Magistrada Ponente BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO

Exp. Nro. 2019-0084

 

Mediante Oficio Nro. 2018-201 de fecha 3 de agosto de 2018, recibido el día 3 de abril de 2019, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, remitió a esta Sala copia certificada del expediente contentivo de la demanda por desalojo de un local comercial, interpuesta por el abogado Carlos Raúl Zamora Vera, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 3.689, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ALÍ CHEIK MAHMOUD, titular de la cédula de identidad Nro. 1.565.916, contra la ciudadana ADRIANA MARÍA ARANGO, titular de la cédula de identidad Nro. E-82.306.037.

Dicha remisión obedece al recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la representación judicial de la demandada contra la decisión dictada por el mencionado órgano jurisdiccional el 26 de julio de 2018, en la que declaró sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer la presente causa.

En fecha 10 de abril de 2019, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente a la Magistrada BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO, a los fines de decidir el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto.

Realizado el estudio de las actas procesales, esta Máxima Instancia observa:

 

I

ANTECEDENTES

 

Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2018 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, el abogado Carlos Raúl Zamora Vera, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Alí Cheik Mahmoud, interpuso demanda por desalojo de local comercial contra la ciudadana Adriana María Arango, todos previamente identificados, en los siguientes términos:

Señaló que su mandante y la accionada iniciaron una relación arrendaticia hace “aproximadamente ocho (8) años [suscribiendo un] primer contrato de arrendamiento en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil diez (22-06-2010) (…), continuando el vínculo arrendaticio, y siendo el último contrato el celebrado en fecha (01) de Enero del año Dos mil Quince (01-01-2015) [cuyo objeto es] un local comercial propiedad de [su] representado (…) identificado con el N° 04, ubicado en el Centro Comercial Mi Jardín, de la Avenida Orinoco de la ciudad de Puerto Ayacucho Municipio Atures del Estado Amazonas”. (Sic). (Agregados de la Sala).

Indicó que una vez “finalizada la duración del precitado contrato el Primero (01) de Enero del año (2016), la arrendataria tendría el beneficio de la prórroga legal establecida en el artículo 26 del [Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial] (…), pero (…) en la cláusula segunda se estableció que para el caso de que finalizado el año de la duración del [aludido] contrato y el arrendatario solicite seguir permaneciendo en el local Comercial, se hará el ajuste al canon de arrendamiento tomando como tope máximo la variación porcentual anual del grupo ‘bienes y servicios diversos’ considerado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año inmediatamente anterior, [no obstante] hasta la presente fecha la arrendataria no dio cumplimiento a lo pactado, como lo es el aumento del canon de arrendamiento de acuerdo al INPC, por lo que no tiene beneficio a la prórroga legal”. (Sic). (Agregados de la Sala, destacado del original)

En virtud de lo antes explicado, consideró que la arrendataria se encuentra “ocupando el inmueble en contravención a lo establecido en la Cláusula Segunda y Tercera del contrato, y en el artículo 40 literales A e I del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (…) permaneciendo en posesión de dicho local hasta la presente fecha, en contra de la voluntad de [su] mandante”. (Agregado de la Sala). (Destacado del original)

Señaló que el sustento de su pretensión lo constituye las disposiciones contenidas en el artículo 40 literales “a” e “i”, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, dada la infracción por parte de la demandada de los artículos 6, 14, 25, 26 y 33 del aludido texto legal, así como también de los artículos 1.159, 1.160, 1.167, 1.594 y 1.616 del Código Civil.

Finalmente, solicitó que la accionada fuese desalojada del inmueble antes descrito y estimó el monto de la pretensión por la entonces cantidad de veintisiete millones ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos bolívares (Bs. 27.874.800,00).

Por auto del 23 de mayo de 2018, el tribunal de la causa admitió la acción incoada y ordenó el emplazamiento de la demandada.

Mediante escrito presentado el 18 de julio de 2018, la abogada Anayibe Rodríguez Mogollón, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 34.854, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte accionada dio contestación a la demanda y en ese sentido promovió, entre otras defensas, la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la falta de jurisdicción del Poder Judicial dado que el demandante “tiene que agotar la instancia administrativa de la presente acción (desalojo), de acuerdo a lo establecido en la Ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para uso comercial [en su] artículo 41 letra I”. (Sic). (Agregado de la Sala).

Por decisión del 26 de julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas declaró sin lugar la cuestión previa antes referida, toda vez que la presente “causa que tiene por objeto el desalojo de un local comercial y que dicha situación se encuentra regulada por [el artículo 43 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial], por lo que mal puede [ese órgano jurisdiccional] declarar la falta de Jurisdicción alegada por la representante judicial de la parte demandada”. (Agregados de la Sala).

En fecha 2 de agosto de 2018, la representación judicial de la parte accionada ejerció recurso de regulación de jurisdicción.

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala Político-Administrativa emitir un pronunciamiento con relación al recurso de regulación de jurisdicción planteado, de acuerdo a la competencia que le ha sido atribuida en el numeral 20 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los artículos 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y los artículos 59 y 66 del Código de Procedimiento Civil. Para decidir, se observa:

Por sentencia dictada en fecha 26 de julio de 2018 (folios 52 al 54) el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, declaró sin lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada, referida a la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer el caso de autos, al considerar que la acción interpuesta (desalojo de un local comercial) “se encuentra regulada por [el artículo 43 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial], por lo que mal puede [ese órgano jurisdiccional] declarar la falta de Jurisdicción alegada por la representante judicial de la parte demandada”. (Agregados de la Sala).

Ello así, el día 2 de agosto de 2018, la parte demandada ejerció recurso de regulación de jurisdicción que se somete a la consideración de esta Máxima Instancia.

Establecido lo anterior y de un examen de las actas procesales se aprecia que el caso de autos se refiere a la demanda por desalojo de un local comercial ejercida por el apoderado judicial del ciudadano Alí Cheik Mahmoud contra la ciudadana Adriana María Arango, respecto del inmueble “identificado con el N° 04, ubicado en el Centro Comercial Mi Jardín, de la Avenida Orinoco de la ciudad de Puerto Ayacucho Municipio Atures del Estado Amazonas”, por no haber cumplido con el “aumento del canon de arrendamiento de acuerdo al INPC”. (Sic).

En este contexto, debe esta Sala traer a colación lo previsto en el artículo 1° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamientos Inmobiliarios para el Uso Comercial, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014, conforme al cual el objeto de dicho cuerpo normativo es el de regir las condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre arrendadores, arrendadoras, arrendatarios y arrendatarias, en el marco del arrendamiento de inmuebles destinados a uso comercial.

A su vez, el artículo 43 eiusdem prevé lo relativo al procedimiento judicial en la materia (arrendamiento de inmuebles para uso comercial), en los siguientes términos:

Artículo 43. En lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados del órgano rector en la materia, la competencia judicial en el Área Metropolitana de Caracas corresponde a los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo, y en el resto del país, la competencia corresponde a los Juzgados de Municipio, en cuyo caso, se les atribuye la competencia especial Contencioso Administrativo en materia de Arrendamientos Comerciales.

El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales, de servicios y afines será competencia de la Jurisdicción Civil ordinaria, por vía del procedimiento oral establecido en el Código de Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión”. (Resaltados de esta Sala).

 

De la norma transcrita, se desprende que el conocimiento de los procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales, de servicios y afines será competencia de la Jurisdicción Civil ordinaria, salvo que versen sobre la impugnación de los actos administrativos emanados del órgano rector en la materia (vid; sentencia de esta Sala Nro. 01207 del 21 de noviembre de 2018).

Así, tenemos que de la lectura del libelo de demanda se desprende que la pretensión de la parte accionante se circunscribe a lograr el desalojo del inmueble arrendado, dado el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de arrendamiento celebrado por las partes.

Por lo tanto, al haberse demandado en el presente caso la entrega o devolución de un inmueble arrendado destinado a la actividad comercial, según se desprende del escrito libelar, se entiende que se trata de una causa de derecho común, cuyo conocimiento y decisión corresponde a los órganos de la Jurisdicción Civil ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 43 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Así se establece.

Con base en lo expuesto, esta Sala concluye que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la demanda por desalojo de local comercial ejercida por la representación judicial del ciudadano Alí Cheik Mahmoud, contra la ciudadana Adriana María Arango. Así se decide.

En virtud de lo anterior, se declara sin lugar el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la demandada, se confirma la sentencia dictada el 26 de julio de 2018, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas. Así se decide.

En consecuencia, procede la condenatoria en costas contra la parte accionada por haber resultado totalmente vencida en la presente incidencia. Así se determina.

 

III

DECISIÓN

 

Sobre la base de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SIN LUGAR el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la representación judicial de la ciudadana ADRIANA MARÍA ARANGO, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, en fecha 26 de julio de 2018.

2.- Que el PODER JUDICIAL TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda por desalojo de local comercial interpuesta por el apoderado judicial del ciudadano ALÍ CHEIK MAHMOUD contra la mencionada ciudadana.

3.- Se CONFIRMA el aludido fallo.

4.- Se CONDENA en costas a la demandada de conformidad con los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado vencida en la presente incidencia.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen para que la causa continúe su curso de Ley. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). Años 209º de la Independencia y 160º de la Federación.

 

La Presidenta,

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente,

MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

La Magistrada - Ponente

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO

 

 

 

 

 

El Magistrado,

INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA

La Magistrada,

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

 

 

 

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

 

En fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00287.

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD