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SALA
PLENA
SALA
ESPECIAL SEGUNDA
Magistrado Ponente: FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA
Expediente Nº AA10-L-2012-000183
Adjunto al oficio número 12-0972 de fecha 13 de
julio de 2012, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo
de la Región Capital, remitió a la Sala Plena el expediente contentivo del
recurso de nulidad interpuesto por el abogado JOSÉ GIOVANNI VERGINE, inscrito
en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 59.135, actuando
en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
SOCIALISTA (INCES), contra la providencia administrativa número
0062-2010, de fecha 26 de enero de 2010, dictada por el Inspector Jefe de la INSPECTORÍA
DEL TRABAJO PEDRO ORTEGA DÍAZ sede Caracas, que declaró con lugar el reenganche
y pago de salarios caídos en el procedimiento intentado por el ciudadano Freddy
Guevara, titular de la cédula de identidad número V-8.330.836.
Dicha remisión se efectuó a los fines de que la Sala
Plena se pronuncie sobre el conflicto negativo de competencia suscitado entre el referido Tribunal y el
Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de
Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 26 de marzo de 2013, se designó ponente al
Magistrado FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA, con el fin de resolver lo que fuere
conducente, y en esa misma fecha se reconstituyó esta Sala por la incorporación
de nuevos magistrados.
El
Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, mediante Resolución número
2013-0010 de fecha 22 de mayo de 2013, con fundamento en el artículo 9 de la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, creó dos Salas Especiales bajo
la denominación de Sala Especial Primera y Sala Especial Segunda “…para el conocimiento y decisión de
expedientes que han sido remitidos y que en el porvenir lo sean a la Sala
Plena, para la correspondiente regulación de competencia o resolución de
conflictos de competencia que hayan surgido entre tribunales que no tienen un
superior común y que pertenecen a ámbitos competenciales distintos…”
(artículo 1 de la aludida Resolución). Así, la Sala Especial Segunda quedó
conformada por los Magistrados Fernando Ramón Vegas Torrealba, quien la
preside, Malaquias Gil Rodríguez y
Jhannett María Madriz Sotillo, la cual se constituye para decidir el conflicto
de competencia planteado en esta causa.
Efectuado el examen del expediente, esta Sala Especial
Segunda de la Sala Plena pasa a decidir conforme a las siguientes
consideraciones.
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado en fecha 13 de
septiembre de 2010, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos
del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, el abogado
JOSÉ GIOVANNI VERGINE, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO
NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), interpuso recurso de
nulidad contra la providencia administrativa número 0062-2010, de fecha 26 de
enero de 2010, dictada por el Inspector Jefe de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO
PEDRO ORTEGA DÍAZ sede Caracas, que declaró con lugar el reenganche y pago de
salarios caídos en el procedimiento intentado por el ciudadano Freddy Guevara.
Mediante auto de fecha 11 de octubre de
2010, el Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito
Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, al cual le correspondió
el conocimiento previa distribución, admitió el recurso de nulidad.
Mediante decisión de fecha 14 de enero de 2011, el
referido Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito
Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, se declaró incompetente,
y declinó el conocimiento de la causa en un Juzgado Superior Contencioso
Administrativo de la Región Capital.
Por auto de fecha 26 de enero de 2011, el Tribunal
Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo
del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente al Juzgado Superior
Contencioso Administrativo Distribuidor de la Región Capital.
Mediante auto de fecha 07 de junio de 2011, el
Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo (en funciones
de distribución) de la Región Capital, realizó sorteo, correspondiéndole el
conocimiento de la causa al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Región Capital.
Posteriormente, mediante decisión de fecha 17 de
junio de 2011, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Región Capital, se declaró incompetente y planteó
conflicto negativo de competencia ante la Sala Plena.
II
DE LAS DECLINATORIAS DE COMPETENCIA
Mediante decisión de fecha 14 de enero de 2011, el Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del
Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, se
declaró incompetente para conocer de la presente causa con base en la siguiente
motivación:
“…a los
fines de determinar el órgano jurisdiccional competente de autos debe ser
tutelada por el Órgano Jurisdiccional competente dependiendo de la fecha de
interposición de la acción de nulidad, que visto que al folio 12 de autos la
acción fue ejercida en fecha 13 de septiembre de 2010, aun no se encontraba
vigente el criterio vinculante de modo tal que resultan competentes los
Tribunales Contencioso Administrativo de la Región Capital. ASI SE DECIDE.”.
Posteriormente, mediante decisión de fecha 17 de junio
de 2011, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de
la Región Capital, declaró su incompetencia para conocer del caso de
autos y planteó conflicto negativo de competencia, con base en los siguientes
argumentos:
“…los conflictos derivados de los actos emanados de
las Inspectorías del Trabajo con ocasión a la resolución de una controversia
nacida de una relación de trabajo deben ser conocidos por la jurisdicción
laboral, y dado que el presente recurso fue interpuesto por ante la Unidad de
Recepción y Distribución del Circuito Judicial del Trabajo del Área
Metropolitana de Caracas en fecha 13 de septiembre de 2010, fecha en la que ya
había entrado en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, a través de la cual surge un nuevo matiz o cambio competencial,
que excluye a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo la
competencia para conocer de los recursos de nulidad contra los actos
administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, conforme a la
disposición expresa contenida en el numeral 3 del artículo 25 de la referida
Ley, hecho ese que motivó el cambio de criterio que se plasmó en la Sala
Constitucional mediante sentencia Nº 955 de fecha 23 de septiembre de 2010 y
que constituye el motivo por el cual este tribunal en atención de lo
reiterativo de dicho criterio según se desprende entre otras de la sentencia Nº
311 de fecha 18 de marzo de 2011 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, no puede asumir la competencia declinada pues hacerlo
implicaría violentar la garantía del juez natural.
(…)
En consecuencia la competencia para conocer la
situación de autos corresponde a los Juzgados Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas,
razón por la cual no acepta la declinatoria de competencia efectuada por el
Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del
Área Metropolitana de Caracas y declara su INCOMPETENCIA para conocer de la
misma; en consecuencia, con fundamento en la sentencia dictada por la Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 02 de noviembre de 2005,
mediante la cual establece ser ésta la sala competente para resolver los
conflictos de competencia entre tribunales de distintas jurisdicciones que no
tengan un Tribunal Superior común, no sólo por ser una competencia propia de la
Sala, sino especialmente en razón de su composición, ya que reúne a los
magistrados de todos los ámbitos competenciales, lo que permite en esta
instancia analizar de mejor manera y desde todos los puntos de vista, este
Juzgado Superior plantea el conflicto de competencia ante la Sala Plena del
Máximo Tribunal de la República, a la cual se ordena remitir los autos, y así
se decide.”.
III
COMPETENCIA
Previo a cualquier otro pronunciamiento, esta Sala Especial
Segunda de la Sala Plena pasa a determinar su competencia para conocer de la
presente causa y, a tal efecto observa que de conformidad con lo previsto en el
numeral 3 del artículo 24 de
Visto que en el presente caso se planteó un
conflicto de no conocer entre tribunales que pertenecen a distintos ámbitos
competenciales (uno laboral y otro contencioso administrativo) y no existiendo
una Sala afín a ambos, de conformidad con las premisas antes señaladas, esta
Sala asume la competencia para conocer el referido conflicto, y así se decide.
IV
ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN
Determinada
como ha sido la competencia de esta Sala para conocer del presente conflicto
negativo de competencia, se pasa a resolver cuál es el órgano al que le
corresponde conocer y decidir la demanda que cursa en autos.
El
expediente fue remitido a la Sala Plena en virtud del conflicto negativo de
competencia planteado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Región Capital, habida cuenta de la
declinatoria de competencia que le fue presentada por el
Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del
Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, el 14 de enero de 2011.
Respecto
a la determinación del tribunal competente para conocer de las impugnaciones
que se intenten contra los actos dictados por las Inspectorías del Trabajo como
órganos administrativos, las Salas Constitucional y Político Administrativa de
este Máximo Tribunal han sostenido diferentes criterios atribuyendo esta
competencia, en algunos casos a los tribunales laborales y en otros a los
órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (en primera instancia a
las Cortes de lo Contencioso Administrativo y, en segunda instancia, a la Sala
Político Administrativa).
En
efecto, la Sala Plena en la sentencia número 9 de fecha 2 de marzo de 2005
(caso: Universidad Nacional Abierta vs la
Inspectoría del Trabajo de los Municipios Valencia, Libertador, San Diego,
Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo del estado Carabobo), precisó que
correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de los recursos
incoados contra providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del
Trabajo.
Este criterio fue acogido
posteriormente por la Sala Político Administrativa en los fallos números 5.989
del 19 de octubre de 2005 (caso: Helados Gilda C.A. vs. Inspectoría del
Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital), 1.134 del 1 de
octubre de 2008 (caso: Universidad Central de Venezuela vs.
Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital) y
00999 del 20 de octubre de 2010 (caso: LASER C.A. vs. Inspectoría del
Trabajo del estado Nueva Esparta); y el mismo ha sido ratificado por la
Sala Plena, entre otras, en sus sentencias números 157 del 7 de junio de 2007 (caso:
Arturo José Marcano vs. Inspectoría del Trabajo del estado Monagas), 88 del
16 de julio de 2008 (caso: Ramón Antonio Castillo Castillo vs. Inspectoría
del Trabajo del estado Trujillo), 30 del 26 de mayo de 2009 (caso: Galkin
Antonio Silva vs. Inspectoría del Trabajo del estado Lara), y 2 del 13
de enero de 2010 (caso: Guido Puche Nava vs. Inspectoría del Trabajo del
Municipio Libertador del Distrito Capital).
No obstante, y en relación
con la competencia para el juzgamiento de las demandas que se interpongan
contra los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, la
Sala Constitucional modificó el criterio sostenido en la sentencia número 1.318
del 2 de agosto de 2001, caso: Nicolás
José Alcalá Ruiz vs. Transporte Iván C.A., y es así, como en sentencia
número 955 del 23 de septiembre de 2010 (caso: Bernardo Jesús Santeliz Torres y otros vs. Central La Pastora C.A.),
cuando luego de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, decidió:
“(…)
III
OBITER DICTUM
No
obstante lo anteriormente expuesto, esta Sala, con el objeto de determinar los
tribunales competentes para conocer en primera instancia y en alzada de
acciones como la de autos, considera oportuno efectuar las siguientes
consideraciones:
Ha
sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala Constitucional, que el
conocimiento de las acciones referidas a providencias administrativas emanadas
de las Inspectorías del Trabajo, corresponde a la jurisdicción contencioso
administrativa.
(…)
Por
otra parte, en sentencia Nº 2862 del 20 de noviembre de 2002 (caso: Ricardo Baroni
Uzcátegui), esta Sala precisó la competencia respecto del conocimiento de las
causas que son propuestas contra dichos actos administrativos, así:
‘...Por ello y como las Inspectorías del Trabajo son
órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la
Administración Pública Nacional, debe reiterarse en esta oportunidad que es la
jurisdicción contencioso-administrativa la competente para el conocimiento de
las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos
administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, sea que se trate,
entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso
administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos
actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien
del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución; o, por
último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con
fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de
ejecución de dichos actos administrativos. De allí que no sólo no existe
norma legal expresa que otorgue esta competencia a los tribunales laborales,
sino que, de verificarse ésta, sería inconstitucional por violación del
artículo 259 del Texto Fundamental. Así se declara.
(…)
De
las sentencias citadas y parcialmente transcritas supra, se colige que esta
consideración se produjo en el marco de la interpretación que ha hecho esta
Sala con relación al contenido y alcance del artículo 259 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, en innumerables decisiones (vid.
sentencias Nos. 2353/2001, 131/2006 y 347/2006, entre otras).
Dicho
estudio ha señalado, en forma generalizada, el ámbito de aplicación de la norma
contenida en el citado artículo 259 de la Carta Magna, indicando que la misma
es atributiva de la competencia, mas no constitutiva de derechos; por lo tanto,
sólo regula el contenido y alcance de la jurisdicción contencioso
administrativa.
(…)
Así
las cosas, si bien es cierto que el referido artículo 259 establece una regla
general, existen algunas excepciones, como es el caso de la jurisdicción
especial agraria, que conoce asuntos que versan sobre aspectos del contencioso
administrativo, pero que por la especialidad de la materia y la protección
constitucional reconocida a la misma, han sido reservados a los tribunales
agrarios (artículo 269 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza y
Rango de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario).
En
vista de esta situación, considera oportuno la Sala revisar los criterios de
interpretación de esta norma constitucional, que ha venido aplicando de manera
pacífica y reiterada en casos como el de autos, a fin de garantizar la efectiva
vigencia y respeto de los derechos y garantías consagrados en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
A
estos efectos, es importante recordar que una norma no puede ser interpretada
de forma aislada, sino dentro del contexto en el cual la misma se encuentra. De
allí que debe analizarse hasta qué punto podría ser viable la exclusión del
conocimiento de acciones relacionadas con providencias administrativas dictadas por Inspectorías
del Trabajo –en el ámbito de una relación laboral–,
de la jurisdicción contencioso administrativa. (resaltado de la Sala).
(…)
Esta
posición se ve reforzada por la reciente entrada en vigencia de la Ley Orgánica
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 377.244 del 16 de junio de 2010; la
cual tiene por objeto ‘regular la organización, funcionamiento y competencia de
los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en
las leyes especiales’ (artículo 1).
Las
competencias de los órganos integrantes de esta jurisdicción, están consagradas
en los artículos 9, 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley Orgánica. De esos
artículos interesa, a los efectos de determinar la competencia para el
conocimiento de las acciones relacionadas con providencias administrativas
emanadas de las Inspectorías del Trabajo, lo contenido en el numeral 5 del
artículo 23, en el numeral 5 del artículo 24 y en el numeral 3 del artículo 25:
Artículo
23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia es competente para conocer de:
(…omissis…)
5. Las
demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o
particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los
Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás
organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otro
tribunal.
(…omissis…)’.
‘Artículo
24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son
competentes para conocer de:
(…omissis…)
5. Las
demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o
particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral
5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia.
(…omissis…)’.
Artículo
25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
(…omissis…)
3. Las
demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o
particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su
jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las
decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en
materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la
Ley Orgánica del Trabajo.
(…omissis…)’ (Subrayado nuestro).
(…)
De
lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean
órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la
Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de
una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual
debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano
que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el
contencioso administrativo, sino el laboral….
(…)
Por
todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el
conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias
administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como
una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a
los tribunales del trabajo. Así se declara.
Con
fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la
facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado
el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del
Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:
1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas
pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados
por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.
2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento
de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a
los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los
Tribunales Superiores del Trabajo (…)” (resaltado de la Sala).
Este criterio fue ratificado por la propia Sala
Constitucional en la sentencia número 311 del 18 de marzo de 2011 (caso: Grecia
Carolina Ramos Robinson vs Instituto Universitario Politécnico Antonio José de
Sucre), en los siguientes términos:
“(…)
Preceptúa el artículo 3
del Código de Procedimiento Civil que la jurisdicción y la competencia se
determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación
de la demanda y no tienen efecto respecto a ellas los cambios posteriores de
dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.
Sobre la base de la norma
del Código Adjetivo que se citó, esta Sala, en oportunidades anteriores, ha
determinado el tribunal competente en casos concretos en atención al que lo
fuera de conformidad con la ley -o con la interpretación auténtica que de ésta
hubiere hecho esta juzgadora- para el momento de la interposición de la
demanda.
Sin embargo, la Sala ha
abandonado el criterio anterior y ha determinado que, con independencia de la oportunidad en que hubiere sido incoada una
demanda de cualquier naturaleza que tenga por objeto, como la de autos, el
incumplimiento de una providencia administrativa dictada por una Inspectoría
del Trabajo, la competencia corresponde a los tribunales laborales.
Así, en su sentencia n.°
108 de 25.02.11, caso Libia Torres, esta Sala declaró que ‘es la jurisdicción
laboral la competente para conocer de las acciones de amparo ejercidas contra
acciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, y siendo este criterio
vinculante para todos los conflictos de competencia en esta materia, incluso
los que hayan surgido antes de este fallo’
(resaltado de la Sala y subrayado del original).
Atendiendo a los criterios
jurisprudenciales citados, esta Sala concluye que corresponde al Tribunal
Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo
del Área Metropolitana de Caracas, la competencia para
conocer del recurso de nulidad interpuesto por el abogado
JOSÉ GIOVANNI VERGINE, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO
NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), contra la providencia
administrativa número 0062-2010, de fecha 26 de enero de 2010, dictada por el
Inspector Jefe de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO PEDRO ORTEGA DÍAZ sede Caracas, que
declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos en el procedimiento
intentado por el ciudadano Freddy Guevara. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por
las razones anteriormente expuestas, esta
Sala Especial Segunda de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia,
administrando justicia en nombre de
PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer del conflicto
planteado en la presente causa.
SEGUNDO:
Que el Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de
Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, es el órgano jurisdiccional COMPETENTE
para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto por el abogado
JOSÉ GIOVANNI VERGINE, actuando en su carácter de apoderado judicial del
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), contra la
providencia administrativa número 0062-2010, de fecha 26 de enero de 2010,
dictada por el Inspector Jefe de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO PEDRO ORTEGA DÍAZ
sede Caracas, que declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos en
el procedimiento intentado por el ciudadano Freddy Guevara.
Publíquese y regístrese. Notifíquese de la presente
decisión al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Región Capital. Remítase el expediente al Tribunal Décimo
Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del
Área Metropolitana de Caracas.
Dada, firmada y sellada en
el Salón de Despacho de la Sala Especial Segunda de la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de junio del
año dos mil trece (2013). Años: 203º de
El Presidente-Ponente
FERNANDO R. VEGAS TORREALBA
Los
Magistrados,
MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ JHANNETT MARÍA MADRÍZ SOTILLO
La Secretaria,
OLGA M. DOS SANTOS P.
Exp. Nº AA10-L-2012-000183
FRVT/