Narcotráfico y sus Secuelas

Sin identificar: Excelentísimas Cortes Supremas de Iberoamérica, vamos a dar comienzo a la Octava Sesión Plenaria con el orden del día siguiente. Ciudadano Secretario General. Sírvase dejar constancia del número de países participantes en esta Octava Sesión Plenaria de la Cumbre Iberomericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, hoy viernes 6 de marzo de 1998.

Secretario General: Ciudadano Magistrado Dr. Hugo Dellien Barba, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia. Asisten 18 Magistrados Presidentes a esta Octava Sesión Plenaria de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos.

Sin identificar: Gracias señor Secretario General. En consecuencia, queda instalada la Sesión correspondiente, presidida por quien les habla, Hugo Dellien Barba, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia, como Vicepresidente de la Junta Directiva el Dr. Miguel Rivera Portillo, Magistrado Propietario de la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras. Relator de la Junta Directiva, Dr. Arturo Hoyos, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Ciudadano Secretario, sírvase anunciar el temario de esta Octava Sesión Plenaria de trabajo.

Secretario General: Temario para esta Octava Sesión Plenaria "Narcotráfico y sus Secuelas. Su erradicación a través de la cooperación internacional basada en una perspectiva integral y multilateral. Mecanismos multilaterales para combatir integralmente la producción y el consumo ilícitos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como las redes de tráfico y de lavado de dinero".

Sin identificar: Gracias señor Secretario: Distinguidos señores Presidentes, antes de nada quiero hacer un comentario sobre la crisis que quizás nos ha de servir de guía o de alguna manera, acelerar esta reunión. Quiero manifestarles que el punto que nos toca desarrollar ahora es sumamente delicado. Como alguien manifestó en alguna otra oportunidad, quizás los dos días en que hemos estado trabajando serían poco para poder analizar un tema tan importante y desgraciadamente con tanta vigencia en la actualidad. Pero con el fin de poder enmarcarnos con mayor propiedad a las dos políticas que nos han asignado en este temario, quiero dar a conocer de que en cuanto se refiere al primer punto podríamos tener muy en cuenta la Convención de Viena de 1988, prácticamente relativa al narcotráfico y que ya en aquella oportunidad declara a este delito como delito de lesa humanidad. Esta Convención prácticamente puedo manifestar, creo con toda seguridad de que ha sido ratificada por nuestros diferentes países en cuanto a su contenido.

En cuanto al segundo punto, me voy a permitir hacer uso de unos dos minutos solamente para manifestarles la situación jurídica del tratamiento de este delito en nuestro país. En nuestro país se ha dictado una Ley creando Tribunales especiales contra el narcotráfico, un Tribunal que se llama Tribunales de Sustancias Controladas, y está constituido este Tribunal por tres Jueces, es un Tribunal colegiado, es el único Tribunal colegiado de Primera Instancia que existe en nuestro país. Los Tribunales Colegiados siempre corresponden a los Tribunales de Apelación. Los argumentos que en aquel momento se utilizaron mucho fue, darle la debida seriedad, la debida especialidad porque solamente tratan de analizar y de ejercitar jurisdicción en los delitos de narcotráfico, no tienen ninguna otra competencia.

¿Por qué son tres? Los argumentos que se utilizaron en aquella oportunidad fueron de que, un fallo adecuado más real y más transparente que un fallo de un juzgador unipersonal. Otra de las características que tiene la ley que crea estos tribunales que se llama 1008 es que cualquiera sea la naturaleza del fallo con excepción digamos de una pena máxima, el Ministerio Público tiene la obligación ineludible de apelar sino se llega a la pena máxima aún en segunda instancia tiene la obligación ineludible de recurrir de casación. De tal suerte de que por cualquier circunstancia, por cualquier vía sea por la vía de acusación o sea por la vía de la defensa estos procesos llegan hasta el tribunal supremo. Es más, incluso si existiera una máxima sentencia en tribunales inferiores como es en este caso de apelación sube a la Corte Suprema en revisión. Con esto señores, apreciados colegas quiero darles un marco de referencia en lo que se refiere por lo menos a la legislación boliviana. Queda abierto el debate distinguidos colegas. Tiene la palabra Colombia.

Colombia: Realmente con tristeza en primer lugar reclamo esta prioridad para intervenir pero al mismo tiempo lo hago con orgullo porque represento la rama judicial de mi país, que ha sido sacrificada a través de la lucha contra el narcotráfico. Son muchos los muertos. Yo era magistrado del tribunal de Medellín antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia y por cada extradición nos mataban un compañero, nos mataron cinco compañeros, cinco amigos. La Corte Suprema de Justicia fue sacrificada el 6 de noviembre de 1985, murieron trece magistrados ilustres por cuenta del narcotráfico porque todavía no se ha podido desvirtuar la teoría que el narcotráfico le pagó al M19 la toma del Palacio de Justicia. Yo además quisiera que sin pasarme de diez minutos pero que no me establecieran un límite porque desafortunadamente y ahí es la desfortuna, yo sí puedo mostrar una radiografía histórica de lo que ha sido el narcotráfico, de cuáles son los males, los efectos, las secuelas del narcotráfico y cuáles son las medidas que se han adoptado y cuál el efecto de las mismas. Colombia hace 25 años padece esta lacra del narcotráfico, empezó con el tráfico de la marihuana en un sector concretamente, en la sierra nevada de Santa Marta y la Guajira y desde luego que los efectos al principio se radicaron allí. Pero luego apareció el fenómeno de la cocaína y ya los efectos trascendieron a todo el país y hoy en día pues ya sabemos que hay una convención que califica ese delito como el de esa humanidad y por lo menos en las políticas que nosotros nos proponemos en esta reunión también coincidimos con que así debe calificarse. Hoy no solamente existe el comercio de la cocaína aquí en este sector de suramérica sino que también estamos enfrentando el comercio que produce la amapola como fuente de otro narcótico. Pero lo cierto es que este comercio generó los carteles de la droga, los famosos carteles de la droga que inicialmente aparecen en Colombia como procesadores de la base de coca que llegaba del sur, de Bolivia y de Perú y entonces eran unos intermediarios pero posteriormente ya no se limitan a intermediar en el mercado sino que cultivan la coca, la procesan y la transfieren a los otros países y es allí donde yo veo pues configurado todo un proceso de narcotráfico.

¿Cuáles son los efectos? Nefastos todos. El primero que engloba a todo, es la subversión de los valores, la corrupción no solamente de la juventud, sino de todas las clases sociales que resultaron permeadas por este narcotráfico, la corrupción política, el Proceso 8000 famoso, es un control de la rama judicial, de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal y también de la Fiscalía, a esa corrupción que había generado el narcotráfico en la clase política.

La distorsión de la economía, mientras que los otros países de Latinoamérica estaban padeciendo inflaciones que llegaban al 800 y 1.000%, Colombia nunca ha pasado de una inflación del 25%, pero ficticia porque ha sido mantenida por los dineros ilícitos del narcotráfico. Pero hoy en día se está padeciendo un fenómeno bien grave, que está generando la quiebra de las empresas de producción, las empresas que generan empleo con capital lícito, porque no están en condiciones de competir con los dineros del narcotráfico, que ya no llegan en maletas como antes llegaban, sino que están llegando en mercancía y entonces el narcotraficante apenas ve eso como un proceso de la negociación y ustedes sorpresivamente se van a encontrar que en Bogotá, Medellín o Cali, se compra un televisor más barato que en Tokio o en cualquier otro país donde se produzca el aparato éste. Y lo otro que es lo aterrador, la secuela final, es la violencia, es el terrorismo, son los miles de muertos que ha puesto el pueblo colombiano, que ha sacrificado como lo decía inicialmente la rama judicial.

Por supuesto que el papel del gobierno no siempre ha sido pasivo, inicialmente de pronto la pasividad llevó a que el problema se volviera grande, pero a partir de un hecho que yo considero histórico, que es la muerte de un ministro, Rodrigo Lara Bonilla, muerto por el narcotráfico, se empieza a aplicar la norma de extradición que consagraba el artículo correspondiente de la Constitución de 1886.

Viene la época del gobierno del Presidente Barco y efectivamente ahí, con todo el rigor se aplica esta norma y se logra la extradición de muchos o varios por lo menos, de los capos de la droga. Y le decía yo a uno de los señores que ocupó el Ministerio de Justicia en esa época, aquí presente, el doctor Roberto Salazar Manrique, que si no hubiese sido por los cuatro años del gobierno Barco, quién sabe dónde estaríamos.

Posteriormente aparece un nuevo gobierno, el del Presidente Gaviria y desde luego que se cambia la estrategia, porque con todo el rigor de la extradición el país estaba inundado en sangre, los muertos abundaban, no sólo habían matado al ministro Lara Bonilla, no solamente habían matado el Procurador, no solamente habían matado los jueces y magistrados que anteriormente mencionaba, sino que cualquiera que levantaba la voz en contra de los narcotraficantes, tenía asegurada la pena de muerte.

Viene el gobierno de Gaviria y entonces se ensaya la política del sometimiento, la negociación de la pena, pero también se establecen los llamados jueces sin rostro, que no es el término técnico pero que así se conocen, se reserva la identidad de los testigos con todos los problemas que eso genera en el campo del derecho de defensa y del debido proceso, lo cual tenía una explicación eminentemente coyuntural, cual era hacer una ponderación entre el debido proceso y el derecho de defensa de los narcotraficantes y la vida de los jueces, que estaban simplemente cumpliendo con su deber, cual era investigar y juzgar a estas personas.

Después viene la Constituyente, según se dice -no tengo constancia de eso- por presiones de los mismos narcotraficantes, resulta abolida la extradición y se inicia entonces ya en el nuevo gobierno éste que está ahora terminando, un proceso de captura y muerte de algunos narcotraficantes, todo ello en aplicación de esa política de negociación de penas, de sometimiento, a la cual antes me refería, ya ahora último, nuevamente se reimplanta la extradición sin efecto retroactivo, de manera que esa extradición que fue reimplantada hace unos tres ó cuatro meses, solamente tiene vigencia para los delitos que se cometan con posterioridad a la consagración constitucional y además, todas estas políticas que acabo de mencionar pues, con el apoyo de los Estados Unidos han sido combinadas con la fumigación de los cultivos de coca y amapola que existen en varios sectores del país.

Pero frente a todo este panorama, como lo decía al principio, yo lo que quiero es reivindicar la tarea de los jueces, porque ciertamente si el narcotráfico no ha invadido todos los sectores de la población colombiana, si el narcotráfico no ha trascendido aún en el ámbito de otros países limítrofes en la misma medida como existe en Colombia, es porque ha existido una rama judicial independiente, presta a cumplir con su función y dispuesta a sacrificarse como lo muestran esa cantidad de muertos con que iniciaba esta intervención. Muchas gracias.

Roberto Dávila Díaz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile: Con la exposición que acaba de hacer el señor Presidente de la Corte Suprema de Colombia, veo que el origen de ello, la marihuana, fue lo mismo que en mi país, durante el gobierno del Presidente Freddy Montalva, obligó a modificar las sañosas disposiciones de nuestro Código Penal, que contenían penas irrisorias tratándose de delitos de esta especie. No bastaban generalmente de 54l días a tres años a lo más, y con abogados más o menos diestros, y obligaban a aquellos que destilaban la coca en Chile, que no eran muchos en ese momento, lograban salir en libertad.

A partir del año, en el gobierno del Presidente Freddy Montalva, comenzó a endurecerse el espinero en razón de que había un exceso consumo y de producción de marihuana en la provincia que hoy se llama de Los Andes y San Felipe y comenzó también a notarse la aparición en el mercado ya del polvo blanco de la cocaína y otras drogas que fueron surgiendo sin llegar, afortunadamente, a la situación que se le produjo a los hermanos de Colombia.

El gobierno mantiene actualmente un consejo nacional para combatir la droga, dirigido por el Subsecretario al Interior, Don Belifetario Velásco, y que cuenta con un conjunto de organismos asesores, particularmente lo es el OS7 de Carabineros, que ha hecho un trabajo extraordinario en esa materia para ir recurriendo a algunos de los métodos de investigación que introdujo nuestra última ley sobre drogas, hace dos años atrás, en esa ley se ha considerado la existencia del agente encubierto, que lamentablemente desde el punto de vista del derecho penal, podría ser sancionado como agente provocador, el informante oficial, y el informante clandestino; además, un sistema de permitir, cuando la policía obtiene datos de una entrega de alguna droga narcótica, seguir hasta llegar a determinar el lugar de la entrega.

Y además, buscando siempre el ánimo de ponerle limitaciones a esto, se eliminó la aplicación en esta clase de proceso, del atenuante de irreprochable conducta, (perdón) de la reparación celosa del mal causado que cosa rara, no obstante la naturaleza de este delito, que es un delito por encima de todos los peligros, habían algunos jueces que tenían la tendencia a aceptarla y a veces con un escaso depósito de plata.

Pero se la sustituyó por una constitución que se ha denominada allá, de la cooperación eficaz o del arrepentimiento eficaz, que implica que aquel que está involucrado en una clase de estos hechos, a los que se refiere la ley, presta una confesión que permite desbaratar un nuevo tráfico a futuro, y en ese caso se le favorece con una rebaja de la pena que puede llegar a 3 años y un día.

Estas personas quedan protegidas porque todo se tramite en un cuaderno reservado en que si surge alguna duda durante la tramitación, porque cuando se le da a conocer a las demás partes del proceso, cuando el espíritu de este cuaderno es mantener precisamente el secreto a aquel que hizo la cooperación eficaz cualquiera sea el ente encubierto o informante que proporcionó los datos que permitieron desbaratar esto. En nuestro país en el último tiempo, más que el ingreso de droga, es que nos tienen, como dicen algunos, de "corredor" hacia los países del norte.

Se han suspendido otras drogas como el LSD, enviadas a través de estampillas de correo, pero hoy día la tendencia es aplicar una mano firme en materia de droga y como lo señalaba ayer, el concepto de tráfico dentro de nuestra legislación es tan amplio que hoy día castiga a los que sin contar con la autorización competente, importan, exportan, transportan, adquieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten consigo tales sustancias o materias primas a menos que justifiquen o sea notorio que está destinado a un tratamiento médico o al uso personal. Si leemos esa disposición que se viene remitiendo y las tres leyes sobre esta materia, vemos que ya no hay conducta humana en apariencia que no quede comprendida en un tráfico.

La duda que tienen nuestros jueces y eso se ha explicado de que los jueces son seres humanos como aquéllos que también delinquen, es cuando al que se sorprende traficando tiene un gramo, dos gramos, pero resulta que en Chile, científicamente han determinado que de un gramo de coca o uno o dos gramos salen 10 o 20 papelillos, aparte de la sustancias con que la aumentan, y lo que es más grave en Chile, sí, ha comenzado mucha venta de algo que se llama la coca en perfecta. Ustedes lo llaman crack, pero allá tiene otra denominación que en este momento escapa de mi memoria. Ese es el cuadro que hay en Chile, pero el gobierno tiene estructurado ese Consejo Nacional en materia de tráfico que dirige el Subsecretario del Interior y cuenta con la asesoría de todos los organismos especializados de la policía, de investigaciones y de Carabineros y además lo integra un magistrado. Nosotros sabemos quién es, pero el resto de la gente no. Es un magistrado que está siempre en contacto para tratar de llegar a las penas más posible, porque nos preocupa el futuro de la gente joven, sobre todo en nuestro país. Gracias.

Cecilia Sosa Gómez, Venezuela: Quisiera hacer dos señalamientos para transmitir el ánimo que existió cuando se plantearon las dos políticas que aparecen en el documento. Digo esto porque a nivel de las acciones que desarrollarían esas políticas, creo que están dentro de nuestra misma línea de las otras reuniones, de incentivar una especialización, de propender a la estandarización de los procesos, de establecer una red iberoamericana de información, de apoyar a los jueces que conocen de los delitos del narcotráfico para que se logre aumentar la calidad y cantidad de decisiones en esta materia. Inclusive habíamos pensado en una que no sé si el ciudadano Presidente de la Corte Suprema de Colombia pudiera ayudarnos, que fuera también una política o una acción que fuera en la protección, o sea, en una garantía de protección de los jueces que trabajaran sobre estas materias.

El punto sobre el que quería comentar es que de todas las políticas que nosotros tenemos a lo largo de todo el documento, quien sabe si éstas son aparentemente las más concretas y sin embargo, de alguna manera no lo son y por eso quería explicarlo.

La primera, si bien el presidente de nuestra mesa de esta tarde decía que el declara al narcotráfico como un delito contra la humanidad, no estamos haciendo nada novedoso -es correcto- pero que los presidentes de Corte lo declaren en función de la propia estructura judicial tiene un peso muy importante a nivel de nuestros países y a nivel de Iberoamérica. Ciertamente, esta no es una declaración que tiene un contenido de Tratado ni mucho menos ni pretende competir tampoco, pero es una forma de manifestar nuestra alerta, nuestra atención sobre este punto.

No hay ninguna duda de lo que estamos diciendo aquí, de que trasciende el ámbito jurisdiccional de cada país de cada Corte, pues lo trasciende aunque tratáramos de fijar una política que dijera otra cosa.

En el punto 2 creo que también merece una explicación adicional. Dice: "propiciará", es algo un poco, bueno, lo propicia si me parece que la forma en que se crea un Tribunal Penal Supranacional satisface las necesidades de cada país. Pero ¿por qué pusimos esto? Naciones Unidas tiene hace algún tiempo una búsqueda de crear un Tribunal Penal Supranacional, y la idea de ponerlo aquí estratégicamente es, que cuando se cree no consulten, de repente no somos nosotros los que vamos a crear el Tribunal Penal Supranacional como iniciativa de nosotros como Corte, pero dejarlo en el documento significa de alguna manera que no sean nuestros Jefes de Estados los que decidan si vamos a crear o no un Tribunal Supranacional Penal, sino que seamos nosotros los que lo propiciaremos bajo las normas que las Cortes consideren debe hacerse.

Quería hacer esa explicación porque podía pensarse dentro de esto, que es que nosotros vamos a suscribir un acuerdo para crear un Tribunal, no, lo que estamos diciendo es, miren, y de alguna manera es un pase de aviso para otras decisiones de tratados que normalmente nos toca terminar ejecutando, sin que jamás hayamos sido consultados como la instancia que en definitiva estamos casi obligados a aplicarlo; por eso quería hacer estos dos comentarios en relación a estos dos puntos, que me parecen bien trascendentes, bien concretos y que de repente no tengan una resolución inmediata. Vamos a trabajar por supuesto a nivel de las acciones cada uno de nosotros como Corte, pero ahí hay una Declaración de Principios interesante que compromete más que a nosotros mismos, que estamos como conscientes de esas dos políticas, a las otras ramas del Poder Público ante el alerta de que para crearlo, por lo menos seamos consultados y tengamos una vocación, una preparación ya hacia esa tendencia. Muchas gracias.

Sin identificar: Gracias señora Presidente. Excelentísimo Presidente de la Corte Suprema de Nicaragua.

Guillermo Vargas Sandino, Presidente de la Corte Suprema de Nicaragua: Gracias señor Presidente. Yo quería señalar un poco la experiencia que hemos tenido en el proceso de la lucha contra las drogas, problema que se ha ido agudizando cada vez más y que es relativamente reciente, pero muy grave. Durante los años ochenta, la década de los ochenta como todos ustedes saben, nos vimos envueltos en una guerra civil muy grave, la cual prácticamente eran dos ejércitos regulares los que estaban enfrentándose; por un lado el ejército nacional, por el otro lado los contras, y era muy difícil, casi imposible el tráfico de la droga por el territorio nacional, ya que si fuera por tierra, por aire o por mar, eran detenidos, aniquilados, derribados o hundidos por cualquiera de las dos facciones que estaban en pugna.

Cuando asume el poder la señora Presidenta de la República, comienza, Doña Violeta de Chamorro, comienza una desmovilización del ejército que de tener 120.000 hombres pasó a tener 15.000, y la contra se desmoviliza totalmente y de 25.000 hombres llegó a cero. Entonces tenemos un vacío que se va creando en una gran parte del territorio nacional, por supuesto la parte más abandonada del país, más lejos del país, quedan abandonadas pistas de aterrizaje, enormes cantidades de territorio que sirve casi como en bandeja para el tráfico internacional de la droga.

Nuestro territorio empieza a ser utilizado a mediados de la década de los noventa, y la primera forma de ayuda que solicita el narcotraficante es mediante un pago, un pago considerablemente bueno en dólares; cuando esto va avanzando ya tienen una buena cantidad de gente tomada, empiezan a pagar parte en dinero efectivo, parte en drogas, y el tráfico se ha ido incrementando y el consumo de drogas se ha ido incrementando.

EL problema de nuestra Legislación que también ha sido muy vieja, muy antigua; nosotros tenemos un proceso inquisitivo muy tardado, muy lentamente, y que finaliza en un proceso, en un procedimiento judicial por medio de un jurado de conciencia. Un jurado de conciencia integrado por varios ciudadanos civiles que son fácilmente presionables, fácilmente amenazables y de cualquier manera pues están sujetos a los temores y a una serie de problemas que se pueden perfectamente visualizar. Entonces, tanto la acción de la policía como del ejército y otras fuerzas del país capturan a narcotraficantes, decomisan enormes cantidades de cocaína, se destruye la cocaína, se inician los procesos y finalmente resultan absueltos por un tribunal de conciencia.

En vista de este problema que ha sido verdaderamente serio en el último año, el Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Salud y otras entidades del país, nos pusimos de acuerdo en hacer un proyecto de ley, una reforma a la ley penal y a la ley procesal penal sustrayendo el delito de narcotráfico, todo lo que tenga relación con él, sustrayéndolo del conocimiento del tribunal de jurados. De tal manera que sean juez de derecho los que dicten la sentencia, esto ha sido naturalmente bien acogido en el país.

El proyecto de ley se encuentra en la Asamblea, debería estarse discutiendo en estos días, pero hay un consenso pleno en que va a ser aceptado. Hemos continuado con una capacitación de los jueces tanto en el territorio nacional como en el extranjero en relación a todo lo que se relaciona con el tráfico de drogas y estamos tratando de mantener jueces muy serios, muy capaces en la parte donde se están dando la mayor parte de los delitos de tráfico de drogas, por supuesto son jueces que están empezando a gozar de una protección especial porque también tenemos ciertos temores de que puedan ser atacados.

El problema del narcotráfico en el noreste del país es sumamente grave, hay incluso hasta un movimiento independentista que afecta no sólo la parte noreste de Nicaragua, sino la parte sureste de Honduras y es un lugar que está campeando por estar casi fuera de la ley, de manera que todo el país está abocado en estos momentos a una lucha frontal para ver como afrontamos directamente esta situación verdaderamente grave y seria que en estos momentos nosotros tenemos. Gracias Sr. Presidente.

Guillermo López, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina: Antes que nada quiero expresar mi emocionado y sincero homenaje al martirologio a la magistratura colombiana expresado recientemente por el representante de ese país. Luego quiero hacer una exposición con respecto al tema en Argentina que tiene una temática muy sutil. En la Argentina hasta hace un año y medio se entendía que la penalización del narcotráfico penalizaba el comercio pero no la tenencia de drogas, es decir, existía y existe todavía una fuerte corriente liberal que considera que la tenencia de drogas está amparada por la disposición constitucional que dice que las acciones privadas de los hombres que no ofendan al orden ni a la moral pública están reservadas a Dios, exentas de la autoridad de los magistrados.

De tal manera la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema hasta hace cosa de un año y medio no penalizaba la tenencia de drogas. Hace un año y medio la Corte Suprema con una nueva integración, por primera vez penalizó también la tenencia de drogas en cantidades ínfimas aunque fuera para uso personal, esto originó grandes críticas de sectores de pensamiento liberal en la sociedad.

Yo creo que la Corte advirtió que no se tenían que tener interpretaciones estáticas frente a una realidad tan cambiante, es decir, lo que a principios de siglo o a mediados de siglo podía ser admisible, ahora tenía que comprenderse que la tenencia era una puerta de entra para la comercialización de la droga. Finalmente se penalizó también la tenencia para consumos individuales, está de más decir porque existe en todos los demás países, en la Argentina existe también una secretaría con carácter de hemisferio destinada a la prevención y a la lucha del narcotráfico. Gracias Sr. Presidente.

Héctor Romero Parducci, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador: En primer lugar aunque sea un poco tardío pero en todo caso muy sentida vaya mi solidaridad personal y la solidaridad del pueblo ecuatoriano, por los sucesos acaecidos con respecto a este asunto, en especial a la justicia y en general al pueblo de la hermana República de Colombia.

En segundo lugar y como antes, suscribo las dos políticas y las cuatro acciones mencionadas respecto a esta lacra social, que como alguien y no con poca razón y firmeza manifestó, por sus devastadores efectos, constituye el quinto jinete del apocalipsis.

Y en tercer lugar, repitiendo en lo que sea pertinente, me permito aconsejar, primero, que se modernice también la legislación iberoamericana en cada uno de los Estados, tipificando en debida forma, sancionando en debida forma y estableciendo en debida forma un proceso y un mecanismo que haga posible combatir este azote de la humanidad, este delito de lesa humanidad, cual es el narcotráfico.

En segundo lugar, que se intente también y de la manera más fuerte, responsable, establecer una legislación común iberoamericana, porque juntos podemos obtener mucho más de lo que separadamente podemos lograr por más que pongamos nuestras naves y nuestros intentos a la disposición de nuestras mejores y más caras intenciones y esperanzas.

Y en tercer lugar, insisto en el asunto de la extradición, manifestado también con respecto a la corrupción, en que deben involucrarse no solamente el Poder Judicial, sino todos los poderes o todas las funciones del Poder Público del Estado, e inclusive todas las instituciones que de una u otra manera conforman el llamado sector público o semipúblico de cada uno de nuestros países, para terminar insistiendo en que tiene que ver mucho la educación y la participación ciudadana, como remedios a esta enfermedad que corroe las fibras mismas y la esencia misma de toda colectividad civilizada, porque ataca fundamentalmente a lo más noble cual es la juventud. La ciudadanía debe colaborar, porque debe sentirse obligada moralmente a colaborar, tanto en la prevención como en la denuncia correspondencia. Esto es todo señor presidente y gracias.

Arturo Hoyos, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: Yo obviamente estoy, al igual que quienes han hecho uso de la palabra anteriormente, estoy de acuerdo con las políticas que aquí se plantean, al igual que las posibles acciones, pero quería informarles además de ciertas acciones...(habla fuera del micrófono).

Arturo Hoyos, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: Yo sugiero que apoyemos estas dos políticas y estas cuatro acciones que se sugieren en el documento. Yo personalmente las suscribo y ciertamente creo que es conveniente que todos lo hagamos.

Sin identificar: Yo haría una interpelación, si me permite doctor Arturo. Lo que pasa es que la doctora Sosa y el doctor Romero, han dicho dos cosas que yo creo que es necesario que tengamos en cuenta. Ahora en la reunión del almuerzo, el Presidente Caldera y nuestro representante, el señor presidente de Portugal, hablaban de globalización, pues si hay globalización es en el narcotráfico y por eso entonces la respuesta tiene que ser una legislación común, por lo menos de estos países de Iberoamérica.

Y en segundo lugar, yo creo que también se tiene que aprobar como lo proponía la doctora Cecilia, una política de protección de los jueces.

En Colombia, -y voy a ser muy rápido- los llamados jueces sin rostro, fueron creados con el ánimo de proteger los jueces como yo lo decía, como una defensa de la rama frente al atentado de que estaban siendo víctimas. Yo no estoy abogando por ese tipo de jueces porque de pronto no consultan cuestiones de debido proceso y de derecho y defensa, pero sí establecer políticas de protección de los jueces, cualquiera que ello sean, sin lesionar el debido proceso, el derecho de defensa, las garantías fundamentales de estas personas. Muchas gracias.

No se identifica: Estoy de acuerdo con esa sugerencia también señor Presidente. Pero además de proponer que apoyáramos estas políticas y estas acciones, quería quizás informarles de un proceso de negociaciones que se siguen en mi país con algunos otros países de la región actualmente, tendentes al establecimiento de un centro multilateral antidrogas en Panamá.

Ese centro multilateral antidrogas ya básicamente funciona en recoger información y de brindar educación, en relación con estos temas, problemas de narcotráfico, el lavado de dinero, delitos conexos. No se si eventualmente se va a concretar en proceso de negociaciones que se sigue actualmente entre el gobierno de Panamá y el gobierno de los Estados Unidos de América por otro y varios gobiernos latinoamericanos. Ha habido conversaciones con Colombia, con México y con algunos otros Cancilleres.

Independientemente de que esto eventualmente tome la forma que debe tomar, lo cierto es que quería enfatizar que este es un problema que sin duda alguna requiere de relación multilateral. Esto no lo puede resolver nadie en forma aislada ni nadie tiene ninguna posición de superioridad moral en esta materia tampoco.

Yo sí creo que es importante una acción concertada, una acción conjunta y este trabajo que se está haciendo en Panamá en relación con el centro multilateral las antidrogas, que podía empezar a operar después del año 2000. Si finalmente se llega a concretar pues puede ser de gran interés, quería mencionarlo porque es un esfuerzo multilateral en el cual se está trabajando, no se si vayan a culminar exitosamente todas las conversaciones y las negociaciones, pero es una iniciativa de gran interés y una iniciativa hemisférica y continental que vale la pena que ustedes la conozcan. Eso es todo, muchas gracias.

Miguel Angel Rivera Portillo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras: Gracias Presidente. Mi intervención es únicamente para informar cómo se está combatiendo este flagelo del narcotráfico.

En principio pues, se reformó el Código Penal para imponer la pena máxima que tiene establecida la Constitución de la República que son 20 años y luego, ha pasado aprobado por una primera legislatura, una enmienda constitucional a efectos de penalizar esta acción delictiva por cadena o reclusión perpetua.

El Congreso Nacional de la República ha conformado una comisión contra el narcotráfico que está conformada por miembros de diferentes sectores de la sociedad, congreso, Poder Ejecutivo, los tres poderes del Estado y las fuerzas de seguridad inclusive hay organismos internacionales que colaboran con el gobierno de Honduras en el combate de este flagelo. Esperamos que en esta Legislatura sea aprobada sea aprobada esa enmienda constitucional a efectos de que este crimen de lesa humanidad sea penado con reclusión perpetua y también deseo aprovechar esta oportunidad para solidarizarnos con el Tribunal Superior de Colombia en la justicia que más ha sido golpeada por el narcotráfico, cuando sucedió esa masacre en que murieron muchos magistrados del Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia de Honduras dirigió un mensaje al Tribunal Supremo de Colombia, solidarizándose y expresándole nuestro más sentido pésame y pena por tan grande delito y tan profundo golpe para la justicia colombiana. Gracias.

José Raúl Amaro Salup, Cuba: Aunque en mi país el problema del narcotráfico no se manifiesta con las mismas características de algunos de los países latinoamericanos, como aquí ya se ha expuesto y hubo una etapa muy amplia en que prácticamente era inexistente este tipo de delito, con todos los cambios económicos que se han producido en el país y fundamentalmente con el incremento cada vez mayor del turismo internacional, se está produciendo un incremento, un aumento constante de casos de tráfico de droga, que utilizan a nuestro país como puente entre productores de droga y consumidores de droga, es decir, no se trata para distribución interna en nuestro país, pero sí para utilizarlo como una vía intermedia entre los productores y los consumidores. Esto se ha manifestado también en no solamente las violaciones de las fronteras terrestres sino también en el aspecto de las rutas aéreas, por la posición geográfica de nuestro país que resultan muy aptas o idóneas para el cruce también por vía aérea, incluso por vía marítima de drogas, tanto de marihuana pero fundamentalmente de cocaína.

Esto ha dado lugar a que en nuestro país se haya incrementado el delito de tráfico de droga y por otra parte, en alguna medida, se está produciendo algún incremento en el consumo de drogas o bien por alguna de estas personas que tienen acceso a nuestro país o bien por lo que nosotros llamamos "recalos de droga" que son las que llegan a las costas cubanos después de haber sido lanzadas por aviones o por embarcaciones de narcotraficantes ante el temor de ser sorprendidos con la droga. Queremos pensar que esa es la única forma, es decir, que fue eventual, por lanzamiento de estos narcotraficantes.

Esto ha dado lugar a que en nuestro país se haya dictado una nueva legislación relativa al tráfico de droga y ahora, incluso, se está trabajando en su perfeccionamiento pero que ha incrementado notablemente la severidad en la punición de estos delitos, particularmente cuando se trata de casos de narcotráfico internacional y los casos en que se utilizan menores de edad en las operaciones de narcotráfico, pues se están utilizando menores con el concepto ese de "mulas" que se conoce para traer la droga y además, por utilizarlos en el interior del país para mover determinadas cantidades de droga. Las sanciones se han elevado aun nivel de celeridad significativo.

Estamos trabajando en la legislación relacionada con el lavado de dinero, es decir, estamos coordinando con las instituciones bancarias nuestras y de otros países para ver todas las formas, todos los mecanismos en este sentido.

Como es obvio, suscribo estas políticas que se plantean aquí y estas acciones así como cuántas más sean necesarias porque, precisamente, a quien más daño causa la droga es a nuestra juventud. No nos referimos ya a la gente vieja, a la gente mayor, el daño empieza en los niños, en menores, pero menores que son niños, ya ni siquiera adolescentes y después se desarrolla en la adolescencia, en la juventud hasta llegar a límites insospechados y por ser tan lucrativo este negocio, tiene una expansión cada vez más significativa.

La única cuestión que yo quisiera es anunciar aquí el criterio mío, es en el verbo que se utiliza en la política dos, que es propiciarán. Me parece a mi que da la impresión de otra cosa, no me atrevería yo a decir cuál sería el verbo más hábil para expresar el propósito de estudiar, analizar, valor, determinan, establecer, cuestiones de éstas, pero propiciar me parece una acción ya más dirigida a la propia creación de esta institución. Y como bien planteaba la Dra. Sosa si no me equivoco, creo que fue ella si, y creo que todos nosotros lo conocemos; en Naciones Unidas en este momento se está discutiendo ya el articulado en concreto de la Corte Penal Internacional, en relación con delitos contra la humanidad.

Debemos recordar que no es solamente en nuestra América el único productor de drogas, que hay otros centros mundiales grandes productores de drogas duras; y recordemos el aceite de hachís, el triángulo de oro, etc., etc., no vamos a entendernos en este sentido. Y lo que si coincido ciento por ciento con nuestra muy apreciada Presidenta, es el que se vea cuando se toque este aspecto, se vea nuestro criterio continental respecto a este problema enfocado desde nuestra realidad. Creo que eso es importantísimo y que se vea desde el punto de vista de países que sufren la desgracia de ser productores, pero que también se vea con la otra cara de la moneda, de los consumidores.

Yo creo que nosotros no hacemos nada con luchar contra la producción, contra la misma acción del tráfico internacional, si no se lucha con la misma o más decisión contra los consumidores de estas drogas. Exactamente. Eso es lo que yo quería plantear y por lo demás, me siento partícipe, es decir, mi país no yo personalmente, mi país, mi Tribunal se siente partícipe de esta gran desgracia de nuestro continente, y por supuesto, no dicho ahora sino dicho hace rato, mi respeto para los colegas colombianos: nada más que eso, mi respeto.

Sin identificar: Gracias. Señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema del Perú.

Víctor Raúl Castillo, Presidente de la Corte Suprema de la República del Perú: Señor Presidente, para expresar en nombre de la Corte Suprema del Perú y del Poder Judicial, nuestro convencimiento de que este delito es uno de los más graves que azota a la humanidad, y que debe ser tratado con mucha dureza porque indiscutiblemente las secuelas que producen dañan a la humanidad. En consecuencia, y por razón de tiempo, solamente para expresar mi convencimiento y conformidad con las políticas que se ha trazado por la señora Presidenta de la Corte Suprema de Venezuela y con las acciones a seguir. Muchas gracias señor Presidente.

Sin identificar: Tenemos dos últimas intervenciones dado el tiempo que está influyendo y es,

Sin identificar: Con la brevedad que las circunstancias demanda, yo quiero hacer un planteamiento y es el siguiente. Desde ayer hemos escuchado a cada uno de los representantes de nuestros países, decir cuáles son los problemas que internamente cada uno tenemos, principalmente a nivel legislativo. Sin embargo, no hemos sacado absolutamente nada claro de eso, la experiencia no ha sido asimilada porque realmente no nos hemos puesto en condiciones de asimilarlas. Yo sugiero que para la próxima Cumbre, la próxima reunión como se denomine a nivel Iberoamericano, se concretice un punto donde cada uno de nosotros expongamos nuestra propia experiencia en sus respectivos países, con la finalidad de unificar criterios, unificar reglas de derecho, con la finalidad de que en el futuro tengamos una Legislación aunque sea en temas determinados, legislación debidamente unificada.

Yo creo que el propósito vale la pena ensayarlo toda vez que si en el año de 1928 la Sexta Conferencia de La Habana, nos pusimos de acuerdo para el Código de Bustamante en diferentes materias, creo que vale la pena intentarlo ahora. Creo que el sistema, el procedimiento pudiera ser sencillo si con anticipación se pone un tema exclusivamente para la experiencia de cada uno de nosotros y posteriormente asimilar esa experiencia. Muchas gracias.

Sin identificar: Presento mi última comunicación escrita que es además es sobre un tema complejo, trascendental sobre lo cual hasta ahora no se ha conseguido cualquier especie de victoria. La sensación que tengo es que las cosas se degradan continuamente, de modo que yo pienso que mientras no haya una acción internacional conjugada con la participación necesaria de las grandes potencias, las cosas seguirán iguales. Yo hablo por Portugal en que hemos gastado miles de millones, dado paso adelante, paso al lado y el problema sigue ahí y cada vez con facetas más preocupantes.

De modo que lo que voy a leer traduce apenas un propósito de reflexión sobre el tema con miras que pensando un poco más podamos encontrar esa solución que todos deseamos. No será imposible porque se ha resuelto el problema de Yugoslavia, el problema de Irak, el problema del Medio Oriente aunque esto está en vía de solución, tenemos que encontrar una solución para esto, por lo menos entre otras cosas para la tranquilidad de nuestros colegas de Bolivia. Yo supongo que tendrá una insistencia atroz. Ninguno de nosotros nos gustaría de tener. Porqué el narcotráfico es un flagelo universal estrechamente conectado con el crimen internacional organizado.

No hay lucha eficaz contra el que no sea internacional en la cual todas las armas bilaterales y multilaterales so necesarias. No es por cierto una cuestión que encuentre solución en el estricto ámbito del poder judicial en sus funciones, su dimensión es omnímoda y respecta a todos los elementos políticos, económicos, sociales y culturales de la vida de las comunidades. Sólo una perspectiva integral y globalizada podrá ser luz en una lucha que es permanente a lo largo de todo un estado civilizacional. Su incidencia es múltiple, en la producción, en la distribución, las redes internacionales de tráfico, en el consumo y en las finanzas, el lavado de dinero. La erradicación del narcotráfico, la actuación de mecanismos internacionales como decía, según un criterio de responsabilidad compartida que podrá comprender la introducción de sanciones internacionales todos los países no cooperantes.

Es necesario no solamente la difusión de la cooperación internacional sino que también el establecimiento de órganos, organizaciones internacionales que hagan la coordinación de la lucha. Dicha cooperación supone que el apoyo internacional programe la sustitución de cultivos y a caminos de desarrollo económico y social alterno, la acción internacional y nacional contra la pobreza y el fenómeno de la marginalidad o exclusión social que combata las redes internacionales a la corrupción y al terrorismo. El perfeccionamiento de la cooperación judicial y policial internacional por medio del cambio de informaciones, la uniformización de criterios y de procedimientos. La definición internacional de normas contra la corrupción y el fraude financiero, mejoramiento de los mecanismos bancarios y bolsistas, la implementación de instancias penales internacionales con competencia para juzgar los delitos transnacionales de corrientes del narcotráfico que combata los narcóticos y a sus secuelas supone a sí mismo y al cambio de concepciones sobre los valores sociales y culturales en los que se basa el consumo.

Hay que perfeccionar e intensificar las acciones con respecto a los niños y a los jóvenes de todos los niveles, el de los programas y la formación escolar, el de los tiempos libres, el del apoyo técnico y psicológico en los conflictos familiares, en los deportes y las actividades físicas, el de la ampliación de perspectivas culturales, como la creación de centros de acompañamiento cuando haya falta o crisis de la familia y del apoyo de organizaciones de juventud y de una amplia colaboración de los media en la transformación de los modelos y de las referencias sociales y culturales. Casi nada.

La cuestión no es por cierto reductible a una perspectiva de seguridad pública y perfeccionamiento de la administración de la justicia, es un doble problema de socialización de los excluidos y de recuperación de los internos por una parte, y de persecución de los traficantes por otra parte. Hay que caminar para una definición internacional del narcotráfico como verdadero crimen contra la humanidad, con adaptación a ello de todos los procedimientos y las sanciones propias de dicha naturaleza de crímenes.

Los sistemas judiciales sacarán beneficios de la intensificación de las acciones de formación permanente a nivel nacional e internacional, con el cambio de informaciones, de experiencias y de decisiones, con el establecimiento de criterios comunes. A nosotros ponernos en marcha lo que el futuro nos exige.

Edgar Cervantes, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica: El problema del narcotráfico sin duda alguna constituye uno de los males más nefastos de la humanidad. Nuestro país no escapa al problema, es un puente importante del tráfico de la droga, alguna de ella se queda en la sociedad costarricense y causa los estragos que sabemos que esto provoca. No sólo daña a las personas que las consumen, sino que daña las instituciones sociales, en fin, provoca la destrucción del entorno apropiado para la vida humana.

Las condenas que se hacen aquí en este documento, son compartidas por esta representación ciento por ciento, y en lo que a nosotros concierne como Poderes Judiciales o Tribunales Supremos, está la proclamación de un compromiso con los jueces, en cuanto a apoyarlos decididamente con formación, con protección en todo lo que sea necesario.

Yo quisiera retomar aquí unas palabras de la doctora Sosa cuando hablábamos de la corrupción, que los jueces debemos siempre responder en forma adecuada en la sanción de las distintas delincuencias que corroen a nuestras sociedades. Si éste es uno de los males que más la corroen, aquí es donde más debemos ser honestos, ser moralmente capaces, respondiendo rápidamente y adecuadamente, porque si no lo hacemos, sin duda alguna que la batalla está perdida.

Los jueces de Colombia pueden ser nuestro ejemplo, ellos han librado una batalla tremenda y siguen librándola para poder salir adelante. El Poder Judicial de Colombia ha sido un baluarte, y yo pienso que los Poderes Judiciales de nuestros países, debemos hacer otro tanto, porque de lo contrario estaremos totalmente perdidos. Muchas gracias.

Presidente: Bien señores, el señor representante Magistrado de la Corte Suprema de Argentina quiere hacer un paréntesis.

Guillermo López, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina: Por razones prácticas, quiero proponer antes de iniciar la novena sesión, que deleguemos en la presidenta de la Corte organizadora de este evento, o sea en la doctora Sosa, designar una comisión redactora que tenga a su cargo la elaboración de las conclusiones y que pasemos a receso hasta que dicha comisión haya terminado su cometido.

Sin identificar: Yo, con todo respeto, estoy básicamente de acuerdo en la confianza expresada en la doctora Sosa, pero voy más allá, yo creo que es tanta la confianza que nos merece, que debemos delegarla a ella para que se encargue de los detalles finales, independientemente de que posteriormente cualquiera de nosotros podamos hacer llegar nuestras observaciones por escrito.

Cecilia Sosa Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela: Bueno, muchas gracias por la confianza y la Sesión Novena. Realmente he pensado que la desarrolláramos un poco de esta manera. Nosotros hemos ido más o menos dentro de la organización, preparando en base a cada una de las propuestas que hemos podido recoger de las grabaciones de cada mesa. Obviamente pueden haber errores, puede faltar alguna propuesta, puede haber propuestas que se pueden fundir y dentro de nuestro corto tiempo yo lo que quisiera es dedicar la Novena Sesión a leer lo que serían las conclusiones del evento y ustedes se llevan ese material y se recibirán posteriormente los adendum, los comentarios finales e intercambiamos eso para que quede ya definitivamente consolidado. Lo que sí me gustaría es leerlas, o sea, que ustedes se lleven la consolidación de lo que hemos hecho y que cada Presidente, cada representante posteriormente, si hay algo que faltó si hay algo que considera debe insistirse, si hay alguna proposición de acción o de política que se vea muy suave o muy ruda, pulir posteriormente lo que sería nuestro documento de compromiso.

De manera pues que muchísimas gracias. También quisiera decirles como punto de información que vamos a pasar ahora a la Sala de Audiencias que está inmediatamente al lado al salir de este auditorio, para un acto de condecoración que les ofrece a ustedes, la más alta condecoración que otorga el Colegio de Abogados del Distrito Federal de Venezuela. Muchas gracias.