EN SALA PLENA

 

Magistrado Ponente: RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO

Expediente Nº AA10-L-2006-000022

 

I

En fecha 29 de marzo de 2006, se dio cuenta en esta Sala Plena del oficio Nº 00-334, de fecha 15 de febrero de 2006, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, adjunto al cual se remitió el expediente que contiene la demanda ejercida por los abogados LUIS RODRÍGUEZ ALFONZO y ALEJANDRO CANÓNICO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 12.180 y 63.038, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de las ciudadanas RAIZA DEL VALLE ROJAS RONDÓN, YANIDA DEL VALLE BRITO, PURA JOSEFINA GÓMEZ DE SUBERO, LINA ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, FIDELINA RODRÍGUEZ DE ROJAS, FLOR MARGARITA VELÁSQUEZ, MAGALLY VELÁSQUEZ DE GIL, MORELIA PÉREZ, PETRICA SUBERO DE SUBERO, YULY MARÍA ROJAS, OLGA MARÍA FERNÁNDEZ DE JIMÉNEZ, ISELA JOSEFINA MILLÁN DE SALAZAR, MIRELLA ASUNCIÓN SALAZAR SILVA, MARÍA ELENA ARANBURO DE GUZMÁN, LISBETH GUTIÉRREZ ESPINOZA, ALICIA MERCEDES BRITO RODRÍGUEZ y BESTALIA MARÍA RODRÍGUEZ GUERRA, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 9.896.796, 9.305.430, 4.051.818, 3.826.022, 3.824.988, 5.475.191, 4.045.881, 12.224.627, 9.304.942, 12.224.901, 9.421.546, 4.649.421, 4.654.798, 10.790.655, 12.453.299, 4.050.376 y 5.473.429, respectivamente, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (CORPOSALUD) y solidariamente contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.

 

En esa misma fecha se designó Ponente al Magistrado DR. RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO, con el fin de resolver lo que fuere conducente.

 

En fecha 29 de marzo de 2007 se dejó constancia de la designación de la nueva Junta directiva  del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Efectuado el examen del expediente, esta Sala pasa a decidir conforme a las siguientes consideraciones:

 

II

ANTECEDENTES

En fecha 19 de agosto de 2004, los abogados LUIS RODRÍGUEZ ALFONZO y ALEJANDRO CANÓNICO, actuando con el carácter de apoderados judiciales de las ciudadanas antes identificados, interpusieron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de La Asunción, Estado Nueva Esparta, demanda contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (CORPOSALUD) y solidariamente contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, para que convengan o sean condenadas a pagar las cantidades de dinero que se les adeuda por concepto de cumplimiento de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, esto es, el beneficio de provisión de alimentación durante la jornada de trabajo.

En el libelo, los apoderados actores expresaron que sus representadas laboran como obreras al servicio de la Corporación de Salud del Estado Nueva Esparta, y que hasta la fecha de la interposición de su demanda no se les había pagado el beneficio previsto en la citada Ley.

 En fecha 23 de agosto de 2004, el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta admitió la demanda, y ordenó la notificación de los demandados, así como de la Procuraduría General del Estado Nueva Esparta, a los fines de la celebración de la Audiencia Preliminar.

Con posterioridad, en fecha 13 de junio de 2005, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, dictó sentencia mediante la cual se declaró incompetente por la materia para conocer de la presente acción, y declinó la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental.

En fecha 1º de julio de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, también se declaró incompetente, y en consecuencia, solicitó la regulación de competencia por ante la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal.

Mediante auto de fecha 15 de febrero de 2006, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental ordenó la remisión del expediente a esta Sala Plena.

III

DEL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA

 

                   El Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, mediante decisión de fecha 13 de junio de 2005, se declaró incompetente para conocer de la demanda de autos, con fundamento en las siguientes consideraciones:

 

“Este Juzgado, según se desprende del libelo y de la contestación de la demanda, observa que en actuaciones realizadas por ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Nueva Esparta, la representación sindical presentó formales reclamos por este concepto, cuyas negociaciones se iniciaron el 26 de noviembre de 2002, con la comparecencia de ambas partes, para lo cual en el despacho del trabajo se celebraron numerosas reuniones, y que mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2003, la Inspectora del Trabajo, concede las 120 horas para iniciar la huelga y abre una etapa de negociaciones a tal efecto, y, en fecha 16 de diciembre de 2003, mediante oficio Nº 212-03, dirigido a la ciudadana Ministra del Trabajo, solicita que dicha funcionaria fije los servicios mínimos y que hasta la oportunidad respuesta (sic) de la fijación de los servicios mínimos, no se ha agotado la vía administrativa, por tanto declina su competencia en razón de la materia por ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo con sede en el Estado Anzoátegui (sic), por cuanto es criterio Jurisprudencial vinculante para los Tribunales de la República que la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es la competente para resolver los conflictos que surjan con motivo de actos que se realicen en sede Administrativa, razón por la cual se abstiene de seguir conociendo la presente causa...”

                  

                   Por su parte, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, mediante sentencia de fecha 1º de julio de 2005, se declaró igualmente incompetente, por las razones siguientes:

 

“...resulta incomprensible a este Juzgado Superior que, ante una omisión de trámite administrativo (falta de respuesta de la Ministra del Trabajo), la juez de la decisión in comento señale que ‘estando pendiente la respuesta de la fijación de los servicios mínimos, no se ha agotado la vía administrativa’, razón por la que, según  su entender, debe pasar a conocer este Tribunal. Obviamente, si no está agotada la vía administrativa (y ello fuere relevante desde el punto de vista procesal, en el caso), lo que existe es una falta de jurisdicción frente a la Administración, no una incompetencia por la materia.

No observa, por otra parte, la Juez declinante que la competencia de este Tribunal en materia de relaciones de empleo en el sector público se limita al contencioso de los funcionarios (contencioso funcionarial), del cual están expresamente excluidos los obreros al servicio de la administración pública (artículos 1, parágrafo único, numeral 6, de la Ley del Estatuto de la Función Publica y 8, aparte segundo, de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que el conocimiento de los asuntos contenciosos que a tales obreros interesen corresponden a los tribunales laborales (artículos 11 de la Ley Orgánica del Trabajo y 1 y 29 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo).

En resumen, ni por la materia (cobro de beneficio laboral ordinario), ni por las personas (obreras al servicio de la administración pública), ni por el motivo (‘no estar agotada la vía administrativa’) que aduce la jueza del Juzgado de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, es competente en el caso este Juzgado Superior.”

 

 

IV

DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA PLENA

 

Debe esta Sala, en primer lugar, determinar su competencia para conocer y decidir sobre el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, para conocer de la demanda ejercida por el grupo de ciudadanos identificados con anterioridad, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (CORPOSALUD) y solidariamente contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, para que convengan o sean condenadas a pagar las cantidades de dinero que se les adeuda por concepto de cumplimiento de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores. En tal sentido, se observa:

 

El numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece que:

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

omissis…)

51. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido”.

Ahora bien, a los fines de determinar a cuál de las Salas de este Supremo Tribunal corresponde dirimir los conflictos de competencia suscitados entre tribunales que no tengan un superior común a ellos, esta Sala Plena ha señalado que debe atenderse al criterio de afinidad entre la materia debatida y las competencias de cada Sala, a menos que los tribunales en conflicto pertenezcan a distintas jurisdicciones, en cuyo caso la competencia corresponderá a esta Sala Plena. Así se estableció en la sentencia número 24, publicada en fecha 26 de octubre de 2004, caso Domingo Manjarrez, en la cual se señaló:

“Como puede observarse, en la norma transcrita todas las Salas de este máximo tribunal tienen atribuida competencia para decidir los conflictos de competencia de los tribunales, en el caso de que no exista otro tribunal superior y común a ellos. En este sentido, resulta competente esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la presente causa, toda vez que justamente el conflicto planteado versa en torno a cual es la materia objeto del proceso, ya que se presenta un conflicto negativo de competencia, en este caso entre tribunales con competencia agraria y tribunales con competencia civil, que no han asumido el conocimiento de la presente causa en tanto que ambos se consideran incompetentes para decidirlo. Consecuencia de lo anterior, es que establecer cuál es la Sala afín con la materia significaría determinar el fondo del asunto debatido en esta instancia, que no es otro que determinar la competencia según la materia para conocer del presente caso.

Así las cosas, debe esta Sala asumir la competencia a fin de establecer cuál es el tribunal competente para conocer de la demanda, especialmente porque es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la más apropiada para resolver los conflictos de competencia entre tribunales de distintas ‘jurisdicciones’ sin un superior común, no sólo por tener atribuida esta Sala la competencia, ya que todas las Salas la tienen, sino especialmente en razón de su composición, ya que reúne a los magistrados de todos los ámbitos competenciales, lo que permite en esta instancia analizar de mejor manera y desde todos los puntos de vista, a qué tribunal debe corresponder conocer de una causa en la que haya duda sobre cuál juzgado deba conocerla en cuanto a la competencia por la materia. Así se declara”.

            Dicho criterio fue reiterado por esta Sala en la sentencia 1, publicada el 17 de enero de 2006, caso José Miguel Zambrano, en el cual se expuso:

“…puede surgir sí una problemática para los supuestos en que los tribunales en conflicto pertenezcan a distintas jurisdicciones, y donde, prima facie no resulta posible determinar cuál es la naturaleza o carácter del asunto debatido.

En estos últimos casos, se sostenía que la competencia le correspondía a la Sala de Casación Civil, fundamentándose tal criterio en que la actuación de esa Sala se rige eminentemente por las normas del derecho procesal civil y la regulación de competencia es una institución propia de este derecho (vid. sentencia de la Sala Plena de este Máximo Tribunal dictada en el Exp. 535 de fecha 7 de marzo de 2001).

No obstante lo anteriormente expuesto, posteriormente mediante sentencia 24 dictada por esta Sala Plena en fecha 22 de septiembre de 2004, publicada el 26 de octubre del mismo año, se abandonó tal criterio, al considerarse que era la propia Sala Plena de este Máximo Tribunal la competente para dirimir el conflicto de competencia planteado entre tribunales con distintas jurisdicciones…”.

En el caso de autos, se ha planteado un conflicto negativo de competencia entre dos tribunales que pertenecen a distintas jurisdicciones (en este caso, laboral  y contencioso administrativo), por lo cual, de conformidad con el criterio antes expuesto, esta Sala Plena se declara competente para conocer y decidir el conflicto negativo de competencia planteado. Así se decide.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Determinada la competencia de esta Sala Plena para conocer del presente conflicto negativo de competencia, se pasa a resolver cuál es el órgano competente para decidir la demanda que cursa en autos, y a tal efecto se observa: 

 

En el libelo que dio inicio a este juicio, los apoderados de la parte actora afirmaron que sus representados “laboran como Obreros al servicio de la Corporación de Salud del Estado Nueva Esparta”, que es un Instituto Autónomo adscrito a la Gobernación del referido Estado, y su pretensión es que se ordene el pago de las cantidades de dinero debidas en cumplimiento de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores.

 

En síntesis, se trata de una reclamación de carácter laboral ejercida por un grupo de trabajadores, que se definen como “obreros”, cuyo patrono es un ente de  carácter público.

 

En tal sentido, se observa que el artículo 146 de la Constitución hace una clasificación de los cargos que ocupan los trabajadores al servicio de los órganos de la Administración Pública en la forma siguiente:

 

“Artículo 146: Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley” (subrayado añadido).

 

            Por otra parte, la Ley del Estatuto de la Función Pública señala:

 

Artículo 1. La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, lo que comprende:

(…)

Parágrafo Único: Quedarán excluidos de la aplicación de esta Ley:

(…)

6. Los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública”.

 

Asimismo, el último aparte del artículo 8 de la Ley Orgánica de Trabajo dispone que “Los obreros al servicio de los entes públicos estarán amparados con las disposiciones de esta Ley”.

 

Del examen conjunto de las normas citadas se concluye que los obreros al servicio de la Administración Pública están excluidos del régimen estatutario que rige para los funcionarios públicos, siéndoles aplicables las disposiciones comunes del derecho del trabajo, lo cual supone que las controversias de naturaleza laboral que se susciten entre los obreros y los entes de la Administración Pública deben ser resueltas por los tribunales pertenecientes a la jurisdicción laboral, y no por los tribunales contencioso-administrativos.

 

En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala Plena, en casos análogos al de autos, en los cuales ha señalado:

 

“Del estudio de las actas se concluye, que la relación existente entre los demandantes y la Corporación de Salud del estado Nueva Esparta es de carácter laboral, por tratarse de obreros al servicio de la Administración Pública, quedando éstos excluidos de la aplicación del estatuto de la Función Pública, es decir de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que es concluyente para esta Sala, que la presente causa debe ser decidida por el Tribunal de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, tal como se declarará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide” (sentencias de la Sala Plena Nros. 65 y 66 del 5/12/2006, casos: Yineida María Fernández Velásquez y otros; y Malbina Zabala de Vásquez y otros, respectivamente).

 

Por otro lado, del escrito presentado por la parte actora no se observa la impugnación de algún acto administrativo, ni tampoco que se haya accionado contra la actuación u omisión de los órganos administrativos del trabajo, como parece haberlo malentendido el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en la sentencia del 13 de junio de 2005. Por el contrario, en el presente caso, se evidencia que un grupo de obreros de la Corporación de Salud del Estado Nueva Esparta demandaron una reclamación concreta e individual, que es el pago de un beneficio que, según exponen su apoderados, les corresponde de conformidad con la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores y la Convención Colectiva que los rige, lo cual es una materia que corresponde decidir a los tribunales laborales, por las razones antes expuestas. De allí que, esta Sala Plena considera que ha sido incorrecta la declinatoria que dicho Juzgado efectuó en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental.

 

Por las consideraciones expuestas, esta Sala Plena declara que corresponde al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta seguir conociendo de la demanda interpuesta por los abogados LUIS RODRÍGUEZ ALFONZO y ALEJANDRO CANÓNICO, actuando con el carácter de apoderados judiciales de las ciudadanas RAIZA DEL VALLE ROJAS RONDÓN, YANIDA DEL VALLE BRITO, PURA JOSEFINA GÓMEZ DE SUBERO, LINA ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, FIDELINA RODRÍGUEZ DE ROJAS, FLOR MARGARITA VELÁSQUEZ, MAGALLY VELÁSQUEZ DE GIL, MORELIA PÉREZ, PETRICA SUBERO DE SUBERO, YULY MARÍA ROJAS, OLGA MARÍA FERNÁNDEZ DE JIMÉNEZ, ISELA JOSEFINA MILLÁN DE SALAZAR, MIRELLA ASUNCIÓN SALAZAR SILVA, MARÍA ELENA ARANBURO DE GUZMÁN, LISBETH GUTIÉRREZ ESPINOZA, ALICIA MERCEDES BRITO RODRÍGUEZ y BESTALIA MARÍA RODRÍGUEZ GUERRA, antes identificadas, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (CORPOSALUD) y solidariamente contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.  Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

            Con base en los razonamientos antes expresados, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara:

 

            PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.

 

            SEGUNDO: Que el TRIBUNAL COMPETENTE para seguir conociendo de la presente causa es el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. En consecuencia, se ordena remitir las presentes actuaciones al referido Juzgado.

           

            Publíquese y regístrese.  Notifíquese de la presente decisión, mediante oficio, al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.

 

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil siete (2007). Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

 

La Primera Vicepresidenta,                                                       El Segundo Vicepresidente,

 

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS                                              LUIS ALFREDO SUCRE CUBA

 

 

Los Directores,

 

 

 

EVELYN MARRERO ORTIZ                                               YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

 

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO                           YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

 

 

LIUS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ                                               ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE                                           JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ                                                    LEVIS IGNACIO ZERPA

 

 

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI                                                   ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ                         BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

 

ALFONSO VALBUENA CORDERO                          FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

EMIRO GARCÍA ROSAS                                 RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO

                                                                                                       Ponente

 

 

 

 

FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA                    JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN

 

 

 

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ                                HÉCTOR CORONADO FLORES

 

 

 

LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ           CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN                          CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES                       ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

OLGA M. DOS SANTOS P.