MAGISTRADO PONENTE: MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

EXP. NÚMERO 2018-0149

 

El Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, con sede en San Felipe, mediante oficio número 3299 de fecha 30 de noviembre de 2017, remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, donde fue recibido el 5 de febrero de 2018, el expediente de la demanda por “MODIFICACIÓN DE LA CUSTODIA” interpuesta por el ciudadano RONIER ALEXANDER RAGA GUTIÉRREZ, cédula de identidad número 17.256.371, asistido por la abogada Stella Angelina Sánchez Montani, Defensora Pública Tercera con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Yaracuy, contra la ciudadana MARÍA DEL VALLE MARTÍNEZ GIMÉNEZ, cédula de identidad número 19.062.930.

La remisión ordenada responde a la consulta de jurisdicción planteada por el referido Juzgado de la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2017 por la cual declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero o jueza extranjera para conocer el caso, conforme a lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.

El 20 de febrero de 2018 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, el Magistrado Marco Antonio Medina Salas fue designado Ponente a los fines del pronunciamiento sobre la referida consulta.

Realizado el estudio de las actas procesales, pasa esta Máxima Instancia a decidir, previo a lo cual formula las consideraciones siguientes:

 

I

ANTECEDENTES

 

El 25 de octubre de 2017 el ciudadano Ronier Alexander Raga Gutiérrez, asistido por la abogada Stella Angelina Sánchez Montani, Defensora Pública Tercera con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Yaracuy, antes identificado e identificada, presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, demanda de “MODIFICACIÓN DE CUSTODIAcontra la ciudadana María del Valle Martínez Giménez, con base en los siguientes argumentos:

Que “… de la relación de Ocho (08) años sostenida con (…) MARIA DEL VALLE MARTINEZ GIMENEZ (Sic) (…) procrearon [un] niño (cuya identidad se omite conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) sin embargo se separaron, hace aproximadamente CINCO AÑOS”. (Resaltados del escrito y agregado de la Sala).

Manifiesta que “La progenitora, desde hace dos años aproximadamente, toma la decisión de radicarse en el País de Colombia (…) manifestando que iría a trabajar en el vecino País, y que posteriormente retornaría (…) por cuanto el niño de igual forma pernoctaba [con él]”. (Agregado de la Sala)

Señala que “la madre regresaba a Venezuela Trimestralmente” y el 16 de diciembre de 2016, le solicitó que “le otorgara un permiso de viaje, a los fines de llevarse [al niño] durante el mes de Diciembre, específicamente desde el 19 de diciembre de 2016 hasta 19 de enero de 2017”, negándose a tal petición, por cuanto el niño comenzaba las clases el día 9 de enero de 2017. (Agregado de la Sala).

Que el 6 de enero de 2017 la demandada viajó a la República de Colombia y no regresó al país sino hasta “el día 18 de julio de 2017, fecha en la cual, mediante engaño, orquestado en forma conjunta con la Abuela Materna [del] niño (…) [le] solicitan autorización de viaje, con el objeto del disfrute de Vacaciones, hasta el día 18 de Septiembre de 2017, [a lo] cual efectivamente [accedió], por la estabilidad emocional de [su] hijo”. (Resaltado del escrito y agregados de la Sala).

Alega que cuando se aproximó la fecha del retorno, la accionada le indicó vía telefónica que no regresaría por los siguientes motivos: “1.- Que ella tiene la total y absoluta autoridad, sobre el niño, por que el hijo es de la mamá y no del Padre (Sic); 2.- Por la inflación del País, que no hay comida, la economía de Venezuela entre otros”. (Resaltado del escrito).

Afirma sentir una gran preocupación, por cuanto el niño no ha sido inscrito en un Colegio.

Sobre la base de lo expuesto, solicita que se “MODIFIQUE LA CUSTODIA (…)”. (Resaltado del escrito).

Fundamenta la demanda en los artículos 30, 31, 32, 358 y 511 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El 26 de octubre de 2017, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, con sede en San Felipe, le dio entrada a la causa.

Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2017 el aludido Juzgado declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero o jueza extranjera, en los siguientes términos:

…Verificado entonces, que la residencia temporal y actual del niño in comento se encuentra fuera de Venezuela, procede la falta de jurisdicción tal como se decidirá…”.

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala Político-Administrativa emitir un pronunciamiento con relación a la consulta de jurisdicción planteada, de acuerdo a la competencia que le ha sido atribuida en el numeral 20 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el artículo 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual observa:

Por sentencia dictada el 29 de noviembre de 2017 el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, con sede en San Felipe, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero o jueza extranjera para conocer y decidir la demanda de MODIFICACIÓN DE LA CUSTODIA”, por cuanto el hijo del demandante tiene su residencia en la República de Colombia. (Folio 18 del expediente).

De esta manera se aprecia en el caso bajo examen la presencia de elementos de extranjería relevantes, lo que impone al juez o la jueza un análisis del asunto a la luz del Derecho Internacional Privado con miras a precisar la jurisdicción a la que corresponde proveer sobre lo demandado. Por tal razón, debe procederse a la revisión de las fuentes del Derecho Internacional Privado previstas en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 36.511, del 6 de agosto de 1998, vigente a partir del 6 de febrero de 1999, cuyo texto establece lo siguiente:

Artículo 1. Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados.”

 

Conforme a la norma expuesta, observa la Sala en el asunto de autos que no existe tratado alguno entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela en materia de responsabilidad de crianza o custodia, por lo que se hace necesario el examen de las normas de Derecho Internacional Privado venezolano a los fines de la correspondiente determinación.

En este sentido, el artículo 39 de la referida Ley establece que además de la jurisdicción que asigna la Ley a los Juzgados venezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los Juzgados de la República tendrán jurisdicción en los juicios incoados contra personas domiciliadas en el exterior en los casos contemplados en los artículos 40, 41 y 42 de dicha Ley, esto es, las causas derivadas del ejercicio de acciones de contenido patrimonial, las relativas a universalidades de bienes y el estado de las personas o las relaciones familiares, respectivamente.

En el caso que se examina se ha ejercido una demanda de fijación de régimen de responsabilidad de crianza o custodia, razón por la cual resulta necesario hacer mención al contenido del artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que dispone lo siguiente:

Artículo 42. Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los  juicios originados por el ejercicio de acciones sobre estado de las personas o las  relaciones familiares:

1. Cuando el Derecho venezolano sea competente, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, para regir el fondo del litigio;

2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República”.

Conforme a la norma parcialmente transcrita, los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción en la materia sobre estado de las personas o de relaciones familiares, en dos supuestos concretos, a saber:

1) Cuando las leyes internas sean las aplicables para resolver el fondo del asunto; o

2) Cuando las partes en juicio decidan someterse a la jurisdicción de sus tribunales (sumisión), ya sea de forma expresa o tácita. En estos casos, el Poder Judicial venezolano tendrá jurisdicción: a) si las partes por escrito manifiestan su voluntad en ese sentido (artículo 44 eiusdem); o b) “(…) por parte del demandante, [el] hecho de interponer la demanda y, por parte del demandado, [el] hecho de realizar en el juicio, personalmente o por medio de apoderado, cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva (…)” (artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado), claro está, siempre que existan elementos que denoten una vinculación efectiva con el Estado a cuya jurisdicción se sometan. (Vid. Sentencia de esta Sala número 00920 del 10 de agosto de 2016).

Respecto al segundo de los supuestos enunciados, resulta oportuno traer a colación el artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado que preceptúa lo siguiente:

“Artículo 45. La sumisión tácita resultará, por parte del demandante, del hecho de interponer la demanda y, por parte del demandado, del hecho de realizar en el juicio, personalmente o por medio de apoderado, cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva”. (Destacado de la Sala).

Conforme a la anterior norma cuando él o la demandante interpone una demanda ante determinada jurisdicción y el accionado o la accionada realiza cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva hay sumisión a la jurisdicción. (Vid. Sentencias de esta Sala números 0781, 0769 y 0269 del 29 de marzo de 2006, 23 de mayo de 2007 y 28 de febrero de 2008, respectivamente).

Bajo estas premisas, se aprecia que la parte demandada aún no ha sido citada, toda vez que la declaratoria de falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano por parte del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, se produjo inmediatamente después de la interposición de la demanda.

Ello así, conforme a las normas señaladas para tomar una decisión ajustada a derecho y que esté orientada a garantizar el “interés superior del niño”, en este caso concreto debe la Sala declarar, en esta etapa del proceso, que no puede verificarse, expresa o tácitamente, la voluntad de la accionada de someterse a la jurisdicción de los tribunales venezolanos.

Por tal razón corresponderá la notificación de la parte demandada a fin de determinar si esta se somete -tácita o expresamente- a la jurisdicción de los tribunales venezolanos.

Advertido lo anterior debe la Sala concluir que, en esta etapa del proceso, el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción para conocer el caso de autos, debiendo ser revocada la sentencia sometida a consulta. Así se decide.

 

III

DECISIÓN

 

Sobre la base de los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que en esta etapa del proceso el PODER JUDICIAL VENEZOLANO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda de fijación de régimen de responsabilidad de crianza o custodia, incoada por el ciudadano RONIER ALEXANDER RAGA GUTIÉRREZ, contra de la ciudadana MARÍA DEL VALLE MARTÍNEZ GIMÉNEZ, en relación con su hijo (niño cuya identificación se omite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

En consecuencia, se REVOCA la sentencia consultada dictada en fecha 29 de noviembre de 2017 por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, con sede en San Felipe.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación.

 

La Presidenta,

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente - Ponente,

MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

 

La Magistrada,

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO

 

 

 

 

 

El Magistrado,

INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA

La Magistrada,

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

 

 

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

 

En fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciocho, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01049.

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD