MAGISTRADO PONENTE:  LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. Nº 0816

Los abogados Alfredo Travieso Passios, Moisés A. Vallenilla Tolosa, Margarita Escudero León y Pedro Luís Malavé V., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 4.987, 35.060, 45.205 y 58.458, respectivamente, actuando en el carácter de apoderados judiciales de la contribuyente especial CORPORACIÓN VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, C.A. (VENEVISION), Registro de Información Fiscal Nº. J-00008933-7; sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 07 de julio de 1960, anotada bajo el Nº 43, Tomo 21-A, representación que consta de instrumento poder otorgado por ante la Notaria Pública  Séptima del Municipio Libertador del Distrito Federal el 17 de febrero de 1998, inserto bajo el Nº 30, Tomo 14 de los respectivos Libros de Autenticaciones, ocurren ante el Supremo Tribunal el 18 de septiembre de 2001, a  objeto de consignar escrito contentivo de la solicitud de aclaratoria y ampliación de la sentencia Nº 1.859, dictada por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo  de Justicia en fecha 09 de agosto de 2001 y publicada el día 14 del mismo mes y año, la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación del Fisco Nacional, contra la sentencia Nº 698, dictada en fecha 28 de marzo de 2000 por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario.

- I -

ANTECEDENTES

El dispositivo de la aludida sentencia Nº 1.859, cuya aclaratoria y ampliación se pretende, declaró:

“..., PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación fiscal contra la sentencia Nº 698 de fecha 28 de marzo de 2000, dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario, mediante la cual se declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto el 10 de agosto de 1998 por los apoderados judiciales de la contribuyente CORPORACIÓN VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, C.A. (VENEVISION), contra la denegatoria tácita de los recursos jerárquicos previamente ejercidos, luego acumulados, contra los actos administrativos contenidos en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº GCE-SA-R-98-005 de fecha 19 de enero de 1998, confirmatoria del Acta Fiscal Nº GCE-DF-0200/96-07, correspondiente a los períodos de imposición comprendidos desde agosto de 1994 a febrero de 1996 y en la Resolución de Certificación de Créditos Líquidos y Exigibles signada Nº MH-SENIAT-GRTICE-98-006 de fecha 25 de febrero de 1998, así como en contra de las planillas de liquidación expedidas a cargo de su representada en fecha 19 de enero de 1998, por la Gerencia de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (S.E.N.I.A.T.)”

En consecuencia, dispuso:

Revocar parcialmente el pronunciamiento del a quo contenido en el referido fallo signado Nº 698 de fecha 28 de marzo de 2000, en lo atinente a su declaratoria de procedencia de la compensación opuesta y a la improcedencia de las sanciones impuestas, no obstante confirma su declaratoria relativa a la nulidad de los actos de liquidación por los conceptos de intereses moratorios, intereses compensatorios y actualización monetaria.” así como, “ Ordenar a la Administración Tributaria proceda al respectivo cobro de las liquidaciones que resultaron procedentes conforme al presente fallo.”

 

-II-

DE  LA  SOLICITUD  DE  ACLARATORIA  Y  AMPLIACIÓN

 

En escrito consignado ante esta alzada en fecha 18 de septiembre de 2001, los apoderados de la supra identificada contribuyente CORPORACIÓN VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, C.A. (VENEVISION), indican que en su fallo el Máximo Tribunal “..., omitió pronunciarse sobre la procedencia de la nulidad parcial de la Certificación de Créditos y consecuente Solicitud de Reintegro expresamente requerida para el supuesto negado en el cual el Tribunal que conociera de los procesos acumulados, eventualmente decidiera la improcedencia de la compensación efectuada por nuestra representada”, omisión la cual, dicen, violenta los derechos constitucionales a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de su representada, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la violación de su derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 115 eiusdem, al ver disminuido su patrimonio en la cantidad de Bs. 425.308.828,oo por concepto de impuesto sobre la renta pagado en exceso y no compensado.

Asimismo, destacan que la aludida Certificación de Créditos Fiscales, contenida en la Resolución Nº MH-SENIAT-GRTICE-98-006 de fecha 25 de febrero de 1998, es clara, precisa e incuestionable, no sólo en cuanto a los montos reconocidos como créditos fiscales sino también en cuanto a su determinación, existencia, liquidez y exigibilidad, conforme a lo cual afirman que resulta ajustado a derecho que, una vez rechazada la compensación opuesta, se conceda a la sociedad mercantil supra identificada el reintegro del referido monto (Bs. 425.308.828,oo), con sus respectivos intereses y ajustes.

En consecuencia, los apoderados judiciales de dicha contribuyente, solicitan por las vías de aclaratoria y ampliación de la sentencia Nº 1.859, publicada en fecha 14 de mayo de 2001, que esta Sala se pronuncie ahora sobre la procedencia de la solicitud de reintegro de los créditos fiscales líquidos, existentes, determinados y exigibles, originados por el pago en exceso de impuestos que, a su decir, fueron como tales reconocidos mediante la referida Certificación de Créditos Fiscales.

 

-III-

MOTIVACIONES

Previamente a proveer en cuanto a lo solicitado, debe esta Sala  determinar si la referida solicitud fue consignada tempestivamente, conforme al dispositivo procesal que regula la materia, contenido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

 Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes el día de la publicación o en el siguiente.” (destacado de la Sala).

 

Con relación al lapso procesal del cual disponen las partes para solicitar las aclaratorias y ampliaciones del fallo, contemplado en el texto anteriormente transcrito, esta Sala se ha pronunciado en otras oportunidades en el sentido de que los referidos lapsos deben preservar el derecho al debido proceso y a una justicia transparente, consagrados en la vigente Constitución, y no constituir por su extrema brevedad, un menoscabo al ejercicio de dichos derechos. En efecto, mediante sentencia Nº 00124 del 13 de febrero de 2001, (caso : Olimpia Tours and Travel C.A.), se estableció:

(Omissis...) Examinada la norma bajo análisis se observa que en un sistema fundamentalmente escrito como el nuestro, y limitadas las presentes consideraciones a los procesos seguidos ante esta Sala, y a los supuestos contenidos en la norma considerada, la misma carece de racionalidad en virtud de que no encontramos elemento de tal naturaleza que justificando la extrema brevedad del lapso, no implique un menoscabo del contenido esencial a solicitar el derecho a una justicia transparente, en comparación con supuestos de gravedad similares como es el caso de la apelación y, siendo así esta Sala, en el presente caso, considera necesario aplicar con preferencia la vigencia de las normas constitucionales sobre el debido proceso relativas a la razonabilidad de los lapsos con relación a la norma del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución, dispone en forma conducente, con efectos ex nunc, que el lapso para oír la solicitud de aclaratoria formulada es igual al lapso de apelación del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, salvo que la ley establezca un lapso especial para la misma en los supuestos de los actos a que se refiere el artículo 252 eiusdem”

Aplicado el anterior criterio al caso de autos, se observa que la solicitud de aclaratoria y ampliación que nos ocupa fue consignada en fecha 18 de septiembre de 2001; en tanto que la sentencia objeto de dicha solicitud fue publicada el 14 de agosto de 2001, y siendo la referida sentencia dictada fuera del lapso legal para pronunciarla, el lapso para interponer la aludida solicitud de conformidad con el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, debe computarse a partir de la notificación de las partes, lo cual ocurrió, tal como invoca la contribuyente en su solicitud, el mismo 18 de septiembre de 2001, como primer día hábil siguiente a la fecha de publicación de dicho fallo, a saber, el 14 de agosto de 2001, como último día de despacho previo al período de vacaciones judiciales. Por tanto, se aprecia que la referida solicitud fue tempestivamente interpuesta, en cuya virtud la Sala entra a conocer en torno a los particulares solicitados.

En tal sentido, es oportuno destacar que las figuras de la aclaratoria, ampliación y rectificación de las sentencias se encuentran contempladas en el  supra transcrito  artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, cuyo alcance alude a la posibilidad jurídica de hacer correcciones a las sentencias por medios específicos, siendo tales medios de corrección: las aclaratorias, las salvaturas, las rectificaciones y las ampliaciones; teniendo cada uno de ellos finalidades distintas conforme a las deficiencias que presenten las sentencias.(ver sentencia N° 186, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 17 de febrero de 2000).

Así, cada uno de los medios de corrección de la sentencia presentan su propia especificidad procesal, a pesar de que con frecuencia se les trate uniformemente sin atender a las particularidades de cada uno, creándose confusiones que pueden, de una u otra forma, impedir el cabal conocimiento y decisión de la solicitud de que se trate.

Para evitar incurrir en los errores antes expuestos, debe esta Sala precisar que a pesar de los calificativos dados por los apoderados de la citada  contribuyente a su solicitud, en el presente caso se está ante una petición de ampliación de la referida decisión Nº 1.859, a través de un pronunciamiento añadido sobre cuestiones que, según entienden los solicitantes, integraban la controversia jurídico procesal demandada en el desarrollo y en el petitorio del caso planteado, y que como tales debieron ser consideradas y resueltas en dicha sentencia.

En este orden de ideas, resulta pertinente citar a título ilustrativo la definición del maestro Eduardo Couture respecto al último citado medio procesal de corrección, para quien la ampliación es un pronunciamiento complementario que hace el Juez, a petición de parte, sobre algún punto esencial del pleito que hubiere omitido en su sentencia, o cuando no se hubiese hecho mención en ella de frutos, daños o cosas. (Vocabulario Jurídico, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1976, pág. 94).

Así también, considera la Sala la opinión del procesalista R. Marcano Rodríguez sobre el particular, cuando expresa que “La ampliación no supone, como la aclaración, que el fallo sea oscuro, ambiguo o dudoso, sino más bien insuficiente o incompletamente determinativo de las soluciones dadas al problema jurídico planteado con la acción y la excepción (...), la ampliación no es remedio de los vicios congénitos del fallo, sino que, por el contrario, presupone la existencia de una decisión válida, que ha resuelto todos y cada uno de los puntos del litigio de acuerdo con el pro y el contra, pero que, en su dispositivo hay una insuficiencia de generalización, de determinación, de extensión en el modo de fijar el fin y el alcance de algunos o algunos de los puntos debatidos.” (Apuntaciones Analíticas sobre las Materias Fundamentales y Generales del Código de Procedimiento Civil Venezolano, Tomo III, pág. 75-76 / Editorial Bolívar, Caracas, 1942).

Luego, en aplicación de los conceptos que informan la doctrina procesal sobre los medios de enmienda o corrección de la sentencia, así como de las previsiones  que  los  regulan  en  nuestro  ordenamiento ,  y  dispuesta  así  la

posibilidad jurídica de dictar ampliaciones a la sentencia, después de dictada y publicada, bien podría esta Sala ampliar su fallo, mas nunca disminuirlo o modificarlo.

Precisado lo anterior y analizadas como han sido tanto la sentencia Nº 1.859, dictada el 09 de agosto de 2001 y publicada el día 14 del mismo mes y año, como las alegaciones de la contribuyente como fundamento de su solicitud de ampliación, se observa que la misma fue debidamente pronunciada por esta Sala Político Administrativa, sobre la base de todos los hechos evidenciados en el respectivo expediente; de las pretensiones deducidas oportunamente por las partes y conforme al derecho que resultó aplicable para dilucidar la causa debatida, pues esta contiene los fundamentos de la ratio decidendi, es decir, se bastó para decidir todos los aspectos esenciales de la litis planteada a través del recurso de apelación ejercido por la representación del Fisco Nacional contra la sentencia definitiva Nº 698, dictada en fecha 28 de marzo de 2000 por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario, que decidió Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil citada ut supra, en virtud de la denegatoria tácita del recurso jerárquico ejercido contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº GCE-SA-R-98-005 de fecha 19 de enero de 1998, confirmatoria del Acta Fiscal Nº GCE-DF-0200/96-07, correspondiente a los períodos de imposición comprendidos  desde agosto de 1994 a febrero de 1996; contra las planillas de liquidación emitidas con fundamento en los precitados actos en fecha 19 de enero de 1998 por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (S.E.N.I.A.T.) y contra la Resolución de Certificación de Créditos Líquidos y Exigibles Nº MH-SENIAT-GRTICE-98-006 de fecha 25 de febrero de 1998, de lo cual se deduce que no existe omisión que suplir o resolución que complementar mediante una aclaratoria o bien una ampliación de dicho fallo.

Cabe destacar que la referida controversia se contrajo a decidir sobre la procedencia o no de la compensación opuesta por la contribuyente, derivada de los créditos fiscales originados del pago en exceso de impuesto sobre la renta por concepto de retenciones en los ejercicios fiscales coincidentes con los años civiles 1993, 1994 y 1995, contra los débitos fiscales del impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, correspondientes a los períodos de imposición comprendidos desde agosto de 1994 a febrero de 1996, así como a conocer y a decidir en torno al vicio de contradicción que, a decir del apelante, afectaba parcialmente al fallo de instancia. Pero, a su vez, en consideración a los alegatos subsidiarios de la sociedad mercantil contribuyente, la Sala precisó que sólo en el supuesto de resultar procedente la compensación opuesta, y por estar directamente vinculado al debate planteado en esa oportunidad, se habría de dilucidar lo atinente a la existencia, liquidez y exigibilidad de los referidos créditos fiscales por un monto total de Bs. 425.308.828,00, cuya certificación a tales efectos fue declarada improcedente por la Gerencia de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (S.E.N.I.A.T.), mediante la Resolución signada Nº MH-SENIAT-GRTICE-98-006 de fecha 25 de febrero de 1998, cuya nulidad parcial también se pretendía (ver pág. 11 y 12 del fallo Nº 1.859).

No obstante lo expuesto, en atención a los alegatos de la contribuyente alusivos a la supuesta violación de sus derechos constitucionales a la defensa, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la propiedad, sirva esta ocasión para observar a los apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORPORACIÓN VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, C.A. (VENEVISION), quienes ahora pretenden de esta alzada la ampliación de la declaratoria citada ut supra y que, en tal sentido, se aboque a conocer y pronunciarse respecto a su solicitud de reintegro de los impuestos que afirma haber pagado en exceso por un monto de Bs. 425.308.828,oo, los cuales dice le fueron reconocidos por la Administración Tributaria como créditos fiscales existentes, líquidos y exigibles, mediante la Resolución de Certificación de Créditos Nº MH-SENIAT-GRTICE-98-006 de fecha 25 de febrero de 1998; que mediante una decisión complementaria de su previo fallo por parte de esta máxima instancia, se excedería el alcance del debido pronunciamiento en torno a la litis ante ella planteada, que como tal quedó resuelta al declararse la improcedencia  de la compensación opuesta por la contribuyente, derivada de los créditos fiscales originados del pago en exceso de impuesto sobre la renta por concepto de retenciones, contra los débitos fiscales del impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor.

Sólo ante el supuesto contrario, es decir, de haber resultado procedente la  compensación opuesta, le era imperativo a esta alzada entrar a conocer y a decidir respecto a la nulidad parcial de la Resolución de Certificación de Créditos Líquidos y Exigibles Nº MH-SENIAT-GRTICE-98-006 de fecha 25 de febrero de 1998, pues, en todo caso, la aludida certificación de créditos fiscales como líquidos y exigibles fue requerida por la contribuyente de la Administración Tributaria a objeto de compensarlos en los términos debatidos y estimados improcedentes.

En consideración a lo expuesto, no podía esta alzada pronunciarse respecto a la existencia, liquidez y exigibilidad de los créditos fiscales solicitados por la contribuyente en los términos y condiciones  supra indicados por la cantidad de Bs. 425.308.828,oo, pues, a todo evento, una vez declarada la improcedencia de su compensación respecto o contra los débitos fiscales del impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, correspondientes a los períodos de imposición comprendidos desde agosto de 1994 a febrero de 1996, la estimación de dicho monto como créditos fiscales exigibles, a objeto de su compensación con otras deudas tributarias, compensables conforme a la ley, está sujeta a la verificación detallada que haga la Administración Tributaria de sus subsiguientes ejercicios gravables y de sus correlativas declaraciones de rentas; así como también su reconocimiento, a los fines de su restitución o reintegro según lo previsto en el artículo 177 del Código Orgánico Tributario, depende de la constatación que ésta haga del supuesto pago indebido o en exceso por concepto de retenciones o anticipos del impuesto sobre la renta.

Ahora bien, entiende la Sala que la declaratoria por ella pronunciada en el citado fallo Nº 1.859, en modo alguno supone, en detrimento al patrimonio de la sociedad mercantil contribuyente, el desconocimiento o negación del derecho que ésta afirma tener respecto a los créditos fiscales que le hayan sido o le fueren reconocidos como tales, derivados del pago en exceso por concepto de impuesto sobre la renta, y que en el referido caso alcanzó la cantidad de Bs. 425.308.828,oo, a objeto de reclamar su restitución o reintegro, siempre que no estén prescritos; reclamación que habrá de ser resuelta por la Administración Tributaria de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo X (Repetición de Pago) del Código Orgánico Tributario. 

Por tanto, para esta Sala es evidente que no por resultar negativa a las pretensiones de la contribuyente, la tutela impartida por este Supremo Tribunal, a través de su sentencia  Nº 1.859 de fecha 14 de agosto de 2001, es inexistente; así como tampoco sus alcances vulneran sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la propiedad.

 

- III -

DECISIÓN

 

  Conforme a los argumentos expuestos, esta Sala Político Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE  la solicitud de aclaratoria y  ampliación de sentencia interpuesta por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORPORACIÓN VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, C.A. (VENEVISION), respecto al fallo Nº 1859, dictado por esta Sala Político Administrativa en fecha 14 de agosto de 2001.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los trece (13) días del mes de noviembre de 2001. Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

  El Presidente Ponente,

 

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

YOLANDA JAIMES GUERRERO

                   Magistrada

La Secretaria,

 

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. Nº 0816
LIZ/

En catorce (14) de noviembre del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02676.