Caracas, 4 al 6 de marzo de 1998
Ciudadano Dr. Rafael Caldera, Presidente de la República de Venezuela. Ciudadano Presidente y Vicepresidente del Congreso de la República de Venezuela. Ciudadanos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela. Excelentísimo Señor Dr. Guillermo López, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República de Argentina. Excelentísimo Señor Dr. Hugo Dellien Barba, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia. Excelentísimo Señor Ministro Carlos Mario Da Silva Velloso, Vicepresidente del Supremo Tribunal Federal de la República Federativa del Brasil. Excelentísimo Señor Dr. Roberto Dávila Díaz, Presidente de la Corte Suprema de la República de Chile. Excelentísimo Señor Dr. José Fernando Ramírez, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República de Colombia. Excelentísimo Señor Dr. Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Excelentísimo Señor Dr. José Raúl Amaro Salup, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República de Cuba. Excelentísimo Señor Dr. Héctor Romero Parducci, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Ecuador. Excelentísimo Señor Dr. Jorge Eduardo Tenorio, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador. Excelentísimo Señor Dr. Enrique Cancer Lalanne, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia del Reino de España. Excelentísimo Señor Dr. Miguel Angel Rivera Portillo, Magistrado Propietario de la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras. Excelentísimo Señor Dr. Guillermo Vargas Sandino, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua. Excelentísimo Señor Dr. Arturo Hoyos, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Excelentísimo Señor Dr. Víctor Raúl Castillo, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Excelentísimo Señor Dr. Alberto Carlos Ferreira de Silva, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Portuguesa. Excelentísimo Señor José Andréu García, Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Excelentísimo Señor Dr. Jorge Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Excelentísimo Señor Dr. Roberto Salazar Manrique, Presidente del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Excelentísimos Magistrados y Observadores de la Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia. Fiscal General de la República de Venezuela. Contralor General de la República Encargado; Excelentísimos Señores Embajadores; altas autoridades representantes de los poderes públicos nacionales; distinguidos invitados, Señoras y Señores.
Quiero darles mi más calurosa bienvenida y agradecerles en nombre de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, su presencia en nuestra sede, para atender nuestra invitación a estudiar, analizar y debatir las declaraciones de los Jefes de Estado, en particular la de Margarita en noviembre de 1997, que atañen al Poder Judicial de nuestros países.
En la reunión de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica celebrada en Madrid en octubre de 1997, intercambiamos criterios y aprobamos una conclusión cuyo texto es el siguiente: Conducir, previo análisis, los acuerdos en materia de Poder Judicial a ser suscrito por los Jefes de Estado de la Cumbre Iberoamericana a realizarse en la Isla de Margarita, Venezuela, en noviembre de 1997, y a proponer los mecanismos y acciones que los hagan viables. Fue allí donde surgió la idea de que Venezuela fuera el país anfitrión.
Tradicionalmente, los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos, nos reunimos para discutir e intercambiar conocimientos y experiencias sobre temas jurídicos abstractos y su aplicación a casos concretos, en otras palabras, nos reunimos a examinar la evolución de la doctrina y de la jurisprudencia y su aplicación a determinadas instituciones jurídicas como el control de la constitucionalidad de los actos del Poder Público, tema central de la reunión de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, el Caribe, España y Portugal, que se reunió en Venezuela en 1983 o en nuestra última reunión en Madrid.
Por esto, no ha dejado de llamar la atención que por primera vez nos reunamos formalmente a discutir y analizar temas jurídicos que fueron decididos como importantes por los jefes de nuestros Estados.
Ha llegado el momento que las Cortes Supremas de Justicia fijen su posición sobre la forma en que el Poder Judicial ve las definiciones políticas y decida cómo deben ser tratadas desde un punto de vista estrictamente jurídico.
Cuando se reúnen los Jefes de Estado, lo hacen en su connotación de quienes detentan la representación política del Estado, de allí que sus acuerdos en sus Cumbres, sean políticos, que deben ser llevados al terreno de la aplicación mediante el ejercicio de las potestades de las respectivas ramas del Poder Público.
Así surge la obligación del Ejecutivo Nacional de tomar todas aquellas medidas necesarias para que los acuerdos políticos sean implementados a nivel nacional. El Congreso asume la obligación de dictar las leyes y ejercer los controles constitucionales que permitan la materialización de los acuerdos en normas positivas y los tribunales, con la Corte Suprema a la cabeza, tienen la función de aplicar esas normas.
Si no hacemos esto, entendemos que estas cumbres no pasan de ser eventos que no trascienden más allá de las declaraciones de principio. Las Cortes Supremas de los países iberoamericanos han considerado que los temas planteados en la Cumbre de Margarita, deben tener una aplicación inmediata por la importancia que revisten para una sana administración de justicia.
El temario elegido muestra nuestra vocación de hacer efectiva la relación entre inquietudes y necesidades y su concreción en la potestad de juzgar y hacer cumplir lo sentenciado, para que así el Estado en el ejercicio de sus potestades, asegure y garantice a sus ciudadanos la plena vigencia del Estado de derecho, mediante la protección y desarrollo de estos valores considerados en las Cumbres de los Jefes de Estado como fundamentales para la realización de nuestras democracias.
En esta Cumbre, mediante la modalidad de sesionar en plenario, nos dedicaremos al conocimiento de los siguientes temas: Autonomía e Independencia del Poder Judicial y Colaboración entre los Poderes.
Cuando se trata de la separación de poderes, debe ser tomado muy seriamente la forma en que el Poder Judicial debe asumirla, hasta qué extremo se puede hablar de la independencia del Poder Judicial, cuando su presupuesto es una partida del Ejecutivo o bien cuando un juez para ausentarse de la sede de su tribunal, debe tener la autorización del Ejecutivo Regional o cuando son nombrados los jueces sin cumplir con los más elementales principios de selección y designación o cuando la injerencia del poder político es de tal naturaleza que los jueces se transforman en meros ejecutores del que se considera la voluntad del patrono.
Las Cortes deben y tienen que buscar los mecanismos que aseguren su independencia y su protección de injerencias exógenas al Poder Judicial.
Vigencia, Promoción, Protección y Respeto de los Derechos Humanos. Cómo puede hablarse de la vigencia del estado de derecho si nuestros países no cuentan con recursos expeditos y eficaces que hagan efectiva la protección de los derechos del ciudadano, incluyendo hasta la amenaza de violación de los derechos consagrados en las Constituciones y Tratados Internacionales. Las Cortes Supremas deben darle especial importancia a la protección de los derechos humanos de manera que se pase de unas declaraciones dogmáticas contenidas en nuestras Constituciones a la salvaguarda efectiva que cada caso requiera.
Formación y Capacitación Judicial: Para el juez es fundamental el conocimiento de la ley, su correcta aplicación y los conocimientos gerenciales para un expedito funcionamiento de su tribunal. Las Cortes Supremas deben promover los mecanismos de preparación y adiestramiento de los jueces, así como la cooperación entre ellas para hacer efectivo el conocimiento de las experiencias propias de cada una a la de los otros países.
Resolución Alterna de Conflicto: Es una tendencia generalizada el que las partes en conflicto de carácter patrimonial, de familia, laboral o inclusive de convivencia social busquen mecanismos alternos al de la contienda judicial. De allí que las Cortes Supremas deban establecer el ámbito de aplicación de estos mecanismos.
Lucha contra la Corrupción: La corrupción ha sido el flagelo permanente que desde tiempos inmemoriales azota la institucionalidad, la ética y el equilibrio social de los estados. Hoy, esto se ve y se hace más evidente por factores como la globalización, la riqueza de las naciones y de los grupos económicos y por las ansias desmedidas de acceder a ella. Las Cortes Supremas debemos buscar las formas de aplicación efectiva de las normas que permitan su efectivo control y sanción así como proponer al Ejecutivo y al Congreso las modificaciones legales o la promulgación de leyes que permitan un adecuado ejercicio jurisdiccional sobre quienes sean responsables de tan grave delito. El intercambio de experiencias y conocimientos es fundamental en esta materia.
Mecanismos para la Solución de las Crisis Penitenciarias: Los informes de las Naciones Unidas a través de su organismo especializado del sistema americano, de las organizaciones no gubernamentales y de los propios estados demuestran el estado deplorable y muchas veces inhumano en que se encuentran los regímenes penitenciarios de la región. La violación sistemática de los derechos de los más desposeídos como consecuencia del hacinamiento, la falta de recursos, la lentitud procesal se ha transformado en una práctica corriente de nuestro sistema penitenciario. Esta es una de las áreas donde las desigualdades sociales llevan aparejadas las dificultades del acceso a la justicia, quien carece de medios económicos y entre más baja es su posición social dentro de una sociedad, su acceso a la justicia es más difícil, su permanencia en las cárceles es más ignominiosa y problemas éstos que no enfrenta quien cuenta con medios económicos y sociales para hacer valer en algunas oportunidades sus derechos.
Las Cortes Supremas están en el deber de asumir políticas y promover ante el Ejecutivo las medidas tendentes a eliminar las desigualdades económicas y sociales, a mejorar la situación del reo o procesado en las cárceles, y asegurar que éstas sean centros de rehabilitación.
La protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El hábitat es el lugar donde el ser humano vive, se desarrolla y recrea; pareciera que su protección ha quedado entregada sólo a los estados desarrollados y a su promoción por grupos minoritarios dentro de las sociedades. Los Poderes Judiciales de la región tienen que tomar conciencia de la importancia de la protección al medio ambiente, en términos de asegurar y garantizar la explotación de recursos naturales y su relación con el desarrollo, por una parte, y la calidad de vida y ambiente sano por la otra. La depredación del ambiente en función de la riqueza es pan para hoy y hambre para mañana. Las Cortes Supremas deben fijar posiciones jurídicas sobre este particular, para que se desarrolle una legislación y una jurisprudencia acorde con el derecho individual al medio ambiente y con la sociedad en desarrollo.
Narcotráfico y su secuela. Todas las sociedades han sido amenazadas de contaminación y destrucción por los propios hombres. Qué flagelo más grande amenaza a nuestras sociedades que el narcotráfico. Las Cortes Supremas deben enfrentar este delito con toda la seriedad y dureza que esté al alcance de su mano, si es necesario debe solicitar a las otras ramas del Poder Público la promulgación de Leyes y la celebración de Tratados que tipifiquen con claridad las conductas del uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas como delito contra la humanidad.
Las tareas que enfrentamos las Cortes Supremas de Justicia y Tribunales Supremos de Iberoamérica en esta Cumbre, no son fáciles, escapan a la tarea ordinaria del Juez; significa asumir un rol activo en la solución de los grandes problemas que acosan a nuestra sociedad. La colaboración de poderes va más allá del marco formal signado por las Constituciones al Poder Judicial.
En estos momentos el planteamiento de fondo en esta Cumbre se contrae a asumir la colaboración entre Poderes como una definición de los mecanismos de implementación de las Declaraciones de los Jefes de Estado por el Poder Judicial para hacer efectivo los bienes protegidos jurídicamente en ella.
Hoy la colaboración de poderes debe ser entendida en lo que respecta al Poder Judicial, no sólo como la aplicación del derecho al caso concreto que le es sometido a su conocimiento, sino además, como la asunción de las políticas y acciones para enfrentar el problema señalado en cada uno de los temas. Debemos buscar acuerdos entre cortes, propuestas de leyes, acuerdos vinculantes, promoción ante los poderes ejecutivos para la celebración de tratados internacionales, que permitan enfrentar los problemas con eficiencia y eficacia.
Las Cortes Supremas estamos en la obligación de señalarles a los Jefes de Estado cuáles serán los resultados de esta Cumbre en cada uno de los temas trabajados, en particular, cuáles son las medidas de orden legislativo y político necesarias para la ejecución de lo que acordemos.
Quiero agradecer nuevamente la presencia a los Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, a los observadores, así como a las autoridades y personas que nos acompañan en este acto de instalación de esta Cumbre, de la cual tanto esperamos todos sus participantes.
Señores Magistrados de las Cortes Supremas invitados, trataremos de hacer que su estadía en Venezuela sea grata y fructífera, con el convencimiento de que será vivida por ustedes como la patria americana. Muchas gracias.
Señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Señor Presidente del Congreso. Señora Presidenta de la Cámara de Diputados. Señora Presidenta del Consejo de la Judicatura. Señores Ministros. Señor Fiscal General de la República. Autoridades. Señores Presidentes y Magistrados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Iberoamérica, a los cuales damos la más cordial bienvenida. Señores Embajadores. Señoras. Señores.
Me ha hecho un honroso privilegio la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia al pedirme que diga unas breves palabras para declarar instalada esta importante reunión. Indudablemente que una Cumbre como ésta representa una fuerza moral y jurídica muy importante en la vida de nuestros países, y estoy convencido de que tanto el sector público como la sociedad civil estarán atentas a las deliberaciones y a las recomendaciones que se formulen desde esta magnífica y formidable Cumbre Iberoamericana.
Tengo gran respeto por la Corte Suprema de Justicia, me ufano de haber sido ponente, cuando se redactó la Carta Fundamental de la República, del artículo 211 que encabeza el capítulo respectivo, en el cual se afirma que la Corte Suprema de Justicia es el más alto Tribunal de la República y que de sus decisiones no se oirá ni considerará recurso alguno. Pienso que la opinión en general está pendiente de estas deliberaciones, y recuerdo que la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos celebrada en Margarita del año de 1997, tenía como tema fundamental el de los Valores Éticos de la Democracia, y sin duda, como allí se afirmó, que uno de los valores éticos fundamentales es una recta administración de justicia.
En verdad nuestros pueblos están preocupados por esta relación entre la administración de justicia y la sociedad civil, y existe el deseo, la aspiración muy justa, de que una reforma bien inspirada, bien realizada, pueda curar los males que tenga y fortalecer las virtudes que tienen aquellos que ejercen la función judicial con conciencia, con responsabilidad y con voluntad de cumplir un deber, un gran deber.
Esto indudablemente que representa para nuestros países mucho, y debo decir con toda sinceridad que, cuando se habla de una reforma judicial, se piensa con buenos ojos en el papel que las Cortes Supremas en nuestro país, y las Cortes y Tribunales Supremos en los países hermanos, tiene que cumplir en esta materia. Creo honestamente que el país tiene confianza en ese papel que va a jugar la Corte Suprema de Justicia en esa tarea que es una tarea improba pero indispensable y necesaria para el futuro de nuestros pueblos.
Esta afirmación la hago con toda sinceridad, porque una democracia como la nuestra donde la libertad de expresión no tiene límites de ninguna especie, donde con frecuencia se abusa de ella para atacar y difamar a las autoridades y funcionarios de los más diversos niveles de la Administración, no escuchamos quejas que afecten a la honestidad al cumplimiento del deber fundamental de dar una recta administración de justicia, que incumbe a los Magistrados integrantes de esta Corte Suprema.
Pienso que en muchos países está ocurriendo lo mismo, y pienso también que cuando hablo de la reforma de la administración de justicia, no estoy limitándome a nuestro propio hemisferio. En Europa está planteándose en términos muy similares y con condiciones y circunstancias muy parecidas a las nuestras, y sé que tenemos un compromiso todos, un compromiso las distintas gamas del Poder Público, un compromiso de los distintos sectores de la sociedad civil, para hacer que este servicio público tan fundamental y tan esencial, se preste de una manera recta, honesta y oportuna.
Esta lucha es una lucha sin par, pero sin duda tiene también numerosos aspectos en los cuales las ciencias jurídicas van descubriendo nuevos caminos. El derecho se transforma como se transforma la sociedad, pero sus principios fundamentales son siempre los mismos que se mantienen inmutables. En el importante discurso que acabamos de oír de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, indudablemente que el temario es un temario rico, un temario apasionante, un temario lleno de interés. La gente está pendiente de lo que los jueces piensen y digan de su propia función, de su propia tarea, y sabemos que es muy grande su propia responsabilidad y al tenerlos reunidos aquí para deliberar sobre esta situación, indudablemente que es un signo de optimismo. Puedo hablar no solamente en nombre del Ejecutivo Nacional, que tengo el honor de presidir, sino en nombre de los Poderes Públicos, en nombre de toda la opinión pública.
Señores Magistrados, estamos pendientes de lo que ustedes deliberen y estamos pendientes de lo que ustedes señalen en el camino de esta reforma del Poder Judicial, que es una de las más importantes en la reforma del Estado. Sabemos también que esa reforma influye aspectos técnicos, la Corte Suprema de Justicia en Venezuela y creo que en otros países hermanos va a ocurrir lo mismo, ha iniciado un programa de reformas, más que todo desde el punto de vista de los procedimientos para agilizar, para perfeccionar los procesos de la resolución de los innumerables casos que vienen a su conocimiento. Es la revolución tecnológica que nos invade y nos acompaña en todas partes y a la cual no son ajenas estas altas instituciones, pero el fondo, lo fundamental, lo esencial, es ese valor ético que la justicia tiene. La Justicia es, indudablemente, el primer alimento espiritual de los pueblos, es la primera fuerza de las sociedades bien establecidas, es el primer aliento de las instituciones democráticas y por eso saludo con cordial deferencia y con respeto, a esta magnífica Cumbre que aquí estamos presenciando en esta noche.
Reciban ustedes, señores Magistrados de países hermanos, el más cordial saludo de parte del gobierno y el pueblo de Venezuela. Siéntanse ustedes a sus anchas porque están en un país que es el mismo país de ustedes, que tiene las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes y el mismo deseo de servir. Sean ustedes bienvenidos. Felicito a la Magistrada Cecilia Sosa Gómez, a los Magistrados integrantes de la Corte Suprema de Venezuela por esta iniciativa, por haberse hecho anfitriones en esta importante reunión y formulando los mejores votos y la convicción profunda que tengo por el éxito de las labores que aquí se inician, declaro formalmente instalada esta Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y de Tribunales Supremos de los países de Iberoamericana. Muchas gracias.