SALA PLENA
SALA ESPECIAL SEGUNDA
MAGISTRADO PONENTE Dr. JUAN JOSÉ
NÚÑEZ CALDERÓN
Expediente Nº
AA10-L-2008-000079
Adjunto al oficio N° 530-08 de fecha 10 de abril de 2008, procedente de la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia, se recibió en esta Sala Plena copias certificadas
de parte de las actuaciones que integran el expediente contentivo de la “demanda por pensión alimentaria” -ahora obligación de manutención- que, en fecha 09
de junio de 1987, intentó la ciudadana ROSA LINDA FERREIRA SALAS titular
de la cédula de identidad N° 5.350.873, en representación de sus hijas ROALCY
MICHEL y VANESSA CAROLINA NAVA FERREIRA contra el ciudadano ALCIADES
ANTONIO NAVA ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 4.014.442.
Dicha remisión se efectuó a fin de que esta Sala decida el conflicto negativo
de competencia suscitado entre el Tribunal de Protección del Niño y del
Adolescente de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio,
Juez Unipersonal N°1, y el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y
Mercantil de la misma Circunscripción Judicial.
En fecha 14 de mayo de 2008, se dio cuenta en Sala Plena y se designó ponente
al Magistrado JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN, a objeto de emitir la decisión
correspondiente.
El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, mediante
Resolución N° 2009-0013 de fecha 13
de mayo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 39.210 del 30 de junio de 2009, con fundamento en el segundo
aparte del artículo 2 de la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, creó dos Salas
Especiales que se denominan Sala Especial Primera y Sala Especial Segunda “para el conocimiento y decisión de
expedientes que han sido remitidos y que en el porvenir lo sean, a la Sala Plena para la
correspondiente regulación de competencia o resolución de conflictos de
competencia que hayan surgido entre tribunales que no tienen un superior común
y que pertenecen a ámbitos competenciales distintos” (artículo 1 de la aludida Resolución). Así, la Sala Especial
Segunda quedó conformada por los Magistrados Doctores Luis Alfredo Sucre Cuba,
quien la presidirá, Juan José Núñez Calderón y Fernando Ramón Vegas Torrealba,
la cual se constituyó para decidir la regulación de competencia planteada en
esta causa.
Realizada la lectura de las actas que
conforman el expediente, esta Sala pasa a dictar sentencia, previas las
siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado en fecha 09 de
junio de 1987 ante el Juzgado Primero de Menores de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, la ciudadana Rosa Linda Ferreira Salas, asistida de abogado,
intentó demanda por “pensión alimentaria”, a favor de sus hijas Roalcy Michel y
Vanessa carolina Nava Ferreira, contra el ciudadano Alciades Antonio Nava
Alvarado.
Por
auto del día 09 de julio de 1987 el Juzgado Tercero de Menores de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, al cual le correspondió conocer por distribución, ordenó la
comparecencia de la parte accionada, a fin de que expusiera alegatos en
relación con la reclamación intentada en su contra.
En
fecha 02 de septiembre de 1987, mediante escrito presentado ante el referido
Juzgado, el ciudadano Alciades Antonio Nava Alvarado contestó la demanda.
Luego
de sustanciado el proceso, por sentencia de fecha 31 de octubre de 1988, el
Juzgado Tercero de Menores de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia declaró con lugar la “reclamación
alimentaria” presentada por la ciudadana Rosa Linda Ferreira Salas, contra el
ciudadano Alciades Antonio Nava Alvarado.
En fecha 21 de diciembre de 1988, el
demandado apeló de la referida decisión, recurso que fue oído en un sólo efecto
mediante auto de fecha 27 de diciembre de 1988.
Consta en autos que el precitado Juzgado
Tercero de Primera Instancia de Menores de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, dictó sentencia de mérito en fecha 29 de marzo de 2000,
declarando con lugar la reclamación alimentaria “…a favor de los (sic) menores
NAVA FERREIRA…”, fijando la
correspondiente pensión alimentaria y otras asignaciones.
Mediante diligencia de fecha 28 de enero
de 2002, el demandado apeló de la decisión dictada por el tribunal de la causa
el 23 de enero del mismo año, que negó el pedimento por él formulado, en el
sentido de dar por terminada la reclamación alimentaria declarada a favor de su
hija Roalcy Michel Nava Ferreira, por haber alcanzado la mayoridad (diligencia de
fecha 10 de enero de 2002 referida en sentencia de alzada dictada el 06 de
octubre de 2003).
Por
auto del día 21 de febrero de 2002, vista la supresión de los Juzgados de
Menores, el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N° 1, al cual le
correspondió el conocimiento de la causa, oyó la apelación en un solo efecto
formulada por el demandado, ordenando remitir los autos a la Corte Superior del
Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente (Sala de Apelaciones).
Vista
la inhibición presentada por la Juez Presidente de la Corte Superior del
Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente (Sala de Apelaciones), la Sala de Apelación Accidental
de la referida Corte, mediante sentencia de fecha 06 de octubre de 2003,
declaró con lugar la apelación formulada por el demandado, contra el auto de
fecha 23 de enero de 2002, y extinguida “...la obligación de pensión de alimentos con respecto a la ciudadana
ROALCY MICHELLE NAVA FERREIRA…”, ordenando mantener los montos decretados en la
sentencia de fecha 29 de marzo de 2000, en un cincuenta por ciento (50%), para
dar cumplimiento a la obligación de alimento contraída con Vanessa Carolina
Nava Ferreira.
Mediante
diligencia presentada en fecha 01 de marzo de 2005, el ciudadano Antonio Nava
Alvarado solicitó la extinción de la obligación alimentaria de Vanessa Carolina
Nava Ferreira, alegando que, para esa fecha, la misma tenía “…19 años de edad…”.
Vista
tal solicitud, el tribunal de la causa ordenó notificar a la ciudadana Vanessa
Carolina Nava Ferreira, a fin de exponer lo que a bien tuviera en relación con
tal pedimento, la cual, compareciendo asistida de abogado, mediante diligencia
de fecha 07 de junio de 2005, solicitó la extensión de “…la pensión alimentaria que recae sobre su padre el
ciudadano ALCIDES NAVA…” (folio
77), según
consta en fallo del 27 de junio de 2005 emanado del referido Tribunal de
Protección del Niño y del Adolescente, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N°1.
Así,
en la oportunidad de decidir en relación con la extinción de la obligación
alimentaria solicitada por el demandado y, simultáneamente, la extensión
peticionada por la beneficiaria, el Tribunal de Protección del Niño y del
Adolescente de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio,
Juez Unipersonal N°1, en la ya referida decisión de fecha 27 de junio de 2005,
únicamente declaró la “extinción del
régimen de minoridad” de la ciudadana Vanessa Carolina Nava Ferreira y
declinó la competencia para conocer las mencionadas peticiones, en un Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción
Judicial.
Mediante
sentencia de fecha 28 de octubre de 2005, el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, que conoció por distribución, también se declaró
incompetente, planteó el conflicto
negativo de competencia y ordenó la remisión de las actas a la Sala de Casación Civil de
este Máximo Tribunal.
El 12 de diciembre de 2006, fue recibido el expediente en la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia.
Mediante sentencia de fecha 25 de
marzo de 2008, la Sala
de Casación Civil de este Alto Tribunal se declaró incompetente para conocer
del conflicto de competencia, ordenando la remisión del expediente a la Sala Plena.
II
DE LAS DECLINATORIAS DE COMPETENCIA
El
Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N°1, mediante decisión de fecha 25 de junio de 2005, se
declaró incompetente para conocer de la “demanda por pensión alimentaria” intentada por la ciudadana Rosa Linda Ferreira Salas
contra el ciudadano Alciades Antonio Nava Alvarado, por los siguientes motivos:
Observa el Tribunal que en el caso
sub-iudice, la persona de VANESSA CAROLINA NAVA FERREIRA, tomando como prueba
la copia certificada del acta de nacimiento N° 1527, de la cual se constata que
la ciudadana antes nombrada tiene diecinueve (19) años de edad, y por lo tanto
es mayor de edad. En este orden de ideas, según lo dispuesto en los artículo 2°
y 177° parágrafo cuarto literal (f) de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente:
…omissis…
Sin embargo, en el caso de autos ha cambiado la situación de
derecho, porque se ha extinguido el régimen de minoridad de la ciudadana
VANESSA CAROLINA NAVA FERREIRA, y por lo tanto ha cambiado ya no una situación
de hecho sino de derecho, ya que la mencionada ciudadana es mayor de edad,
encontrándose la misma dentro del régimen de mayoridad, con ahora una situación
de derecho distinta, con sus consecuencias jurídicas.
…omissis…
Por las razones antes expuestas y
como quiera que la persona de VANESSA CAROLINA NAVA FERREIRA, es mayor de edad,
este Juez Unipersonal Nº 1, debe declararse incompetente para conocer de la
presente causa y por lo tanto debe declinar la competencia al Juzgado Civil y
Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para que conozca
de la presente solicitud de Reclamación Alimentaria…
Por su parte, el Juzgado Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia declinó la competencia,
y planteó el conflicto negativo fundamentándose en lo siguiente:
Luego de analizar el motivo por el
cual el Tribunal A quo se declara incompetente en razón de la materia, este
Tribunal Observa:
En consideración al Principio de la Perpetuatio Juridictionis,
consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone
que:
…omissis…
Bajo este mismo orden de ideas: “Esto es, que la potestad de juzgamiento
y la competencia del órgano jurisdiccional, se determina por la situación
fáctica existente para el momento de introducción de la demanda, sin que pueda
modificarse esa jurisdicción y competencia, en razón de los cambios que se
presenten en el curso del proceso. Ello, en resguardo de la seguridad jurídica”. (Adriana Padilla Alfonso, Doctrina
de la Sala de
Casación Civil 2002; página 167).
Al respecto: “En resguardo de la seguridad
jurídica, este principio señala que la potestad de juzgamiento y la competencia
del órgano jurisdiccional, se determina por la situación fáctica existente para
el momento de introducción de la demanda, sin que pueda modificarse esa
jurisdicción y competencia, en razón de los cambios o vicisitudes que se
presenten en el curso del proceso” (EMILIO CALVO BACA; Código de Procedimiento Civil; página
22).
…omissis…
En virtud de salvaguardar la
seguridad jurídica, evitar por consiguiente desaciertos en la presente
regulación de competencia, y en aras de resguardar los derechos y garantías al
debido proceso que consagra nuestra Constitución vigente, estima este Juzgador
que en atención a las consideraciones que han llevado a determinar su
incompetencia para conocer en la presente causa, es por lo que, es forzoso
concluir, plantar (sic) un conflicto de competencia…
III
DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER
DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA
En primer lugar, corresponde a esta Sala
Plena en Sala Especial Segunda determinar cuál es el órgano judicial competente
para resolver el conflicto negativo de competencia surgido entre el Tribunal de
Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N°1, y el Juzgado Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial y, al respecto, se observa:
El Código de Procedimiento Civil establece la solicitud, de oficio, de la
regulación de competencia por parte del Juez, y su trámite, como un mecanismo
procesal que permite dirimir conflictos que surjan entre órganos
jurisdiccionales por el conocimiento de determinada causa, indicando, en este
sentido, lo siguiente:
Artículo 70.- Cuando la sentencia declare la
incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio
en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de
suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la
regulación de competencia.
Artículo 71.- La solicitud de regulación
de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la
competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las
razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la
solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En
los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de
Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un
Tribunal Superior (…) (resaltado de la
Sala).
Del
texto de los artículos transcritos se desprende que en caso de que un juez se
declare incompetente, por la materia o el territorio, para conocer sobre una
causa y la remita a otro juez que, de igual forma, declare su incompetencia
sobre la misma, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo
de Justicia, tomar la decisión de cuál será el tribunal competente para conocer
el caso planteado, salvo que los tribunales en conflicto tengan un juzgado
superior común en la circunscripción, supuesto en el cual le corresponderá a
ese juzgado conocer y decidir el conflicto de competencia.
El referido artículo 71 del Código de Procedimiento Civil es claro al
atribuirle a este Máximo Tribunal la competencia para conocer de las
regulaciones planteadas, en situaciones como la que nos ocupa, en la cual no
existe un juzgado superior común a los tribunales en conflicto; sin embargo, la
norma no establece cuál de las Salas que lo conforman es la llamada a
resolverlas. En este sentido, se observa
que en materia de regulación de competencia la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 5 numeral 51, establece que será competente
para decidir tal controversia la
Sala afín con la materia y naturaleza del asunto debatido.
Al
respecto, la Sala Plena
del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1 publicada el 17 de enero de
2006 (caso:
José Miguel Zambrano) que, a su vez, acoge el criterio expuesto en su fallo
N° 24, publicado el 26 de octubre de 2004 (caso: Domingo Manjarrez), estableció que será ella, el órgano judicial
competente para resolver los conflictos de competencia surgidos entre
tribunales que ejercen distintas competencias materiales sin un superior común.
Ello
así, del análisis del expediente se desprende que el conflicto negativo de
competencia se ha planteado entre el Tribunal de
Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N°1, y el Juzgado Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial; es decir, que los tribunales involucrados
en el referido conflicto pertenecen a distintos ámbitos de competencia (el primero a la de protección de niños, niñas y
adolescentes y el segundo a la civil), de las cuales no conoce una sola Sala de este
Alto Tribunal que pudiera calificar de afín, con lo cual se configura una
problemática que ha sido resuelta de conformidad con la pacífica jurisprudencia
de esta Sala Plena, antes referida, que la declaran a ella como el órgano
competente para conocer de tal caso.
Ahora
bien, como se mencionó, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, mediante
Resolución N° 2009-0013 de fecha 13 de mayo de 2009, creó dos Salas Especiales
que se denominan Sala Especial Primera y Sala Especial Segunda, siendo esta
última la que se constituyó para decidir la regulación de competencia planteada
en esta causa.
Con base en el criterio expuesto, esta Sala Plena
en Sala Especial Segunda del Máximo Tribunal de la República asume la
competencia para conocer el conflicto negativo de competencia surgido entre el
Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N°1, y el Juzgado Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial. Así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Asumida
la competencia, esta Sala Plena en Sala Especial Segunda pasa a determinar a
cuál órgano jurisdiccional le corresponde continuar conociendo de la demanda
por obligación alimentaria -hoy obligación de
manutención- que intentó la ciudadana Rosa Linda Ferreira Salas contra el ciudadano
Alciades Antonio Nava Alvarado, para lo cual realiza las siguientes
consideraciones:
El artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, dispone que “…[l]a
jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho
existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen
efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que
la ley disponga otra cosa”
(corchetes y resaltado de la Sala),
recogiendo el principio que se conoce como perpetuatio jurisdictionis,
conforme al cual se establece, como principio general, que los cambios
posteriores en materia de jurisdicción y/o competencia no tienen efecto sobre
aquélla que regía para el momento de la interposición de la demanda (Vid. sentencia de
Sala Plena N° 41 de fecha 24 de noviembre de 2004, caso: Fábrica de Tejidos
de Punto Ivette, C.A.).
Sobre
la base de las consideraciones precedentes, la Sala observa que la demanda por “reclamación de
alimentos” -ahora obligación por manutención-
intentada por la ciudadana Rosa Linda Ferreira Salas contra el ciudadano
Alciades Antonio Nava Alvarado, se presentó el 09 de junio de 1987 y su trámite
se llevó a cabo ante un Juez de Menores, según lo previsto en el artículo 57 de
la entonces vigente Ley Tutelar de Menores, publicada en la Gaceta Oficial N°
2.710 Extraordinario del 30 de diciembre de 1980.
Posteriormente,
en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente el 1° de abril de 2000, correspondió al Tribunal de
Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N° 1 seguir conociendo la
demanda; siendo este órgano jurisdiccional el que consideró que por cuanto la hija en común de las partes, ciudadana Vanessa
Carolina Nava Ferreira, cumplió la mayoría de edad, conforme lo previsto en el
artículo 18 del Código Civil, en consecuencia, cesaba -para ese caso- el fuero atrayente de la jurisdicción de protección
de niños y adolescentes a favor de la jurisdicción civil, ordenando, en consecuencia,
remitir el expediente a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, a fin de
que éste se pronunciara sobre las solicitudes pendiente de decisión.
En
este sentido, vista la función primordial de amparo y salvaguarda de los
derechos y garantías de niños, niñas y adolecentes que cumplen los órganos que
componen la ahora jurisdicción especial de protección de niños, niñas y
adolescentes (con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección
del Niño y del Adolescente), cuyo fundamento se encuentra dispuesto en los
artículos 78 constitucional y 173 de la ley que rige la materia -Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.859 Extraordinario del 10 de
diciembre de 2007-, considera esta Sala Especial Segunda pertinente destacar que la
sentencia N° 02 de Sala Plena publicada el 15 de enero de 2008 (caso: Nancy Teresa Cedeño de López), dictada en un caso de similares
circunstancias, estableció lo siguiente:
…la Sala Constitucional
mediante Sentencia número 1.756 de fecha 23 de agosto de 2004, estableció como
criterio vinculante para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y los
restantes Tribunales de la
República, que el trámite de los juicios sobre extensión de la obligación alimentaria
que propongan mayores de edad menores de veinticinco años, de conformidad con
el parágrafo primero, letra d), del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente, corresponde a las Salas de Juicio de los Tribunales de
Protección del Niño y del Adolescente correspondiente. En tal sentido, se
expuso en la sentencia aludida lo siguiente:
…omissis…
Dispone el artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente lo siguiente:
‘Extinción. La obligación
alimentaría se extingue:
(...)
b) por haber alcanzado la
mayoridad el beneficiario de la misma, excepto que padezca deficiencias físicas
o mentales que lo incapaciten para proveer su propio sustento, o cuando se
encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar
trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los
veinticinco años de edad, previa aprobación judicial’.
Ahora bien, es evidente para esta
Sala Constitucional que la materia de obligación alimentaria está sujeta al
tribunal especializado y al procedimiento especial que señala expresamente la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente en los artículos que se transcribieron, por ello, mal puede
señalarse que las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y
del Adolescente pierden la competencia si no se realiza la solicitud de
extensión de la obligación antes de que el adolescente cumpla los dieciocho
(18) años de edad, pues dicha norma no señala tal lapso preclusivo para la
solicitud de la extensión, simplemente establece que los jóvenes que cumplan la
mayoría de edad pueden seguir beneficiándose de la pensión de alimento que le
deben su padres, en el caso de que cursen estudios que, por su naturaleza, le
impidan el ejercicio de un trabajo remunerado, pero deben pedir una aprobación
judicial.
La interpretación del artículo 386, letra
b), de la Ley Orgánica
para la Protección
del Niño y del Adolescente no puede entenderse sobre la base de que la
competencia corresponde a lo (sic) Tribunales de Civiles ordinarios, si no se solicita la extensión de la
pensión de alimentos antes de que el beneficiario cumpla la mayoría de edad,
porque esto causaría una gran incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que los
que soliciten la autorización judicial cuando son adolescentes permanecen en la
jurisdicción especial y aquellos que no pidan dicha autorización, antes de la
mayoría de edad, deberán demandar ante la jurisdicción civil ordinaria, lo cual
ocasionaría que la competencia para el conocimiento del asunto en cuestión
dependiera del pedimento o no de la autorización.
…omissis…
De esta manera, y con
carácter vinculante, esta Sala determina que la competencia para el
conocimiento de todas las demandas que se intenten con motivo de la extensión
de obligación alimentaria, a que se refiere el artículo 383, letra b), de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente, independientemente de que realice o no la solicitud antes de
que se cumpla los dieciocho años de edad, son las Salas de Juicio del Tribunal
de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial
correspondiente.
…omissis…
Así pues, con fundamento en el
criterio jurisprudencial transcrito, observa esta Sala Plena que en el caso de
autos, aparecen reproducidos los elementos fácticos o presupuestos de hecho que
motivaron la decisión en referencia, vale decir, un conflicto de competencia
que surge con motivo de una demanda por obligación alimentaria, cuando quien
viene siendo beneficiario de la misma cumple dieciocho (18) años de edad, pero
puede ser extendida en atención a lo establecido en el literal b) del artículo
383 de la Ley Orgánica
para la Protección
del Niño y del Adolescente, razón por la cual y atendiendo al carácter
vinculante que reviste la misma, se acoge al criterio expresado…(resaltado de este fallo).
El precitado criterio ha sido ratificado por la Sala Plena mediante su
fallo N° 149, publicado en fecha 20 de
noviembre de 2008 (caso: Nelly Josefina Roa Lobo), en el cual se señaló que:
…se deja
sentado que en materia de obligación alimentaria (hoy obligación de manutención)
existe una norma especial y de aplicación preferente como lo es el artículo 177
parágrafo primero, letra d) de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente, aplicable ratione temporis, en el sentido de que
consagra un fuero especial respecto al Tribunal de Protección para conocer las
demandas ejercidas por este concepto, no obstante, que su beneficiario hubiera
alcanzado la mayoridad y sea menor de veinticinco (25) años, como en el
presente caso.
Así, visto el criterio sentado por la Sala Constitucional
y siendo que de autos se desprende que la fecha de nacimiento de la ciudadana
Vanessa Carolina Nava Ferreira es el 31 de enero de 1986 (folio 37), se evidencia que para el momento en que se dicta la
presente decisión no sobrepasa la edad de veinticinco (25) años, por lo cual,
esta Sala concluye que el caso bajo análisis encuadra en el supuesto
establecido jurisprudencialmente, resultando entonces competentes, para conocer
el asunto concerniente a las solicitudes de extinción y extensión de la
obligación alimentaria, respectivamente intentadas por el demandado y la
beneficiaria, los órganos que componen la jurisdicción especial de protección
de niños, niñas y adolescentes.
Ello así, esta Sala Plena en Sala Especial
Segunda del Tribunal Supremo de
Justicia, declara que la competencia para continuar conociendo de la acción por
cumplimiento de obligación alimentaria (hoy obligación de manutención) inicialmente intentada por la ciudadana Rosa
Linda Ferreira Salas, a favor de sus hijas Roalcy Michel y Vanessa Carolina
Nava Ferreira, contra el ciudadano Alciades Antonio Nava Alvarado, corresponde específicamente al Tribunal de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 1, al cual se
ordena remitir el expediente, junto con oficio. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala
Plena en Sala Especial Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia
en nombre de la
República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara:
1.- Que es COMPETENTE para conocer el conflicto negativo de competencia
surgido entre el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N°1, y el Juzgado Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial.
2.-
Que CORRESPONDE al Tribunal de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 1, la
competencia para continuar conociendo de
la
acción por cumplimiento de obligación alimentaria (hoy obligación de manutención) inicialmente intentada por la ciudadana Rosa
Linda Ferreira Salas, a favor de sus hijas Roalcy Michel y Vanessa Carolina
Nava Ferreira, contra el ciudadano Alciades Antonio Nava Alvarado.
3.- Se ORDENA la remisión del expediente, junto con oficio, al Tribunal
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 1.
Publíquese, regístrese
y comuníquese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia. Cúmplase lo ordenado.
Dada,
firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Plena en Sala
Especial Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún
días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150°
de la Federación.
Los Magistrados,
LUIS ALFREDO SUCRE CUBA
JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN
FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA
Ponente
La Secretaria,
OLGA M. DOS SANTOS
P.
