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Exp. Nº 16238
Los abogados Marcos Díaz Sanoja y Ninson Wilian Gómez Poveda, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 34.076 y 33.467, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano LUIS ENRIQUE VERGEL COVA, titular de la cédula de identidad Nº 7.260.973, mediante escrito presentado el 7 de julio de 1999, en la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, interpusieron recurso contencioso de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional contra la Resolución Nº 1086 de fecha 27 de octubre de 1998, suscrita por el Ministro de Justicia, hoy Ministro del Interior y Justicia, notificada el 12 de enero de 1999, confirmatoria de la destitución acordada en su contra por el Director General del otrora Cuerpo Técnico de Policía Judicial, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Solicitó además el recurrente, la suspensión de los efectos del acto recurrido.
Visto el escrito, se designó Ponente al Magistrado Hermes Harting, a los fines de decidir la acción de amparo.
Mediante sentencia Nº 1897 publicada el 21 de diciembre de 1999, la Sala negó la admisión de la acción de amparo y ordenó remitir los autos al Juzgado de Sustanciación.
Instalado el Tribunal Supremo de Justicia en fecha 27 de diciembre de 1999, en virtud de lo previsto en la novísima Carta Magna publicada el 30 de diciembre del mismo año y constituida la Sala Político-Administrativa con los Magistrados Carlos Escarrá Malavé, José Rafael Tinoco-Smith y Levis Ignacio Zerpa, se ordenó la continuación de la causa.
La demanda fue admitida el 24 de febrero de 2000, ordenándose la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República y Procurador General de la República, así como librar el cartel a que se refiere el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y solicitar la remisión de los antecedentes administrativos.
Respecto a la solicitud de pronunciamiento previo, acordó abrir el cuaderno separado correspondiente.
Cumplidas las notificaciones y consignada la publicación del cartel, el Juzgado de Sustanciación abrió la causa a pruebas.
Promovidas y admitidas las pruebas pertinentes, se pasó el expediente a la Sala, por encontrarse concluida su sustanciación.
Por auto del 10 de
octubre de 2000, se designó Ponente al Magistrado Carlos Escarrá Malavé y se
fijó el quinto día de despacho para comenzar la relación.
El acto de Informes tuvo lugar el 8 de noviembre de 2000, sin la comparecencia de las partes.
El 14 de noviembre de 2000, los apoderados actores consignaron escrito de conclusiones.
En virtud de la
designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero
y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional
en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº
37.105 del día 22 de diciembre del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala
Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año.
El 10 de enero de 2001, se reasignó la
Ponencia a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.
En la misma fecha, esto es, el 10 de enero de 2001, terminó la relación y se dijo “Vistos”.
Por diligencia del 3 de octubre de 2001, solicitaron los apoderados del recurrente, se dicte sentencia en la presente causa.
Llegada la oportunidad de decidir, pasa la Sala a hacerlo previas las consideraciones siguientes:
I
De la lectura de las
copias certificadas de las actas administrativas se desprende lo siguiente:
1. Con ocasión de la
denuncia interpuesta el 5 de diciembre de 1995, por el ciudadano WILLIAM ALEXIS
MOLINA DÍAZ ante la Inspectoría de la Región Aragua del Cuerpo Técnico de
Policía Judicial, referida al allanamiento de su residencia sin orden alguna, y
demás abusos de los que fueron objeto el denunciante y su esposa, por parte de
funcionarios del referido organismo policial, por Acta Disciplinaria del día 7
del mismo mes y año, se ordenó la apertura de la averiguación administrativa Nº
29.438-95.
Previo montaje
fotográfico, en los álbumes de la División, el denunciante reconoció al
recurrente como uno de los funcionarios que participó en el allanamiento a su
residencia.
2. En fecha 19 de
marzo de 1996, rindió declaración el recurrente ante el funcionario instructor
de la causa.
3. Concluida las
diligencias tendentes a esclarecer los hechos denunciados, por auto del 23 de
abril del mismo año, fueron remitidos los autos a la Inspectoría General del
Cuerpo Técnico de Policía Judicial, para su estudio y pronunciamiento.
4. Mediante Informe
del 12 de septiembre de 1996, el Inspector General del organismo decidió
proponer ante el Director General del cuerpo policial, la destitución del
recurrente, notificándosele el 23 de septiembre de 1997, mediante Memorando Nº
9700-111-3066A, del día 15 del mismo mes y año, suscrito por el Inspector
General, a los fines de designar el funcionario defensor.
5. Habiendo aceptado
la designación y juramentado, el 2 de octubre de 1997, el funcionario defensor
presentó escrito de descargos, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento
Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.
6. Por Informe del 30
de octubre de 1997, el Inspector General del órgano policial resolvió ratificar
su decisión de solicitar la medida de destitución contra el recurrente, en
virtud “...de que la defensa no aportó nuevos elementos que permitan desvirtuar
los fundamentos en que se basó la medida...” a imponer.
7. Por auto del 5 de
noviembre de 1997, la Inspectoría General remitió el expediente al Director
General del organismo.
8. Sometida la
sanción propuesta a la consideración del Director General, según Punto Nº 1 de
Cuenta Nº 98-97 del 5 de noviembre de 1997, éste acordó la destitución como
sanción contra al recurrente.
9. El actor fue
notificado de la sanción el 21 de
noviembre de 1997, mediante Memorando Nº 9700-104-17392 de fecha 10 de
noviembre de 1995, suscrito por el Jefe de la División de Personal.
Por escrito
presentado el 3 de diciembre del mismo año ante el órgano emisor del acto,
ejerció el recurrente recurso de reconsideración.
10. Declarado sin
lugar el recurso interpuesto por resuelto sin número ni fecha, y notificado el
4 de marzo de 1998, el 13 de marzo del mismo año, solicitó el recurrente, copia
del expediente administrativo.
11. Por escrito
presentado el 23 de marzo de 1998 ante el Ministro de Justicia, interpuso
recurso jerárquico.
12. Por Resolución Nº
1086 del 27 de octubre de 1998, el Ministro de Justicia declaró sin lugar el
recurso.
13. Notificado el
recurrente de la confirmatoria de la sanción el 12 de enero de 1999, mediante
Memorando Nº 9700-104-RC-00204 de la misma fecha y suscrito por el Director
General de Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, ejerce en esta
oportunidad, recurso contencioso de nulidad contra la medida de destitución,
sobre la base de los argumentos que se exponen a continuación.
II
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Fundamentan el
recurso los apoderados del actor en los siguientes términos:
1. Ilegalidad de la
sanción: A juicio del recurrente, la sanción es ilegal por haber sido impuesta
“...sobre la base de una normativa y procedimiento ilegal, viciado de nulidad
por obsoleto, vetusto e ilegal Reglamento Disciplinario del Cuerpo Técnico de
Policía Judicial...un Reglamento que ni siquiera ha sido publicado en la Gaceta
Oficial, siendo por lo tanto ineficaz...”.
Sobre la base de la
ilegalidad del Reglamento Interno del órgano policial, consideran incompetentes
al Director General del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y al Ministro de
Justicia para imponer y confirmar la
sanción, respectivamente.
2. Violación del
procedimiento legal establecido y del derecho a la defensa: Sostiene el
recurrente que tal violación se materializó cuando “...se obviaron trámites
fundamentales del procedimiento, tales como la apertura del lapso
probatorio...”.
Añade el actor que “
...el acto de su declaración no constituye una mera diligencia sumarial, sino
un autentico medio de defensa, por lo cual, su declaración, en los términos en
que fue rendida, no tiene valor y consecuentemente no debió ser apreciada por
el órgano decisor, tomando en consideración que nadie puede ser constreñido a
rendir declaración bajo juramento ni a declarar en contra de sí mismo”. (sic)
3. Violación al
derecho a la igualdad: En tal sentido, sostienen los apoderados del impugnante,
que la Administración, en la oportunidad imponer la sanción, no tomó en
consideración las atenuantes a su favor, “...éstas no fueron examinadas ni
aplicadas por el órgano decisor, a los fines de haber graduado la pena...como ha
ocurrido en otros casos, en que si han graduado las sanciones a imponer a los
funcionarios, cosa que no pasó en este caso...” (sic.)
4. Falso supuesto: A
juicio del recurrente, “...el acto impugnado...está viciado en su base legal,
pues el Ministro de Justicia, al emitir la ilegal decisión, confirmatoria
parcial de la que emitiera el Director General del Cuerpo Policial, a incurrido (sic), en un error de derecho,
es decir, le ha dado a los artículos 11 y 12 del Reglamento Disciplinario del
Cuerpo Policial, una interpretación errónea, un sentido y alcance errados, en
definitiva, los a aplicado (sic) erróneamente al hacer uso de los mismos para
fundamental la decisión (sic), a pesar de que los mismos están viciados de
nulidad absoluta...”
Añade el recurrente
en su escrito que “...para el supuesto que esta corte estime (sic), que el acto
administrativo impugnado está fundamentado en hechos existentes, ciertos reales
y debidamente comprobados por la administración lo que rechazamos
categóricamente, sin embargo el acto también estaría viciado de ilegalidad, en
su causa o motivo por errada apreciación y calificación de los hechos en
relación a la norma que supuestamente configura la base legal del acto...”
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Para decidir, la Sala observa:
Encontrándose el asunto de fondo en etapa de sentencia y no habiendo sido resuelta la solicitud de suspensión de los efectos del acto recurrido, encuentra la Sala inoficioso entrar a conocer del referido pronunciamiento previo. Así se declara.
Respecto a la ilegalidad del Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, alegada por el recurrente en virtud de la ausencia de publicación en la Gaceta Oficial y por la presunta derogatoria tácita contenida en la Ley de Policía Judicial, esta Sala, en sentencia Nº 1216 del 26 de junio de 2001, caso Porfirio Ruíz Leandres y otros, decidió lo siguiente:
“Ahora
bien, en criterio de esta Sala, el Reglamento de Régimen Disciplinario del
Cuerpo Técnico de Policía Judicial, constituye un acto administrativo de
carácter general que de acuerdo con el texto del artículo 72 de la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos, debe ser publicado en la Gaceta Oficial de
la República. Por otra parte, está destinado a regular el ámbito disciplinario
de determinados funcionarios, quienes, en virtud de la naturaleza de las
funciones que desempeñan, deben conocer a cabalidad el régimen al cual están
sometidos. Igualmente, al contener disposiciones que aluden a cuestiones
sancionatorias, su conocimiento y difusión interesan a toda la colectividad y
no sólo al restringido campo funcionarial donde se aplica. En consecuencia, lo
lógico y prudente es reiterar a la Administración que el Reglamento de Régimen
Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial debe ser publicado
perentoriamente en el órgano oficial de la República.
Sin
embargo, su no publicación, hasta ahora, en el órgano oficial de la República,
no ha impedido su conocimiento por los interesados ni ha afectado la esfera
jurídica en la cual se desenvuelven, puesto que por diversos medios impresos se
ha divulgado tanto para el específico sector al cual está destinado a regular,
como para el público en general, habiéndose podido disponer de su texto desde
su entrada en vigencia. En tal carácter, el Reglamento aludido ha sido aplicado
a sus destinatarios y ha normado por más de treinta y seis años el tanto el
régimen disciplinario como lo relativo a los premios y recompensas del personal
policial que se ha destacado en sus labores. En consecuencia, la Sala estima
que la omisión de la publicación del reglamento no constituye sino un elemento
de legalidad formal, que no ha traído como consecuencia el desconocimiento de
su texto o su ineficacia material en cuanto
a su aplicación.
Con
base en las consideraciones anteriores, juzga la Sala que la evidente
ilegalidad formal sobrevenida con la promulgación de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, que estatuye la obligatoriedad de la
publicación de los actos administrativos generales, no priva de sus efectos al
reglamento no publicado oficialmente, ni lo invalida como instrumento normativo
esencial; y no resulta prudente ni redunda en una sana y recta administración
de justicia, orientada al fortalecimiento de las instituciones fundamentales de
la República, despojar a la institución policial, con base en rigorismos
textuales, de un instrumento que le ha permitido establecer los parámetros
disciplinarios indispensables para realizar mejor sus actividades. Así se
establece...
Por
otra parte, “Se constata...que el Reglamento de Régimen Disciplinario del
Cuerpo Técnico de Policía Judicial...fue dictado en ejecución del Decreto Nº 48
del 20 de febrero de 1958, según el cual, por razones históricas y jurídicas,
poseía el rango de una ley formal, y por tanto, forzoso es concluir que tanto
su validez como su eficacia jurídica han derivado de un texto normativo con
rango de Ley, y que además es preexistente al momento en que fue dictado. Así,
en primer lugar, se declara.
El Decreto N° 48 del 20 de febrero de 958 estableció que los funcionarios
policiales podían ser removidos por
mala conducta, incapacidad en el desempeño del cargo o incapacidad física o
mental, según su artículo 10; y por el artículo 11 remitió al
Reglamento la potestad de establecer
los deberes y atribuciones de su personal. En virtud de lo anterior, quedaron suficientemente fijados por un
instrumento normativo con rango de ley, los elementos esenciales de las
conductas que debían asumir los funcionarios y fueron establecidos los límites
de las sanciones que impone.
En consecuencia, el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Técnico
de Policía Judicial, dictado en fecha 17 de junio de 1965 por el Ministerio de
Justicia, en ejecución del Decreto N° 48 del 20 de febrero de 1958, constituyó
el desarrollo reglamentario de una ley preexistente que contemplaba
expresamente determinadas faltas y sanciones y estableció, igualmente con base
en remisión legal expresa, que el Reglamento fijaría los deberes y atribuciones
del personal del referido órgano policial. Por tanto, no resulta adecuado
seguir sosteniendo su inconstitucionalidad con base a la presunción
erróneamente establecida en anteriores oportunidades, de que fue dictado sin
mediar una ley preexistente y que contempló faltas y sanciones disciplinarias
que no fueran determinadas con anterioridad por un texto legal. Así se
establece.
Por otra parte, la Ley de Policía Judicial, publicada el 10 de julio de
1975, que deroga el Decreto N° 48 del 20-02-58, no hace referencia alguna al
Reglamento de 1965, instrumento normativo que reguló el régimen disciplinario,
pero dispuso, en su artículo 16 que “Los funcionarios del cuerpo de las
categorías policial y técnica sólo
podrán ser removidos de sus cargos por las razones taxativamente enunciadas en
el Reglamento de esta Ley, y de conformidad con el procedimiento que allí se
establezca”. En el artículo 17 estableció que (Omissis...)...” el Reglamento establecerá las normas relativas
al ingreso, escalafón, transferencias, sueldos, jubilación, sanciones disciplinarias,
recompensas y protección y asistencia social”.
En consecuencia, el régimen disciplinario y su procedimiento fueron objeto
de expresa regulación legislativa, y fue la propia Ley, aún después de haberse derogado el Decreto
N° 48, la cual dispuso que los funcionarios sólo podrían ser sancionados por
las causas taxativamente establecidas en el Reglamento, que no puede ser otro
que el que ya había sido dictado, pues el mismo no ha sido sustituido ni
derogado por otro posterior. Además, si se toma en cuenta que la reforma
parcial de la Ley de Policía Judicial reprodujo textualmente los textos de los
artículos 16 y 17 citados, resulta concluyente que el Reglamento de Régimen
Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, dictado en fecha 17
de junio de 1965, recoge y desarrolla el régimen disciplinario estatuido
legalmente; por lo cual las normas contentivas de las faltas allí
contempladas y las sanciones que prescribe han sido establecidas con sujeción a
una ley y con expreso reconocimiento legislativo, por lo cual en modo
alguno resultan incompatibles con el texto legal posterior que derogó el
decreto con rango de ley, el cual dio origen a las normas reglamentarias, conservando
en consecuencia su plena validez y eficacia jurídica.
Se agrega a lo anterior que la Ley de Policía Judicial, así como su
posterior reforma, remiten la materia de régimen disciplinario y de
organización de personal, a un reglamento que debería ser dictado por la
Administración. Sin embargo, la inercia administrativa ha traído como
consecuencia que las normas que contiene el texto reglamentario de 1965, en
cuanto al régimen disciplinario dictado en ejecución del derogado Decreto N° 48
y las establecidas en el Reglamento de Administración de Personal del Cuerpo
Técnico de Policía Judicial dictado el 29 de julio de 1968, publicado en Gaceta
Oficial N° 28.688 de la misma fecha, mantengan su vigencia en todo lo no
regulado por la Ley posteriormente dictada. Así se declara.”
Conforme
a la decisión parcialmente transcrita, mal puede prosperar el alegato del
recurrente relativo a la ilegalidad del Reglamento tantas veces aludido. Así se
declara.
Ahora bien, en fecha 24 de noviembre de 2001, entró en vigencia el
Decreto con Fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.551,
Extraordinario, del 09 de noviembre del mismo año; cuerpo normativo que
expresamente deroga la Ley de Policía
Judicial y el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía
Judicial.
No obstante, en el caso de
autos, tanto las faltas imputadas al recurrente como el procedimiento
disciplinario sustanciado por la Administración, se desarrollaron bajo la
vigencia del Reglamento Interno del aludido órgano policial. De manera que, ratione
temporis, éste resulta ser el instrumento normativo aplicable al caso sub
júdice. Así también se declara.
Respecto a la alegada
violación del procedimiento legal establecido por haber obviado la
Administración “trámites fundamentales del procedimiento, tales como la
apertura del lapso probatorio...”, se observa:
Esta Sala ha precisado que la
prescindencia total y absoluta del procedimiento legal establecido, conforme al
ordinal 4º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
no se refiere a la violación de un trámite, requisito o formalidad o de varios
de ellos. El vicio denunciado sólo se justifica en los casos en los que no ha
habido procedimiento alguno o han sido violadas fases del mismo que constituyen
garantías esenciales del administrado, supuestos estos que son ajenos a la
situación que se analiza, en la cual estuvieron presentes los elementos
fundamentales de todo procedimiento sancionatorio.
En efecto, consta en las copias certificadas de las
actas administrativas, cursantes en autos,
Auto de Proceder y Acta Disciplinaria contentivas de la denuncia
interpuesta contra el recurrente y de la orden de inicio de la averiguación
administrativa correspondiente; la notificación a la Inspectoría General de los
Servicios de la apertura de la averiguación por parte de la Inspectoría Región
Aragua; las declaraciones indagatorias de los ciudadanos involucrados, la
declaración del mismo recurrente, las Actas Disciplinarias contentivas de las
diferentes diligencias practicadas por la Inspectoría Región Aragua; la
remisión de las actuaciones a la Inspectoría General del órgano policial, el
Informe y la propuesta del Inspector General de solicitar la medida de
destitución contra el actor y la correspondiente notificación al recurrente de
aquélla; el nombramiento y aceptación del defensor en la causa disciplinaria
a favor del recurrente y presentación del respectivo escrito de defensa,
apreciación y valoración por parte del Inspector General, del escrito de
descargos; solicitud de la medida de destitución contra el accionante,
presentada ante el Director General del Cuerpo por el Inspector General de los
Servicios y Cuenta al Director General del Cuerpo Técnico de Policía Judicial;
aprobación de la destitución y finalmente, la notificación al recurrente de la
sanción.
De manera que se
evidencia de lo expuesto, que la destitución fue dictada conforme a las
disposiciones establecidas para ello en el Reglamento de Régimen Disciplinario
del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.
Ahora bien,
específicamente respecto al lapso probatorio, con relación al cual el
recurrente señala que éste fue obviado por la Administración policial, es de
hacer notar, que en el escrito de defensa, oportunidad para la promoción de las
pruebas pertinentes, el funcionario defensor se limitó a justificar la conducta
del recurrente, sin promover prueba alguna, por lo que, mal podría evacuarse lo
inexistente.
Con relación a la
denunciada violación del derecho a la defensa, por haberse considerado
constreñido a declarar en su contra, de conformidad con los artículos 29 y 30
del Reglamento Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, recibidos
los recaudos que dan origen a la apertura de la averiguación administrativa, el
órgano encargado de la averiguación, deberá comenzar a instruir el expediente
respectivo y para ello, se tomarán declaraciones “...a cuantas personas se
considere necesario y al funcionario sujeto a investigación.” (Destacado
de la Sala)
Esta declaración del
funcionario investigado, no puede ser tomarse como pretenden los apoderados del
actor, como violatoria del derecho a la defensa, por cuanto es justamente, la
primera oportunidad que tiene el funcionario de defenderse de los hechos por
los cuales se le investiga, de desvirtuar las posibles acusaciones y aportar
los elementos de juicio necesarios que apoyen su defensa.
En el caso de autos,
del propio texto de la declaración se evidencia que el recurrente no fue
constreñido a declarar, como afirman sus apoderados, por el contrario, impuesto
el actor del hecho que averiguaba la Inspectoría Región Aragua, “manifestó
estar dispuesto a declarar y en consecuencia expuso...”.
En tal razón esta
Sala desestima el alegato de violación al derecho de defensa. Así se declara.
Respecto a la
presunta violación del derecho a la igualdad, se observa:
Este derecho ha sido interpretado
como el derecho de los ciudadanos a que no se establezcan excepciones o
privilegios que excluyan a unos lo que se le concede a otros, en paridad de
circunstancias. Es decir, que en virtud de este principio, no deben
establecerse diferencias entre los que se encuentran en las mismas condiciones.
La verdadera igualdad consiste en tratar de manera igual a los iguales y
desigualmente a los que no pueden alegar esas mismas condiciones y
circunstancias predeterminadas por la Ley, ya que estas no obedecen a
intereses de índole individual sino a la utilidad general.
Asimismo, en el caso sub júdice, la parte accionante no trajo a los autos algún medio de prueba que haga presumir que se encuentra en desigualdad frente a otros funcionarios que hayan estado o estén en las mismas circunstancias. El recurrente se limitó a señalar que la Administración no tomó en consideración las atenuantes a su favor “...como ha ocurrido en otros casos, en que si han graduado las sanciones a imponer a los funcionarios..”
En consecuencia, debe desestimarse la denuncia de violación del derecho a
la igualdad. Así se declara.
Por último, sostiene
al actor que la Administración incurrió el vicio de falso supuesto, tanto de
hecho como de derecho.
Esta Sala ha señalado que el vicio de falso supuesto se patentiza de dos maneras,
a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo,
fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados
con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto
de hecho. Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa
existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la
Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente
en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide
decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está
en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del
acto.
La Sala observa que en el
presente caso, las normas que sustentan jurídicamente la decisión
administrativa adoptada están contenidas en los artículos 11, literal b); 12,
literales a y d); y 16, literal i) del Reglamento de Régimen Disciplinario del
Cuerpo Técnico de Policía Judicial, los cuales establecen que la negligencia en el cumplimiento de las
órdenes del servicio, constituye una falta contra la diligencia obligatoria; el
incumplimiento de las órdenes relativas
al servicio y la omisión de información al superior, se consideran faltas contra la obediencia debida, y el
trato desatento o incorrecto al público, a funcionarios y otras autoridades
constituyen faltas contra la moral o el decoro social.
En el caso de autos denuncia
el actor, que la Administración le ha dado una interpretación errónea a los
artículos 11 y 12 del reglamento en cuestión. Sin embargo, independientemente
de que el actor no señala concretamente el motivo de tal errónea
interpretación, la Sala encuentra que ciertamente, como lo apreció la autoridad
administrativa, al practicar el recurrente el allanamiento a la residencia del
ciudadano WILLIAM ALEXIS MOLINA DÍAZ sin la debida boleta, el
actor no sólo fue negligente en el cumplimiento de las órdenes al servicio
(artículo 11, literal b, eiusdem)
sino que además incumplió una orden relativa al servicio, por cuanto
practicó el referido allanamiento aún sin los dos testigos y sin levantar el
acta correspondiente, (artículos 154 y 155 del Código de Enjuiciamiento
Criminal) tal como se evidencia de su propia declaración, rendida el 19 de
marzo de 1996, ante el funcionario instructor de la causa.(artículo 12,
literales a y d eiusdem). De manera que, en este sentido, la
Administración no incurrió en falso supuesto de derecho.
En cuanto a los hechos por
los cuales fue sancionado, sostiene el recurrente que éstos son inexistentes,
irreales y no fueron debidamente comprobados por la Administración, por lo que
se ha incurrido en un falso supuesto de hecho.
Ahora bien, de las copias
certificadas de las actas administrativas se desprende, que el actor sí
participó en el allanamiento ilegal a la residencia del denunciante, tal como
el mismo lo señaló en su declaración ante el funcionario instructor, pero
además, en la oportunidad de la denuncia, fue reconocido, tanto por el
denunciante como por su esposa.
Sobre los abusos en los que
incurrió el actor, al pretender detener
sin una orden, al ciudadano WILLIAM
ALEXIS MOLINA DÍAZ, corre inserto a los folios 160 y siguientes del expediente
llevado por esta Sala, copia certificada de la declaración que en calidad de
testigo rindiera el ciudadano BENJAMÍN
CASAS SOLÓRZANO, en fecha 4 de enero de 1998, en la que narró, como logró interceptar
la unidad en la que estaba siendo trasladado el denunciante, “en el Parque
Codazzi, antes de la Encrucijada” y de la entrevista sostenida con los
funcionarios, a fin de lograr que éste fuera liberado. Reconoció por demás, en
montaje fotográfico, al recurrente, como uno de los funcionarios que se llevaba
detenido al ciudadano WILLIAM ALEXIS MOLINA DÍAZ y con el que se entrevistó.
En consecuencia, debe la Sala desestimar la denuncia
de falso supuesto, tanto de hecho como de derecho. Así se declara.
Por lo expuesto, la actuación de la Administración
estuvo ajustada a derecho y así se declara.
IV
DECISIÓN
Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por los apoderados judiciales del ciudadano LUIS ENRIQUE VERGEL COVA, contra la Resolución Nº 1086 de fecha 27 de octubre de 1998, suscrita por el Ministro de Justicia, hoy Ministro del Interior y Justicia, notificada el 12 de enero de 1999, confirmatoria de la destitución acordada en su contra por el Director General del otrora Cuerpo Técnico de Policía Judicial, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Publíquese, regístrese y comuníquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vicepresidente,
YOLANDA
JAIMES GUERRERO
Magistrada-Ponente
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp N° 16238
YJG/ba
En veinticuatro (24) de
septiembre del año dos mil dos, se publicó y registró la anterior sentencia
bajo el Nº 01131.