipicidad de las sanciones y la prohibición de non bis in idem, tal como lo afirmó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al declarar sin lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra la referida norma”. (Resaltado de esta Sala).

En consideración de los razonamientos efectuados en esa ocasión, los cuales se reiteran en esta oportunidad, esta Máxima Instancia determina que, contrario a lo argüido por la apoderada judicial de la parte accionante, el Contralor General de la República, para imponer la sanción accesoria de inhabilitación, no ameritaba tramitar un procedimiento administrativo adicional de aquel seguido por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República, en el expediente Núm. 08-01-07-16-006, el cual culminó con el Auto Decisorio Núm. 08-01-PADR-005-2016 del 1° de agosto de 2016, que comprobó la responsabilidad administrativa de la demandante.  

Por tanto, al encontrarse infundada la aludida vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso por ausencia absoluta de procedimiento al momento de imponer la inhabilitación, se declara improcedente el alegato formulado. Así se decide.

3.- Violación del derecho a la defensa por inmotivación

Sobre el mencionado vicio la representación de la demandante alegó que “La nulidad absoluta  de la sanción de inhabilitación procede no solo  por fundamentarse en un acto nulo, como señala[ron] en capitulo previo, también dicha nulidad es procedente porque la sanción de inhabilitación  contiene vicios que le son propios, como la falta de motivación en la escogencia de dicha pena ‘accesoria’ y su quantum”. (Agregado de la Sala).

Que “En el presente caso, el acto impugnado no permite conocer cuál fue el criterio del Contralor General de la República para imponer la sanción de inhabilitación por diez (10) años, mucho más del término medio, y no basta con hacer referencia a la decisión de responsabilidad administrativa para imponer automáticamente dicha sanción, ya que el propio artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 112 del Reglamento de dicha Ley, establecen como obligación para [esa] Contraloría analizar los criterios de valoración expuestos en dichas normas para determinar cuál es la sanción accesoria que puede ser aplicada y en qué proporción”. (Agregado de la Sala).

En tal sentido, esta Sala observa que la inmotivación como vicio de forma de los actos administrativos, consiste en la ausencia absoluta de motivación; pero no es inmotivación la que contenga los elementos principales del asunto debatido y su principal fundamentación legal, lo cual garantiza al interesado el conocimiento de los motivos que sirvieron de fundamento para emitir la decisión. (Vid., entre otras, sentencias Núms. 00318 del 7 de marzo de 2001, 00132 del 7 de febrero de 2013 y 00037 del 5 de febrero de 2015, dictadas por esta Máxima Instancia).

Ello implica que, aun cuando la motivación es sucinta pero permite conocer la fuente legal de lo decidido, así como las razones y hechos apreciados por el funcionario, la motivación debe reputarse suficiente en su expresión. La inmotivación se verifica solo ante el incumplimiento total por parte de la Administración al señalar las razones que tuvo en cuenta para resolver. En cambio, no hay inmotivación cuando el interesado, los órganos administrativos o los jurisdiccionales al revisar la decisión, pueden conocer cuáles son las normas y hechos que sirvieron de fundamento a la decisión.

En atención a lo expuesto, se desprende del contenido de la Resolución Núm. 01-00-000164 del 3 de marzo de 2017, dictada por el Contralor General de la República, que cursa a los folios 27 al 31 de la pieza principal del expediente, así como en los folios 1888 al 1892 del expediente administrativo que corresponde a la causa Núm. 2017-0138 que lleva este Alto Tribunal en Sala Político-Administrativa, lo siguiente:

Que el acto se fundamentó en los artículos 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 112 de su Reglamento, así como 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, los cuales refieren al régimen legal de la aludida potestad sancionatoria, la forma de la valoración de las sanciones accesorias y los principios de legalidad y competencia en la Administración Pública y, además, en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Núm. 6.118 Extraordinario del 4 de diciembre de 2013, en procura de una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción (...) así como los mecanismos legales de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria contra las lesiones o el manejo inadecuado de los fondos públicos.

Que se basó en la declaratoria de responsabilidad de la ciudadana Luz Mary González Araujo, identificada ut supra, en razón de las “(…) irregularidades administrativas ocurridas durante el ejercicio fiscal 2007, en el ejercicio de sus funciones como Administradora  de la Gobernación del estado (sic) Amazonas (...)”, a saber:

 “(…)ordenó el pago de la edificación denominada edificio SALIM y un lote de terreno de 1.087,71 m2 donde se encontraba enclavada, con sobreprecio por la cantidad de trescientos cincuenta mil bolívares exactos (Bs. 350.000,00), siendo que se estableció en el documento respectivo como precio de venta el monto de seis millones de bolívares (Bs. 6.000.000,00); no obstante, según informe de avalúo practicado al inmueble en referencia por este Órgano de Control Fiscal, se determinó que el precio real del bien tenía un costo de aproximadamente cinco millones seiscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 5.650.000,00) (…)”.

 

Asimismo, se refirió en el mencionado acto que tal conducta  configuró el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, descrita con detalle en la decisión que declaró la responsabilidad administrativa, con la consecuente imposición de multa por seiscientos sesenta y dos con cincuenta Unidades Tributarias (662,50 U.T.), equivalentes a la cantidad para entonces de veinticuatro mil  novecientos veintinueve bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs. 24.929,87), y la formulación de reparo solidario por la cantidad para ese entonces de trescientos cincuenta mil bolívares (Bs. 350.000,00), la cual quedó firme en vía administrativa, mediante auto de fecha 03 de octubre de 2016, por cuanto no fue interpuesto el recurso de reconsideración dentro del lapso legalmente previsto para ello.

Así pues, se observa que el Contralor General de la República, en uso de la potestad sancionatoria establecida constitucional y legalmente, con vista a la declaratoria de responsabilidad administrativa, procedió a imponer a la accionante la sanción accesoria de inhabilitación, señalando de forma suscita los fundamentos de hecho y de derecho para tal fin.

En consecuencia, al verificarse del estudio del acto administrativo impugnado que el Contralor General de la República precisó las normas que fundamentaron su actuación y justificó la aplicación de la sanción de inhabilitación en la firmeza de la declaratoria de responsabilidad administrativa sobre la base de los hechos irregulares que la generaron; esta Sala estima que no se produjo la alegada lesión del derecho a la defensa en virtud de la inmotivación del acto.  

4.- De la violación del principio constitucional nullum crimen nulla poena sine lege

Sobre lo anterior afirmó, que “la Resolución que inhabilita a [su] representada para postularse a un cargo público de representación popular  viol[ó] el principio nullum crimen nulla poena sine lege que posee rango constitucional y conforma una de las garantías del debido proceso, de acuerdo al artículo 49.6, que señala que ‘Ninguna persona podrá ser sancionada  por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes’ (…)”. (Agregados de la Sala).

En torno a la denuncia planteada, las apoderadas judiciales de la Contraloría General de la República expresaron que “(…) la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas no puede implicar la inhabilitación para el ejercicio de cargos de elección popular”, pues, según la jurisprudencia sostenida por este Alto Tribunal, esta (...)  sólo limita la aptitud del sancionado para el manejo de la cosa pública durante la vigencia de la misma (...) de allí que dicha sanción se extiende exclusivamente a la función administrativa, indistintamente de la forma de ingreso del funcionario (...) no tratándose en ningún caso de la inhabilitación política a que alude el artículo 65 del texto fundamental, pues este suspende los derechos políticos de los ciudadanos (...)”. (Negrillas del escrito).

Ahora bien, el cuestionamiento realizado por la demandante en el presente juicio ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de este Alto Tribunal en Sala Constitucional. Así, en la sentencia Núm. 1.266 del 6 de agosto de 2008, se dispuso expresamente que:

(...) la potestad sancionatoria del Contralor General de la República está referida al ámbito administrativo; es decir, que no es una sanción política como ocurre en otros ordenamientos constitucionales latinoamericanos, en virtud de que la sanción de inhabilitación se ciñe a la función administrativa vista la naturaleza jurídica de la Contraloría General de la República y sus funciones constitucionales, que apuntan a la fiscalización, supervisión y control de la gestión pública, funciones que se insertan en el Sistema Nacional de Control Fiscal; ello es la garantía del postulado constitucional establecido en el artículo 141 de la Carta Magna.

En efecto, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública surte efectos para el desempeño de la función administrativa, indistintamente de cuál sea el origen; esto es, por concurso, designación o elección popular. De ese modo, la inhabilitación decretada en uso de la potestad otorgada por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal limita o inhabilita, durante la vigencia de la sanción, la aptitud para el manejo de la cosa pública por causa de haber incurrido en infracciones administrativas comprobadas mediante el procedimiento de control fiscal. Esta inhabilitación se extiende a toda función administrativa, incluso las que derivan del cargo de elección popular, en virtud de que la función de gobierno supone necesariamente la aptitud para el ejercicio de funciones públicas. El rol de gobernante no puede escindirse de la de funcionario, y sobre ambos recaen exigencias constitucionales en pro de la correcta gestión pública, que es menester armonizar. (Resaltado de la Sala).

 

Conteste con el criterio sentado por la Máxima Intérprete del Texto Fundamental, se desprende que la potestad sancionatoria del Contralor General de la República encuentra fundamento en el numeral 3 del artículo 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrollada en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la cual se traduce en una limitación de carácter temporal para el ejercicio de las funciones públicas, susceptible de restringir la aptitud para ser funcionario público.

Así pues, la misma se distingue abiertamente de la suspensión del ejercicio de los derechos políticos que consagra el artículo 65 de la Carta Magna, derivada de la condena por sentencia penal.

En consecuencia, esta Sala reitera que la potestad sancionatoria del Contralor General de la República se ajusta al principio de supremacía constitucional y al principio de legalidad. De allí que no exista contradicción alguna entre las disposiciones de la Constitución, ni entre esta y la vigencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Por tanto, se juzga improcedente la denuncia sub examine.  

5.-  Violación a los límites de la discrecionalidad, al existir desproporcionalidad e irracionalidad de la sanción de inhabilitación

A este respecto la actora indicó que “la sanción de inhabilitación a [su] representada por un período de diez (10) años es una medida inmotivada, totalmente irracional y desproporcionada respecto a los hechos que se le imputan, referidos a la supuesta actuación negligente en la preservación y salvaguarda del patrimonio público, por haber ordenado el pago de la compra de una edificación con un supuesto sobreprecio que no es cierto,  donde además se siguieron todos los parámetros establecidos en la ley para que se llevara a cabo(Agregado de la Sala).

Que “En definitiva, el poder discrecional inherente a la potestad sancionatoria de la Contraloría General de la República no ha sido ejercido debidamente en el caso que [les] ocupa, sino que de manera arbitraria se ha impuesto a [su] representada una sanción muy gravosa y superior al límite medio, sin que se formulara una ponderación entre la gravedad del supuesto daño causado y la sanción impuesta. (Agregados de la Sala).

Por su parte, la representación del Máximo Órgano de Control Fiscal afirmó que la Resolución impugnada “(…) se dictó con sujeción a lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, es decir, atendiendo a la gravedad de las irregularidades que dieron lugar a la declaratoria de responsabilidad administrativa (...)” apreciándose las circunstancias de hecho y de derecho previstas en el artículo 112 del Reglamento respectivo, tales como: el número de ilícitos generadores de responsabilidad en el que incurrió la recurrente, la gravedad o trascendencia de las consecuencias económicas derivadas de la conducta infractora, la afectación de la legalidad, la efectividad, la eficiencia y economía de las operaciones administrativas del órgano donde ocurrieron, así como las demás circunstancias que resultaron aplicables a juicio del Contralor General de la República.

A los fines de resolver la denuncia formulada, esta Sala observa que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dispone lo siguiente:

Artículo 12. Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia. (Destacado de la Sala).

 

En atención a la norma transcrita, cuando la autoridad competente esté facultada para imponer una sanción, esta tiene la obligación de hacerlo mediante la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. (Vid., sentencias de esta Sala Núms. 1666 del 29 de octubre de 2003, 1158 del 10 de mayo de 2006, 977 del 1° de julio de 2009 y 18 del 18 de enero de 2012, entre otras).

Dicha disposición consagra el principio de la proporcionalidad, el cual ostenta especial relevancia en el ámbito del poder sancionatorio de la Administración, por tratarse este de una potestad que grava patrimonios, condiciona, restringe e, incluso, suprime o extingue derechos de los particulares.

Por lo tanto, la sujeción del poder sancionatorio administrativo al principio de proporcionalidad implica que la pena o castigo impuesto debe ser adecuado, idóneo, necesario y razonable, lo que significa que: a) debe existir congruencia entre la sanción y la falta cometida, y entre el medio (el castigo impuesto) y el fin de la norma que le sirve de sustento; b) el poder represivo del Estado debe ejercerse con el objeto de garantizar que al particular le resulte menos provechoso infringir la Ley que acatarla, sin que por intermedio del mecanismo sancionatorio empleado se desborden los límites de la norma representados por la consecuencia jurídica en esta contemplada y la finalidad que la misma persigue; y c) en el ejercicio de la aludida potestad, la Administración debe estar en capacidad de justificar la solución adoptada en el caso concreto.

En el ámbito de la responsabilidad administrativa, las sanciones contempladas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, deben imponerse de acuerdo con  “la relevancia del hecho cometido, el grado de responsabilidad y la afectación al patrimonio público", considerando las circunstancias atenuantes y agravantes que puedan apreciarse en cada caso. (Vid., sentencias Núms. 1.266 del 6 de agosto de 2008 dictada por la Sala Constitucional y 00073 del 27 de enero de 2016 proferida por esta Sala Político Administrativa).

A tales fines, el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, estatuye que:

“Valoración de las sanciones accesorias del artículo 105 de la Ley

Artículo 112. Para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, como sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a la declaratoria de dicha responsabilidad. (Resaltado de la Sala).

En el asunto que se examina la Contraloría General de la República inhabilitó a la ciudadana Luz Mary González Araujo, para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez (10) años, con fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en virtud de la responsabilidad administrativa que le fuera declarada en el Auto Decisorio Núm. 08-01-PADR-005-2016 del 01 de agosto de 2016 dictado por el Director de Determinación de Responsabilidades, actuando por delegación del Contralor General de la República, en su gestión como Administradora de la Gobernación del Estado Amazonas “durante el período fiscal del año 2009”.  

Dicha norma prevé:   

Artículo 105.- La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes (…)”. (Resaltado de la Sala).

En este sentido, la Contraloría General de la República tomando en cuenta la entidad o gravedad del ilícito que dio lugar a la declaración de responsabilidad administrativa que consta en el expediente administrativo, estimó la mencionada sanción por cuanto la demandante “ordenó el pago de la edificación denominada edificio SALIM y un lote de terreno de 1.087,71 m2 donde se encontraba enclavada, con sobreprecio por la cantidad de trescientos cincuenta mil bolívares exactos (Bs. 350.000,00), siendo que se estableció en el documento respectivo como precio de venta el monto de seis millones de bolívares (Bs. 6.000.000,00); no obstante, según informe de avalúo practicado al inmueble en referencia por este Órgano de Control Fiscal, se determinó que el precio real del bien tenía un costo de aproximadamente cinco millones seiscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 5.650.000,00) (…)” y consideró que debía aplicar una inhabilitación por un período de diez (10) años, que aunque supera el término medio de la sanción prevista en el mencionado artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal cuyo límite máximo es de quince (15) años, como se dijo anteriormente, se tomó en consideración la gravedad del ilícito ya descrito.

Con base en lo expuesto, la Sala concluye que el acto impugnado no vulneró el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se establece.

6.- La desproporcionalidad del acto como causa de una desviación de poder.

Explicó la demandante que la sanción impuesta por el Contralor General de la República violó el principio de proporcionalidad, en razón de que no se otorgó un tratamiento racional y equitativo a los hechos que fundamentan la potestad sancionatoria. En relación a ello, manifestó que el acto debió contener una relación explícita entre la gravedad de la infracción y la sanción contenida en el acto, mientras que el referido funcionario sólo se limitó a imponer la inhabilitación sin motivar por qué era procedente durante el lapso establecido, lo cual permitió evidenciar que la sanción accesoria resultó más gravosa que la sanción principal, considerando que la multa que se impuso equivalía a seiscientas sesenta y dos con cincuenta unidades tributarias (662,50 U.T.), lo cual a su decir, resulta un contrasentido.

Insistió en que “(…) una sanción pecuniaria por apenas 662,50 U. T. no se corresponde de ninguna manera con la imposibilidad de acceder a la función pública por diez (10) años", agregando que, por ello, la misma fue impuesta de forma arbitraria, esto es, "(...) sin que se formulara una ponderación entre la gravedad del supuesto daño causado y la sanción (...). Ello hace que la sanción resulte desproporcional y arbitraria, y deba ser revocada".

En este sentido, la Sala observa que el Contralor General de la República, en el acto recurrido, se apegó a la normativa correspondiente, al subsumir los hechos constatados en las disposiciones legales aplicables al asunto tratado, sin que tal facultad sancionatoria haya sido ejercida de forma desproporcional, tal como se determinó en el vicio  anteriormente analizado.

Ahora bien, en cuanto a la desviación de poder esta Sala ha establecido que la misma consiste en “una ilegalidad teleológica, es decir, que se presenta cuando el funcionario, actuando dentro de su competencia dicta un acto para un fin distinto al previsto por el legislador; de manera que es un vicio que debe ser alegado y probado por la parte, sin que pueda su inactividad ser subsanada por el juzgador. Por lo tanto, se entiende que la Administración incurre en el vicio de desviación de poder, cuando actúa dentro de su competencia, pero dicta un acto que no esté conforme con el fin establecido por la Ley, correspondiendo al accionante probar que el acto recurrido, como ya ha sido señalado, persigue una finalidad diferente a la prevista en la Ley”. (Vid., sentencia de esta Sala Núm. 01255 del 28 de octubre de 2015).

Lo anterior conlleva a que deben darse dos supuestos para que se configure tal vicio, esto es: i) que el funcionario que dicta el acto administrativo tenga atribución legal de competencia; y ii) que el acto haya sido dictado con un fin distinto al previsto por el legislador; además, estos supuestos deben ser concurrentes.

Circunscribiendo lo expuesto al caso de autos, se constata que la demandante no aportó medios probatorios que demuestren que el acto administrativo impugnado suscrito por el Contralor General de la República haya sido dictado con fines distintos a los previstos en la ley, por lo que debe desestimarse el presente alegato. (Ver sentencia de esta Sala Núm. 00114 del 8 de febrero de 2018). Así se declara.

En consecuencia, desechados como han sido todos los alegatos formulados por la parte accionante en su escrito libelar, se declara sin lugar la demanda de nulidad interpuesta. Por tanto, queda firme el acto administrativo impugnado. Así se establece.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, por la abogada Marianella Villegas Salazar, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana LUZ MARY GONZÁLEZ ARAUJO, previamente identificadas, contra la Resolución Núm. 01-00-000164 de fecha 3 de marzo de 2017, emanada del CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante la cual se resolvió imponerle la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez (10) años, en razón de las irregularidades administrativas ocurridas durante el ejercicio fiscal del año 2009, en el ejercicio de sus funciones como Administradora de la Gobernación del Estado Amazonas.

2.- FIRME el acto administrativo impugnado.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). Años 209º de la Independencia y 160º de la Federación.

 

La Presidenta,

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente,

MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

 

La Magistrada,

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO

 

 

 

 

 

El Magistrado,

INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA

 

La Magistrada - Ponente

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

 

 

 

 

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

 

En fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00292.

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD