Caracas, 24 al 26 de marzo de 1999
Así, de cara al tercer milenio, el Poder Judicial de los Estados miembros de nuestra organización, debe promover el fortalecimiento de su independencia ante los otros poderes del Estado, insistir en una continua necesidad de ser más eficaces, y reafirmar los principios fundamentales que rigen la actividad jurisdiccional, como instrumentos indispensables para lograr el decoro y la disciplina que los deben distinguir.
Como instrumento clave para cumplir con la misión encomendada y considerando la creciente globalización e integración de las naciones y de los individuos, las nuevas tecnologías constituyen herramientas de primer orden, para propiciar la optimización en la formación de los funcionarios comprometidos con la actividad jurisdiccional y administrativa que desarrolla el Poder Judicial de nuestros Estados. Es imprescindible, el apoyo financiero del Estado y de los organismos nacionales e internacionales comprometidos con el desarrollo de una administración de justicia eficaz y accesible para todos los ciudadanos.
Debo hacer público mi reconocimiento al Banco Mundial que ha apoyado económica y técnicamente al proceso de reforma judicial venezolano, y la realización de estas Cumbres. Pero mi agradecimiento es doble, porque hemos tenido un organismo internacional comprometido con los cambios y la renovación, sin que haya venido con diagnósticos y recetas preconcebidas. Es la primera vez, a mi juicio, que un organismo internacional no pretende imponerse sino aportar lo que tiene: técnicos, experiencias y ayuda económica.
Decía en las palabras pronunciadas el año pasado, con motivo de la apertura de esa Cumbre, que tradicionalmente los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos, nos reuníamos para discutir e intercambiar conocimientos y experiencias sobre temas jurídicos abstractos y su aplicación a casos concretos; en otras palabras, nos reuníamos a examinar la evolución de la doctrina y de la jurisprudencia y su aplicación a determinadas instituciones jurídicas, y que no dejaba de llamar la atención que por primera vez, nos encontráramos para discutir y analizar los temas jurídicos que fueron decididos como importantes por los Jefes de nuestros Estados.
Por ello en nuestra primera Cumbre de marzo de 1998, fijamos una posición sobre la forma en que el Poder Judicial ve a las definiciones políticas que afectarían a la Administración de Justicia y delineamos y acordamos cómo debían ser tratadas desde un punto de vista estrictamente jurídico, en su implementación.
Podemos resumir ese compromiso en los siguientes principios a ser ejecutados:
Hoy, un año después con el estudio de los cuatro temas seleccionados para este encuentro, venimos los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos a rendir cuenta de lo realizado, y al mismo tiempo, darnos solidaridad y fuerza para continuar ejecutando nuestro compromiso con el cambio y modernización del Poder Judicial, por cuanto su fortalecimiento, en el marco de una sociedad democrática, exige una administración de justicia extremadamente pulcra y ética en su actuar, de manera que asegure los principios directores de todo procedimiento judicial en forma simple, asequible, pronta, ágil, próxima al ciudadano y equitativa en sus decisiones.
El temario elegido muestra nuestra vocación, de hacer efectiva la relación entre inquietudes y necesidades mediante su concreción en la facultad de juzgar y hacer cumplir lo sentenciado, para que así el Estado, en el ejercicio de sus potestades, asegure y garantice a todos los ciudadanos, la plena vigencia del estado de derecho, mediante la protección y desarrollo de estos valores considerados en las Cumbres de los Jefes de Estado, como fundamentales para la realización de nuestras democracias.
Esta segunda Cumbre, mediante la modalidad de sesionar en plenario, y con la amplitud de incorporar a nuestras sesiones como observadores, a jueces de instancia de los países participantes y a Presidentes y demás Magistrados de otras Cortes invitadas, a quienes también damos la bienvenida, nos dedicaremos fundamentalmente a los siguientes temas:
Organización Judicial. Se revisarán aspectos relacionados con la eficiencia del uso y gasto del presupuesto judicial, con miras a impulsar ante las demás ramas del Poder Público, una normativa común que garantice la autonomía del Poder Judicial de los Estados participantes. Así mismo, se analizarán los mecanismos de selección de jueces y de estabilidad judicial, con especial énfasis en las fortalezas y debilidades en la formación y capacitación de los recursos humanos. Estas acciones definirán las normas que rijan la Escuela de Formación y Capacitación del Funcionario Judicial Iberoamericano.
Corrupción. En esta materia, se revisarán los distintos criterios en discusión para adoptar el Código de Etica del Funcionario Judicial de Iberoamérica, así como se "constituirá" una Corte ad-hoc para que conozca en un juicio simulado, un caso hipotético para ver cuáles son los criterios, los argumentos y las leyes aplicadas por Jueces de distintas nacionalidades, y así obtener ideas que permitan a los jueces nacionales el manejo y aplicación de los instrumentos internacionales en esta materia, como es el Tratado Anticorrupción, en sus relaciones con los ordenamientos jurídicos internos.
Derechos Humanos. Se evaluará la efectividad del intercambio de la jurisprudencia entre los distintos países, así como con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para determinar cómo los instrumentos y la jurisprudencia están siendo aplicados por los jueces de la región en sus sentencias.
Narcotráfico. Se evaluará la identidad de normas comunes, así como aquellas que puedan ser adaptadas en forma unificada para lograr la estandarización internacional de los procesos judiciales y la compatibilidad en los tipos y sanciones penales por los diferentes sistemas judiciales.
Las tareas que enfrentamos las Cortes Supremas de Justicia y los Tribunales Supremos de Iberoamérica en esta segunda Cumbre no son fáciles, escapan a la tarea ordinaria del Juez; significa asumir un rol activo en la solución de los grandes problemas que acosan a nuestra sociedad. La colaboración de poderes va más allá del marco formal de atribución de competencias que contemplan las Constituciones. En efecto, con esfuerzo estamos indicando a nuestros países que las Cortes tenemos plena conciencia de los graves problemas que aquejan la administración de justicia en el continente; que nos mueven principios éticos democráticos que nos impiden estar conformes con la situación actual; que tenemos tiempo uniendo importantes esfuerzos para impulsar reformas de fondo en la administración de justicia, a fin de hacerla confiable, eficiente y transparente; que no estamos de brazos cruzados a la espera de un poder reformador externo, porque desde adentro estamos impulsando reformas acordes a los valores y normas, de una sociedad democrática participativa y plenamente consciente de los derechos que la asisten: igualdad en democracia se traduce en el derecho al proceso debido.
Nuestra región no escapa al proceso mundial de globalización y de integración de mercados. Los beneficios que ofrecen ambos, deben ser aprovechados también en el espacio institucional de nuestras respectivas sociedades democráticas, cuidando siempre nuestras identidades, y evitando las tentaciones de caer en la ilusión de soluciones uniformadoras.
Este escenario de comunicación multinacional del Poder Judicial, constituye con toda seguridad la conformación de una red de información e intercambio de experiencias estructuralmente comunes a nuestros países, en materia judicial. La alimentaremos en el tema de narcotráfico gracias a toda la información recibida en la Unidad Técnica de Seguimiento, que acordamos crear el año pasado, y nuestra gratitud a los delegados de los países que la integran. El material enviado permitió elaborar los documentos de trabajo para los temas de esta segunda Cumbre. Durante el evento haremos una demostración de lo que sería nuestra red judicial de información, que hemos llamado IUDICIS, medio que nos permitirá mantener un intercambio permanente entre todas las Cortes y Tribunales Supremos, y que servirá de alimentador de la capacitación y formación de nuestros jueces y auxiliares de justicia y hará realidad el trascender nuestras fronteras.
Nuestras iniciativas indudablemente no pueden ser objeto de traslados mecánicos de una sociedad a otra, pero sin duda alguna, su conocimiento representa un valioso estímulo en el camino creativo hacia el logro de una meta absolutamente común: la construcción y reconstrucción de un Poder Judicial respetado y respetable, plenamente legítimo y confiable, autónomo y poderoso en su afán, sobre todo de preservar y profundizar el valor básico de nuestras sociedades democráticas: la libertad.
Las Cortes Supremas de Justicia y Tribunales Supremos estamos en la obligación de señalarle a los Jefes de Estado los resultados de esta segunda Cumbre en cada uno de sus temas tratados, en particular cuáles son las medidas de orden legislativo y político necesarias para la ejecución de lo que acordemos.
No puedo dejar pasar esta oportunidad, sin llamar la atención y expresarles mi preocupación por los constantes embates y problemas internos que están sufriendo muchos de nuestros países, que inclusive, la trascendencia de ellos ha obligado a algunas delegaciones a cancelar en el día de ayer su participación en este evento. Mi esperanza es, que los países de la región que enfrentan severos problemas políticos, sociales y económicos salgan fortalecidos de este nuevo trago amargo que estamos pasando.
Hoy cuando revisaba estas palabras oí la noticia de que habían despegado los aviones de combate de la NATO, para reunirse en un lugar y dar inicio al bombardeo sobre Kosovo. Es otra tragedia más, que muestra cómo la falta de voluntad política por solucionar un conflicto, nos puede llevar a esta nueva angustia mundial.
Señores, los problemas que acosan a nuestro continente son todos solucionables, mediante el imperio del derecho y la aplicación de las leyes, en un clima de voluntad política, de hacerlo. Nosotros estamos en la obligación de interpretar la ley para que en su aplicación sea obra de la justicia, pero también estamos en la obligación de señalar a los sectores políticos, los cambios que hay que realizar y el Ejecutivo y el Congreso, están en el deber de llegar a los acuerdos que hagan transitable los caminos hacia una democracia verdadera y participativa, que asegure la paz social, el crecimiento sostenido de nuestras economías, dando la calidad de vida que todos por igual merecemos.
Tenemos que hacer un llamado al rechazo del uso de la fuerza, como mecanismo de solución de controversias en el plano internacional, pero fundamentalmente en el nacional.
Quiero agradecer nuevamente la presencia a los Presidentes y representantes de las Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica, a los observadores, así como a las autoridades y personas que nos acompañan en este acto de instalación de la segunda Cumbre, de la cual tanto esperamos todos sus participantes y también los usuarios del sistema de administración de justicia.
Señores Magistrados, señoras y señores todos, una vez más gracias, muchas gracias por atender este llamado para trabajar por la solución de los problemas de la administración de justicia en Iberoamérica.