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27 de marzo de 1999 | 27 de março de 1999 | March 27, 1999
Aprobado Código de Ética
CONCLUYÓ II CUMBRE DE CORTES Y TRIBUNALES IBEROAMERICANOS
Gestionar la asignación de mejores presupuestos para el área judicial y autonomía para ejecutarlos, la aprobación del Código de Ética del Funcionario Judicial Iberoamericano, la creación de una Corte Iberoamericana que conozca los delitos de narcotráfico y de un instrumento general para combatirlo y unificar los sistemas nacionales, son algunas de las conclusiones de la cumbre iberoamericana de justicia, contenidas en la II Declaración de Caracas
Una mejor asignación presupuestaria que pueda ser manejada con plena autonomía, mediante la implementación de mecanismos que determinen la eficiencia del manejo de esos fondos, mejorar la selección de jueces y establecer mecanismos de vigilancia de su desempeño, la aprobación del Código de Ética del Funcionario Judicial, el cual consta de 19 cánones, y gestionar que se incorpore la Ética en los planes de estudio de las Escuelas de Derecho, son algunas de las conclusiones, relacionadas con los temas de autonomía e independencia del Poder Judicial y con la lucha contra la corrupción, contenidas en la II Declaración de Caracas, dada a conocer ayer al cuminar la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica.
Respecto a derechos humanos destaca, entre otras conclusiones, la de que se atenderá la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los magistrados señalan en el documento que la impunidad, falta de celeridad procesal y selectividad en el tratamiento de casos de violaciones de estos derechos, afectan la credibilidad de la justicia, lo que merece la atención prioritaria de las cortes supremas.
En materia de narcotráfico acordaron crear un instrumento general que unifique los sistemas procesales nacionales; crear una Corte Iberoamericana que conozca de los delitos de tráfico de drogas, así como desarrollar un instructivo con miras a proteger a los jueces que conozcan causas por este delito, entre otros acuerdos.
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Las conclusiones referidas a la autonomía e independencia del Poder Judicial y la colaboración entre los poderes públicos, comienzan por el compromiso de los asistentes a gestionar una participación importante del presupuesto judicial en el presupuesto nacional de sus países y perseguir la plena autonomía para su planificación y ejecución.La eficiente gerencia del presupuesto judicial legitima la autonomía presupuestaria de este poder. Buena gerencia, planificación, reporte y control serán los criterios que permitan el respectivo monitoreo.
Es necesaria una metodología para el análisis de los presupuestos judiciales, tomando en consideración el marco constitucional, la proporción del presupuesto nacional como porcentaje del Producto Interno Bruto, la proporción del presupuesto judicial como porcentaje del presupuesto nacional, la asignación presupuestaria por tribunal en relación al número de causas ingresadas y la exacta determinación de aquello que se incluye en el presupuesto judicial.
La autonomía presupuestaria se garantizará frente a eventuales recortes presupuestarios generales; cuando la ejecución del presupuesto dependa de organismos de composición plural, no se desvirtuará la independencia del Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia.
Se hará un estudio sobre los mecanismos de selección de jueces y estabilidad, segundo punto del tema de la autonomía e independencia del Poder Judicial; dada la responsabilidad que conlleva impartir justicia se hará un seguimiento del desempeño de éste, y se atenderá la capacitación judicial mediante la permanente estructuración de programas que incorporen los valores éticos de la función de juez.
Esta Cumbre enumeró seis objetivos que deben guiar la creación de un Centro de Formación del Funcionario Judicial Iberoamericano: Coadyuvar en la formación de los jueces con criterios de apertura al conocimiento de las herramientas de otros países; recibir la mayor cantidad de información posible para analizar y difundir las conclusiones; dictar cursos de especialización, actualización y post-grado; ocuparse de las relaciones con otras instituciones, como cortes y tribunales de otros países; y encargarse de la capacitación gerencial del juez.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La declaración de principios éticos de la Cumbre quedó recogida en el Código de Ética del Funcionario Judicial Iberoamericano, el cual contiene 19 cánones, entre los que destacan:
- Los funcionarios judiciales defenderán la independencia del Poder Judicial.
- No temerán la crítica pública ni privada de sus actuaciones.
- Serán imparciales ante las partes en conflicto.
- Velarán por la calidad de sus actuaciones y de los resultados y productos de su gestión.
- Se comprometerán con el desarrollo del derecho y de las disciplinas del conocimiento que sean necesarias para la actividad judicial.
- Serán diligentes en las actividades que les competen y promoverán la eficiencia de sus despachos.
- Se comprometerán con la modernización y fortalecimiento institucional de sus despachos y del sistema de justicia.
Los jueces iberoamericanos acordaron, además, gestionar ante las universidades la incorporación de la asignatura de Ética en los planes de estudio de las escuelas de Derecho, y declararon que el flagelo de la corrupción trasciende el ámbito de las conductas personales y que su tratamiento debe asumirse conforme a las dimensiones sociales hasta donde se extiende, por lo que la tutela judicial estará dirigida a la protección del interés general de la sociedad.
VIGENCIA, PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
En este tema se consideraron dos vertientes: intercambio de jurisprudencia y mecanismos de cooperación entre el Poder Judicial y las organizaciones no gubernamentales.
Respecto al primer punto decidieron que las sentencias de las cortes y tribunales nacionales atenderán lo preceptuado en los instrumentos de protección de derechos humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se facilitará el intercambio de jurisprudencia nacional e interamericana sobre este campo.
Se impulsará la aplicación efectiva de las reglas del debido proceso contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en especial lo atinente a:
- Respeto de los lapsos procesales.
- Estricta sujeción a las normas relativas a detención o privación de libertad.
- Tramitación oportuna de los recursos judiciales.
- Fortalecimiento de la defensa pública.
La jurisprudencia nacional y regional sobre esta área será de libre acceso mediante mecanismos electrónicos, tales como sitios Web.
Las cortes y tribunales supremos buscarán la desaplicación de las leyes nacionales que contravengan los compromisos internacionales adquiridos por los estados en esta materia. Impulsarán la adopción de reformas constitucionales que reconozcan la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos.
Los magistrados concluyeron que la impunidad, falta de celeridad procesal y selectividad en el tratamiento de casos de violación a los derechos humanos, siguen afectando la credibilidad de la justicia y deben ser atendidos prioritariamente por las cortes y tribunales supremos.
Sobre los mecanismos de cooperación entre el Poder Judicial y organizaciones no gubernamentales, decidieron difundir ampliamente la Resolución 1998/7 del 3 de abril de 1998 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "Sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos".
Mientras se crea otro organismo, se informará a la Unidad Técnica de Seguimiento de los avances alcanzados en las relaciones formales y de hecho entre los poderes judiciales y las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos.
Las oficinas de la rama judicial encargada de las relaciones con organizaciones académicas, religiosas, gremiales y no gubernamentales, entre otras, otorgarán prioridad al establecimiento de mecanismos de cooperación con dichas organizaciones.
NARCOTRÁFICO Y SUS SECUELAS
Se impulsará el desarrollo de un instrumento general para combatir el narcotráfico y unificar los sistemas procesales nacionales, que atienda las tipologías de los diferentes países. Los jueces se comprometieron a discutir un acuerdo que permita, en el mediano plazo, su definitiva aprobación.
Estudiar y reformular propuestas para la creación de una Corte Iberoamericana que conozca de los delitos de narcotráfico.
Establecer una Red Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos que permita el intercambio de información sobre casos que trasciendan el ámbito nacional, y la divulgación de contenidos documentales de legislación comparada en la materia. Desarrollar un instructivo que contemple las medidas para lograr la efectiva protección de jueces que conozcan causas de narcotráfico.
Elaborar un estudio comparado de experiencias, fundamentos legales y procedimientos aplicados en materia de extradición; emprender también el estudio de mecanismos para enfrentar las actividades transfronterizas del narcotráfico, en particular de los delitos cibernéticos para legitimizar capitales y el flujo internacional de fondos electrónicos productos del narcotráfico.
Como conclusión final, los jueces iberoamericanos recomiendan estudiar la posibilidad de que la Organización de Cortes Supremas de las Américas absorba la Unidad Técnica de Seguimiento para dar continuidad al trabajo desarrollado y organizar la Tercera Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia en la ciudad y fecha que se acuerde.