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Magistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS
Exp. Nº 2013-0183
El Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto a oficio N° 01475/2013 de fecha 25 de enero de 2013, recibido en esta Sala el 04 de febrero del año en curso, remitió el expediente contentivo de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana Luisa Valentina HURTADO SUÁREZ (cédula de identidad N° 3.151.611), sin asistencia de abogado, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES), creada mediante el Decreto Presidencial N° 6.616 del 10 de febrero de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.120 de fecha 13 de igual mes y año.
La remisión se efectuó en virtud de la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el Tribunal remitente en fecha 16 de enero de 2013 la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública.
El 05 de febrero de 2013 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, a los fines de decidir la consulta de jurisdicción.
Por auto para mejor proveer N° 028 del 27 de febrero de 2013, esta Sala le solicitó a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) que informara si la relación jurídica que tenía con la actora era regulada por normas de la legislación laboral o de naturaleza estatutaria.
En fecha 08 de mayo de 2013 fue electa la Junta Directiva de este Supremo Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; la Magistrada Trina Omaira Zurita, la Magistrada Suplente Mónica Misticchio Tortorella, y el Magistrado Suplente Emilio Ramos González. Se ordenó la continuación de la presente causa.
En fecha 22 de julio de 2013 se recibió oficio N° DCJ-2013-030 del 06 de esa misma fecha proveniente de la Consultoría Jurídica de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en el que informó que la ciudadana Luisa Valentina HURTADO SUÁREZ “prestaba sus servicios para [la mencionada] Universidad (…) como personal contratado en su condición de Facilitador” (sic), tal como consta de los contratos de trabajos a tiempo determinados de fechas 01/10/2011 al 31/12/2011 y 01/01/2012 al 31/12/2012 (folios 21 al 26), por lo que “en consecuencia dicha relación laboral se encontraba sujeta a la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores”.
Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a emitir pronunciamiento, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Alegó la actora en su escrito libelar:
Que en fecha 18 de octubre 2010 comenzó a prestar sus servicios personales para la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) en “el cargo de DOCENTE FALICITADOR”, devengando un salario mensual de cinco mil quinientos bolívares (Bs. 5.500,00) hasta el 31 de diciembre de 2012, oportunidad en la cual fue despedida.
Finalmente, al no “haber incurrido en falta alguna prevista en el artículo 102” de la entonces Ley Orgánica del Trabajo, acudió al órgano jurisdiccional conforme lo dispuesto en el derogado artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hoy 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a fin de que se le calificara el despido, se le ordenara el reenganche a su puesto de trabajo y se le acordara el pago de los salarios caídos.
Por sentencia de fecha 16 de enero de 2013 el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, por órgano de la Inspectoría del Trabajo respectiva, en virtud de encontrarse la accionante presuntamente protegida por la inamovilidad laboral establecida en el Decreto N° 8.732 de fecha 24 de diciembre de 2011.
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Con fundamento en las disposiciones 23.20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 26.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a esta Sala conocer las consultas de jurisdicción.
En las actas procesales (folios 05 al 11) consta la decisión de fecha 16 de enero de 2013, en la cual el Juzgado remitente declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la trabajadora, por encontrarse -presuntamente- amparada por el Decreto de inamovilidad laboral N° 8.732 de fecha 24 de diciembre de 2011.
En el mencionado Decreto Presidencial, vigente para el momento del despido (31 de diciembre de 2012), el Ejecutivo Nacional estableció la inamovilidad laboral especial a favor de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado protegidos (as) por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Con base en el Decreto de inamovilidad laboral N° 8.732 del 24 de diciembre de 2011 (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.828 de fecha 26 de ese mismo mes y año), el o la trabajador (a) protegido (a) por la inamovilidad, no puede ser despedido (a), a menos que exista una causa justificada debidamente comprobada por el o la Inspector (a) del Trabajo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 422 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Advierte esta Sala que en el artículo 6 del aludido Decreto se precisó que gozarán de la protección de inamovilidad laboral independientemente del salario que devenguen: a) Las trabajadoras y los trabajadores a tiempo indeterminado a partir de los tres (3) meses al servicio de una patrona o patrono; b) Las trabajadoras y los trabajadores contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato; c) Las trabajadoras y los trabajadores contratados para una labor u obra determinada, mientras no haya concluido total o parcialmente su obligación.
Quedan exceptuados de la aplicación del referido Decreto las trabajadoras y los trabajadores que ejerzan cargo de dirección o de confianza, los temporeros, ocasionales o eventuales.
Además, la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras suprimió la categorización de trabajador de confianza.
Conforme a lo anterior esta Sala observa que la parte accionante, en su solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos alegó: 1) que comenzó a prestar sus servicios personales para la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) en fecha 18 de octubre de 2010, siendo despedido el día 31 de diciembre de 2012, acumulando un tiempo superior a los tres (3) meses de antigüedad previstos en el Decreto Presidencial N° 8.732 del 24 de diciembre de 2011; 2) que se desempeñaba como “DOCENTE FALICITADOR” en la referida casa de estudio, lo cual evidencia que no tenía funciones de dirección; 3) no se desprende que la trabajadora fuera temporera, ocasional o eventual.
Sin embargo esta Sala antes de emitir algún pronunciamiento con relación a la jurisdicción, consideró necesario dictar auto para mejor proveer N° 028 del 27 de febrero de 2013 a los fines de solicitarle a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) que informara si la relación jurídica que tenía con la actora era regulada por normas de la legislación laboral o de naturaleza estatutaria.
Ante tal solicitud, la Consultoría Jurídica de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), mediante oficio N° DCJ-2013-030 del 22 de julio de 2013 informó que la ciudadana Luisa Valentina HURTADO SUÁREZ “prestaba sus servicios para [la mencionada] Universidad (…) como personal contratado en su condición de Facilitador” (sic), tal como consta de los contratos de trabajos a tiempo determinados de fechas 01/10/2011 al 31/12/2011 y 01/01/2012 al 31/12/2012, por lo que “en consecuencia dicha relación laboral se encontraba sujeta a la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores”.
Se constata entonces (folios 21 al 26 del expediente) que la ciudadana Luisa Valentina HURTADO SUÁREZ era una trabajadora contratada a tiempo determinado para la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, le es aplicable el régimen previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.
Por otra parte, se observa del caso de autos que para la fecha del aludido despido de la parte actora (31 de diciembre de 2012), ya había culminado la vigencia del último de los referidos contratos de trabajo a tiempo determinado (31 de diciembre de 2012) (folios 23 al 26), razón por la que debe tenerse que la accionante se encontraba presuntamente excluida del supuesto de inamovilidad laboral contemplado en el literal b) del artículo 6 del citado Decreto Presidencial N° 8.732 del 24 de diciembre de 2011, aplicable ratione temporis, por lo cual el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer de la solicitud interpuesta y, en consecuencia, se revoca el fallo consultado del 16 de enero de 2013. Así se declara.
III
DECISIÓN
Atendiendo a los precedentes razonamientos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: el PODER JUDICIAL TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, intentada por la ciudadana Luisa Valentina HURTADO SUÁREZ, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES).
En consecuencia, se REVOCA la decisión sometida a consulta, dictada en fecha 16 de enero de 2013 por el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen para que la causa continúe su curso de Ley. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
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El Presidente - Ponente EMIRO GARCÍA ROSAS
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La Vicepresidenta EVELYN MARRERO ORTÍZ
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Las Magistradas
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TRINA OMAIRA ZURITA
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MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA
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El Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
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La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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En veintiocho (28) de noviembre del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01333.
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La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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