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26 de marzo de 1999 | 26 de março de 1999 | March 26, 1999
- Los observadores valoran muy positivamente la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia
- Cubanos Pro Derechos Humanos solicitan pronunciamiento de la II Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos
- Efectivas innovaciones de la reforma judicial peruana
- La administración de justicia y la seguridad ciudadana son dos campos que no pueden caminar separados
- Se debe evaluar impacto económico de nuevas leyes en la administración de justicia
- Informatización del Poder Judicial acabaría con el congestionamiento de sus sedes
- Los juicios por jurados constituyen una participación del ciudadano en los procesos judiciales
- Celebrado juicio por delitos de corrupción
- La globalización de la economia hace más efectivo el lavado de dinero
- Corte Única Iberoamericana juzgará delitos de narcotráfico
- Primeros pasos para una ley antidrogas iberoamericana
- La constituyente redefinió institucionalidad de Colombia
- Perú país del continente de América que más viola los derechos humanos fundamentales del ciudadano
- La administración de justicia recibe cooperación técnica de organismos no gubernamentales
- La Corte Suprema de Paraguay será factor de equilibrio en la crisis que atraviesa el país
- Creación de una jurisdicción especial para tratar el tema de la violencia de la mujer
- Gran aula virtual permitirá capacitar a funcionarios judiciales de las cortes y tribunales supremos de Iberoamérica
LOS OBSERVADORES VALORAN MUY POSITIVAMENTE LA II CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA
Los observadores internacionales presentes en la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia han valorado muy positivamente la celebración de este acto, que consideran un hito fundamental en el desarrollo del sistema judicial en Iberoamérica.
El Canciller de la Corte de Casación de la República Francesa, Dr. Bernard Peyrat indicó que si bien hay muchos elementos que son particulares para cada estado "también hay cosas que se pueden transmitir de país a país" y que son precisamente las cosas más importantes. En su opinión, es precisamente la celebración de encuentros de este tipo lo que permite poner de manifiesto cuáles son los elementos realmente fundamentales.
Para Peyrat, quien alabó el gran nivel técnico y profesional de las ponencias, la intervención más significativa de las habidas hasta el momento ha sido la del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, Sr. Dr. Julio Salvador Nazareno. Peyrat destacó que los comentarios del magistrado argentino sobre nuevas formas de justicia, potenciando fórmulas como el arbitraje y otros mecanismos que aligeren las cargas de los juzgados, ponen de manifiesto una problemática que no es exclusiva de los países iberoamericanos, sino que "es común a España, Francia y el conjunto de los países europeos".
El representante francés subrayó que la Justicia puede ser un concepto global aunque las diferencias de desarrollo impongan también diferentes concepciones en algunos aspectos clave como la financiación independiente del sistema judicial. Peyrat se refería al debate que tuvo lugar en la mañana sobre la aplicación de un porcentaje fijo del presupuesto público para la administración de Justicia. Según indicó, una opción así puede no ser la más indicada puesto que en algunos casos podría marcar un límite demasiado alto o en otros casos demasiado bajo. Reconoció, sin embargo, que dadas las limitaciones presupuestarias en muchos países iberoamericanos podría tratarse de una buena opción práctica.
El Presidente de la Suprema Corte de Pakistán, Sr. Dr. Ajmal Mian, fue mucho más vehemente en su defensa de la independencia financiera de los sistemas judiciales. El representante pakistaní considera que la independencia del sistema judicial "es el elemento clave que permite incrementar la confianza en los países y atraer y mantener a los inversores extranjeros".
El Dr. Ajmal Mian, destacó la experiencia de esta cumbre como algo muy constructivo. En su opinión, al vivir en esta aldea global, es necesario beneficiarse de las experiencias de otros países. "Nadie puede asegurar que es perfecto", aseguró, "y por lo tanto hay que estar constantemente aprendiendo". Mian utilizó como ejemplo su propia experiencia indicando que "a pesar de llevar muchos años en el sistema judicial, no pasa un día sin que aprenda algo nuevo". De esta forma reafirmó su convicción sobre la gran utilidad que tiene la celebración de cumbres de este estilo.
Protestan las detenciones "por ejercer el derecho a la libertad de expresión"
CUBANOS PRO DERECHOS HUMANOS SOLICITAN PRONUNCIAMIENTO DE LA II CUMBRE IBEROAMERICANA DE CORTES Y TRIBUNALES SUPREMOS
Con diversos anexos, la citada agrupación relata que "en días pasados, fueron condenados en Cuba, después de un año de detención en cárceles de presos comunes, cuatro disidentes: Vladimiro Roca Antúnez; Martha Beatriz Roque Cabello; René Manzano y Félix Bonne Carcassés, a penas de 3 a 5 años de prisión por 'el terrible delito de querer ejercer su derecho a la libertad de expresión"
En ocasión de celebrarse en Caracas, la II Cumbre de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica, la Asociación Cubanos Pro Derechos Humanos, dirigió una misiva a los señores Magistrados asistentes al evento, "que representan la máxima autoridad en materia jurídica en sus respectivos países", para solicitarles una pronunciamiento sobre la situación de la Justicia en Cuba, "basándonos en el último caso de Violación de Derechos Humanos acaecidos en la Isla, y que ha provocado una gran reacción internacional".
Con diversos anexos, la citada agrupación relata que "en días pasados, fueron condenados en Cuba, después de un año de detención en cárceles de presos comunes, cuatro disidentes: Vladimiro Roca Antúnez; Martha Beatriz Roque Cabello; René Manzano y Félix Bonne Carcassés, a penas de 3 a 5 años de prisión por 'el terrible delito de querer ejercer su derecho a la libertad de expresión".
Alegan que esta condena no sólo viola los derechos civiles y políticos de estos ciudadanos cubanos, sino que constituye una flagrante violación a las leyes impuestas por el mismo gobierno cubano, ya que a pesar de que los acusados jamás hicieron uso de la violencia y ni siquiera la instigaron, fueron juzgados por el delito de "sedición", el cual está debidamente tipificado en el artículo 100 del vigente Código Penal cubano, que estipula: "son reos de sedición los que actúan tumultuariamente mediante concierto expreso o tácito y empleando la violencia".
Precisan que si a lo anteriormente expuesto, se añade que la propia Fiscalía cubana reconoció, en el juicio, que los acusados no habían empleado armas ni violencia alguna, "se llega a la conclusión de que se les ha condenado a sabiendas, por un delito que no cometieron, lo que significa, en cualquier parte del mundo, un irrespeto a la Ley y una afrenta a la justicia".
Los miembros de Cubanos Pro Derechos Humanos piden a los 22 Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica que juzguen los hechos y que obren con justicia, condenándolos con firmeza.
II Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas de Justicia
EFECTIVAS INNOVACIONES DE LA REFORMA JUDICIAL PERUANA
Juzgamiento de reos en los centros penitenciarios, la creación del Juzgado Penal de Turno Permanente que opera las 24 horas del día todo el año, el establecimiento de juzgados y salas itinerantes, la edificación de módulos de justicia básica y la creación de Juzgados de Procesos en Reserva y Captura para los procesados en ausencia, son algunos de los logros alcanzados en Perú mediante la reforma iniciada hace tres años.
La realización de un programa nacional de juzgamiento de reos en cárcel, efectuado en los mismos centros penitenciarios con miras a descongestionamiento; la creación de la figura del Juzgado Penal de Turno Permanente que funciona las 24 horas del día, todo el año, y que permite la pronta intervención de la autoridad jurisdiccional, especialmente en hechos ocurridos en horas de la noche, fines de semana y días feriados, son algunos de los logros alcanzados en Perú mediante la reforma del Poder Judicial. También han establecido juzgados y salas itinerantes, lo cual permite que jueces y salas se trasladen periódicamente a las localidades alejadas de la sede de la Corte y resolver así los casos pendientes sin que esos expedientes sean remitidos a las cortes, evitando así las consiguientes dificultades y costos materiales.
Han diseñado y están edificando módulos de justicia básica, especie de mini complejos judiciales que cuentan con juzgados, fiscalías, médicos legistas, consultorios jurídicos gratuitos y centros de conciliación. De esta manera reúnen a todos los agentes involucrados en la administración de justicia en un mismo local para llevar los servicios judiciales a localidades marginales y zonas de menor desarrollo.
A estas innovaciones se refiere la ponencia del doctor Víctor Raúl Castillo, presidente de la Corte Suprema de Perú, la cual versa sobre la reforma judicial emprendida en su país hace tres años. Explica que en el 95, las funciones de gestión y gobierno le fueron conferidas transitoriamente a una Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, mientras que le ejecución, coordinación y supervisión de las actividades administrativas se delegaron en la secretaría ejecutiva, que también integra la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.
En el 96 se creó el Concejo de Coordinación Judicial para que coordinara los lineamientos de política general de todas las instituciones oficiales vinculadas con la problemática de la administración de justicia, "puesto que en una coyuntura de reforma, resulta imprescindible lograr una adecuada relación interinstitucional, a fin de que los distintos organismos se puedan adaptar de modo coherente a los cambios y se logre con ellos un crecimiento simultáneo y uniforme en todo el sistema".
Otros logros de la justicia peruana es la instalación de Juzgados de Procesos en Reserva y Capturas, cuyo objetivo es alcanzar una mayor efectividad en el cumplimiento de las medidas coercitivas dispuestas por los juzgados contra los procesados ausentes. Estos juzgados de procesos en reserva y capturas permiten poder a derecho a quienes se encuentren en dicha condición de ausencia, evitando así la impunidad y la acumulación prolongada de este tipo de causas.
Concluye el magistrado Castillo que "la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial peruano está dedicada a estudiar e implementar los diseños organizacionales que resulten necesarios e idóneos para consolidar en nuestro país un Poder Judicial que cuente con magistrados probos, independientes y honestos, con vocación de servicio y que resuelvan los casos con arreglo a la Constitución y a las leyes, pero sobre todo con justicia, un Poder Judicial que inspire plena confianza al pueblo y fortalezca la seguridad jurídica en nuestra sociedad. Esa es la nueva forma que para la administración de justicia busca nuestra reforma".
II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA SON DOS CAMPOS QUE NO PUEDEN CAMINAR SEPARADOS
La Administración de Justicia y la Seguridad Ciudadana, son dos campos que no pueden caminar separados o divorciados, sin dejar de ser los órganos que las atienden independientes entre sí. Así se planteó en el II Congreso Iberoamericano de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, celebrado en la sede de la Corte Suprema de Justicia entre los días 24 y 26 de marzo de 1999, tal como lo expuso el Doctor Jorge Eduardo Tenorio Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
La constante distinción entre Administración de Justicia y Administración de Seguridad Ciudadana, hace imposible que las causas estructurales que originan el delito, sea motivo de investigación y estudio concertado para mirar la magnitud del problema en la sociedad.
Es necesario potenciar los derechos fundamentales de los ciudadanos, el establecimiento de nuevas jurisprudencias, el fortalecimiento de las Cortes Suprema de justicia y la independencia real del Poder Judicial, lo que ha generado muchas dificultades en el orden político, provocando que sectores ultraconservadores y reductistas reaccionen contra el Estado de Derecho y la modernización del sistema nacional de justicia.
La inseguridad que padecen los ciudadanos de un país, es producto de los cambios esenciales en sus esquemas económicos, generalmente motivado por lo que se ha dado en llamar el neoliberalismo. Esto ha provocado un mejoramiento en las cifras macroeconómicas de los distintos Estados de la región, convirtiendo en triunfalistas injustificadamente a muchos dirigentes iberoamericanos, siendo que lo real, en cada una de estas naciones, es la pobreza, la desatención de las necesidades básicas de la población, el abandono de los programas de contenido social, el cierre de las esperanzas, se han agudizado so pretexto de reducir y eliminar los fantasmas del déficit fiscal, de la inflación y otros objetivos económicos.
Todas estas dificultades de las naciones, que participan en esta II Cubres de Presidentes de Cortes, ha traído como consecuencia que los Estados están sufriendo un proceso de debilitamiento, con la consecuencia de que su capacidad para enfrentar el incremento de la inseguridad ciudadana se ha visto reducida.
Tales afirmaciones, hace necesario que se revisen los esquemas económicos, sin dejar de aceptar que igual chequeo deben ser sometidos los esquemas de seguridad ciudadana y administración de justicia, a fin de dedicar a estos la atención debida e introducir las reformas que se requieran.
Estado de Derecho, democracia y pluralismo, significa, que no se puede divorciar lo económico de los políticos y lo social, a menos que se quiera sacrificar la juridicidad.
De aquí, que es necesario reconocer, que los grandes males de inseguridad ciudadana, no se le puede endosar a la administración de justicia, ni hacerla responsable de los males que padece la sociedad. Por otra parte, y quizás el más grave de la inseguridad ciudadana, sea el de producir leyes, sin ningún criterio técnico y de difícil aplicación por parte de los encargados de administrar justicia. Esta peculiaridad, ocasiona debilidades en el Poder Judicial, debido a que al propiciar la liberación de presuntos delincuentes por no existir suficientes indicios, se incrementa la inseguridad ciudadana. Por muchas vías, se incrementan acusaciones en las que se habla de corrupción judicial, sin pruebas, basadas únicamente en las percepciones creadas en los medios de comunicación social, con lo cual no se estaría negando la existencia de funcionarios corruptos dentro del Poder Judicial, pero que no por estos, al sistema de administración de justicia se le tiene que endosar toda la responsabilidad de la inseguridad del ciudadano en un país.
Por otra parte, se oyen acusaciones contra la estructuración de leyes, que protegen únicamente al delincuente y perjudican a la víctima, cuestionando la judicatura por priviligiar puramente lo procedimental, por encima de lo sustantivo de verdades establecidas, por lo cual el juez ponen en la calle a sujetos peligrosos, poniendo en situación de riesgo la seguridad ciudadana.
También es acusado el juez de prestarse al juego de convertir deudas civiles y mercantiles en delitos penales, procesando a sujetos no delincuentes.
Estos hechos, hacen que el juez, descargue su responsabilidad en las debilidades investigativas del aparato de seguridad del Estado tales como: ignorancia del investigador, el irrespeto a normas fundamentales de derechos humanos, particularmente las garantías tales como la defensa y los plazos procesales.
Todos estos casos, hacen que la administración de justicia y los gestores de la seguridad ciudadana, olviden que en lo que atañe a las leyes, su texto, su contenido, la forma en que son aprobadas y la oportunidad en que son dictadas; la decisión corresponde a otro Poder u Organo del Estado, que muchas veces es producto de arreglos políticos sin base científica. Esto ocasiona que la administración de justicia asuma responsabilidades ajenas.
Todas estas dificultades por la que pasa la administración de justicia es necesario que la ciudadanía las entienda y las comprenda.
II Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas de Justicia
SE DEBE EVALUAR IMPACTO ECONOMICO DE NUEVAS LEYES EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
El volumen de sentencias no puede ser el único medidor de la productividad de los tribunales, sin ni siquiera tener en cuenta el número de expedientes que ingresan, producto de leyes que sobrecargan la estructura judicial. Cuando los congresos aprueban una ley deberían tener cuantificado el impacto que tendrá en el sistema judicial.Cuando se destina un porcentaje fijo del presupuesto de un país para su Poder Judicial, lo que es piso suele convertirse en techo y cuesta mucho lograr el aumento presupuestario; los recursos del Poder Judicial son manejados por los Consejos de la Magistratura que integran políticos y académicos y apenas una minoría judicial, apuntaron algunos jueces iberoamericanos.
La autonomía e independencia presupuestaria del Poder Judicial fue uno de los temas debatidos ayer por los jueces iberoamericanos en la II Cumbre de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia. La magistrada Cecilia Sosa abrió la sesión indicando que, independientemente de la autonomía del Poder Judicial como rama del Poder Público, que más que declararla es ejercida, no cabe duda de la relación de la independencia judicial con los recursos de que éste disponga.
La presidenta de la Corte, Cecilia Sosa, acotó que el Poder Judicial está en minusvalía a la hora de demostrar la eficiencia en el cumplimiento de los planes de trabajo, puesto que "nuestros productos, es decir, los resultados de la actividad que nosotros realizamos como servicio que es al fin, no tiene una valoración desde el punto de vista de costo, como lo tiene la realización de una obra o el cumplimiento de algunas actividades más allá de un servicio...nuestros gastos están representados por pagos de personal, servicios, equipo, suministro, mantenimiento de Palacios de Justicia, sedes judiciales, es decir, toda una gama de gastos que para la concepción tradicional de lo que es un presupuesto, son gastos que no tienen una contrapartida en producción desde el punto de vista de cuantificación de la inversión".
Por esto, la magistrada invitó a dar un paso más, el de encontrar los mecanismos que prueben la eficiencia del gasto en administración de justicia, la cual no puede ceñirse únicamente al volumen de sentencias dictadas. Sosa abogó por apoyarse también en una buena gerencia y en que la planificación vaya más allá de "esa especie de que hay que cumplir con el presupuesto de este año".
-Debemos trabajar el presupuesto con un criterio a más largo plazo, con un criterio estratégico, eso no quiere decir que no tengamos programas inmediatos; y debemos orientarnos por cuatro parámetros fundamentales, que serían una buena gerencia, una planificación, reporte y sobre todo, control impuesto por nosotros mismos en esa ejecución presupuestaria, teniendo como máxima que tenemos que invertir en justicia, expresó Sosa.
Las subsiguientes exposiciones de los magistrados coincidieron mayoritariamente en que en sus países el porcentaje presupuestario asignado a la rama judicial no es suficiente. El presidente de la Corte Suprema de El Salvador, Jorge Eduardo Tenorio, señaló que para los países con problemas económicos y sociales muy serios cualquier porcentaje siempre va a resultar alto, "en el caso nuestro, ese seis por ciento que lo tenemos desde hace seis años y que se nos comenzó a otorgar virtualmente hace 4 porque al principio el Poder Ejecutivo alegó que no tenía la posibilidad financiera de cumplir con la Constitución y hubo una especie de convenio tácito para incumplirla...pero en los cuadros que tienen ustedes verán cómo a partir de cierto momento comienza a dotársele al órgano judicial del seis por ciento de los ingresos ordinarios. Hay otra tendencia más y es que esa cifra que es piso se suele convertir en una cifra casi inamovible, no hemos logrado virtualmente remontar eses seis a pesar de que las necesidades del sistema judicial han ido creciendo y que hemos justificado tanto ante el sector público como ante el pueblo en general, que necesitamos un porcentaje mayor".
Por su parte, el presidente de la Corte de Argentina, Julio Salvador Nazareno, hizo una advertencia. Notó que son muchos los países en los que el presupuesto judicial es manejado por el Consejo de la Magistratura, lo cual reviste importancia en cuanto a autonomía e independencia de los poderes judiciales, pues dichos consejos suelen estar integrados mayoritariamente por políticos o académicos y casi siempre tiene una minoría judicial. Comentó que si bien no conoce a fondo la situación de cada uno de los países ni es su intención criticar a un organismo que como el Consejo de la Magistratura está de moda e impuesto en la mayoría de los países, "sí quiero darles la voz de alerta en esto, no estamos distribuyendo los fondos nosotros al Poder Judicial, hay un organismo compuesto por políticos, por académicos, que no son el Poder Judicial pero son los integrantes del Poder Judicial que son los que van a distribuir esos fondos".
Mariana Vega Rondón, juez asociada del Tribunal de Puerto Rico, dijo que aprobaron unas leyes para exigir sellos en los documentos que se radican en los tribunales y que el dinero recabado con esos sellos va directamente al presupuesto del Poder Judicial, pero que se trata de un ensayo y que aún no puede asegurar cómo va a funcionar.
El vicepresidente de la Corte de Colombia, Fernando Enrique Arboleda, contó que en su país se constituyó la Comisión de Racionalización del Gasto Público, la cual recomendó que en los próximos tres años no se disponga ningún aumento del presupuesto para el sector judicial por considerar que su desempeño no corresponde a las expectativas sociales creadas, y que para ello maneja cifras de fuentes no conocidas que registran unas curvas en la impunidad que no coinciden con las estadísticas del organismo oficial encargado de la materia, ni con las del Consejo de la Judicatura ni con los criterios de la Universidad Nacional.
Finalmente la magistrada Cecilia Sosa ratificó la necesidad de profundizar las estadísticas, pues normalmente se evalúa por el volumen de sentencias, pero no se toma en cuenta el volumen de expedientes que ingresan a los tribunales, el cual es producto de leyes que recargan la estructura judicial y "que una vez aprobada ni siquiera ha sido evaluado el impacto económico-financiero que genera en el sistema de administración de justicia".
-Una buena proposición podría ser que los parlamentos o congresos de nuestros países, cuando aprueben una ley que tenga injerencia en la atribución de una competencia específica en cualquiera de nuestros tribunales, tenga cuantificado el impacto que esas decisiones tienen en el sistema judicial como tal.
II Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas de Justicia
INFORMATIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL ACABARÍA CON EL CONGESTIONAMIENTO DE SUS SEDES
La informatización del Poder Judicial, es necesaria porque sirve como instrumento auxiliar de los jueces, del proceso y es un elemento útil para las partes en el juicio, porque cada Tribunal tendría sus terminales y computadoras, donde se dirigirían directamente marcando el número del expediente y obtendrían la información necesaria, Tal es la conclusión del día 24 de marzo en las deliberaciones de la II Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Justicias, realizado en la sede del más Alto Tribunal de la República.
El proceso judicial informatizado estaría comprendido, con la presentación por el abogado de su solicitud en la secretaría del tribunal correspondiente, la computadora hace la distribución del hecho, designa la audiencia y expide la citación. Es decir con la simple operación de la computadora se evitaría un esfuerzo humano y las informaciones están disponibles en el tribunal, y vía internet en los bufetes de los abogados, permitiendo con esto que los profesionales del derechos, no tengan que moverse de sus despachos para ir al tribunal, porque desde su oficina tendrían la información a su disposición.
La informatización de todos los procesos judiciales, también es beneficioso para el juez, cuando está en su casa, debido a que tendría la comunicación vía internet y le permitiría decidir litigios desde la tranquilidad de su hogar, que no es posible hacerlo en los despachos del tribunal por las múltiples audiencias solicitadas por los abogados litigantes.
El Poder Judicial, no puede escapar a los adelantos de la tecnología, ya que hoy todas las instituciones del sector privado y publico están modernizándose en los nuevos campos de las comunicaciones haciendo cada día más ágiles sus operaciones.
LOS JUICIOS POR JURADOS CONSTITUYEN UNA PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO EN LOS PROCESOS JUDICIALES
Los juicios por jurados constituyen un acercamiento del Poder Judicial con la ciudadanía, y una desacralización del proceso judicial, entendida como única herramienta apta para la búsqueda de soluciones justas en las controversias judiciales. Tal es la apreciación en las deliberaciones del día de hoy con ocasión de la celebración de la II cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas de Justicia en la sede del más Alto Tribunal de la República.
Si bien es cierto que la función de los jueces, es el juzgamiento de los conflictos, en el marco de esas decisiones se abordan distintos institutos, que coinciden con la común finalidad de intentar un acercamiento entre los olvidados habitantes de nuestra tierra en la función institucional de dar a cada quién lo suyo, de hacer justicia en cada uno de los asuntos cotidianos, que multiplicados por varios miles se presentan en el desarrollo de nuestras comunidades.
La institución de Amicos curie, es un figura que sirve para ayudar al tribunal, le suministra información sobre cuestiones esencialmente jurídicas, en las que el órgano judicial encontraba dudas o podría encontrarse equivocado, recordándole precedentes o doctrinas que resultaban aplicables para decidir con acierto un caso complejo, literalmente es el amigo del tribunal, con la función de asistencia jurídica.
Los tiempos modernos hace necesaria que la figura amicos curie modifique su concepción semántica, tal como actúa en los tribunales norteamericanos, especialmente en la Corte Suprema, donde aparece como un mecanismo formidable destinado a encauzar las relaciones entre la sociedad y el Estado cuando este ejerce su función de juzgar.
Significa esto, que al actuar ante un Juzgado, el Amico Currie debe argumentar jurídicamente exponiendo cual es la cuestión que motiva su presencia ante el Tribunal, las normas que están en juego y como han sido interpretadas a lo largo del tiempo por la Corte, dictará en estos casos la intervención que cupo a los integrantes del tribunal que ahora debe resolver, mencionará si existen precedentes dictados en otras instancias judiciales, hará referencia a las soluciones que se han adoptado respecto a la cuestión del derecho comparado, y asimismo, pondrá de manifiesto los criterios que la doctrina haya expuesto sobre la cuestión.
El amico curie, deberá hacer o deberá ser explícito ante el tribunal cual es el interés que representa y expondrá los argumentos sobre lo que sustenta su posición para concluir, sugiriendo al tribunal la solución que corresponda dar al caso.
No obstante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 34, contempla la facultad que tienen los magistrados de oír a cualquier persona u organización que pueda aportar elementos de juicio que se consideren de utilidad para la decisión que deba adoptar, sin ser necesario el consentimiento de las partes para la aceptación de la figura amico curie.
El juicio por jurado, pasa por demostrar la utilidad de un sistema de juzgamiento, porque nuestras sociedades están demandando el mejoramiento del Poder Judicial, pero no necesariamente la instalación de este instituto, ignorado en cuanto a sus resultados y que tampoco ha sido identificado por la ciudadanía, como un procedimiento insustituible en la tutela de sus derechos y garantías personales y sociales.
CELEBRADO JUICIO POR DELITOS DE CORRUPCION
Siete Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia consideraron el caso de un funcionario de licitaciones del Ministerio Agrícola de Benerí, que ingresó a una empresa favorecida en licitación de ese despacho, con un sueldo l8 veces superior al que devengaba en el ministerio
En un juicio simulado, en el que participaron siete de los 7 Magistrados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Iberoamérica fue procesado por "corrupción" el ciudadano, Felipe Guzmán, funcionario de la Comisión de Licitaciones del ministerio Agrícola, quien ingresó trabajar en una empresa transnacional que había sido favorecida en una licitación de dicho despacho.
La remuneración anual de Guzmán en dicha empresa era de 200 mil dólares, l8 veces el sueldo que devengaba en el sector público.
Este juicio simulado forma parte del documento de trabajo "Lucha contra la corrupción" que fue acordado el jueves en la II Cumbre de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica.De esta forma, los jueces podrán extraer ideas que les permitan el manejo y aplicación de los instrumentos internacionales en esta materia.
El proceso se inició a las cuatro de la tarde, con la presentación de un resumen del caso. Siete magistrados, presidentes de cortes y tribunales supremos, un fiscal acusador y un abogado defensor público, que habían sido informados con antelación para que prepararan sus razonamientos legales, integraron el tribunal que actuó como única instancia.
Los magistrados, el fiscal y el defensor tuvieron total libertad para emplear cualquier instrumento jurídico nacional o internacional destinados a prevenir o combatir delitos de corrupción, sin que impidan para ello las distintas culturas judiciales ni los acuerdos suscritos sobre la materia en los diferentes países participantes.
Una vez escuchados los diversos planteamientos, así como la declaración del imputado, los expertos y los testigos, los magistrados se retiraron a deliberar y al regreso dieron a conocer, públicamente, la decisión, en este caso, de culpabilidad. De seguida, cada magistrado hizo una brece exposición´de carácter didáctico, de los fundamentos que sustentaron su veredicto.
Algunos de los elementos obtenidos en la investigación del caso sobre corrupción a ser considerados por los jueces fueron:
"El imputado sostuvo dos reuniones privadas en la sede de la empresa en cuestión, Space International Ltd. En Benerí dureante el lapso de recepción de ofertas"
"Se señala el aprovechamiento de información privilegiada"
"La declaración jurada del imputado no arrojó ningún activo que excediera sus posibilidades económicas".
"Las condiciones de la empresa ganadora superaban parcialmente las ofrecidas por las demás participantes".
"Las credenciales del imputado determina que posee la capacidad profesional para la responsabilidad y remuneración que le fueron asignadas en la empresa que le contrató"
"No se detectaron en el exterior cuentas a nombre del imputado, pero su su hija hija, de 21 años de edad, recién egresada de la Unibersidad, inició un postgrado en el país donde está la casa matriz de Space International.
El fallo de culpabilidad contó con seis votos de "culpable" y uno de "inocente". El instrumento empleado fue el Convenio Interamericano contra la Corrupción, ratificado por varios países de la región.
II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicias
LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMIA HACE MÁS EFECTIVO EL LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero considerado como un delito financiero, es calificado como el proceso mediante el cual se trata de ocultar la existencia o la fuente ilegal de determinado ingreso, disfrazándolo para brindarle una apariencia legítima o legal, según ponencia presentada por la Doctora Mirian Navieri de Rodón, Jueza del Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la II Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en el más Alto Tribunal de la República.
Especifica la ponencia, que uno de los peligros de desarrollo de la actividad del lavado de dinero, es de que puede crear falsas expectativas sobre el crecimiento económico de una nación, ya que el dinero en circulación no es el producto del desarrollo de una economía saludable, real o lícita, sino que está sostenida sobre las bases falsas e inseguras de una economía subterránea, regida por elementos criminales.
El lavado de dinero, se desarrolla en una primera fase en los bancos y otras instituciones financiera, convirtiéndose en un problema endémico en el entorno social, económico y político. Este trasciende hasta legisladores, oficiales de orden público, jueces, políticos, oficiales del gobierno de alta jerarquía, abogados, prensa y medios de comunicación, al igual que líderes cívicos y oficiales de la industria pequeña y corporaciones multinacionales.
Uno de los problemas graves del lavado de dinero, radica en que a pesar de la legislación y los esfuerzos nacionales y internacionales para erradicarlo, continúa expandiéndose globalmente, al extremo de que según informe de las Naciones Unidas, las ganancias atribuidas a esta actividad delictiva, genera entre 120 y 500 billones de dólares netos al año.
Estas cifras, contrastan dramáticamente con las insignificantes penalidades impuestas por los delitos asociados al lavado de dinero. Atribuyéndose que el éxito de la práctica lucrativa del lavado de dinero, obedece a la economía abierta, la sofisticación y flexibilidad en el proceder de las personas involucradas, la independencia de la economía global, la instantaneidad de las transacciones financieras, la habilidad de los actores de explotar los adelantos tecnológicos asociados a la banca cibernética, y la relativa poco probabilidad que hay de ser detectado.
La insuficiencia de una legislación adecuada para detectar el lavado de dinero, amenaza la integridad del sistema económico internacional y la viabilidad del sector legítimo de las economías nacionales e internacionales.
Otra hecho grave de la industria delictiva del lavado de dinero, es el desarrollo de una nueva clase de delincuentes, separados estos de los que participan activamente en las actividades delictivas subyacentes al lavado de donero. Estos delitos subyacentes a menudo incluyen el trasiego de drogas o narcóticos, la extorsión y el fraude.
Por lo demás, esta clase de delincuentes se nutre de profesionales tales como contables, abogados, corredores de bolsa, inversionistas y expertos en computadoras. Estas personas nunca caen dentro del estereotipo de delincuentes del bajo mundo.
El lavado de dinero conlleva tres pasos básicos, como son: colocación, encubrimiento e integración. El primer paso de colocación conlleva la conversión del dinero de la actividad delictiva a una forma que permita su introducción a la corriente regular de la economía.
Esta etapa es la más crucial del proceso y la más vulnerables, ya que soporta un problema práctico en mover las masivas sumas de dinero en efectivo.
El segundo paso, como es el encubrimiento del proceso de lavado de dinero ha sido más resistente a los esfuerzos de procesamientos criminal, debido al alcance internacional y a la mecánica de globalización de la banca. El encubrimiento se logra a través de la transferencia electrónica a bancos en ultramar, en lugares considerados en refugios o santuarios financieros, tales, como las Islas Caimán, Panamá, las Bahamas, en menor grado en Suiza y Pakistán.
La tercera etapa, conocida como la integración, es la más difícil de detectar, debido a que esta ocurre una vez la procedencia del dinero ha sido encubierta y consiste en integrar los fondos al mundo financiero legítimo mediante la utilización de una variedad de instrumentos financieros lícitos para de esta forma moverlos libremente desde cualquier parte del mundo.
A menudo el dinero producto del lavado de dólares se mueve fuera de la jurisdicción de modo electrónico y se deposita en principios en bancos pequeños de otras jurisdicciones bajo el nombre de un frente corporativo creado simultaneamente con la transacción de depósito. Posteriormente se transfiere a un banco internacional mayor para que pueda ser movido con facilidad por otras partes del mundo.
Por último, es necesario tomar conciencia de que el problema de lavado de dinero, es uno global que nos afecta a todos en mayor o menor grado en aquellos países en que sus tentáculos no se han dejado sentir con toda su fuerza, debido a que el problema resulta más difícil al comenzar a desarrollar los mecanismos para combatirlo.
Propuesta en la II Cumbre de Cortes
CORTE ÚNICA IBEROAMERICANA JUZGARÁ DELITOS DE NARCOTRÁFICO
Un tribunal de ámbito iberoamericano podría conocer de delitos de narcotráfico, segùn recoge una propuesta a considerar en la sesión plenaria que sobre el tema de las drogas se realizará en el marco de la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia.
La propuesta, recogida en las conclusiones del documento de trabajo emanado de la citada comisión, señala que se impulsará el desarrollo de un instrumento internacional para combatir el narcotráfico, que atienda las tipologías identificadas. En este sentido, el documento plantea la conformación de una comisión integrada por cinco presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica para elaborar, en los seis meses siguientes, a la II Cumbre, un proyecto de acuerdo o instrumento que permita, en el mediano plazo, su definitiva aprobación.
Igualmente, en otra de las conclusiones plasmadas en el texto de la comisión de narcotráfico de la II Cumbre, se propone la creación de una Red Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos que permita el intercambio de información concreta sobre casos que trasciendan el ámbito nacional y la divulgación de convenios, documentos de legislación comparada en materia de narcotráfico y sus secuelas, almacenadas en la base de datos Unidad Técnica de Seguimiento.
Otra de las iniciativas desarrolladas en la mesa de trabajo sobre narcotráfico, es la referida al desarrollo de un instrumento que contempla las medidas y mecanismos para lograr la efectiva protección de jueces y magistrados iberoamericanos que conozcan en los países de la región sobre casos relacionados con el tráfico de drogas.
II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia
PRIMEROS PASOS PARA UNA LEY ANTIDROGAS IBEROAMERICANA
En términos generales existe plena compatibilidad en cuanto a las sanciones aplicables al narcotráfico y sus actividades conexas y la tipología delictual encuadra en poco más de una veintena de conductas antijurídicas, entre las que destacan siete: comercialización, posesión, suministro, promoción, tráfico, producción y lavado de dinero.
Este viernes, los jueces iberoamericanos considerarán conformar una comisión integrada por cinco presidentes de cortes para que, en un lapso de seis meses, elaboren un proyecto de ley internacional que pueda ser aprobado en el mediano plazo, así como la creación de una Corte Iberoamericana, establecer una Red Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos que permita el intercambio de información, y el desarrollo de un instructivo que contemple las medidas y mecanismos para lograr la efectiva protección de jueces y magistrados que conozcan casos de narcotráfico.
En la búsqueda de la estandarización de los procesos judiciales por delitos de narcotráfico, así como de compatibilidad en la tipología de delitos y sanciones penales en la comunidad iberoamericana, la Unidad Técnica de Seguimiento recopiló los diferentes instrumentos normativos de la región, a fin de establecer patrones de comparación. De este análisis se desprende que la restricción de libertad es, bien sea en la modalidad de presidio, prisión o arresto, es la sanción fundamental, y lo que varía es el tiempo.
La mayoría de las leyes antidrogas iberoamericanas sancionan los delitos de narcotráfico con un promedio de diez años de reclusión; una moderada cantidad de países establece lapsos que oscilan entre diez y veinte años; en contadas excepciones la restricción de libertad sobrepasa los 20 años y sólo un país contempla la pena de cadena perpetua, indica el documento de trabajo "Narcotráfico y sus secuelas" que será considerado este viernes por los participantes en la II Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia.
Además, se establecieron categorías para agrupar en conjuntos homogéneos los tipos penales y las sanciones previstas la normativa iberoamericana, así se consideraron doce géneros de sanción y veintiséis tipologías delictuales. Esta compilación legislativa fue incorporada a una base de datos, a fin de profundizar los estudios comparativos y establecer mecanismos de divulgación para la región. El 68,4% de estas leyes y códigos tienen menos de diez años de vigencia; el 15,8% más de diez años pero menos de veinte, y otro 15,8% tiene más de veinte años. El 79% de estos instrumentos legales entró en vigencia en los últimos once años.
En cuanto a su naturaleza jurídica, el 21% corresponde a códigos penales, mientras que el 79% se encuadra en estatutos y leyes especiales.
El 30% de los sistemas judiciales analizados consideran como sanción la clausura de establecimientos y locales, la aplicación de esta pena varía en sus alcances: desde cierre definitivo a una duración que depende de la infracción cometida. Sólo cinco países contemplan la medida del comiso y uno la incautación. En algunos países la retención de objetos y bienes se limita a las sustancias y mercancías afines; en otros, el comiso se extiende a cualquier objeto o propiedad relacionados con el delito.
Más del 60% de los países prevén la inhabilitación para el ejercicio de determinada actividad profesional, aunque no existe acuerdo general sobre la condición definitiva o temporal de la medida.
En términos generales existe plena compatibilidad en lo relativo a las penas aplicables al narcotráfico y sus actividades conexas, y la tipología delictual encuadra en poco más de una veintena de conductas antijurídicas, entre las que destacan siete:
- Comercialización de estupefacientes, psicotrópicos o materia prima para su elaboración.
- Legitimación de capitales o lavado de dinero.
- Posesión de estupefacientes o psicotrópicos.
- Producción de estupefacientes, psicotrópicos o materia prima para su elaboración.
- Promoción o fomento.
- Suministro.
- Tráfico de estupefacientes, psicotrópicos o materia prima para su elaboración.
Estas siete categorías delictuales están incorporadas en casi toda la normativa antinarcóticos de la región, lo que es valiosa referencia para identificar estándares iberoamericanos, sin dejar de considerar los restantes tipos puesto que permiten una complementación mutua e interrelacionada de los diferentes sistema judiciales y la elaboración de un eficaz instrumento internacional.
Afirma magistrado de la Corte colombiana
LA CONSTITUYENTE REDEFINIÓ INSTITUCIONALIDAD DE COLOMBIA
La Asamblea Constituyente que operó en Colombia redefinió la institucionalidad de ese país, trayendo consigo el surgimiento de nuevos órganos, dando origen a nuevas instituciones jurídicas y ampliando el horizonte de participación de los colombianos en la vida de la nación.
Así lo señaló el magistrado de la Suprema Corte de Colombia, Dr. Fernando Enrique Arboleda, quien asiste como delegado de su país a la II Cumbre de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica que clausuró sus deliberaciones este viernes 26 en Caracas.
Precisó el doctor Arboleda que en su país la convocatoria a la Asamblea Constituyente estuvo precedida por la declaratoria de un Estado de Sitio y que en su conformación intervino un abanico plural de organizaciones que incluyó a los partidos tradicionales, organizaciones no gubernamentales, los grupos reinsertados en el proceso político y otros sectores organizados.
En materia jurídica, el magistrado colombiano enunció la institución de la Acción de Tutela, equivalente a la Ley de Amparo de Venezuela, por medio de la cual los ciudadanos pueden reclamar el disfrute de garantías establecidas en la constitución. "Esto -sostiene el doctor Arboleda- supuso un cambio verdaderamente novedoso en la sociedad de Colombia".
En cuanto al papel desempeñado por la Suprema Corte en el proceso constituyente de Colombia, el alto tribunal ejerció el control de constitucionaliodad sobre el acto de convocatoria hecho por el gobierno ejerciendo el control automático previsto en la derogada carta política.
PERÚ PAÍS DEL CONTINENTE DE AMERICA QUE MÁS VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DEL CIUDADANO
Tal es el informe presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Perú, país de América, donde más violación a los derechos humanos existe, según informe presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, realizado en el más Alto Tribunal de la República. Ocho denuncias ha recibido desde 1990 hasta 1998.
Con ocasión de la mencionada Cumbre celebrada en la Corte Suprema de Justicia, se recibió una relación de todos los casos conocidos desde 1986 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actualizada hasta el 24 de marzo de 1999, por denuncias interpuestas por ciudadanos de América por presunta violación a los derechos humanos fundamentales por parte de sus Gobiernos.
Al efecto es importante resaltar, que Venezuela, solamente ha recibido una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, admitida el 14 de enero de 1994, por presuntas violaciones a las garantías humanos contemplada en los artículos 1, 2, 4, 5, 8, 24, y 35 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por parte del Gobierno Nacional, con respecto a los hechos sucedidos en la región de El Amparo.
Con respecto al mencionado caso, el Gobierno en su oportunidad correspondiente no presentó las excepciones preliminares y en el año de 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncia pero sin atacar al fondo del problema, relativo a la violación de garantías humanas, ordenando la indemnización de los familiares por los hechos ocurridos en el caso de El Amparo por parte del Gobierno Nacional.
Al respecto es necesario señalar, que ciudadanos Hondureños presentaron 3 denuncias en el año de 1986 por violación a los derechos humanos contemplado en los artículos 4, 5 y 6 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ciudadanos de Suriname y Peruanos, presentaron 4 denuncias por violación a las garantías humanas por parte de sus Gobiernos, admitidas por el Tribunal Interamericana en el año de 1990 y 1992, siendo las tres primera denuncias rechazadas por no haber demostración de los hechos violados, y la última denuncia con respecto del Gobierno Peruano, es acogida por la Corte sin aún tener un pronunciamiento al fondo sobre las denuncias cometidas sobre el caso Cayara.
Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, admite en 1995 nuevas denuncias de parte de ciudadanos Peruanos, identificados como Castillo Páez y Loayza Tamayo, por violencias a derechos humanos fundamentales, presentando el Gobierno Peruano excepciones y desconocimiento de los hechos, siendo rechazados por parte del Tribunal Internacional, y en 1997 se pronuncia en sentencia definitiva por violación a los derechos humanos debidamente demostrados.
En 1996, 1997 y 1998, el Gobierno Peruano, es nuevamente denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los ciudadanos Cantoral Benavidez, Dural y Ugarte, Castillo Petruzzi y Otros y Cesti Hurtado, por violación a las garantías humanas fundamentales, estando en la actualidad, pendientes de decidir ambos casos por él más alto Tribunal de Derechos Humanos de América. Los ciudadanos Caballero Delgado y Santanz y Genie Lacayo, presentan en el año de 1992 y 1994 denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero de los nombrados contra el Gobierno Colombiano, quién opone excepciones previas en el año de 1994, rechazadas por el Tribunal, debido a la abierta demostración de las normas contempladas en la Convención Interamericana de Derechos humanos, ordenando la Corte en su sentencia definitiva de 1997, la reparación e indemnización de los daños ocasionados con respecto de las violaciones humanas al indicado ciudadano. El segundo, contra el Gobierno de Nicaragua, recibiendo sentencia por parte de la Corte en 1997, en la que ordena indemnización.
En 1994 y 1995 el Gobierno de Argentina, es denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por Maqueda, Garrio y Baigorria, estando pendiente de sentencias definitivamente firme por parte del Tribunal.
Entre 1995 y 1997 El Gobierno de Guatemala, es denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estando pendiente de decisión por parte del Tribunal Internacional.
En 1995 y 1996, el gobierno de Ecuador, es denunciado por Suárez Rosero y Benaviles Cevallos y en 1998 Baena Recardo y otros, introducen denuncia contra el Gobierno de Panamá. Ambas ciudadanos ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, por violación a las garantías fundamentales del ciudadano.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RECIBE COOPERACIÓN TÉCNICA DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
Los Órganos de Administración de Justicia, tales como Cortes Supremas de Justicias, Tribunales de Instancias, y Ministerios Públicos de Venezuela, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Uruguay y Cuba, reciben cooperación y asistencia técnica de las organizaciones no gubernamentales de Derechos humanos, la evaluación de los procesos judiciales, capacitación profesional e impulso de las reformas judiciales. Tal es la información recibida dentro del marco de la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, celebrado en la sede del más Alto Tribunal de la República.
También se informa que la asistencia y cooperación técnica de los organismos no gubernamentales de los derechos humanos en Iberoamérica, hacia los órganos de administración de justicia, se extiende hacia la difusión de jurisprudencia, promoción y elaboración de propuestas de leyes para presentación en el Poder Legislativo.
Esta asistencia es importante, debido a que permite detectar las fallas existentes, y de esa forma enfrentar los males que padecen los órganos de la administración de justicia y así hacerla más efectiva y eficiente a favor de la ciudadanía.
Anuncia delegado paraguayo
LA CORTE SUPREMA DE PARAGUAY SERÁ FACTOR DE EQUILIBRIO EN LA CRISIS QUE ATRAVIESA EL PAÍS
"Corresponde a la Corte Suprema de Justicia del Paraguay constituirse como factor de equilibrio y de encuentro a fin de superar la crisis política e institucional que sufre la nación y retornar a la normalidad a la que aspira nuestro pueblo".
Así se expresó el magistrado Dr. Enrique Antonio Sosa, primer vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, quien asiste en representación de su país a la II Cumbre de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica, evento que se realizó durante los días 24, 25 y 26 de este mes en la capital venezolana.
Admitió el magistrado Sosa que el máximo tribunal de su país es poco lo que puede hacer en el plano político para solventar la crisis de larga data, la cual se agudizó a raíz del magnicidio de que fue víctima el vicepresidente paraguayo, salvo garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, e incluso, el derecho de quienes son protagonistas de la crisis política.
Explicó el magistrado visitante que la crisis de su país es incluso anterior al desacato del fallo de la Corte Suprema por parte del Presidente Raúl Cubas en lo tocante a la detención del general Lino Oviedo. "Aunque ésta se agudizó a raíz del desconocimiento de la decisión por parte de algunos sectores que buscaron argumentos jurídicos para sustentar la imposibilidad del cumplimiento del fallo de la Corte" En todo caso -ratificó Sosa- la Corte Suprema de Paraguay vigilará el mantenimiento de instituciones como el derecho a la defensa, incluso, se garantiza al Presidente de la República los derechos del debido proceso.
En cuanto al desarrollo de la II Cumbre de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica, el primer vicepresidente de la Corte de Paraguay destacó el clima de coincidencia presente entre todas la delegaciones asistentes. "Tenemos la convicción de que los problemas que aquejan al Poder Judicial y a la justicia en el mundo son muy similares y tenemos conciencia de que debemos responder a los requerimientos de la sociedad en lo que respecta a una justicia rápida y buena. Porque el mundo moderno se caracteriza por lo vertiginoso de su ritmo, y la justicia no puede ir a la zaga. Y en ello se está haciendo un gran esfuerzo", concluyó.
II Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia
CREACIÓN DE UNA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA TRATAR EL TEMA DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER
Tal es la propuesta, presentada en la Comisión de Derechos Humanos, por el Presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Esta tutela del Estado es un derecho humano de la mujer
Frente al tema de la violencia de los derechos de la Mujer, se hace necesario la creación, como respuesta firme del Estado, de una jurisdicción especial para darle especial tratamiento a las agresiones a las que ha sido sometida en el seno de su vida familiar. Tal es la propuesta del Doctor Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en la Comisión de Derechos Humanos, dentro del marco de la II cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia.
La violencia de los derechos de la mujer merece una respuesta especial, par parte del ordenamiento jurídico, y particularmente del Poder Judicial, no se debe quedar en la acción de organizaciones de activistas con visión de género y de intelectuales libres de prejuicios, que atacan la situación de violencia como un problema social.
La violencia de la mujer, tiene que ser visto como algo que va más allá del problema social, donde el Poder Judicial, debe tener una abierta participación, por la vía de la creación de una jurisdicción especial que atienda los diversos géneros de violencia contra los derechos de la mujer.
Esta jurisdicción debe ser con organizaciones interdisciplinarias, que le den una atención integral a este tipo de víctimas, con profesionales comprometidos, instituciones y normativas especiales diseñadas para establecer la situación de desigualdad real en que se encuentran el común de las mujeres en nuestra sociedad frente al hombre. Esta tutela del Estado es un derecho humano de la mujer.
Cecilia Sosa Gómez al clausurar el evento
GRAN AULA VIRTUAL PERMITIRA CAPACITAR A FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LAS CORTES Y TRIBUNALES SUPREMOS DE IBEROAMERICA
La Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, anunció la creación de una gran "Aula Virtual", a la que bautizaron IUDICIS, que permitirá a las Cortes y Tribunales Supremos de toda Iberoamérica mantenerse comunicados diariamente, intercambiar información general y disponer de la mayor información posible sobre la administración de justicia, garantizando la transparencia de los procesos.
Sosa Gómez, al clausurar hoy viernes la II Cumbre de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica, también dijo que esta red informática les permitirá hacer realidad un viejo sueño, una aula abierta hemisférica para la formación de los funcionarios judiciales.
Este viernes, los 21 magistrados visitantes en compañía de la doctora Sosa Gómez, disfrutaron de una demostración del posible prototipo para IUDICIS, diseñada por el personal especializado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. En este sentido la titular del Máximo Tribunal venezolano, resaltó que cuando se discute el concepto de red, "debatimos largamente si la red era americana, o si era iberoamericana, para finalmente llegar a la conclusión que esta red sólo tiene sentido si es mundial".
- Como ustedes observaron, IUDICIS es el nombre de una Red de Cortes y Tribunales Supremos, sin especificar cuales cortes y tribunales supremos la conforman. Así la red, a pesar de ser una iniciativa iberoamericana, será la red del mundo. Lo contrario sería autolimitarnos a una frontera que la realidad no nos impone, dijo.
LA JUSTICIA ES EL CAMINO DE LA PAZ
La Magistrado Presidente, en su alocución recordó la palabras del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, quien en su discurso de instalación de la Cumbre dijo que la Justicia es el camino de la Paz. "También señaló que mas allá de reunirnos debemos lograr la transformación de la administración de justicia para solucionar los problemas de nuestros pueblos", acotó.
En este sentido señaló que desde que se organizó la primera cumbre, el año pasado, tuvo la convicción que este foro debía llegar a conclusiones concretas. "Que deberíamos acordar acciones tangibles que se traduzcan en mejoras para nuestros países. En este sentido, debo confesar mi satisfacción al encontrar que las demás Cortes comparten la misma inquietud y que todos hemos actuado al unísono para conducir los procesos que nos corresponden".
También se refirió la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela a la compenetración a la que se ha llegado alrededor de los objetivos que se trazaron en la Declaración de Caracas y en la reunión de la Unidad Técnica de Seguimiento realizada a finales del año pasado en la ciudad de Puerto La Cruz, ubicada al oriente del país, que hicieron posible la productividad de las deliberaciones en esta segunda cumbre iberoamericana. "Es para mí razón de satisfacción afirmar que hemos conformado un equipo para atender juntos los retos que enfrentamos en nuestros países. Luego de esta experiencia será mucho más sencillo apoyarnos mutuamente y conducir los procesos de cambio en una sola dirección: hacia la paz de nuestros pueblos", añadió.
LOS PROBLEMAS DE NUESTROS ESCRITORIOS SERAN ATACADOS DE FORMA INTEGRAL
Por otra parte, expresó que desde ahora los retos que "esperan sobre nuestros escritorios" serán atendidos con una óptica integral y global. "Tradicionalmente la administración de justicia ha sido la institución más conservadora del Estado. Quizás porque constituye el punto de equilibrio de nuestras sociedades. Pero ahora, curiosamente, somos nosotros los jueces los que nos planteamos mas seriamente, y en términos de acciones concretas, la ruta para insertarnos en la dinámica de la globalización".
- Por ello, es que he insistido tanto en la creación de una red que nos una manera permanente. En el mundo que nos espera en el nuevo siglo, las reuniones anuales, o la creación de burocracias internacionales completamente desconectadas de las realidades de los países que la agrupan no representan una respuesta viable para atender nuestros problemas. Estos métodos del pasado siguen teniendo su razón de ser, pero en un mundo cada vez más pequeño, donde nuestros ciudadanos y empresas se comunican y relacionan internacionalmente más rápido de los que demoramos en pasar la página de un expediente, sería absurdo que nosotros no estemos comunicados.
"Dicho de otro modo, que justicia administraremos en unos Estados cuyos conflictos, transacciones y contratos no conocen de fronteras geográficas, si no podemos entender la realidad mas allá de la ventana de nuestras oficinas. La nueva ventana está allí esperándonos, es la que tiene vista a la tan mencionada superautopista de la información. Amigos, o nos unimos definitivamente a través de una red electrónica, o nos convertiremos en piezas de museo incapaces de llevar la justicia a nuestros pueblos".
Sosa Gómez concluyó su discurso agradeciendo la presencia de los magistrados visitantes, así como al resto de las personalidades invitadas, entre ellas, funcionarios del Banco Mundial, organismo financiero multilateral que contribuyó a la creación de la red informática IUDICIS.
"Para concluir, quisiera dejar una breve reflexión: Como jueces somos la voz viva del derecho, el punto de equilibrio de la democracia, la bisagra que permite la relación entre los intereses privados y públicos, los garantes de la paz y la estabilidad, en otras palabras somos el guardián de nuestras sociedades. Solo unidos haremos realidad esta gran utopía histórica de un ideal de justicia universal", finalizó.