Declaración de Caracas

Las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica hemos decidido reunirnos con el objetivo fundamental de diseñar las políticas y ejecutorias orientadas a desarrollar, en cuanto nos compete, los principios contenidos en la Declaración de Margarita de noviembre de 1997, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica señalaron aspectos relacionados con la administración de justicia de estos países.

Estimulados por la responsabilidad que descansa sobre nuestras instituciones de preservar el orden jurídico, como el mejor instrumento para fortalecer la paz de nuestros pueblos, hemos considerado impostergable este encuentro.

Identificados por una raíz común y una crisis social de similares dimensiones que nos obliga a abordar en conjunto los problemas que ha desencadenado, reconocemos que nuestros Poderes Judiciales deben adaptarse a la realidad que demanda nuestra sociedad para asumir eficazmente nuestro rol como garantes del estado de derecho y factor de equilibrio político e institucional de nuestros sistemas democráticos.

La crisis de nuestras sociedades es la crisis de nuestras instituciones; y, sus representantes estamos llamados a resolverla, teniendo como límite nuestras atribuciones y competencias. Comprendemos, por tanto, que la responsabilidad histórica de los Poderes Judiciales de nuestros países debe ser asumida por las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia como cúspides de ese Poder, liderando así las iniciativas que permitan restablecer el orden jurídico que proporcione la seguridad indispensable para el bienestar social y el desarrollo económico de nuestros países.

Nuestras ejecutorias, se dirigen a velar por la independencia y Autonomía del Poder Judicial, con el propósito de garantizar la protección y respeto de los Derechos Humanos, apuntalar el desarrollo sostenible de nuestros países y proteger el legado ambiental de futuras generaciones. Especial importancia se ha otorgado a la aplicación y revisión del régimen sancionatorio contra delitos como la corrupción y el narcotráfico, cuya solución debe atenderse desde una perspectiva interjurisdiccional.

De igual modo, celebramos esta reunión conscientes de que debemos procurar la eficacia del Sistema de Administración de Justicia, para lo cual es imprescindible la adecuada capacitación de sus funcionarios y el desarrollo de medios alternos para resolver las controversias de esta nueva sociedad, que garanticen el acceso oportuno del ciudadano a la Justicia.

Es la realización de esta cumbre, la que advierte la necesidad de abordar el tratamiento de las soluciones que demanda la sociedad Iberoamericana a través de acciones concertadas, que se sustenten en el intercambio recíproco de experiencias e información, así como en la adopción de acciones conjuntas.

Finalmente, reiteramos nuestra firme convicción de que el mejor desempeño del Poder Judicial tiene como premisa irreemplazable la independencia de sus instituciones respecto a otras ramas del Poder Público y la autonomía de sus jueces.

En lo que respecta al temario en relación al cual hemos reflexionado, se han efectuado las siguientes consideraciones:

Autonomía e Independencia del Poder Judicial y Colaboración entre los Poderes Públicos

Las Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica presentes en esta Cumbre, concientes de que la autonomía e independencia del Poder Judicial constituyen premisas indispensables para su funcionamiento eficaz, formulan las siguientes políticas:

1. Para garantizar la independencia judicial es necesaria la aplicación y creación de normas que aseguren el autogobierno del poder judicial, y que regulen el acceso a la administración de justicia, el respeto a la estabilidad del juez y a la carrera judicial, así como la formación permanente de su personal administrativo y jurisdiccional.

2. Un presupuesto ajustado a las necesidades de la administración de justicia es un elemento fundamental para el ejercicio de una autonomía real. La formulación y ejecución presupuestaria debe hacerse con respeto a la independencia del Poder Judicial, a través de los mecanismos legales de cada país.

3. Las Cortes deben ejercer un rol activo en la formulación y ejecución de políticas destinadas a ejecutar eficazmente el gobierno de la administración de justicia.

4. Debe garantizarse el desempeño eficiente de las instancias disciplinarias judiciales y de los tribunales disciplinarios que controlan la profesión de abogado, para fortalecer la independencia de los jueces.

5. Fortalecer la vocación profesional del Juez como garante de la independencia del Poder Judicial.

6. Las Cortes deben ejercer un rol activo en la iniciativa y discusión de proyectos legislativos. Asimismo, deben establecerse mecanismos permanentes y eficaces que faciliten la colaboración entre los poderes públicos.

7. Promover la concientización del ciudadano acerca de la necesidad imperiosa de la existencia de un Poder Judicial independiente e idóneo.

Para ejecutar las políticas anteriormente enunciadas los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos presentes en este evento, se comprometen a realizar las siguientes acciones:

1. Determinar la eficiencia del gasto en materia de administración de justicia, con el propósito de establecer la composición acertada de un presupuesto judicial autónomo.

2. Cuantificar el número de procedimientos pendientes por resolver en las instancias competentes del control disciplinario de la judicatura y los abogados litigantes, y promover la decisión oportuna de éstos.

3. Elaborar un estudio en los países participantes respecto a la aplicación de los mecanismos de selección de los jueces y de respeto a la carrera judicial.

4. Realizar un estudio comparado sobre los esquemas de cooperación entre los Poderes Públicos.

Vigencia, Promoción, Protección y Respeto de los Derechos Humanos

Las Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica presentes en esta Cumbre, reconocen la necesidad de arraigar una cultura institucional que garantice al ciudadano la igualdad, dignidad, no discriminación y solidaridad; y, acuerdan formular las siguientes políticas, orientadas a promover la protección judicial de los Derechos Humanos:

1. Es primordial que las instancias judiciales garanticen la protección de los Derechos Humanos, tales como, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales incluyendo el derecho al desarrollo, por ello los jueces deberán atender de manera especial las causas en las cuales aquellos se vean controvertidos.

2. Es fundamental promover el pleno ejercicio de los Derechos Humanos como mecanismo de fortalecimiento de los sistemas democráticos.

3. Es fundamental garantizar la divulgación de los tratados internacionales y otros instrumentos de protección de los Derechos Humanos, así como la formación de los funcionarios judiciales en la protección efectiva de aquéllos.

4. Se reconoce que las poblaciones indígenas y los demás grupos minoritarios son destinatarios de los Derechos Humanos.

Con el fin de ejecutar las políticas anteriormente enunciadas, los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos presentes en este evento, se comprometen a realizar las siguientes acciones:

1. Intercambiar jurisprudencia entre los distintos países participantes y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para fortalecer la formación integral del juez en esta materia.

2. Desarrollar una política común de divulgación de los instrumentos de protección de los Derechos Humanos.

3. Abrir mecanismos de cooperación entre el Poder Judicial y las organizaciones ciudadanas.

4. Instar a los Jueces a que se apliquen los criterios aceptados de protección de los Derechos Humanos, incorporando las particularidades de los derechos de los grupos minoritarios de cada país.

La Formación y Capacitación Judicial

Las Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica presentes en esta Cumbre, persuadidos de la necesidad de incentivar y promover la capacitación especializada de los funcionarios judiciales, acuerdan formular las siguientes políticas:

1. Promover que los mecanismos de selección de jueces atiendan, de manera especial, a la definición de un perfil vocacional que satisfaga las necesidades específicas de los poderes judiciales de Iberoamérica.

2. Reforzar la capacitación especializada de los funcionarios judiciales, estableciendo mecanismos de estímulo a la formación continua basados en indicadores de desempeño.

3. Promover la participación de las universidades y otros institutos académicos en la formación del personal judicial y en la investigación en materia de justicia.

4. Promover el uso de la informática dentro de la formación del funcionario judicial, como una herramienta que facilita el intercambio recíproco de información entre los países Iberoamericanos.

5. Prestar particular interés a la formación gerencial como aspecto esencial de la formación del juez para el mejor desempeño de sus funciones.

6. Divulgar los principios éticos fundamentales necesarios para el desempeño de la judicatura.

7. Prestar particular interés a la hermenéutica jurídica como aspecto esencial para la formación del juez y el mejor desempeño de sus funciones.

Los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos presentes en este evento, para ejecutar las políticas anteriormente enunciadas, se comprometen a realizar las siguientes acciones:

1. Identificar las fortalezas y debilidades de los países participantes en materia de formación judicial.

2. Promover acuerdos de intercambio para la formación de funcionarios judiciales iberoamericanos.

3. Promover la creación de la escuela de capacitación de funcionarios judiciales a nivel iberoamericano.

Resolución Alterna de Conflictos

Las Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica presentes en esta Cumbre, concientes de lo importante que es garantizar eficazmente el acceso a la justicia, reconocemos la necesidad de promover mecanismos alternos de resolución de conflictos a través de la siguientes políticas:

1. Promover la utilización de los mecanismos alternos de resolución de conflictos.

2. Las Cortes y Tribunales Supremos deberán establecer el ámbito de aplicación de los mecanismos de solución alterna de conflictos.

Los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos presentes en este evento, para ejecutar las políticas anteriormente enunciadas, se comprometen a realizar las siguientes acciones:

1. Diseñar proyectos relacionados con la tipificación de los asuntos que se deben someter a los mecanismos alternos resolución de conflicto.

2. Elaborar un estudio de costos económicos y de oportunidad de los mecanismos de solución alterna de conflictos.

3. Evaluar la eficiencia de la conciliación, la resolución de controversias en equidad (jueces de paz) y el arbitraje interno e internacional.

4. La creación de un sistema de conciliación y arbitraje iberoamericano.

5. Educar para la negociación de los conflictos, tanto a los ciudadanos, como a los a quienes participen en cada mecanismo.

6. Promover la creación de Centros de Mediación como otro mecanismo de resolución alterno de conflicto.

Lucha Contra la Corrupción

Las Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica presentes en esta Cumbre, concientes de que la corrupción en sus distintas formas y modalidades es un fenómeno que debilita la legitimidad del sistema democrático y la estabilidad de las instituciones, reconocemos la necesidad de combatirla de forma activa, firme y constante, mediante la formulación de las siguientes políticas:

1. Las Cortes y Tribunales Supremos adoptarán un rol activo en la lucha contra la corrupción en la actividad pública y privada.

2. Concientizar los valores éticos dentro del sistema judicial, como instrumento para combatir la corrupción.

3. Fortalecer el proceso de selección de los funcionarios judiciales como medida preventiva en la lucha contra la corrupción.

Los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos presentes en este evento, para ejecutar las políticas anteriormente enunciada, se comprometen a realizar las siguientes acciones:

1. Crear el Código de Etica del funcionario judicial de Iberoamérica.

2. Constitución de Cortes para juicios simulados que permitan la fijación de políticas judiciales contra la corrupción.

3. Elaboración e intercambio de estadísticas de las sentencias referidas a los distintos tipos de los delitos de corrupción, y las penas impuestas en ellas.

4. Promover la simplificación de la tramitación de las causas judiciales.

5. Examinar la adecuación de la legislación anti-corrupción de los países participantes a los postulados de la Convención Interamericana contra la Corrupción (suscrita en Caracas, Venezuela el 29 de marzo 1996).

6. Estudiar la procedencia de incorporar en nuestros textos legales que las causas referidas a delitos contra la cosa pública sean imprescriptibles y no admitan caución o fianza. Asimismo, que la sanción penal en esas causas inhabilite para el ejercicios de cargos en la administración pública.

7. Definir mecanismos interjurisdiccionales tendientes a combatir la corrupción organizada.

Mecanismos para la Solución de la Crisis Penitenciaria

Las Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica presentes en esta Cumbre, reconocemos la importancia de atender la crisis penitenciaria que afecta a nuestros países y acuerdan formular las siguientes políticas:

1. Las Cortes y Tribunales Supremos deberán contribuir con la responsabilidad que tiene el Poder Judicial con el régimen penitenciario en cuanto a la actividad jurisdiccional se refiere.

2. Es fundamental tutelar los Derechos Humanos de los reclusos.

Los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos presentes en este evento, para ejecutar las políticas anteriormente enunciadas, se comprometen a realizar las siguientes acciones:

1. Disponer de un censo de procesados que determine el número de causas pendientes por decisión.

2. Elaborar estudios jurimétricos de costos y tiempos procesales que precisen el grado de eficiencia de los procesos penales.

3. Propender a la incorporación de jueces especiales (itinerantes) para reducir los retardos judiciales existentes.

4. Establecer criterios para evitar los reiterados retrasos judiciales y aplicar medidas disciplinarias para los jueces que incurran en ello.

5. Ejercer un rol activo en la iniciativa y discusión de proyectos de ley que consagren sanciones penales alternativas diferentes a la privación de la libertad.

La Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible

Las Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica presentes en esta Cumbre, reconocemos tutelar jurídicamente el medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, y acordamos formular las siguientes políticas:

1. Las Cortes y Tribunales Supremos deben comprometerse conjuntamente con el Ministerio Público en la protección del medio ambiente e incentivar al sistema de administración de justicia a ejercer la tutela jurisdiccional del derecho al medio ambiente.

2. Reconocer el derecho de cada individuo a gozar de un medio ambiente adecuado para su óptimo desarrollo.

3. Adoptar una política institucional para la divulgación del derecho individual al ambiente.

Los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos presentes en este evento, para ejecutar las políticas anteriormente enunciadas, se comprometen a realizar las siguientes acciones:

1. Apoyar la formación de los jueces en materia ambiental, utilizando los estándares internacionales y las decisiones, en esta materia, que tomen los países participantes.

2. Compilar, analizar e intercambiar las decisiones que en materia de protección ambiental se hayan producido en los países participantes.

3. Promover la creación de Tribunales Supranacionales que tutelen la protección del medio ambiente.

4. Desarrollar encuentros para la divulgación de la importancia en la preservación del medio ambiente.

5. Establecer una red de intercambio de información en lo concerniente a la comisión de delitos ambientales.

Narcotráfico y sus Secuelas

Las Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica representados en esta Cumbre, ante la importancia de promover la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada en materia de narcotráfico, acuerdan formular las siguientes políticas:

1. Las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia declaran al narcotráfico como un delito contra la humanidad, por cuanto trasciende el ámbito jurisdiccional de cada Corte.

2. Propiciarán la creación de un Tribunal Penal Supranacional para que conozca de las causas que excedan la competencia de los tribunales locales.

3. Establecer mecanismo de protección para los jueces que sancionan el delito de narcotráfico.

Los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos presentes en este evento, para ejecutar las políticas anteriormente enunciada, se comprometen a realizar las siguientes acciones:

1. Incentivar la continua especialización de los funcionarios judiciales con relación al tratamiento que debe darse a los delitos de narcotráfico.

2. Propender a la estandarización de los procesos judiciales y la compatibilidad en los tipos y sanciones penales en la comunidad iberoamericana.

3. Establecer una red iberoamericana de información sobre procesos, sentencias y personas relacionadas con este delito, y sus variantes.

4. Apoyar a los jueces que conocen de los delitos de narcotráfico, con objeto de que se logre aumentar la calidad y la cantidad de decisiones en esta materia.

Conclusión final

Las Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica presentes en esta Cumbre, acordamos crear una Unidad Técnica con el objeto de hacer el seguimiento al desarrollo de las acciones cuya ejecución hemos decidido realizar. El referido organismo tendrá sede en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, estará integrado por delegados de los países aquí presentes apoyándonos en la Organización de Cortes Supremas de Justicia de las Américas.