EN SALA ESPECIAL PRIMERA

 

MAGISTRADA PONENTE: INDIRA ALFONZO IZAGUIRRE

Expediente No. AA10-L-2017-000093

I

            Adjunto al Oficio N° TH12OFO2017000280, del 11 de julio de 2017, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo , remitió a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, expediente contentivo de “(…) Recurso de Nulidad (…), interpuesto por el ciudadano CESAR AUGUSTO MOGOLLÓN, titular de la cédula de identidad N° V-4.666.568, debidamente asistido por el abogado Rubén Rondón, inscrito en el Inpreabogado N° 38.886, contra el acto administrativo N° 235 de fecha 25 de marzo de 2013 dictado por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.

 

Dicha remisión se efectuó respecto al conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo y el Juzgado Superior estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo.

 

Mediante Resolución N° 2016-0002 del 3 de febrero de 2016, la Sala Plena de este Máximo Tribunal, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, creó dos Salas Especiales que se denominan Sala Especial Primera y Sala Especial Segunda (…) para el conocimiento y decisión de expedientes que han sido remitidos y que en el porvenir lo sean, a la Sala Plena, para la correspondiente regulación de competencia o resolución de conflictos de competencia que hayan surgido entre tribunales que no tienen un superior común y que pertenecen a ámbitos competenciales distintos (…)”. (Artículo 1 de la aludida Resolución).

 

En sesión de fecha 24 de febrero de 2017, fue reconstituida la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva del Máximo Tribunal para el periodo 2017- 2019, quedando integrada de la siguiente manera: Presidente Magistrado Maikel José Moreno Pérez, Primera Vicepresidenta Magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, Segundo Vicepresidente Magistrado Juan José Mendoza Jover, y los Directores Magistrada María Carolina Ameliach Villaroel, Magistrado Yván Darío Bastardo Flores, y la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero.

 

Así, la Sala Especial Primera de la Sala Plena de este alto Tribunal quedó conformada por la Magistrada Doctora Indira Alfonzo Izaguirre, quien la preside, y los Magistrados Doctores Malaquías Gil Rodríguez y Jhannett María Madriz Sotillo, la cual se constituye para decidir la regulación de competencia planteada en esta causa.

 

Por auto del 9 de octubre de 2017 se dio cuenta en Sala Plena y, se designó ponente a la Magistrada INDIRA ALFONZO IZAGUIRRE.

 

Corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Especial Primera de la Sala Plena, pronunciarse a partir de las siguientes consideraciones:

 

II

ANTECEDENTES

 

Mediante escrito presentado en fecha 03 de mayo de 2017 por ante el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, el ciudadano Cesar Augusto Mogollón, asistido por el abogado Rubén Graterol, solicitó fuese “revocada” la Resolución N° 235 de fecha 25 de marzo de 2013 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual le fue concedido el beneficio de Jubilación con un porcentaje de ochenta por ciento (80%), que alega no le fue notificada.

 

Por auto de fecha 09 de mayo de 2017, el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, se declaró incompetente en razón de la materia, y acordó declinar el conocimiento de la demanda en el Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo.

 

Mediante decisión de fecha 11 de julio de 2017, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, se declaró incompetente para conocer de la presente causa, planteando el conflicto de no conocer de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, y ordenando la remisión del expediente a la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

III

DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO DE NULIDAD

 

El 3 de mayo de 2017, el ciudadano Cesar Augusto Mogollón, antes identificado, en el escrito del recurso interpuesto alegó lo siguiente (folios 1 al 14 del expediente):

 

Señaló que, “El día 13 DE ABRIL DE 1.970, ingrese a trabajar para la FUNDACIÓN TRUJILLANA DE LA SALUD DEL ESTADO TRUJILLO, (…) prestando mi servicios como: OBRERO, en el cargo de Auxiliar de Enfermería GRADO 8.” (Mayúsculas y negrillas de la cita).

 

Indicó “…que sin razón alguna la ciudadana: EUCARIS MÁRQUEZ, en su condición de DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FUNDACIÓN TRUJILLANA DE LA SALUD DEL ESTADO TRUJILLO, (…) me manifestó de manera VERBAL que efectivamente yo estaba en proceso de jubilación como OBRERO en el cargo de Auxiliar de Enfermería, en la FUNDACIÓN TRUJILLANA DE LA SALUD DEL ESTADO TRUJILLO, sin alegar causa jurídica alguna o pruebas que demuestre que realmente estoy jubilado mediante una resolución ya que nunca se me ha notificado; y todo acto administrativo de efecto particular tiene que ser notificado a su interesado, para que no se violenten los derechos laborales, notándose así la continuidad de la violación de mis derechos laborales ya que el Ministerio del Poder Popular para la Salud emitió una resolución numero 235, de fecha 25 de Marzo de 2013, la cual nunca me fue notificada, violentado las Normas Constitucionales como es el artículo 80 91 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…” (Mayúsculas, subrayado y negrillas de la cita).

 

Que, “…existe una Sentencia del Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, de fecha 24 de Abril de 2008, donde se consagró el derecho a mi jubilación con el 100%, y posteriormente se emitió una resolución numero 235, de fecha 25 de Marzo de 2013, con un porcentaje de 80% la cual nunca me fue notificada y la cual violenta la sentencia del Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, de fecha 24 de Abril de 2008, donde se consagro el derecho a mi jubilación con el 100%, por lo que solicito LA RESTITUCIÓN A LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA, por cuanto he sido desincorporado de nómina, en tal sentido interpongo el Recurso de Nulidad contra el acto administrativo de efecto particular emanado del Ministerio del Poder Popular para la Salud…”.(Negrillas y mayúsculas de la cita).

 

Que, “El Ministerio del Poder Popular para la Salud, incurre en el VICIO DE INMOTIVACIÓN, al abstraerse de su obligación de establecer el razonamiento seguido para llegar a la conclusión en mi contra, pues para llegar a esa conclusión, simplemente toma (da por bueno) las solas afirmaciones de la parte actora, sin escuchar mi opinión ni mis alegatos soto se limita a emitir una resolución violentado la sentencia dictada por el Tribunal Superior del trabajo del Estado Trujillo…”. (Negrillas de la cita).

 

Finalmente, “…solicito se declare con Lugar el presente Recurso de Nulidad del Acto Administrativo y sea revocada la mencionada resolución N-235 administrativa emitida o suscrita por el Director General de la Oficina de Recurso Humanos fundamentándome en la tutela efectiva de los derechos, el debido proceso y en la irrenunciabilidad de los derechos laborales ya que mi patrono es la entidad de trabajo la Fundación Trujillana de la Salud del Estado Trujillo y no el Ministerio del Poder Popular para la Salud, ya que violenta la Sentencia del Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, de fecha 24 de Abril de 2008, donde se consagró el derecho a mi jubilación con el 100%, y posteriormente se emitió una resolución número 235, de fecha 25 de Marzo de 2013, con un porcentaje de 80% la cual nunca me fue notificada (…) por lo que solicito LA RESTITUCIÓN A LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA, y decrete la nulidad de la mencionada resolución…”. (Negrillas y mayúsculas de la cita).

 

IV

DEL CONFLICTO DE NO CONOCER ENTRE TRIBUNALES

 

El conocimiento de la presente causa le correspondió inicialmente al Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, el cual en fecha 9 de mayo de 2017, se declaró incompetente y declinó la competencia en razón de la materia ante el (…) Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo (…)”, con base en los siguientes argumentos:

 

Determinado lo anterior, corresponde a este Juzgado, revisar su competencia para conocer el caso sub iudice, esto es, el recurso interpuesto, y para ello, se hace necesario revisar cada uno de los alegatos esgrimidos en el escrito libelar, lo pretendido con el recurso, así como, los recaudos acompañados.

En este sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 39.451 del veintidós (22) de junio de 2010, prevé en el artículo 25 numeral 6 que:

"Artículo 25:  "Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: (...)

6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley.

En criterio de este Juzgador, y en virtud de la norma supra transcrita se colige, que los Jueces Superiores Contenciosos Administrativos del lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia, deben conocer de la impugnación de los actos administrativos concernientes a la función pública, ello en aplicación de los principios de orden constitucional relativos al juez natural y al criterio de especialidad de acuerdo a la materia de que se trate, previstos en los artículos 26 y 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Siendo ello así, este Juzgado pasa a revisar si en el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, se cumplen con los requisitos establecidos en la norma supra transcrita, y al efecto se observa, de la Resolución número 235, de fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015), que el ciudadano ALÍ ANTONIO MANRQUE CONTRERAS, en su condición de de Director General de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Resolvió:

"Artículo 1. Otorgar Jubilación de Derechos al ciudadano Mogollón Cesar Augusto, titular de la cédula de identidad № 4.666.568 de 56 años de edad y 39 años de servicio, quien desempeñaba e/ cargo de auxiliar de enfermería generando un pensión del 80% sobre el sueldo promedio de los últimos 12 meses para un monto minimo urbano de conformidad a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela"(...) Artículo 2. notifíquese al interesado de la presente Resolución.

Es preciso señalar, que la calificación realizada en su escrito libelar por la parte demandante es de "obrero, en el cargo de Auxiliar de enfermería Grado 8 én la Fundación Trujillana de la Salud del Estado Trujillo".

En atención a lo anterior, y a los fines de determinar a quien corresponde la competencia en la presente causa, este Tribunal se permite citar el artículo 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 37.522 del seis (06) de septiembre de 2002, el cual dispone lo siguiente:

"Artículo 1. La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarías públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, lo que comprende: (...)

Parágrafo Único: Quedarán excluidos de la aplicación de

esta Ley:

(...)

6. Los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública:

(...)".(Resaltado del Tribunal).

Por otra parte, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras establece:

"Artículo 6°. Los funcionarios públicos y funcionarías públicas nacionales, estadales o municipales se regirán por las normas sobre la función pública en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen jurisdiccional; y por los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos. Los funcionarios públicos y funcionarías públicas que desempeñen cargos de carrera, tendrán derecho a la negociación colectiva, a la solución pacifica de los conflictos y a ejercer el derecho la huelga, de conformidad con lo previsto en esta Ley, en cuanto sea compatible con la naturaleza de los servicios que prestan y con las exigencias de las Administración Pública.

Los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas al servicio de la Administración Pública Nacional. Estadal y Municipal, centralizada y descentralizada, se regirán por las normas contenidas en esta Lev, la de Seguridad Social y su contrato de trabajo. Los obreros y obreras al servicio de los órganos y entes público nacionales, estadales y municipales, centralizados y descentralizados, estarán amparados y amparadas por las disposiciones de esta Lev y la Seguridad Social. El tiempo desempeñado en la administración pública nacional, estadal y municipal, centralizada y descentralizada, será considerado para todos los efectos legales contractuales como tiempo de servicio efectivamente prestado y computado a la antigüedad". (Resaltado de este Juzgado).

De las normas parcialmente citadas supra, se desprende que aquellos trabajadores que laboren como trabajadores contratados o contratadas y los obreros y obreras para entes de la Administración Pública están excluidos del régimen estatutario que rige para los

funcionarios públicos y su relación laboral se regirá de acuerdo a las disposiciones comunes del derecho del trabajo, por ende mal podría conocer de dichos casos la jurisdicción contencioso administrativa, siendo los competentes los Juzgados Laborales.

En este sentido, quien suscribe considera pertinente transcribir parte de la Sentencia № 61, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 22 de febrero de 2007, publicada el once (11) de abril de 2007, a través de la cual dicha sala se pronunció con relación a la competencia de aquellas controversias de naturaleza laboral que se susciten entre los obreros y los entes de la Administración Pública, entre otras, señalando que:

"Del examen conjunto de las normas citadas se concluye que - los obreros al servicio de la Administración Pública están excluidos del régimen estatutario que rige para los funcionarios públicos, siéndoles aplicables las disposiciones comunes del derecho del trabajo, lo cual supone que las controversias de naturaleza laboral que se susciten entre los obreros v los entes de la Administración Pública deben ser resueltas por los tribunales pertenecientes a la jurisdicción laboral, y no a los tribunales contencioso-administrativos. En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala Plena, en casos análogos al de autos, en los cuales ha señalado: Del estudio de las actas se concluye, que la relación existente entre los demandantes y la Corporación de Salud del estado Nueva Esparta es de carácter laboral, por tratarse de obreros al servicio de la Administración Pública, quedando éstos excluidos de la aplicación del estatuto de la Función Pública, es decir de la- competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que es concluyente para esta Sala, que la presente causa debe ser decidida por el Tribunal de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, tal como se declarará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide" (sentencias de la Sala Plena Nros. 65 y 66 del 5/12/2006, casos: Yineida María Fernández Velásquez y otros; y Malbina Zabala de Vásquez y otros, respectivamente).

En el criterio jurisprudencial supra trascrito, se ratifica lo señalado por este Tribunal en líneas anteriores, en cuanto a que, los obreros que laboran para entes de carácter público se encuentran excluidos de la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, y dicha relación laboral, se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras, y por ende los Juzgados competentes para conocer de las controversias que se susciten entre estos y la Administración Pública serán los Juzgados Laborales. (Ver Sentencia: número 15, de fecha quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), sala plena del Tribunal Supremo de Justicia)

En razón a lo anterior, concluye este Tribunal que las controversias de naturaleza laboral que se susciten entre los obreros y los entes de la Administración Pública deben ser resueltas por los Tribunales pertenecientes a la Jurisdicción Laboral, y no a los Tribunales Contencioso Administrativos. En razón a ello, debe este Juzgado declararse INCOMPETENTE para conocer la presente causa. Así se establece.

Por las consideraciones antes expuestas, dado lo pretendido por la parte actora se circunscribe a la declaratoria de nulidad del acto administrativo emitido por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, en virtud de una relación de naturaleza laboral v no funcionarial, este tribunal declina la COMPETENCIA, al Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, para que conozca del presente recurso. Así se decide.

Siendo ello así, este Tribunal se declara INCOMPETENTE y ORDENA su remisión, a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo. Así se decide. (Mayúsculas, subrayado y negrillas de la cita).

 

 

En fecha 11 de julio de 2017, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, se declaró incompetente, en los siguientes términos:

 

Quien aquí decide, verifica de los alegatos del accionante que la petición que realiza, a pesar de las contradicciones en que incurre en su escrito Libelar, está dirigida a obtener la Nulidad de un Acto Administrativo emanado de un órgano de la Administración Pública Nacional, esto es el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, que fue el órgano que dictó la Resolución de Jubilación al accionante de autos, y en el presente caso, no se está en presencia de una controversia de naturaleza laboral entre el accionante y su patrono, ya que ciertamente es un Obrero y su régimen legal se rige por la Ley Orgánica del Trabajo Los Trabajadores y Las Trabajadores, y que su Patrono fue la Fundación Trujillana de la Salud, Fundación del Estado y que no contempla a sus trabajadores un régimen funcionarial, tal como lo ha sostenido en numerosos fallos reiterados la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y adicionalmente se observa que, efectivamente el Tribunal Superior Laboral fue en el año 2008 quién falló a favor del accionante de autos cuando este demandó para obtener el Beneficio de Jubilación, lo cual es competencia de los Tribunales Laborales. Sin embargo, en el presente caso, el accionante de autos, demanda la Nulidad del acto Administrativo por el cual el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, le otorga a través de Resolución el Beneficio de la Jubilación, acto administrativo de efectos particulares, emanado de un organismo de la Administración Pública Nacional por ser un Ministerio, y cuya nulidad está expresamente regulada en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con lo cual no se trata de una controversia dirigida a regular relaciones obrero patronales ni con ocasión de su trabajo, sino por la Manifestación de Voluntad de un Ente público.

La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo en el artículo 25 ordinal 3 establece lo siguiente.

Artículo 25: Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:

….

3.Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.”

(…)

En consecuencia, de conformidad con dicho criterio jurisprudencial, el cuál ha sido pacifico y reiterado, no queda duda alguna que los TRIBUNALES LABORALES SON COMPETENTES para conocer de los Recursos de Nulidad de los actos Administrativos emanados de las INSPECTORIAS DEL TRABAJO, mas no así de los Actos Administrativos emanados de las Autoridades de la Administración Pública Nacional ni de ningún otro órgano de la Administración distinto a las INSPECTORIAS DEL TRABAJO, razón por la cual no puede esta juzgadora invadir la esfera jurisdiccional de otro Tribunal o atribuirse competencias que no le han sido otorgadas a pesar de que se trata de un obrero, que estuvo al servicio de un órgano de la Administración Pública.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara que NO ACEPTA la Competencia que le fuera declinada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante auto de fecha: 09 de Mayo de 2017, para conocer del presente Recurso de Nulidad interpuesto (…) ordenándose remitir mediante oficio las presentes actuaciones a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con el artículo 24 ordinal 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 70 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. (Mayúsculas, subrayado y negrillas de la cita).

 

 

 

 

 

V

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

 

Analizado el iter procesal, la Sala advierte que el conflicto de no conocer surge entre el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, y el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, quien por ser el segundo tribunal en declararse incompetente solicitó la regulación de competencia, conforme lo previsto en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil.

 

En efecto, corresponde a esta Sala Especial Primera de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre su competencia para conocer y decidir la regulación de la competencia oficiosa, para lo cual observa:

 

El artículo 70 del Código de Procedimiento Civil regula el conflicto competencial surgido entre dos (2) jueces que se abstienen de resolver el asunto, por considerar que carecen de competencia en el ejercicio de sus funciones “(…) en razón de la materia o por el territorio (…)”, en cuyo caso debe plantearse de oficio la regulación de competencia.

 

Por su parte, el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, establece que el órgano jurisdiccional competente para conocer los conflictos de competencia surgidos entre jueces que se abstienen de conocer de la causa, en sentido jerárquico debe ser el Tribunal Superior común de la circunscripción correspondiente, y en su defecto, por la Corte Suprema de Justicia, si no hubiere un tribunal superior común a ambos jueces en la circunscripción, en cuyo caso la solicitud deberá remitirse a la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) para que decida la regulación, no obstante, no establece cuál de las Salas que lo conforman es la competente.

 

El segundo supuesto previsto en el código adjetivo se subsume en  el numeral 3 del artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 5991 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010, reimpresa por errores materiales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.483 del 9 de agosto de 2010 y número 39.522 del 1° de octubre de 2010, al disponer que es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la competente para decidir tal controversia, en los términos siguientes:

 

Artículo 24. Son competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:

(…omissis…)

3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos.

 

En concordancia con lo anterior, en sentencia de Sala Plena N° 1 publicada el 17 de enero de 2006, criterio reiterado en sentencia N° 15 de esta Sala Especial Segunda de Sala Plena del 09 de agosto de 2016, caso: Ángel Rosendo Petit Dugarte, estableció (…) que corresponde a la Sala Plena asumir el conocimiento de aquellos asuntos que, según la materia, requieran el  examen y decisión de Salas distintas, por estar conformada por los Magistrados de todas las Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia, entre las cuales es distribuida la función jurisdiccional, para conocer a nivel nacional de las diversas materias reguladas en nuestro ordenamiento jurídico (…)”.

 

Visto que en el presente caso se planteó un conflicto de no conocer entre tribunales que pertenecen a distintos ámbitos competenciales (jurisdicción Contencioso Administrativa y jurisdicción del Trabajo), no existiendo una Sala afín a ambos para pronunciarse del conflicto surgido, esta Sala Especial Primera de la Sala Plena, conforme con las premisas antes descritas, asume la competencia para conocer el referido conflicto y decidir la regulación de competencia oficiosa planteada. Así se decide.

 

VI

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

 

Una vez determinada la competencia de esta Sala Especial Primera de la Sala Plena para conocer del presente conflicto de competencia, pasa a determinar el órgano al cual corresponde conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto en fecha 03 de mayo de 2017, por el ciudadano Cesar Augusto Mogollón, contra el acto administrativo N° 235 de fecha 25 de marzo de 2013 dictado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

 

Así, mediante sentencia de fecha 09 de mayo de 2017, el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, dictó decisión mediante la cual se declaró incompetente en razón de la materia y por consiguiente, declinó la competencia en el “Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción del Estado Trujillo”, que por distribución correspondió al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, quien mediante sentencia de fecha 11 de julio de 2014, se declaró incompetente con fundamento en que el acto recurrido emana de una autoridad de la Administración Pública, por lo cual señaló que no es competente la jurisdicción laboral, planteando así el conflicto de no conocer ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

           

Ahora bien, resulta necesario establecer, en el presente caso, la naturaleza del vínculo jurídico existente entre las partes, a los fines de determinar el derecho sustantivo aplicable a la reclamación formulada. 

 

            En este sentido, observa la Sala que el recurrente afirma, tal y como se desprende del escrito presentado en fecha 03 de mayo de 2017, inserto en los folios 01 al 14 del expediente, haber mantenido con la “Fundación Trujillana de la Salud del estado Trujillo” una relación de trabajo, “prestando mis servicios como: OBRERO, en el cargo de Auxiliar de Enfermería GRADO 8”.

 

En este orden, es menester señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera, salvo aquellos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados, los obreros y los demás que determine la ley.

 

En concordancia con la citada disposición constitucional, la Ley del Estatuto de la Función Pública establece:

 

Artículo 1 La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, lo que comprende:

(…)

Parágrafo Único:

Quedarán excluidos de la aplicación de esta Ley:

(…)

6. Los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública.

            Del análisis de las normas citadas, se evidencia que los obreros al servicio de la Administración Pública están excluidos del régimen estatutario que rige las relaciones de los funcionarios públicos.

Con base en lo anterior, la Sala Plena dictó sentencia N° 9 del 20 de noviembre de 2013, publicada en fecha 30 de enero de 2014, donde indicó:

 

En congruencia con lo precedentemente expuesto y, específicamente, en razón de que la polémica que suscita la controversia competencial objeto de la presente decisión, se centra en el hecho de existir valoraciones distintas acerca del carácter del vínculo jurídico que unió al demandante con el ente público accionado, a propósito de la prestación de servicios personales y remunerados, resulta procedente a juicio de esta Sala Plena en atención a las labores que realizaba el ciudadano Henrry Oswaldo Martínez Zarate a favor de la Contraloría del Municipio San Francisco del estado Zulia, concluir que la labor que realizaba el premencionado ciudadano, vale decir, chofer adscrito al Despacho del Contralor Municipal, presenta como rasgo esencial caracterizante el predominio del esfuerzo manual, por tanto, se subsume en la calificación de obrero.

Por consiguiente, siendo que el demandante es un obrero al servicio de un ente de la administración pública municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Trabajo (ley vigente para el momento de la interposición de la acción), lógicamente no le es aplicable la preceptiva contemplada en el estatuto de la función pública, pues, en atención a lo previsto en el numeral primero (1°) del Parágrafo Único del artículo primero (1°) de la Ley del Estatuto de la Función Pública, las obreras y obreros quedan excluidos de la aplicación del precitado estatuto funcionarial.

A mayor abundamiento, cabe agregar que el desarrollo legislativo y jurisprudencial que se ha experimentado en los últimos tiempos sobre esta materia, encuentra su fundamento constitucional en el artículo 146 de nuestra Carta Magna, en cuyo precepto el constituyente patrio hace una clasificación de los cargos que ocupan los trabajadores al servicio de los órganos de la Administración Pública, exceptuando para ocupar cargos en la Administración Pública, entre otros, a las obreras y obreros.

Por tanto, tratándose de que en la presente causa se reclama un asunto con ocasión a la relación de trabajo que existió entre la parte accionante y la parte demandada, es impretermitible para esta Sala Plena en un todo de acuerdo con lo estatuido el numeral 4 del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, atribuir la competencia para que conozca del presente juicio a la jurisdicción especial del trabajo, específicamente, al Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Así se decide.

 

            En ese contexto, analizadas las actas que conforman el expediente se aprecia que la relación que señala el actor haber mantenido con la “Fundación Trujillana de la Salud del estado Trujillo”, encuadra dentro de los supuestos de las normas antes citadas, referido al personal obrero al servicio de la Administración Pública, por lo cual, la tramitación de las demandas con ocasión de esa relación jurídica, deben ser conocidas y decididas por los tribunales de la jurisdicción especial del trabajo. (Vid. Sentencia Sala Especial Primera Nº 10 de fecha 26 de Junio de 2013).

 

            Por fuerza de los argumentos precedentes, esta Sala Plena determina que competencia para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano Cesar Augusto Mogollón, contra la Resolución N° 235 de fecha 25 de marzo de 2013 dictado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual le fue concedido el beneficio de Jubilación con un porcentaje de ochenta por ciento (80%), le corresponde al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo. Así se decide.   

 

VII

DECISIÓN

 

Por las anteriores razones de hecho y de derecho, esta Sala Especial Primera de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara:

 

PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, y el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.

 

SEGUNDO: Que el TRIBUNAL COMPETENTE para conocer y decidir el presente recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano CESAR AUGUSTO MOGOLLÓN, contra el acto administrativo N° 235 de fecha 25 de marzo de 2013 dictado por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, es el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo. En consecuencia, se ordena la remisión del expediente al referido juzgado.

 

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Especial Primera de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

 

La Magistrada Presidenta de la Sala Especial Primera

 

 

 

 

INDIRA ALFONZO IZAGUIRRE

                                                                 Ponente

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ                     JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO

 

El Secretario

 

 

 

 

JULIO CÉSAR ARIAS

 

IMAI/

Exp. No. AA10-L-2017-000093