Magistrado–Ponente:
JOSE RAFAEL
TINOCO
Mediante
oficio No. TPI-00-291, de fecha 30 de agosto de 2000, emanado de la Sala Plena
del Tribunal Supremo de Justicia, se
recibió en esta Sala Político-administrativa expediente “proveniente del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, contentivo del juicio de
Nulidad intentado por el ciudadano JOSE ANTONIO DOSANTOS RODRÍGUEZ”, titular
de la cédula de identidad Nº 6.270.992, asistido por el abogado CLAUDIO E. FRISOLI M., inscrito
en el Inpreabogado bajo el No. 17.420, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLÍVAR DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI Y LA SOCIEDAD CIVIL PROVIVIENDAS
BOYACA I.
Dicha
remisión se efectuó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el ordinal 14 del
artículo 42 y con el artículo 43 eiusdem.
En
fecha 20 de septiembre de 2000 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual
fecha, se designó Ponente al Magistrado JOSE
RAFAEL TINOCO a los fines de decidir la declinatoria de competencia.
Realizado
el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes
consideraciones:
I
ANTECEDENTES
1.- Del recurso interpuesto:
Mediante escrito presentado en
fecha 16 de julio de 1999, reformado el día 3 de noviembre del mismo año, el
ciudadano JOSE ANTONIO DOSANTOS RODRIGUEZ, asistido de abogado, interpuso recurso de nulidad contra el CONCEJO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEL ESTADO ANZOATEGUI y la SOCIEDAD CIVIL
PRO-VIVIENDAS BOYACA I. Al
efecto señaló:
Que, según se desprende de documento público registrado en la
Oficina Subalterna del Distrito Bolívar del Estado Anzoátegui, bajo en Nº 19,
folio 93 al 95, Protocolo Primero, Tomo 3; en fecha 19 de noviembre de 1976, el
Concejo Municipal del Distrito Bolívar de la Circunscripción Judicial del
Estado Anzoátegui vendió al ciudadano RODOLFO BARALT, una
parcela de terreno situada en la avenida B de la Urbanización Boyacá de
Barcelona. Desde esa fecha y hasta el
10 de diciembre de 1976 el referido ciudadano ejerció la propiedad y posesión
del inmueble antes indicado.
Que
en fecha 10 de diciembre de 1976 el ciudadano RODOLFO BARALT vendió el inmueble al
ciudadano JOSE
ANTONIO DOSANTOS RODRIGUEZ, tal como consta en documento público autenticado
por ante la Notaría Pública de Puerto La Cruz, bajo el Nº 127, Tomo 28 y,
posteriormente, registrado en la
Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Bolívar de esa entidad en
fecha 8 de febrero de 1977, bajo el Nº
5, folios 18 Vuelto al 20 vuelto, Protocolo Primero, Tomo tercero, primer
trimestre de dicho año.
Que,
posteriormente, el ciudadano JOSE ANTONIO DOSANTOS, vendió
parte del inmueble, constituido por cincuenta por ciento (50%) de los
derechos de propiedad a los ciudadanos IVAN GARRIDO SOTO, ANDRES OSECHAS MENACHE y HUMBERTO OMAÑA, según
consta en documento notariado y registrado en fecha 23 de noviembre de 1997,
bajo el Nº 35, folio 101 al 105, Protocolo primero, Tomo 2, cuarto trimestre
del dicho año.
Que,
a partir del 23 de noviembre de 1977 la propiedad individual se transformó en
una propiedad comunitaria, cuyos derechos pertenecen un cincuenta por ciento
(50%) al ciudadano JOSE ANTONIO DOSANTOS RODRIGUEZ y el otro cincuenta por ciento
(50%) a los ciudadanos HUMBERTO OMAÑA, ANDRES OSECHAS MENACHE e IVAN GARRIDO SOTO, de modo
que existía una Comunidad Ordinaria frente a la colectividad en general y sobre
todo frente al Concejo Municipal, por lo que cualquier acción judicial o
administrativa que surgiera debía ser dirigida a éstos.
Que,
no obstante, la existencia de estas ventas registradas, hace más de 20
años,-unida al tiempo transcurrido, como para que la propiedad se haya
consolidado en sus adquirientes históricos, a comenzar del primero al último,
así como para que nadie pretenda derechos sobre ella, en virtud, de la
existencia de los títulos registrados-,
el Concejo Municipal del Municipio Bolívar emitió, en fecha 2 de
septiembre de 1994, una resolución por la cual de pleno derecho rescató para el
patrimonio del referido Municipio, sin
proceso de expropiación previo, la parcela de terreno antes indicada,
incorporando de esta manera ilícita e inconstitucional el inmueble a los ejidos
municipales vendiéndolo, posteriormente, a la Asociación Civil Pro Viviendas
Boyacá I, según consta en documento anotado en la Oficina Subalterna del
municipio supra señalado bajo el Nº
17, folio 57 al 59, Protocolo Primero, tomo Sexto, de fecha 30 de enero de
1996, cambiando el alinderamiento y cabida de la parcela.
Que
el acto del Concejo Municipal del Municipio Bolívar del Estado Anzoátegui, por
medio del cual declaró extinguida la propiedad de los prenombrados ciudadanos y
caduca la concesión de los derechos y el título que otorgara en propiedad al
ciudadano RODOLFO BARALT, carece
de validez jurídica, porque es un acto contrario a la Constitución.
Que,
la municipalidad de Bolívar, sin expropiación, sin fórmula de juicio ante el
Organo Jurisdiccional competente mediante acción resolutoria, violando la
garantía constitucional del derecho de defensa, haciéndose justicia por su
propia mano, cometiendo delito sancionable de oficio que no está prescrito
todavía, le otorgó la propiedad ajena, sin intervención ni consentimiento de sus
dueños, a una sociedad civil que no existía para aquel entonces siquiera, sin
previamente seguir un juicio contencioso contra sus dueños, ni pagar el precio
y valor de la propiedad.
Que
el Concejo Municipal de Bolívar pasó por encima de todo el derecho, por encima
de las tradiciones del pueblo que respeta los derechos establecidos en la
Constitución y en las leyes nacionales, violando el principio de legalidad.
Que, por virtud de las circunstancias de hecho y
de derecho, y toda vez que ya se había consumado a favor de los propietarios
los derechos de propiedad y posesión sobre la parcela de terreno mencionada, la
municipalidad no podía vender la parcela ni en su cabida original, ni con
añadidos que la agrandaran, para cambiarle sus linderos, por ser el acto de
enajenación posterior nulo, tanto desde el punto de vista constitucional, por
las violaciones de normas de este tipo, las señaladas en que incurrió el
municipio al hacerlo, cuanto por estar en contradicción esa actuación con las
normas sobre la propiedad, la tradición y sobre los actos registrables.
Que
el Concejo no podía enajenar de nuevo la propiedad, porque se trata de venta de
cosa ajena, sin el consentimiento del propietario, que es quien puede hacerlo
válidamente de derecho, porque la segunda de las ventas a la Sociedad Civil,
carece de objeto que pueda ser materia de contrato, y de causa lícita, a tenor
de lo establecido en los artículos 1.140 del Código Civil, en concordancia con
los artículos 1.141, 1.155 y 1.157 eiusdem.
Que
el acto del Concejo es nulo además desde el punto de vista constitucional
porque constituye una confiscación o expropiación, sin fórmula de juicio y sin
pago de precio, porque se trata de una autoridad usurpada, porque violenta el
derecho de propiedad y el derecho de defensa, garantías estas constitucionales
consagradas en el texto constitucional, en sus artículos 99, 117 y 119, 68 y 69
eiusdem.
Que,
demandó al CONCEJO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEL ESTADO ANZOATEGUI y a la SOCIEDAD CIVIL PRO
VIVIENDAS BOYACA I, para que con vista de las normas invocadas infringidas
por el municipio en la venta que le hiciera de propiedad ajena, sin respetar
las ventas anteriores a favor de los precedentes adquirientes.
Que
a los efectos de la competencia estimó esta demanda en la cantidad de CINCO MILLONES CIEN MIL
BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 5.100.000,oo).
Que,
de acuerdo con los artículos 585, 587 y 588, del Código de Procedimiento
Civil, solicitó que el Tribunal acuerde
y decrete medida de prohibición de enajenar y gravar sobre la aludida parcela
de terreno, con base al documento impugnado con la demanda; igualmente que se
comunique de la prohibición a las autoridades municipales, a las de Ingeniería
Municipal para que se abstenga de dar permiso de construcción y de
habitabilidad, permisos y otros a la sociedad civil mencionada supra, y en caso de haberse otorgado y
comenzado alguna obra, se ordene la paralización de la misma, a los fines de
precaver se siga causando daños a la propiedad, todo ello mientras dure el
Juicio.
2.- De la
cuestión previa opuesta :
Mediante
escrito presentado en fecha 14 de abril de 2000, la abogada BERENICE BRAVO
DE GARBAN, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 22.923, actuando en su
carácter de apoderada judicial de la SOCIEDAD CIVIL PRO-VIVIENDAS BOYACA I
opuso la cuestión previa contenida en el numeral primero del artículo
346 del Código de Procedimiento Civil, por Declinatoria de Conocimiento, la
falta de Jurisdicción del Juez, o la Incompetencia de éste, o la Litispendencia,
o que el asunto deba acumularse a otro proceso por razones de accesoriedad, de
conexión o continencia. Al efecto señaló:
Que “el artículo 59 del Código de
Procedimiento Civil, establece defecto de jurisdicción. La falta de
jurisdicción del Juez respecto a la Administración Pública, se declarará aún de
oficio en cualquier estado e instancia del proceso (...). En cualquier otro
caso, mientras no se haya dictado sentencia sobre el fondo de la causa en
Primera Instancia, la falta de Jurisdicción sólo podrá dictarse a solicitud de parte”.
Que
“siendo la Jurisdicción del Tribunal por donde se ventila la causa CIVIL y por
cuanto el caso de marras debe ser del conocimiento de un Tribunal con
Jurisdicción Civil, Contencioso Administrativo, por ser una de las partes
demandadas un ente Público como el
Concejo Municipal de Bolívar, y por tratarse de un Contrato Administrativo la
venta del terreno de origen ejidal cuya nulidad de venta se solicita, el
Tribunal competente para conocer de este Recurso de Nulidad de venta es el JUZGADO
SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGION
NOR-ORIENTAL, conforme a lo pautado en el artículo 181 de la Ley Orgánica
de la Corte Suprema de Justicia que establece: “Artículo 181...omissis... los Tribunales Superiores que tengan
atribuida competencia en lo Civil, conocerán en Primera Instancia en sus
respectivas Circunscripciones, de las acciones o recursos de Nulidad contra los
actos Administrativos de efectos generales o particulares, emanados de
autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, si son impugnados por
razones de ilegalidad. Cuando la acción o el recurso de funden en razones de
inconstitucionalidad, el Tribunal declinará su competencia en la Corte Suprema
de Justicia...”.
Que,
con arreglo a lo establecido en los
artículos 181 y 182 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el
Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo ya señalado es el
competente para conocer de esta causa por las razones siguientes:
PRIMERO: El artículo 182 de la
Corte Suprema de Justicia señala las atribuciones de los Juzgados Superiores en
lo Contencioso Administrativo, entre otras de las apelaciones contra las
decisiones que dicten otros Tribunales de su Jurisdicción en los juicios
intentados entre ellos contra un Estado o Municipio. Del Texto normativo
transcrito se desprende la necesaria
existencia de dos requisitos concurrentes para que los Tribunales
Superiores, en lo Contencioso Administrativo resulten competentes para conocer:
1º.-
Que el juicio se intente contra un Estado o Municipio.
2º.-
Que el Tribunal se encuentre dentro de su Jurisdicción donde ejerce su
competencia.
Que
“en el presente caso se demanda a la
Municipalidad de Bolívar, sujeto procesal que ejerce un FUERO ATRAYENTE con relación a los demás accionados, y el Tribunal
Superior que debe conocer de esta causa se encuentra ubicado en el Municipio
Bolívar, entidad político territorial que pertenece a la Región Nor-Oriental,
ámbito geográfico dentro del cual el Tribunal Superior que debe conocer tiene
su competencia”.
En
consecuencia corresponde a éste el conocimiento del presente recurso de nulidad
de venta y así solicitó sea declarado.
SEGUNDO: Reiteradamente la Corte ha
establecido que los Contratos celebrados por las Municipalidades, mediante los
cuales se otorgan a particulares terrenos ejidos, sin importar bajo que figura
jurídica son otorgados, se trata de verdaderos contratos administrativos, toda
vez que dichos acuerdos tienen las características esenciales de todo acto
Administrativo, a saber: 1º.- Una de las partes es un ente público, en este
caso la Municipalidad de Bolívar. 2º.- El otorgamiento se realiza con la
finalidad de que se construya en dichos terrenos determinado bien, que en
principio deberá cumplir una finalidad pública o perseguir la prestación de un
servicio público.
Que “en el caso de marras el Concejo Municipal
vendió al ciudadano RODOLFO BARALT el 23 de septiembre de
1976 y le estableció como condición Sine Quanon la construcción de un Centro
Comercial que nunca construyó, mas por el contrario, para substraerse de tal
obligación vendió el terreno al ciudadano JOSE
ANTONIO DOSANTOS el 10 de diciembre de 1976 por Notaría y que, posteriormente, registró sin cumplir la
condición impuesta por la Municipalidad, razón por la cual dicha Alcaldía el 2
de septiembre de 1994 dictó un acto administrativo, la RESOLUCION ADMINISTRATIVA, resolviendo RESCATAR para el PATRIMONIO
MUNICIPAL la parcela de terreno, fundamentándose en la contravención de la
obligación contenida en el contrato de venta, como fue la de construir un
centro comercial, incumpliendo igualmente con las Ordenanzas Municipales,
concretamente el artículo 48 vigente a la fecha, y que establece la obligación
de otorgarle el derecho preferente al Concejo Municipal en casos de enajenación
para recuperar la titularidad del terreno por causas de interés social,
competencia que le otorga al Municipio el artículo 106 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, pudiendo, en consecuencia declarar la Resolución de los
Contratos de Ventas de Terrenos.
Que,
posteriormente el 13 de noviembre de 1995 la Alcaldía vendió el terreno
recuperado de origen ejidal a la Asociación Civil Pro-Viviendas Boyacá I, ya
identificada, Registrándose la venta el 30 de enero de 1996, anotado bajo el Nº
17, folios 57 al 59 Protocolo Primero, Tomo Sexto, Primer Trimestre 1996.
TERCERO: Y como consecuencia de lo
anterior, se entiende la existencia de ciertas prerrogativas de la
administración en dichos contratos considerados como EXORBITANTES, y que se encuentran expresamente plasmadas en el
texto del contrato de marras.
Que
al estar en presencia de un recurso de nulidad que versa sobre un contrato
administrativo, la competencia para conocer del mismo corresponde al Tribunal
Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental.
Que,
además, se desprende que el Contrato de
Venta del Terreno Ejido Municipal de Bolívar, con un particular es un Contrato
Administrativo, ya que contiene la prestación de un servicio público y las
cláusulas EXORBITANTES, aunado al
hecho de que una de las partes es una persona de derecho público como el
Concejo Municipal.
Que,
“teniendo la Municipalidad la potestad de RESCINDIR
UNILATERAL EL CONTRATO, tanto por "INCUMPLIMIENTO"
del co-contratante, con la necesidad de seguir un procedimiento que garantice
el derecho a la defensa, razón por lo cual se le anexó copia de todo el
procedimiento de RESCATE, que
contiene el CARTEL DE NOTIFICACION
de fecha 18 de noviembre de 1994, publicado en la prensa, para que el afectado
por la medida de Rescate ejerciera contra la referida Resolución el Recurso de
Nulidad en el término de seis (6) meses, contados a partir de la publicación en
la Gaceta Municipal o de su notificación, conforme a los artículos 42 y 134 de
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”.
Que,
de una simple lectura al documento de la venta que el Concejo Municipal de
Bolívar efectuó al ciudadano RODOLFO BARALT, se observa que se trata de
un Contrato Administrativo. Dado que:
1º.-
El terreno objeto de la venta -dice la escritura- es parte de los ejidos del
Municipio.
2º.-
El Comprador -dice la escritura- aceptó lo previsto en las ordenanzas
Municipales, entre otras el artículo 48, sobre ejidos y terrenos de propiedad
del Municipio Bolívar. Anexo al presente un ejemplar de la Ordenanza que
contiene el referido artículo ya mencionado.
3º El
acto emitido por el Concejo Municipal en fecha 2 de septiembre de 1994,
Resolución Administrativa, que resolvió RESCATAR
Y RECUPERAR DE PLENO DERECHO PARA EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO BOLIVAR, la
parcela de terreno de origen ejidal, ubicada en la Avenida Boyacá. Se trata en
consecuencia, de un Contrato Administrativo, pues el objeto fue un terreno
ejido y se sometió el comprador a las normas de la ordenanza, esto es, existe
la llamada "CLAUSULA EXORBITANTE" que rebasa los límites de los
Contratos sometidos al derecho común.
Que la circunstancia de ser una
venta y de haberse convenido y pagado un precio no descalifica la verdadera
naturaleza e índole de la negociación, pues lo vendido fue un terreno ejido y
el comprador se sometió expresamente al artículo 48 de la ordenanza, lo que
permite calificar el Contrato de Administrativo y no de Contrato de derecho
privado. Tratándose, pues la venta de un terreno ejido, que contiene la
cláusula resolutoria consagrada en la ordenanza, forzoso es concluir que
estando en presencia de un Contrato Administrativo y existiendo una norma
expresa contenida en el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, que ordena dirimir ante los
Juzgados Superiores con competencia Civil, los juicios en los que, como en el
caso de marras, se denuncia la nulidad por ilegalidad de un acto Administrativo
Municipal, resulta evidente para la oponente que el Tribunal Superior en lo
Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, tiene competencia
para conocer la presente causa en Primera Instancia. Razón por la cual solicito se declarase CON
LUGAR la Cuestión Previa de la falta de Jurisdicción del Juzgado Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción
Judicial del Estado Anzoátegui.
II
DEL FALLO DEL TRIBUNAL DECLINANTE
Mediante
decisión de fecha 30 de mayo de 2000, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado
Anzoátegui, declaró lo siguiente:
"Este
Tribunal a los fines de determinar la jurisdicción y competencia para el
conocimiento de la presente causa, considera necesario precisar la naturaleza
jurídica del contrato de venta cuya nulidad se pretende, se corresponde a un contrato administrativo o si por el
contrario se considera el mencionado contrato como uno de los llamados de
derecho privado de la administración. En relación a los primeros, ha señalado
reiteradamente la doctrina y la
jurisprudencia patria que para que un contrato suscrito por un órgano de la
administración pública sea considerado un contrato administrativo, es necesario
la concurrencia de los siguientes elementos: 1) Que una de las partes en el
contrato sea un ente público; 2) Que exista una finalidad de utilidad o
servicio público en el contrato y 3) La presencia en el contrato de las
llamadas cláusulas exorbitantes.
En
el caso de autos se encuentra satisfecha la primera de las características
señaladas, toda vez que una de las partes contratantes es el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEL
ESTADO ANZOATEGUI, quien a su vez es parte co-demandada en la primera
causa.
En
relación al segundo requisito, se observa que resulta evidente, la finalidad de
utilidad pública perseguida por el contrato de venta de ejido destinado a la
construcción de un desarrollo habitacional por parte de la asociación CIVIL DE VIVIENDAS BOYACA I, por último
en relación con la presencia de cláusulas exorbitantes, se observa de la
lectura del contrato la evidente supremacía del ente edilicio, ya que siendo el
objeto de la venta un terreno ejido, se sometió al comprador a las normas
contenidas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y Ordenanza sobre ejidos y
terrenos de propiedad Municipal a que se hace mención en el contrato de marras.
En
consecuencia, al estar en presencia de una demanda por NULIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, dada la naturaleza del bien
objeto del contrato y las demás características a que se ha hecho referencia,
este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de
la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en nombre de la República
Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR, la cuestión previa promovida por la abogada BERENICE BRAVO DE GARBAN, contenida en
el numeral primero de artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y se
declara INCOMPETENTE para conocer de
la presente causa, declinando el conocimiento de la misma en la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo
establecido en el numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia”.
III
CONSIDERACIONES
PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala Pronunciarse acerca de la
declinatoria propuesta. Al efecto, se observa:
El
Juzgado a quo declaró su falta de competencia considerando que en el presente caso se peticionó la nulidad de un acto administrativo que acordó resolver un contrato administrativo;
contrato éste consistente en otorgar en
venta al recurrente un terreno ejidal.
Al respecto, reitera una vez más esta Sala, que tratándose de causas en donde se
ventilen cuestiones de cualquier naturaleza sobre la interpretación, ejecución,
nulidad, cumplimiento, resolución o caducidad de contratos administrativos celebrados por la República, los
Estados y Municipios; corresponde su
conocimiento al Tribunal Supremo de Justicia a través de esta Sala Político
Administrativa; así como también, el conocimiento de las impugnaciones de los
actos administrativos que pretendan cualquiera de los supuestos antes
expuestos, como adicionalmente, respecto de aquellos cuyo objeto sea formar la
voluntad del ente público para otorgarlos.
En
efecto, dispone el ordinal 14° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia que:
“Artículo 42.-Es de la competencia de la
Corte como más alto Tribunal de la República : (...)”
“Ordinal.-14.Conocer
de las cuestiones de cualquier naturaleza
que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento,
caducidad, validez o resolución de los contratos administrativos en lo cuales
sea parte la República, los Estados o
las Municipalidades,...."
Ahora
bien, siendo que el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el
ciudadano JOSE
ANTONIO DOSANTOS RODRÍGUEZ”, contra el acto
administrativo contenido en Resolución de fecha 2 de septiembre de 1994,
emanada del CONCEJO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
ANZOÁTEGUI, mediante la cual
se resolvió de pleno derecho rescatar para el patrimonio del referido Municipio, sin proceso de expropiación
previo, la parcela de terreno municipal situada
en la avenida B de la Urbanización Boyacá de Barcelona que fue vendida al
ciudadano RODOLFO
BARALT en fecha 19 de noviembre de 1976, pretende la impugnación de un acto administrativo dictado por
el Concejo
Municipal del Municipio Bolívar del Estado Anzoátegui, por el
cual se resolvió de pleno derecho un
contrato de la venta de un terreno ejidal resulta forzoso para esta Sala
aceptar la competencia que le fuere declinada por el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del
Estado Anzoátegui. Así se declara.
IV
DECISION
Por
las razones expuestas esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley ACEPTA
LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del
Estado Anzoátegui, para conocer el
recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano JOSE ANTONIO DOSANTOS
RODRÍGUEZ, asistido por el
abogado CLAUDIO
E. FRISOLI M., contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ANZOATEGUI Y LA SOCIEDAD CIVIL PROVIVIENDAS BOYACA I.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Pásese el
expediente al Juzgado de Sustanciación de la Sala a los fines de que continúe
el curso de la causa previa notificación de las partes. Remítase, con oficio,
copia certificada de la presente decisión a la Sala Plena de este Tribunal y
al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Cúmplase lo ordenado.
Dada,
firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los veintiocho (28) días del mes
de noviembre de dos mil (2000). Años 190º de la Independencia y 141º de la
Federación.
El Presidente,
CARLOS ESCARRA
MALAVE
El Vicepresidente-Ponente,
JOSE
RAFAEL TINOCO
LEVIS IGNACIO
ZERPA
Magistrado
La
Secretaria Int.,
SOFIA YAMILE
GUZMAN
Exp. Nro. 0951
JRT/lam/em
Sent.
Nº 02222