EN

Sala Plena

Sala especial Primera

MAGISTRADO PONENTE: MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

Expediente Nº AA10-L-2011-000171

 

I

 

El veintidós (22) de febrero de dos mil once (2011), se recibió en la Secretaría de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, oficio número 1.590/2011, de fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011), procedente del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, adjunto al cual se remitió expediente con alfanumérico GP02-0-2010-000026 (nomenclatura de ese juzgado), contentivo de “…AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR, CON ACCIÓN DE CARENCIA O ABSTENCIÓN, Y SUBSIDIARIAMENTE PRETENSIÓN DE RECLAMOS DE DINERO…” (mayúsculas del original).

 

Dicha remisión obedece a la regulación de competencia solicitada de oficio por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, en virtud del conflicto negativo suscitado, luego de la declinatoria de competencia que realizó el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo.

 

El quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), los ciudadanos Orlando Abinazar Moreno y Argenis Flores Flores, titulares de las cédulas de identidad números 9.535.350 y 3.571.991, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 34.756 y 16.122, respectivamente, actuando como apoderados judiciales del ciudadano Antonio Elías Abinazar Moreno, titular de la cédula de identidad número 3.576.577, presentaron diligencia ante la Secretaría de la Sala Plena a los fines de solicitar que se “…dicte la decisión que corresponde al conflicto de competencia planteado en este expediente”.

 

El veintidós (22) de noviembre de dos mil once (2011) se designó ponente al Magistrado JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, con el fin de resolver lo que fuere conducente.

 

El once (11) de octubre de dos mil doce (2012), los ciudadanos Orlando Abinazar Moreno y Argenis Flores Flores, ya identificados, actuando como apoderados judiciales del ciudadano Antonio Elías Abinazar Moreno, identificado anteriormente, presentaron diligencia ante la Secretaría de la Sala Plena a los fines de solicitar que “…se dicte la decisión correspondiente en el expediente contentivo al conflicto de competencia…”.

 

El cinco (05) de marzo de dos mil quince (2015), el ciudadano Orlando Abinazar Moreno, ya identificado, actuando como apoderado judicial del ciudadano Antonio Elías Abinazar Moreno, identificado anteriormente, presentó diligencia ante la Secretaría de la Sala Plena a los fines de solicitar “…a este Honorable Tribunal que decida el conflicto de competencia planteado…”.

 

En fecha tres (03) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, con fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dictó la Resolución N° 2016-0002, mediante la cual creó dos Salas Especiales que se denominan Sala Especial Primera y Sala Especial Segunda “…para el conocimiento y decisión de expedientes que han sido remitidos y que en el porvenir lo sean a la Sala Plena, para la correspondiente regulación de competencia o resolución de conflictos de competencia que hayan surgido entre tribunales que no tienen un superior común y que pertenecen a ámbitos competenciales distintos…” (Artículo 1 de la aludida Resolución). Así, la Sala Especial Primera quedó conformada por la Magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre, quien la preside, el Magistrado Malaquías Gil Rodríguez, y la Magistrada Jhannett María Madriz Sotillo, la cual se constituye para decidir la regulación de competencia planteada en la presente causa.

 

El veintiuno (21) de julio de dos mil dieciséis (2016), el ciudadano Antonio Elías Abinazar Moreno, ya identificado, actuando en su propio nombre, presentó diligencia ante la Secretaría de la Sala Plena a los fines de solicitar “…nuevamente a este Honorable Tribunal que decida el conflicto de competencia planteado…”.

 

El veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), el ciudadano Antonio Elías Abinazar Moreno, ya identificado, actuando en su propio nombre, presentó escrito ante la Secretaría de la Sala Plena a los fines de exponer y solicitar “…como podrá observarse ciudadanos magistrados, tengo esperando más de siete (7) años por mi derecho constitucional de acceso a la justicia y a la obtención de una tutela judicial efectiva, (…omissis…) …solicito…resuelvan lo más pronto posible el conflicto de competencia planteado…”.

 

Mediante sesión de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017), fue reconstituida la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en razón de la elección de la nueva Junta Directiva de este Máximo Tribunal para el período 2017-2019, quedando integrada de la siguiente manera: Presidente Magistrado Maikel José Moreno Pérez, Primera Vicepresidenta Magistrada Indira Mayra Alfonzo Izaguirre, Segundo Vicepresidente Magistrado Juan José Mendoza Jover, y los Directores Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, Magistrado Yván Darío Bastardo Flores y la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero.

 

El doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017), mediante memorándum, el Magistrado JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, remitió a la Secretaría de la Sala Plena el presente expediente, junto a otros en los cuales se le designó ponente, para su correspondiente reasignación, por las ocupaciones propias que como Presidente de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal le corresponden.

 

El nueve (09) de octubre de dos mil diecisiete (2017) se designó ponente al Magistrado MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ, con el fin de resolver lo que fuere conducente.

 

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Sala Especial Primera de la Sala Plena, pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

II

ANTECEDENTES

 

En fecha veintiocho (28) de enero de dos mil diez (2010), el ciudadano Antonio Elías Abinazar Moreno, ya identificado, asistido por los ciudadanos Argenis Flores Flores y Orlando Eduardo Abinazar Moreno, identificados anteriormente, interpuso ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo, “…AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR, CON ACCIÓN DE CARENCIA O ABSTENCIÓN, Y SUBSIDIARIAMENTE PRETENSIÓN DE RECLAMOS DE DINERO…” (mayúsculas del original) contra “…la Empresa Estatal, C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO ‘HIDROCENTRO’, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 28 de diciembre de 1990, bajo el No. 47, Tomo 17-A…”.

 

El veintiséis (26) de julio de dos mil diez (2010), el ciudadano Antonio Elías Abinazar Moreno, ya identificado, compareció ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo, asistido por el abogado Argenis Flores Flores, ya identificado, a los fines de conferir poder Apud Actas, a los abogados Argenis Flores Flores y Orlando Eduardo Abinazar Moreno, identificados anteriormente. En esa misma fecha, el ciudadano Argenis Flores Flores, ya identificado, actuando como co-apoderado del ciudadano Antonio Elías Abinazar Moreno, ya identificado, presentó diligencia ente el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo, a los fines de solicitar “…su pronunciamiento con respecto a la admisión de la demanda y la medida cautelar solicitada”.

 

En fecha dos (02) de agosto de dos mil diez (2010), el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo se declaró “…INCOMPETENTE para conocer de la demanda…” y declinó la competencia “…ante los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo…”.

 

El catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010), comparecieron por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo, los ciudadanos Argenis Flores Flores y Orlando Abinazar Moreno, identificados anteriormente, como co-apoderados del ciudadano Antonio Elías Abinazar Moreno, ya identificado, a los fines de darse por notificados de la decisión emitida por ese tribunal en fecha dos (02) de agosto de dos mil diez (2010).

 

El diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010), la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de Valencia recibió el expediente, correspondiéndole conocer, previa distribución, al Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia.

 

En fecha doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010), el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia declaró “…la INCOMPETENCIA FUNCIONARIAL para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional (…) y se DECLARA competente para conocer de el (sic) a los Tribunales de Juicio de Primera Instancia del Trabajo de esta Circunscripción Judicial…” (mayúsculas del original).

 

El quince (15) de noviembre de dos mil diez (2010), el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia ordenó remitir el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esa Circunscripción Judicial a los fines de su distribución.

 

El dieciocho (18) de noviembre de dos mil diez (2010), le correspondió conocer de la causa al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia dándole entrada en esa misma fecha.

 

El veintitrés (23) de noviembre de dos mil diez (2010), los ciudadanos Orlando Abinazar Moreno y Argenis Flores Flores, ya identificados, presentaron escrito ante el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia a los fines de “…plantear LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL PRESENTE CASO” (mayúsculas y énfasis del original).

 

El quince (15) de febrero de dos mil once (2011), el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia se declaró incompetente “…para conocer del Amparo Cautelar con Acción de Carencia o Abstención y Subsidiariamente Pretensión de Reclamaciones de Dinero…, en consecuencia, solicitó de oficio la regulación de la competencia ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

 

III

DEL CONFLICTO DE NO CONOCER ENTRE TRIBUNALES

 

Mediante sentencia de fecha dos (02) de agosto de dos mil diez (2010), el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo, se declaró incompetente, señalando lo siguiente:

 

“Versa la presente causa sobre recurso de abstención o carencia contra Hidrológica del Centro C.A. (HIDROCENTRO), por no acordar su jubilación cuando fue despedido, aún cuando reúne los requisitos para este beneficio. Subsidiariamente, reclama el pago de prestaciones sociales y demás beneficios socioeconómicos generados como consecuencia de la relación de trabajo entre el recurrente e Hidrológica del Centro C.A. (HIDROCENTRO).

Siendo así, se aprecia que se trata de demanda interpuesta por un trabajador en contra de una empresa del Estado, Hidrológica del Centro C.A. (HIDROCENTRO), patrono en esa relación de trabajo.

Tratándose de empresa donde el Estado tiene participación es obligatorio analizar el régimen legal que ha impuesto el legislador para regular estas personas jurídicas, apreciando en primer término lo establecido en el artículo 107 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5890 del 31 julio 2008, que establece:

(…Omissis…)

La redacción de la Ley es precisa, al señalar expresamente que los trabajadores que prestan servicio a empresas del Estado se rigen por la legislación laboral, la Ley Orgánica del Trabajo. Siendo así, corresponderá a los Tribunales con competencia en materia del Trabajo conocer de la pretensión interpuesta.

Esta regulación legal es adecuada, por cuanto se trata de asunto laboral, donde el juez natural, competente, idóneo y especialista en la materia es el Juez del Trabajo, y no el juez contencioso administrativo, y por cuanto la actuación de la sociedad mercantil no se encuentra afectada por la intervención, como accionista, del Estado. Ella, a pesar de su sui generis socio, se rige por las disposiciones del derecho común, mientras alguna ley especial no establezca lo contrario.

Por otra parte, adicional es necesario considerar lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece:

(…Omissis…)

De lo anterior, se puede apreciar que, independiente de la participación que tenga el Estado en la empresa, sus trabajadores se rigen por las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y, en consecuencia, están sometidos a la jurisdicción de los Tribunales del Trabajo, encargados de conocer solicitudes con fundamento en esa Ley, y así se declara.

Este criterio legal ha sido aplicado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que en sentencia Nro. 2694 del 14 noviembre 2001 lo aplicó a caso similar al de autos, donde el recurrente fue trabajador, con anterioridad en el Administración Pública. Señala la Sala:

(…Omissis…)

Como se aprecia, independiente que una persona prestó servicio con anterioridad en la Administración Pública, cualquier reclamación que tenga contra una empresa del Estado, producto de una relación de trabajo, corresponde conocerla a los Tribunales del Trabajo.

Este criterio se ha mantenido en el tiempo, y en el año 2004, cuando La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Derogada por la nueva ley del 29 julio 2010. Gaceta Oficial Nº 5.991, Extraordinaria), inició vigencia sin regular aspecto sobre la materia contencioso administrativa, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se encontró en la necesidad de organizar las competencias de los Tribunales Contencioso Administrativos, dictando decisiones que establecían en forma individualizada las competencias de los Juzgado Superior Regionales y las Cortes de lo Contencioso Administrativos.

En el caso de los Juzgados Superiores, como este Tribunal, dictó la sentencia 1900, del 27 octubre 2004, donde le establece competencia al Tribunal para conocer demandas contra empresas del Estado, excluyendo la materia laboral de esta competencia, por cuanto se trata de régimen especial.

En efecto, este Tribunal es competente para conocer de las demandas contra empresas del Estado, con excepción de aquellas pretensiones que tengan establecido un tribunal competente en forma expresa, como sucede en materia laboral.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (2009) se ha pronunciado en este sentido, y ante la demanda de trabajador que prestó servicio para Mercal, C.A., señaló:

(…Omissis…)

De lo anterior se aprecia que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sendas decisiones del año 2009, ha declarado que las reclamaciones que formulen los trabajadores que prestan servicio a empresas donde el Estado tenga participación, corresponde conocerlas a Tribunales del Trabajo, y no los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, tratándose la presente causa de demanda interpuesta por un trabajador contra empresa del Estado, Hidrológica del Centro, C.A. (HIDROCENTRO), donde solicita derechos derivados de esa relación de trabajo –jubilación y prestaciones sociales- el Tribunal competente para conocer de ella, forzosamente, por régimen legal y por jurisprudencia, son los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Así se declara.” (sic). (Énfasis del texto original).

 

En fecha doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010), el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia se declaró incompetente, argumentando lo siguiente:

 

“La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 15, dispone (...)

De igual manera los artículos 16, 17 y 18 eiusdem, establecen la competencia de cada uno de ellos.

Normas procesales laborales de estricto orden público y por lo tanto, de obligatorio cumplimiento, y no relajables a voluntad de las partes. Ahora bien, determinada la competencia se hace obligante advertir la existencia de la competencia funcional, que es aquella atribuida por la ley a un juez de manera exclusiva, siendo entonces su característica esencial la de ser absoluta e improrrogable.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece en el artículo 7°, (...) y el artículo 193 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone, que (...)

De todo lo cual se advierte que no precisa cual de los Tribunales de Primera Instancia en materia laboral es el competente para conocer de la acción de amparo. Siendo entonces forzoso establecer, la competencia funcional de cada uno de ellos, así, la competencia funcional de los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución, está constituida por tres funciones claramente definidas y especializadas: la sustanciación, la mediación y la ejecución de la sentencia, la de los Tribunales de Juicio tendrán atribuida la fase de cognición y juzgamiento del asunto, y la de los Tribunales superiores el conocimiento de la fase recursiva del procedimiento.

De lo trascrito debemos concluir, que los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, son los competentes funcionalmente para conocer y juzgar, garantizando los principios establecidos en la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como los consagrados en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, criterio este reiterado de manera pacifica por el mas alto Tribunal de la República. Y ASÍ SE DECIDE.” (sic).

 

Por su parte, mediante sentencia de fecha quince (15) de febrero de dos mil once (2011), el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, se declaró igualmente incompetente y, en tal perspectiva, ordenó la remisión del expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia señalando:

 

“Por cuanto se desprende de la narrativa del escrito libelar que la materia objeto del presente recurso de amparo versa sobre aspectos laborales, referidos al no cumplimiento por parte de la Empresa COMPAÑÍA ANONIMA HIDROLOGICA DEL CENTRO (HIDROCENTRO) por haberlo despedido intempestivamente de la Administración Pública, después de treinta años de servicio, los cuales computados con mi edad actual 53 años, en realidad preparan los presupuestos para procede a mi jubilación, tal como lo establece el artículo 03 de la Ley Especial, al exceso de veinticinco años, se le agrega al requisito de la edad, cuestión que fue interrumpida por la Administración de la Empresa HIDROCENTRO. Asimismo señala el recurrente al folio 2 y su vuelto correspondiente al capítulo referido a la competencia, que a tenor del artículo 259 Constitucional en cuanto a las potestades del Juez Contencioso Administrativo. Es este quien debe conocer del presente asunto, para este tipo de planteamiento alega el recurrente la doctrina jurisprudencial establecida en la Ponencia Conjunta de la Sala Política Administrativa N° 1900 del 27-10-2004, criterio aún vigente al momento de introducir el Recurso de Amparo con Recurso de Abstención o Carencia, motivo por el cual fue interpuesto el presente amparo constitucional por violación de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 21, 26, 86, y 89 numeral 04 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asimismo solicita el Recurso de Abstención y Carencia, a tenor de la denominación de la Acción de Abstención o Carencia en contra de entes u órganos públicos, lo cual se traduce en una omisión del ente u órgano publico de realizar una actividad de orden gerencia o especifica. Por cuanto la empresa querellada infringió el denominado 'principio de la confianza legitima' que impone la obligación a los funcionarios públicos a reconocer situaciones administrativas y adecuar su comportamiento al ordenamiento jurídico. Se hace notar que al folio 35 del expediente del caso de marras se evidencia un certificado emanado de la Oficina Central de Personal de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se lee que dando cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley de Carrera Administrativa, se le otorga el presente certificado que lo acredita como FUNCIONARIO DE CARRERA. El cual es certificado con el N° 176559, libro de registro N°. 174 y folio 112, de fecha 04 de septiembre de 1.982 en la ciudad de Caracas.” (sic)

 

IV

DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER EL CONFLICTO PLANTEADO

 

Como punto previo, debe esta Sala Especial Primera de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre su competencia para conocer y decidir la controversia competencial suscitada entre el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo, y el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia.

 

En este sentido, se evidencia de las actas cursantes en autos, que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo, en fecha dos (02) de agosto de dos mil diez (2010), se declaró “…INCOMPETENTE para conocer de la demanda…” y declinó la competencia “…ante los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo…” correspondiéndole conocer, previa distribución, al Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, quien a su vez, en fecha doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010) declaró “…la INCOMPETENCIA FUNCIONARIAL para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional (…) y (…) competente para conocer de el (sic) a los Tribunales de Juicio de Primera Instancia del Trabajo de esta Circunscripción Judicial…” correspondiéndole conocer al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, el cual se declaró igualmente incompetente, en fecha quince (15) de febrero de dos mil once (2011), y consecuentemente solicitó de oficio la regulación de competencia ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Por consiguiente, la resolución del presente conflicto negativo de competencia, se subsume en lo contemplado en el numeral 3 del artículo 24 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 5991, Extraordinario, de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010), reimpresa por errores materiales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.483 del nueve (09) de agosto de dos mil diez (2010) y número 39.522 del primero (1°) de octubre de dos mil diez (2010), al disponer que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia es competente para decidir tal controversia, en los términos siguientes:

 

“Artículo 24. Son competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:

(…omissis…)

3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos”.

 

Siguiendo esa misma línea, al tratarse la situación jurídica bajo examen, de la solución de un conflicto negativo de competencia surgido en razón de la materia y entre órganos judiciales que no tienen un superior común por pertenecer a jurisdicciones distintas, vale decir, Jurisdicción Contencioso Administrativo y Jurisdicción del Trabajo, esta Sala Especial Primera de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia con fundamento en el precepto jurídico precitado, así como en la Resolución N° 2016-0002, dictada por la Sala Plena en fecha tres (3) de febrero de dos mil dieciséis (2016), asume la competencia para conocer el referido conflicto y, por consiguiente, decidir la regulación de la competencia solicitada de oficio por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia. Así se decide.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Asumida como ha sido por parte de esta Sala Especial Primera de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la competencia para conocer y, consecuencialmente, resolver la presente controversia competencial, este órgano jurisdiccional estima pertinente a los fines de regular la competencia apuntar las consideraciones fácticas y jurídicas que a continuación se acotan:

 

Se observa en el libelo de la demanda presentada por el ciudadano Antonio Elías Abinazar Moreno, en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil once (2011) por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo que se trata de un “…AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR, CON ACCIÓN DE CARENCIA O ABSTENCIÓN, Y SUBSIDIARIAMENTE PRETENSIÓN DE RECLAMOS DE DINERO…” (mayúsculas del original) contra “…la Empresa Estatal, C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO ‘HIDROCENTRO’”, luego de una relación laboral que “…se desarrolló en forma ininterrumpida durante treinta (30) años…”, iniciándose como “…Jefe de Transporte Automotor III…” y, en el transcurso del tiempo fue nombrado Administrador III.

 

Así pues, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo, ante el cual se interpuso el “…AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR, CON ACCIÓN DE CARENCIA O ABSTENCIÓN, Y SUBSIDIARIAMENTE PRETENSIÓN DE RECLAMOS DE DINERO…” (mayúsculas del original), se declaró incompetente para conocer de la causa por considerar que los trabajadores de las empresas del Estado se rigen por las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y, en tal virtud, declinó su conocimiento en la jurisdicción del trabajo.

 

Por su parte, una vez recibido el expediente en el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, éste también se negó a conocer del caso de autos, argumentando que la causa versa sobre una acción de amparo y “…los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, son los competentes funcionalmente para conocer y juzgar, garantizando los principios establecidos en la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como los consagrados en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…” por lo cual declaró su “…INCOMPETENCIA FUNCIONAL…” y declaró competente para conocer a los Tribunales de Juicio de Primera Instancia del Trabajo de esa Circunscripción Judicial, ordenando remitir la presente causa a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de esa Circunscripción Judicial.

 

Finalmente, le correspondió conocer al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, quien a su vez se negó a conocer de la presente causa señalando que “…se está en presencia de un ciudadano que tiene la cualidad de funcionario público…” por lo cual dicho juzgado declaró su “INCOMOPETENCIA (sic) POR LA MATERIA” (mayúsculas del texto original) y planteó el conflicto de competencia ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En este orden de exposición, se hace necesario traer a colación, sentencia número 49, de fecha once (11) de junio de dos mil nueve (2009), dictada por la Sala Plena, que señaló lo siguiente:

 

“…en el presente caso no se recurre la nulidad de un acto administrativo, sino que se ha interpuesto una querella contra el despido del recurrente que puso fin a la relación de trabajo que mantenía con la empresa del Estado Mercal, C.A., es decir, una decisión de naturaleza laboral emanada de una empresa del Estado registrada bajo las normas de derecho privado, por lo que las personas que en ella prestan sus servicios están sometidas a la legislación ordinaria, en concreto, a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, tal como lo sostuvo la Sala Político Administrativa mediante sentencia número 4.260 de fecha 16 de junio de 2005 (caso: Félix Eduardo Rivas Anzola contra la empresa C.V.G. Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA), en la cual expuso lo siguiente:

‘(…) en atención al régimen jurídico laboral existente, los empleados de una empresa del Estado no se encuentran amparados por el régimen aplicable a los funcionarios públicos consagrado en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino en la Ley Orgánica del Trabajo;

Ahora bien, a los fines de determinar la competencia para conocer del caso de autos, la Sala debe advertir que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone en el artículo 29 lo siguiente:

(…Omissis…)

La norma supra transcrita establece los supuestos en los que corresponde a los Tribunales del Trabajo la competencia para conocer y decidir determinados asuntos; en este sentido, al no estar amparado el recurrente, por el régimen estatutario ni ostentar el carácter de funcionario público, siendo que la naturaleza del conflicto planteado es laboral y no funcionarial, la jurisdicción competente corresponde a la jurisdicción laboral,

Finalmente, es importante señalar que el accionante identificó erróneamente la comunicación signada con el N° GRH/740/04 de fecha 4 de octubre de 2004, emanada del Gerente de Recursos Humanos de la sociedad mercantil C.V.G. ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A. (EDELCA), como un acto administrativo, siendo que, lo que informaba era la suspensión de un beneficio de carácter laboral como sería su jubilación, situación ésta que constituye una pretensión de carácter laboral. (…)’.

Así, de la sentencia transcrita, se deduce que a los empleados que laboran para empresas del Estado les es aplicable la Ley Orgánica del Trabajo, y no el régimen contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, lo que recientemente fue reconocido en el novísimo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.890 de fecha 31 de julio de 2008, no aplicable ratio temporis al presente caso- cuyo artículo 107 expresamente contempla que los trabajadores de la empresas del Estado “…se regirán por la legislación laboral ordinaria…”, lo que refuerza la convicción de esta sentenciadora.(Énfasis del texto original).

 

Ahora bien, visto que en el presente caso el recurrente acciona contra su despido por parte de …la Empresa Estatal, C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO ‘HIDROCENTRO’”, la cual puso fin a la relación laboral que existía entre ambos, conforme al razonamiento antes expuesto, esta Sala Especial Primera de la Sala Plena declara que la competencia para conocer de la presente causa corresponde a la jurisdicción laboral, en este caso el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Especial Primera de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara:

 

1.- Que es COMPETENTE para conocer del conflicto de no conocer planteado en la presente causa, en consecuencia, decidir la regulación de la competencia solicitada de oficio por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia.

 

2.- Que la COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa le corresponde al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia a quien se ORDENA remitir el presente expediente.

 

3.- Que se ORDENA notificar de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo y al Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia.

 

Publíquese, regístrese, comuníquese y cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Especial Primera de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

 

La Magistrada Presidenta de la Sala Especial Primera.

 

 

INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE

 

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

Ponente

 

JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

                                       JULIO CÉSAR ARIAS RODRÍGUEZ

 

 

Exp. N° AA10-L-2011-000171

MGR/