MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. Nº 15431

 

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, adjunto a oficio Nº  98-4023 de fecha 12 de noviembre de 1998, remitió a esta Sala el expediente contentivo de “la solicitud de expropiación formulada por la abogada Grace Brunicardi, actuando con el carácter de Representante de la República de Venezuela, de un inmueble ubicado en el Municipio Clarines, Distrito Bruzual del Estado Anzoátegui, afectado para la construcción de la obra: ‘Autopista Rómulo Betancourt, tramo: Unare-Clarines’ y cuya propiedad se atribuye al ciudadano Jesús Lorenzo Rojas”. Remisión que hizo, a los fines de que esta Sala conociera de la apelación parcial interpuesta por la ciudadana Martha Monasterios Malavé, actuando con el carácter de Sustituta del  PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la sentencia dictada por esa Corte en fecha 29 de octubre de 1992, en lo que respecta a la condenatoria a la República de Venezuela al pago de los intereses calculados al doce por ciento (12%) anual, devengados desde la ocupación del inmueble expropiado.

El 13 de enero de 1999 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó, a los fines de decidir la “apelación en acción de amparo”.

Por auto del 21 de enero de 1999, la Sala expresó: “Por cuanto se observa que en fecha 13.01.98, esta Sala designó ponente a los fines de decidir la apelación en acción de amparo, siendo que dicha apelación es con referencia a una sentencia que se pronunció sobre un juicio de expropiación; se ordena, en consecuencia, dejar sin efecto la referida mención ...”, fijó el 10º día de despacho para comenzar la relación y se ratificó la ponencia a la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó.

Mediante escrito-oficio Nº DGSCA-000001 de fecha 11 de febrero de 1999, las representantes de la República de Venezuela, formalizaron la apelación que habían interpuesto.

El 18 de febrero de 1999, comenzó la relación  y por auto del 17 de marzo del mismo año se fijó el 10º día de despacho para el acto de informes, el cual ocurrió el 21 de abril del mismo año, no comparecieron las partes y, seguidamente, la Sala dijo “VISTOS”.

En auto del 26 de abril de 2000, la Sala ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba y reasignó la ponencia al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba.

Para decidir, la Sala observa:

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.

En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del presente año declaró que la perención:

“Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa

(...omissis...)

Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.

Por último, esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no contradice el artículo 96 eiusdem que dispone:

‘Los informes constituyen la última actuación de las partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514 del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.’

En efecto, cuando la norma transcrita establece que la "última actuación de las partes" en el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.

De ahí que no están las partes exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aún después de la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público.

En suma, que según los términos del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en disposiciones especiales, basta para que opere la perención de pleno derecho, el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que se trate de razones imputables a la parte o del estado en que la misma se encuentre. Así se declara.”

Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa ha estado paralizada desde el 21 de abril de 1999, fecha en la cual la Sala dijo “VISTOS”, hasta el presente, sin que se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.

Igualmente, se aprecia que en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido el lapso previsto en la misma y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba transcrito, se ha consumado la perención. Así se declara.

En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.

Queda así, firme la decisión apelada.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada,  firmada  y sellada,  en  el  Salón  de  Despacho  de  la Sala Político-Administrativa  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en  Caracas, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2001. Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

   El Presidente-Ponente,

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

YOLANDA JAIMES GUERRERO

                      Magistrada

 

La Secretaria,

 

 

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

EXP. Nº 15431

LIZ/hra.-

En catorce (14) de noviembre del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02630.