II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia

Caracas, 24 al 26 de marzo de 1999


Acta de la Tercera Sesión Plenaria - Derechos Humanos

Instalada como ha sido la "II CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA", en el día de hoy, viernes veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a las ocho y media de la mañana (8:30 a.m.), se dio inicio a la Tercera Sesión Plenaria para tratar el Tema General "DERECHOS HUMANOS", bajo la Presidencia del Magistrado Dr. Julio Salvador Nazareno, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina; Vicepresidencia del Magistrado Dr. Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; y como Relator el Magistrado Dr. Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, con la asistencia, además, de los Magistrados Presidentes o Representantes de Cortes o Tribunales Supremos de Justicia que a continuación se indican: Dr. Carlos Mario Velloso, Vicepresidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil; Dr. Fernando Enrique Arboleda Ripoll, Vicepresidente de la Suprema Corte de Colombia; Dr. Jorge Leslie Bodes Torres, Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular de Cuba; Dr. Jorge Eduardo Tenorio, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador; Dr. Antonio Martí García, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del Reino de España y Dr. Bruno Otero, Vocal del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España; Dr. Oscar Najarro Ponce, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala; Dr. Oscar Armando Avila, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras;; Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua; Dr. José Andrés Troyano Peña, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá; Dr. Enrique Antonio Sosa Elizeche, Primer Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay; Dr. Víctor Raúl Castillo, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú; Dr. Armando Torres Paulo, Vicepresidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal; Dra. María M. Naveira de Rondón, Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Dr. Jorge Subero Isa, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana; Dr. Raúl José Alonzo de Marco, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay y Dra. Cecilia Sosa Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Seguidamente la Presidencia solicitó al Secretario información acerca del número de países participantes, el anuncio del tema de esta Sesión y acerca de los objetivos específicos del mismo. El Secretario informó que están presentes diecinueve (19) Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia en esta Segunda Cumbre Iberoamericana y que el objetivo específico de esta Sesión es, en materia de Derechos Humanos, evaluar la efectividad del intercambio de la jurisprudencia entre los países de la región, así como con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para determinar si los instrumentos están siendo aplicados por los jueces de la región en sus respectivas sentencias.

Seguidamente la Dra. Cecilia Sosa Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, hizo su exposición sobre el tema "La Aplicación de las normas de Derecho Internacional y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Expresó que la I Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, otorgó especial importancia al tema de la vigencia, promoción, protección y respeto de los Derechos Humanos y, de manera particular, a la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los citados derechos, ya que ésta constituye la principal referencia sobre el tema para los países de la región y, en especial, para los Poderes Judiciales y puso de manifiesto el interés de profundizar en esta II Cumbre, sobre la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el ámbito interno pues, es en el campo de la protección de los Derechos Humanos donde por primera vez en la historia del derecho internacional, se le reconoce a la persona una capacidad procesal específica en cuanto sujeto del derecho internacional. Se refirió la expositora a la interacción entre el derecho interno y el sistema interamericano; a los compromisos internacionales del Estado y la responsabilidad del Poder Judicial; la jurisprudencia de la Corte Interamericana y sus implicaciones en el Poder Judicial, con especial referencia a la relacionada con la regla del agotamiento de los recursos internos, a la obligatoriedad de las resoluciones de la Comisión Interamericana, a la hábeas corpus y otras garantías judiciales en estados de emergencia, al debido proceso, y a la valoración de la prueba. Concluyó afirmando que el sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos se encuentra actualmente en un proceso de revisión y reconceptualización y que considera necesario el aporte de los Poderes Judiciales, ya que estos podrían brindar significativa contribuciones para el fortalecimiento del sistema. Una vez concluida la exposición de la Dra. Sosa Gómez la Presidencia concedió el derecho de palabra así:

Dr. Bruno Otero, Vocal del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, quien expresó en relación al tema que la paz depende de una efectiva defensa y aplicación de los Derechos Humanos y que es necesario y obligatorio la promoción de reformas para positivar los Derechos Humanos; y que los jueces, dentro del marco de la constitucionalidad y legalidad, tienen la obligación de indagar y crear Derechos Humanos. En tal sentido propuso: que se emita una Declaración de la Cumbre en el sentido de que los jueces están obligados a indagar y crear Derechos Humanos; regular la posibilidad legal de que los jueces interpongan recursos de inconstitucionalidad de normas que su juicio violen los Derechos Humanos; y que los Gobiernos o Cortes promuevan sistemas educativos en relación con los Derechos Humanos.

Dr. Enrique Antonio Sosa Elizeche, Primer Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay, quien aludió a la imperiosa necesidad de la positivización de los Derechos Humanos; señaló que observa problemas en la reglamentación de estos derechos y que uno de ellos que más nos atañe, es el relacionado con la justicia pronta, que debemos reflexionar sobre el tema y que considera que se deben crear sistemas adecuados para que los órganos de administración de justicia decidan en forma rápida.

Dr. Fernando Enrique Arboleda Ripoll, Vicepresidente de la Suprema Corte de la República de Colombia, quien coincidió con la posición del representante Paraguay en su visión acerca del tema, y se refirió a las críticas que se hacen al sistema de protección a los Derechos Humanos.

Dr. Armando Torres Paulo, Vicepresidente del Supremo Tribunal de Justicia de la República de Portugal, quien evidenció la necesidad de proceder a los juzgamientos en un plazo razonable y que en su país, en relación a los casos que llegan al Tribunal Supremo, se está pensando en seguir el modelo norteamericano, en el sentido de elegir los procesos o causas que deba conocer.

Dr. Oscar Armando Avila, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras, quien afirmó que la deuda pública de los países latinoamericanos constituye una violación de los Derechos Humanos y, en tal sentido, propuso que se tomara un Acuerdo o Declaración que evidenciara la preocupación de la Cumbre sobre el tema y se presentará a la Conferencia Mundial que se reunirá próximamente en Estocolmo.

Dr. Carlos Mario Velloso, Vicepresidente del Supremo Tribunal Federal de la República Federativa del Brasil, quien expresó que el tema es fascinante y totalmente pertinente en Conferencias o Cumbres como la que realizamos en esta fecha. Se refirió a los Derechos Humanos de primera, segunda y tercera generación y expresó que actualmente se vive en una concentración o explosión de derechos. Que en su país los Derechos Humanos están inscritos en la Constitución; que se necesita que entremos en la era de los derechos garantizados y que se requiere un Poder Judicial fuerte que declare la efectiva vigencia de los Derechos Humanos: no basta la sola positivazación de éstos sino que se requiere que se adopten medidas judiciales expeditas que garanticen los Derechos Humanos. Concluyó afirmando que se debe proclamar la necesidad de positivizar en el derecho interno los Tratados Internacionales que declaren Derechos Humanos.

Dr. Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, quien se refirió a la importancia de que cada país tenga sus normas que obliguen aplicar disposiciones que contengan Derechos Humanos. Expresó que el conocimiento de las reglas internacionales y tratados son escasos, por lo que indicó que se debe hacer un esfuerzo en materia educativa para superar tal situación.

Dra. Cecilia Sosa Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, quien expresó que comparte las reflexiones hechas por el representante de Costa Rica y señaló que los miembros de nuestros sistemas judiciales no han valorado el régimen que estos cuerpos normativos internacionales tienen y que no han entendido el carácter o valor que tienen en nuestros países; que existe una cultura según la cual lo nacional tiene más valor o importancia que lo supranacional al que se le asigna una posición secundaria. Que hay una deficiencia en la obtención de información sobre la materia y que se debe exhortar a los jueces para que atiendan y valoren las sentencias sobre Derechos Humanos. Que se debe impulsar un acercamiento entre las organizaciones no gubernamentales y el Poder Judicial ya que aquéllas con sus críticas o apoyos podrían coadyuvar en corregir las fallas o errores que los tribunales pudieran cometer.

Dr. Jorge Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, quien expresó que en su país la Corte interpretó la Constitución extendiendo el concepto de ley a decretos y reglamentos del Ejecutivo y explicó algunas sentencias emanadas del Alto Tribunal de su país.

Dr. Jorge Eduardo Tenorio, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, consideró que esta Cumbre tiene la oportunidad de producir excelentes acuerdos, que demuestren contundentemente la capacidad y voluntad de los Altos Tribunales en ella representados, para defender los Derechos Humanos. Que debemos tratar la materia relacionada con la impunidad, la eficacia de sistemas que garanticen dichos derechos y emanar un acuerdo que llegue a las mentes y a las conciencias de nuestros pueblos.

Dr. Víctor Raúl Castillo, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú , quien afirmó que se debe tomar una Declaración de Principios en la que se reafirme el respeto a Derechos Humanos.

Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, quien al explicar el sistemas de Derechos Humanos que rige en su país, advirtió que los Pactos y Convenciones Internacionales forman parte del derecho interno de cada uno de nuestros países.

Dr. Armando Torres Paulo, Vicepresidente del Supremo Tribunal de Justicia de la República de Portugal, quien afirmó que en su país un Juez de Primera Instancia puede inaplicar una norma que a su juicio colida con la Constitución.

Dr. Julio Salvador Nazareno, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, quien expuso que a la Constitución de su país se han incorporado numerosos Tratados o Convenciones Internacionales y que se debe establecer la invulnerabilidad de dichos instrumentos. Señaló que los Tratados Internacionales tienen preeminencia sobre la legislación interna.

A continuación la Presidencia concedió el derecho de palabra al Dr. Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, quien expuso el tema "Los Derechos Humanos de las Víctimas". Quien expresó que las víctimas de los hechos violentos, a pesar de ser los sujetos directos del hecho social anómalo que les perjudica, han sido olvidados y algunas veces prácticamente excluidos por los sistemas jurídicos represivos de la violencia. Se ha dicho que éstos tienden a agotarse en un papel garantista de los Derechos Humanos del delincuente, en un esquema ya de viejo cuño (Rousseau) en el que el Estado pretende, frente al agresor, la defensa de la sociedad, que es lesionada con el hecho antisocial. Que los distintas Programas de Transformación del Sector Justicia que se están llevando a cabo en distintos países de nuestra América, se enfrentan a la satisfacción de tres demandadas básicas de las sociedades en que vivimos, que es necesario atender para poder hablar de un verdadero Estado de Derecho y que tales requerimientos serían: la protección a los ciudadanos ante los posibles abusos del poder público y de otros individuos; el protagonismo de los Poderes Judiciales y las certezas jurídicas. Manifestó que aunque el tema de los derechos de víctimas puede plantearse en distintas dimensiones, algunas de ellas propias del Derecho Internacional Público, piensa que las tareas pueden emprenderse en dos ámbitos del Derecho Interno: en el derecho procesal penal y en el campo del sistema indemnizatorio. Concluyó afirmando que es necesaria una acción de nuestras jerarquías para organizar sistemas judiciales represivos e indemnizatorios de las víctimas.

Seguidamente, la Presidencia concedió el derecho de palabra al Dr. Jorge Eduardo Tenorio, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, quien expuso el tema "Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana", en el que señaló que pocos temas como la Administración de Justicia y la Seguridad Ciudadana son tan importantes en las circunstancias actuales del mundo y, particularmente, en las de nuestros países. A manera de conclusión señaló que es necesario armonizar los conceptos de Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana; que se requiere la inmediata atención de las causas estructurales del delito y la adopción de una política criminal integral; que el Estado debe atender tanto en la Administración de Justicia como la Seguridad Ciudadana; que se debe potenciar la independencia judicial. Una vez concluida la exposición, la Presidencia concedió el derecho de palabra a los participantes de la Cumbre, así:

Dr. Armando Torres Paulo, Vicepresidente del Supremo Tribunal de Justicia de la República de Portugal, quien expresó la importancia y valor de las dos Conferencias anteriores y al respecto informó que en su país va a entrar en vigencia un Código Procesal Penal en el que se consagran los derechos de las víctimas y que por su parte el Código Penal establece una pena adicional que consiste en pago de sumas de dinero a las víctimas; y que en cuanto a la exposición del representante de El Salvador señaló que hay medidas preventivas que no corresponde tomar al Poder Judicial y que considera que no cree que haya delitos sólo porque hay impunidad.

Dr. Bruno Otero, Vocal del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, quien explicó brevemente el tratamiento que se da en su país a las víctimas y en especial a las mujeres maltratadas quienes son atendidas por las comunidades autónomas que mantienen una red de asistencia social; señaló igualmente que el Consejo General del Poder Judicial conoce sobre la responsabilidad de los jueces en casos de retraso en las decisiones. Por otra parte no es partidario de la creación de jurisdicciones especiales por vulnerar el derecho a ser juzgado por el Juez natural y que en España existen leyes que consagran la indemnización, como por ejemplo el terrorismo.

Dr. Antonio Martí García, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del Reino de España, quien recalcó que los jueces se limitan a aplicar la ley; que en cuanto a los Derechos Humanos de las víctimas, la doctrina esta a favor de una asistencia a éstas, sin olvidar los derechos del delincuente.

Dr. Jorge Leslie Bodes Torres, Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, quien destacó que le parecieron muy interesantes las exposiciones de los representantes de Costa Rica y El Salvador; aplaudió la actitud de los jueces en cuanto a la atención de las víctimas y reconoció favorablemente la existencia de la ley paraguaya sobre la materia. Que la actividad de los jueces debe tender a crear espacio para que la víctimas puedan defender sus derechos y que su resarcimiento debe ser abordado en el proceso penal. Concluyó afirmando que en su país existe una institución denominada Caja de Resarcimiento, adscrita al Ministerio de Justicia que se ocupa de toda la materia.

Dra. Cecilia Sosa Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, quien señaló, en el contexto de las Ponencias o Conferencias presentadas anteriormente, la próxima entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece los derechos en una forma simple; que sí el Fiscal del Ministerio Público decide archivar una denuncia por falta de pruebas, debe notificar a la víctima para que ésta ejerza los recursos que considere convenientes y se consagra el derecho del imputado a ser asistido por un profesional desde el inicio de la causa. Y que en el orden civil, el Ministerio Público debe ejercer la acción civil y se establece en el citado Código, la creación de una Oficina de Asistencia a la Víctima.

Dr. Fernando Enrique Arboleda Ripoll, Vicepresidente de la Suprema Corte de la República de Colombia, se refirió a la situación de la mujer maltratada en su país y a la jurisprudencia establecida al respecto por los Tribunales en su país.

Dr. Oscar Armando Avila, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras, quien en primer término se refirió a la primera conferencia sobre derechos de las víctimas como manifestando su preocupación por la situación de los desposeídos, quienes no tienen que los defiendan y que se deben buscar mecanismos para resolver tal problemática; y en cuanto al segundo tema sobre Seguridad Ciudadana señaló la existencia de un grave problema por los altos índices delictivos que tienen nuestros países y que la gente ignoran que el Poder Judicial no es el encargado de la seguridad ciudadana, pues sólo se dedica a administrar justicia. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia declaró terminada la Sesión.

El Presidente

El Secretario

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