Lucha contra la Corrupción. Mecanismos de Identificación de la Corrupción en los Sectores Públicos y Privados

Secretario General: Ciudadano Magistrado, ha quedado constancia de la asistencia de 18 magistrados presidentes a esta Quinta Sesión Plenaria de la Cumbre iberoamericana de presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia.

Roberto Dávila Díaz, Chile: En esta sesión plenaria conformará la Junta Directiva quien habla, Presidente de la Corte Suprema de Chile, Roberto Dávila Díaz. Actuará como Vicepresidente de la Junta, Don Jorge Tenorio, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador; y Relator de la Junta Directiva, el Dr. José Andéu García, Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico.

Ciudadano Secretario, sírvase anunciar el temario de esta Quinta Sesión Plenaria de Trabajo.

Secretario General: Ciudadano Presidente, el temario es el siguiente: Quinta Sesión Plenaria: Lucha contra la Corrupción. Mecanismos de Identificación de la Corrupción en los Sectores Públicos y Privados.

Roberto Dávila Díaz, Chile: Tiene la palabra el Excelentísimo Señor Don Jorge Subero, Presidente de la Corte Suprema de la República Dominicana.

Jorge Subero, República Dominicana: Gracias, Presidente. Buenos días a todos. Yo quiero hacer una reflexión, en primer lugar. En segundo lugar, una sugerencia.

La reflexión es en el sentido de que no debemos de perder de vista la perspectiva dentro de la cual se está desarrollando esta Cumbre, bajo el entendido de que es en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes celebrada en la Isla de Margarita, lo que implica necesariamente que previamente nuestros Presidentes han asumido el compromiso de respetar las decisiones que nosotros tomemos, por lo menos esa es la visión que yo tengo de los resultados de esa Cumbre.

Hago la aclaración porque creo que es la primera vez que los Presidentes de Corte Suprema y de Tribunales supremos se reúnen para complementar lo que previamente ha sido decidido o ha sido, por lo menos, moldeado, delineado, por presidentes de nuestros respectivos países, lo que significa que las decisiones, las conclusiones de este cónclave, necesariamente van a reflejarse en todos los estamentos del estado de nuestros respectivos países en razón de que ninguno de nuestros presidentes, presumo yo, van a negar al cumplimiento de lo que ellos previamente ya habían aprobado.

Mi inquietud surge, mi reflexión viene al caso a propósito de que debemos ser lo más concretos posible en el momento de la redacción de las conclusiones y de los acuerdos a que lleguemos, bajo el entendido de que nuestros presidentes y nuestros gobiernos y nuestros estados van a cumplir fielmente los acuerdos a que nosotros arribemos.

La segunda es una sugerencia en el sentido de que yo creo que es muy conveniente que limitemos las intervenciones de cada uno de nosotros a cinco minutos y si no es suficiente, entonces que se pida una segunda ronda.

Las observaciones mías no solamente son aplicables a esta plenaria, a esta sesión sino también a la que vaya a desarrollarse durante la jornada del día entero. Muchas gracias.

Alberto Carlos Antunes Ferreira de Silva, Portugal: Me limitaré a unos enunciados muy generales, como es natural.

Al hablar de la corrupción estamos en presencia de un verdadero flagelo universal, como lo llama la Declaración de Margarita (punto 27). Lo que hoy es distinto en este temario es que los fenómenos de la globalización de las sociedades y la circulación transnacional de los capitales y de las informaciones conducen a una desestabilización de las instituciones sociales y a una profunda crisis de las instituciones democráticas.

Tres son las vertientes de la moderna corrupción: primero, la vertiente pública, no solamente en la administración pública central y local, sino también en los órganos de representación democrática y en las instituciones paraestatales.

Segundo, la vertiente privada, no sólo en los negocios sino que también en la actividad bancaria y en el sistema fiscal. La temática de los "paraísos fiscales", en los distintos créditos y en los modernos medios de circulación de capitales y en la comunicación social.

Tercero, la vertiente internacional con la multiplicación de los cientos de poder económico y la aparición de organizaciones financieras que es el paso muchas veces del poder y la dimensión del Estado. Son conocidas las causas generales de la situación, que el narcotráfico con los abultadísimos capitales que movimienta. El lavado de dinero y consecuencia de otros fenómenos de tráfico internacional, de armamiento de piedras preciosas, de mujeres y de niños.

La ampliación de los espacios económicos y de las empresas y el gigantísimo de las administraciones públicas, la crisis de confianza en la Ley y la desadecuación del sistema y los procedimientos judiciales. Las mutaciones axiológicas con la hipervalorización del consumo y la competición, emulación y ostentación social. El fenómeno creciente de la exclusión social y del paro, que conduce a los mercados paralelos y a formas alternas de actividad económica.

En este dominio, los mecanismos de intercambio internacional son decisivos y absolutamente condicionantes del éxito de la lucha contra la corrupción. Desde luego, gana importancia fundamental el cambio de informaciones judiciales, administrativas y policiales; después la uniformización de procedimientos derivados de la celebración de acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales.

Finalmente, la naturaleza sistemática y continua que deberá presidir a la elaboración de dichos instrumentos de cooperación internacional y al cambio de experiencias y de procedimientos. La consecución de los objetivos del combate a la corrupción, exige la adopción de instrumentos de diversa naturaleza, de los que se pueden subrayar en lo que se refiere a la función judicial, primero la simplificación de los procesos judiciales y la celeridad de las decisiones. Después, la atenuación del secreto bancario con amplia posibilidad de acceso a los datos bancarios por intermedio de decisión de la autoridad judicial.

Tercero, el mejoramiento de los mecanismos fiscales con el fin de ahorrar la evasión y los fraudes fiscales. Cuarto, el apoyo técnico a los tribunales y autoridades policiales en cuestiones administrativas, económicas, financieras, sociales, científicas, etc. Quinto, la difusión de comisiones o autoridades independientes, con amplia participación de los ciudadanos y de las organizaciones sociales no gubernamentales en el estudio de las causas y menciones de remedios del fenómeno de la corrupción. Sexto, la introducción de leyes definidoras de principios generales de naturaleza al mismo tiempo ética y práctica, accesibles a los ciudadanos y de amplia difusión pública.

Es necesario sobre todo, la renovación del espíritu ético de los tribunales, por medio de la renovación de los principios del primar de la justicia del derecho y del respeto exclusivo de la Ley. Así mismo, que la dignificación social y económica de los Magistrados y funcionarios judiciales. Muchísimas gracias.

Sin identificar: Gracias señor Presidente. Bueno el fenómeno de la corrupción es generalizado y es preocupante para todos nuestros gobiernos, y esa fue la razón por la cual en la Conferencia de Margarita, en la reunión de Margarita nuestros gobernantes lo incluyeron.

Cumpliendo con algunos de estos puntos que se señalaron en la Declaración de Margarita, en Nicaragua el día de ayer precisamente, se instaló una Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción, una comisión que está integrada por los Presidentes de todos los Poderes del Estado, que yo me comprometí a firmar el Acta Constitutiva el día siguiente de mi regreso a Nicaragua, y dejé la excusa de estar en esta Conferencia y que por esa razón no podía estar presente.

Considero que todas estas actuaciones, todas las actuaciones nacionales que tiendan a luchar contra la corrupción y a tratar de por lo menos bajar la intensidad de este flagelo que ha convertido a nuestros pueblos de pueblos pobres en pueblos empobrecidos por el sangramiento que ha habido por la corrupción, pues es una lucha que debe ser apoyada por todos. Pero lamentablemente no es sólo la propia acción nacional la que puede contribuir a ir bajando este flagelo, sino que tiene que haber una cooperación internacional para la persecución de los delitos que se origina con esta clase de actividades.

Por eso creo que la Declaración que pueda salir de esta reunión, que tiene que ser bien firme y encaminada a fortalecer estos puntos que fueron tocados en Margarita, es un respaldo para todos los que estamos empeñados en esta clase de actividades en la lucha contra la corrupción en todo el continente.

Creo que sumándome a lo que señaló el presidente de la Corte Suprema de República Dominicana, la Declaración debe ser bien concisa, pero bien firme y yo creo que cualquiera que esta Declaración sea en ese sentido de apoyar con firmeza y de hacer un frente unido latinoamericano, todo va a estar en consonancia con lo que se resolvió en Margarita. Muchas gracias señor presidente.

Jorge Eduardo Tenorio, El Salvador: En línea con la brevedad que hemos acordado, voy a hacer un pequeño resumen de lo que veo como situación general de la corrupción y unas propuestas concretas.

En primer lugar, en toda América Latina e Iberoamérica, la corrupción no es un fenómeno circunscrito al sector público, sino que también invade la esfera privada. Es famoso que detrás de cada corrupto hay siempre un corruptor y el corruptor suele venir precisamente del sector privado que trata de seducir a los funcionarios de todo nivel, aprovechando las circunstancias propias de las distintas administraciones, las remuneraciones bajas, en fin todo tipo de señuelos, y sobre todo, la mala formación ética que existe en nuestros países.

En consecuencia, creo que es urgente tomar acciones y que lo más práctico es que esta Cumbre emita acuerdos concretos y breves, acuerdos que sean realmente accesibles para todos y que tengan la contundencia necesaria para que quien los vea o los lea o los escuche, pueda captar que el espíritu que prevalece en esta Cumbre, es un espíritu de condena a la corrupción.

En nuestro país, y muy brevemente, tenemos una Contraloría que no es realmente una Contraloría, sino un Tribunal Superior de Cuentas, igual que en algunos de los países, España por ejemplo, que ejerce funciones jurisdiccionales y funciones administrativas de Contralor. Y también tenemos en el seno del órgano judicial, un organismo que se llama Sección de Probidad.

El primero, como su nombre indica, controla el gasto público en todas sus manifestaciones y tiene incluso la posibilidad de juzgar las actuaciones de los funcionarios. El segundo, la Sección de Probidad es una institución interesante, pero que ha sido letra muerta en El Salvador, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista administrativo. Esta segunda pretendía -la Sección de Probidad- controlar el patrimonio de los funcionarios públicos de cierto nivel hasta la cúspide del poder. Las pautas que seguía era una comparación patrimonial, cómo ingresó el funcionario y su familia cercana al cargo y cómo concluyeron los patrimonios de este funcionario y de sus parientes cercanos y cónyuge.

Desde luego eso se hacía y se hace a través de una declaración parecida a una declaración impositiva inicial y una declaración impositiva al cierre del período. A lo más que se llega es a imponer sanciones por no cumplir con la obligación de declarar a la entrada o a la salida. La verdad es que no ha tenido mayor aplicación práctica, ni ha sido efectiva en el combate contra la corrupción, primero, porque no se verifican las declaraciones y segundo, porque no ha tenido nunca la Sección de Probidad de la Corte Suprema, la capacidad técnica ni los recursos para hacerlo.

En este momento en El Salvador estamos precisamente en esa línea, tratando de fortalecer primero al organismo contralor del Estado y segundo, de fortalecer y de tecnificar y de dotar de todo lo necesario a la Sección de Probidad, para que sea un instrumento eficaz en la probidad administrativa. Pero creo que en general, el problema ha sido básicamente la poca difusión de los valores éticos y la creencia que existe en el medio, la percepción de que los cargos públicos son una posibilidad de enriquecimiento rápido, tanto para los funcionarios políticos como lamentablemente también existe esa percepción, para los funcionarios judiciales. Los abogados en ejercicio se encargan incluso de desprestigiar notablemente al funcionario judicial porque son los primeros en -entiendo en muchos casos- hacer creer a sus clientes y a sus patrocinados, que los funcionarios judiciales son susceptibles al soborno, para fallar adecuadamente a los intereses de los clientes, de los abogados.

Tenemos pues ese problema de percepción y en el ambiente salvadoreño, como en el de todos, al menos creo que de la mayoría, y aterrizando en el caso del órgano judicial, del Poder Judicial, que en el ambiente existe la percepción de que los jueces no observan una conducta adecuada en cuanto a la probidad.

¿Qué se nos ocurre como medios inmediatos para poder combatir esa corrupción, y sobre todo para revertir esa percepción que conspira contra la credibilidad y la confianza de los funcionarios judiciales?

En primer lugar, y creo que hay una institución que aquí se ha mencionado mucho, de tipo procesal, que creo que debería de ser una regla y que podríamos incluirla como una acción, o incluso como una política. En primer lugar, la oralidad procesal. Creemos que la oralidad procesal puede ser una vía para potenciar la transparencia de los juicios y para evitar que las partes que no tienen acceso al juez, puedan creer que el juez o los jueces son susceptibles a cualquier tipo de seducción económica. Esa inmediación potencia la transparencia, esa inmediación hace que además la opinión pública pueda tener un control directo sobre la actuación de los jueces. Así que creemos que la oralidad podría ser una vía muy eficaz para combatir lo que podría ser la falta de probidad o la corrupción procesal.

Otra vía inmediata u otra política sería, una intensa y muy grande difusión de los valores éticos en las sociedades. Yo creo que se ha venido descuidando en la enseñanza -y eso desde la escuela primaria hasta en las universidades- se ha venido descuidando la parte de los valores éticos y se ha venido permitiendo que la niñez y luego las juventudes, perciban que el poder, las funciones públicas de cualquier naturaleza son una posibilidad de enriquecimiento ilimitado e incorrecto. Es más, se ha venido vendiendo la idea de que la incorrección en política, y también en materia de función jurisdiccional, es la regla y que además no hay ninguna condena para los corruptos, ni siquiera condena social, no digamos una condena de reclusión y de otra índole.

Creo pues que además de la oralidad que mencionaba primero, la difusión de los valores éticos y esta Cumbre puede mandar un mensaje concreto, contundente en ese campo, es urgente. Y una tercera acción, obvia y necesaria, es que las instancias de control deben ser fortalecidas al máximo, fortalecidas en el sentido técnico, fortalecidas administrativamente, dotadas de recursos y además, se debe buscar que a las instancias contraloras lleguen las personas mejor calificadas de la sociedad.

Creo que ese es un problema fundamental, por ejemplo, los Contralores deben ser funcionarios de segundo grado pero elegidos por mayorías calificadas de los congresos. Un Contralor que no tenga esa estatura que estamos queriéndole dar, no va a tener la autoridad, la autoridad pública, no digamos la autoridad moral como para imponer sus criterios.

Se me ocurren esas tres y hay una cuarta política que creo que podría introducirse y traducirse en acciones, y perdonen que abuse un poco del tiempo de ustedes. Esta cuarta es que hay que involucrar a los medios de comunicación, así como son grandes sensores gratuitos de la administración de justicia y como son grandes en ocasiones, irresponsables, en cuanto a la aseveración de cosas, sí deberían ser y deben ser porque en la democracia ese es el rol quizás más importante de los medios, deberían ser los medios verdaderos contralores públicos en materia de probidad en el manejo de las funciones públicas y en particular, de las jurisdiccionales.

Estoy de acuerdo por lo demás con las menciones generales que se hacen acá pero creo que esas cuatro acciones podrían ser muy enriquecedoras en el combate contra el flagelo de la corrupción. Muchas gracias.

Orlando Aguirre en representación de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: Gracias señor Presidente. El problema de la corrupción, posiblemente uno de los más graves que afrontan las sociedades de nuestro tiempo. Las soluciones son por lo consiguiente, también muy difíciles. Las causas pueden ser variadas, no es este un foro como paras entrar a analizar esos temas, pero podríamos mencionar algunos de los aspectos ya enunciados aquí, por ejemplo el deterioro de la familia, de las instituciones familiares, las deficiencias en la educación y también la insuficiencia de una formación religiosa adecuada. Yo siempre he creído que estos tres temas, la familia, la educación, la religión son responsables de la buena formación de los ciudadanos. También sobre esto incide un aspecto muy importante, cual es el del consumismo. El consumismo en nuestros tiempos crea o da lugar a niveles de insatisfacción los cuales comparados con la criminalidad vienen a darse como un índice bastante claro de los niveles de corrupción de las distintas sociedades padecemos. La solución de la corrupción es de todos pero sobre todo de quienes tienen en sus manos los gobiernos de nuestras sociedades. Hay medidas que deberían de adoptarse a través de lo que algunos llaman la política grande, aquella que tiene que ver con la distribución de la riqueza en nuestras sociedades con la inversión que se haga en educación, con la inversión que se haga en salud, con inversión que se haga en la democracia en todos los campos incluido la democracia económica. Desde luego que nosotros bien formamos parte de nuestros gobiernos nuestras fuerzas en esos campos son muy pocas.

Debemos centrarnos a lo que es el problema de la corrupción en nuestros ámbitos. Yo pienso que una acción que debemos tomar es la de la correcta selección del personal que vamos a utilizar en la administración de justicia, ese para mí es el punto principal de arranque porque si seleccionamos a la gente adecuada, a las personas que sabemos que tienen una buena formación en los distintos campos, entonces ahí tenemos ya un seguro de que la eventual corrupción en ellos o la probabilidad va a ser menor que si seleccionamos a cualquier persona sin una valoración adecuada. Para mí ese es el punto principal de arranque, el punto de partida.

Después de eso pienso que los poderes judiciales a lo interno, no deben descuidar la formación ética de sus servidores en general, o sea que a través de las escuelas judiciales, o a través de los departamentos o áreas de recursos humanos debe dársele constantemente, no bajar la guardia nunca en lo que es la formación desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista ético de nuestros servidores.

Además de eso es indispensable crear condiciones socio laborales adecuadas para todos los servidores; esto implica dar estímulos no económicos que hagan a estos servidores sentirse satisfechos en la labor que están realizando, por ejemplo, es importante la formación académica que le podamos permitir a ellos, es decir, que ellos sientan que se están desarrollando como personas, como humanos en forma adecuada, en forma satisfactoria. Esto pues permite un nivel de satisfacción en el campo personal que llevará a un resultado cuál es con la identificación con la administración de justicia.

Desde luego que no podemos descuidar los estímulos económicos, esto es indispensable, alguien ha dicho que el órgano más sensible de los seres humano es el bolsillo y entonces también tenemos que estimular el bolsillo porque sin él no podría pensarse que alguien se vaya a identificar con las actividades que están realizando. Sin duda alguna que hay un aspecto importante para todo esto cuál es la rigidez en el aspecto disciplinario, si en algo no debemos bajar la guardia nunca es en esto.

No debemos actuar con una política que en Costa Rica se llama o la llamamos la política del pobrecito, que pobrecito tiene familia, que a pobrecito le vamos a causar un daño y entonces no lo sancionamos disciplinariamente o lo mantenemos en el puesto y le imponemos una sanción que apenas como dicen algunos moralizadora. Pero yo pienso que en esto debemos ser rígidos hay que cortar siempre por lo sano, si no vamos al fracaso. Y finalmente quiero decir que los poderes judiciales como parte de una buena política relacionada con el combate a la corrupción debe ser abiertos, hay que practicar políticas de apertura con los medios de información, de comunicación social de modo que enconcharse, esconder, el no abrirse, primero no se vaya a ver simplemente como que estamos escondiendo; y segundo, como que estamos evitando más bien la labor fiscalizadora que estos medios pueden ejercer sobre nosotros los funcionarios públicos y a lo cual la sociedad tiene derecho. Muchas gracias.

Cecilia Sosa Gómez, Venezuela: Buenos días. En primer lugar, quisiera sólo recordar un aspecto de un punto de información sobre la modificación del programa que tenemos en hoja separada, es decir, que nosotros debemos cumplir en la sesión de la mañana tres de nuestras mesas de trabajo para concluir a la hora antes de salir al almuerzo con el Presidente de la República.

En el tema que nos ocupa quisiera señalar o hacer los siguientes comentarios: en la problemática de la corrupción, viendo la perspectiva del Poder Judicial, nosotros terminamos siendo como rama de poder, los responsables de la impunidad en la materia de corrupción. Todas las consideraciones del flagelo, de lo horrible, de lo grave, es muy importante, pero nuestros países están cansados de esa declaración, inclusive de la forma de la declaración en que con todas la fuerza de lucha contra la corrupción tiene la Declaración de Margarita y si uno la lee, ustedes pueden hasta valorarlo, del tema que tiene más transcripciones de la invocación de la Declaración de Margarita, es, de alguna manera, el tema de la Corrupción.

Eso nos coloca a nosotros como cabeza del Poder Judicial jurisdiccional, en que no podemos competir con esa Declaración, no podemos competir porque está hecha de una manera en que su radicalidad por la lucha nos involucra a nosotros mismos y eso, obviamente nos obliga a buscar, que es en definitiva lo que estamos tratando de hacer, qué podemos hacer -el Poder Judicial- por luchar no tanto contra la corrupción sino contra la impunidad de la corrupción. Por eso me parece que el replanteo que ha hecho en su planteamiento Portugal es interesante. Una parte de esa corrupción, no hay ninguna duda, que es nuestra lentitud procesal, pero si ustedes analizan las políticas y las acciones que tenemos en el documento de trabajo, están hechas de una manera en la que obviamente las Cortes no podemos tampoco dejar de lado no sólo los problemas de corrupción que nosotros tenemos internos en el Poder Judicial, que fue un poco el tema fundamentalmente orientado por el representante de la Corte Suprema de Costa Rica, sino que tampoco podemos ser ajenos a los problemas de corrupción fuera del Poder Judicial.

De allí que las políticas y las acciones nos están como poniendo a trabajar, es decir, qué hacer internamente y qué difundir, de alguna manera, para también superar esta imputación que se nos hace como Poder Judicial de que la corrupción campea en nuestros países porque no es, definitivamente, sancionada ni oportuna ni con el vigor, la rudeza,, la contundencia que se espera.

De manera que quería un poco hacer este comentario porque aquí hay unas acciones que son trabajo para nosotros más que declaraciones, obviamente, pero si nosotros podemos realmente inclusive a empezar a intercambiar estadísticas sobre los tipos de delito de Corrupción y cómo los castigamos, hay países de nosotros que los años frente a determinados delitos, sea de la cosa pública u otro tipo de corrupción, pareciera que dos años, tres años, hay inclusive países que han hasta declarado imprescriptibles los delitos de corrupción, ese es un punto interesante que de repente no podemos resumirlo en una acción puesto que las acciones lo que están tratando de hacer y este es un punto que debemos siempre tener en cuenta, es que en qué vamos a trabajar para enfrentar cada uno de los temas que tenemos.

De manera que a mi si me parece que hay unas propuestas que se han hecho, que se pueden dibujar como políticas o como acciones, por ejemplo, la correcta selección del personal creo que es un punto bien importante, aunque se vincula a un tema que ya discutimos como el de la formación, lo mismo que la problemática de la ética. Y creo que desde el punto de vista de, como cada tema tiene su propia independencia, es consecuente incorporar algunos aspectos que nos enriquezcan de alguna manera el planteamiento, sobre todo teniendo en cuenta que estas políticas y estas acciones son las que se nos van a transformar en conclusiones, porque en definitiva qué es lo que nosotros vamos a concluir diciendo aquí; no declarando que vamos a tener una, sino declarando qué vamos a hacer, o sea, en qué nos vamos a comprometer en trabajar para salir adelante con dada uno de estos temas. Muchas gracias señor Presidente.

Sin identificar: Estimados colegas. Mis recomendaciones son las siguientes sobre esta materia. Primero, determinar con precisión para todos los fines subsiguientes, qué mismo debe entenderse o entendemos por corrupción. Segundo, modernizar inmediatamente y de manera urgente las distintas Legislaciones Penales Iberoamericanas.

A) Tipificando de manera actualizada y puntual, principalmente no sólo las conductas delictuales de la concusión, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito y otras que ya figuran en nuestros Códigos Penales, sino también particularmente todas aquellas formas de delito de corrupción que de una u otra manera implican apropiación ilícita e indebida de los fondos públicos. A medida que avance el mundo avanza también la maldad, y con el progreso de la técnica y de las ciencias, se crean de hecho figuras delictivas que tienen que ser reconocidas para de esta manera ser sancionadas.

B) Sancionando a la corrupción con las condignas y justas penas privativas de la libertad, y también con la prohibición de desempeñar por parte del reo futuros cargos o empleos públicos, y

C) Estableciendo normas sencillas procesales, que agiliten los juicios en esta materia, que permitan juzgar en ausencia a los delincuentes y que impidan bajo todo concepto, que funcione la prescripción extintiva de la pertinente acción o de la respectiva pena.

En tercer lugar, sugeriría intentar fuertemente lograr una Legislación común Iberoamericana sobre esta materia, que comprenda no solamente los tópicos penales que son los que más nos interesan por su impacto, sino también tópicos directa o indirectamente relacionados con este flagelo de la corrupción, como es el caso de legislaciones bancarias y los tristemente célebres paraísos fiscales. En cuarto lugar sugiero, y esto es muy importante, que empujemos el carro de tal manera que hagamos efectiva la figura de la extradición. No sé cómo funciona en los Estados de ustedes mis queridos colegas, pero en el Estado Ecuatoriano funcionario que se va con la plata, se pasea impunemente por diferentes calles de otros Estados y principalmente por la ciudad de Miami, y la extradición que es una figura jurídica que la conocemos todos y que es muy antigua, pues simple y llanamente no funciona por una serie de circunstancias.

Entonces, en cuarto lugar yo sugeriría coadyuvar de manera decidida para que con los mecanismos adecuados la extradición sea una realidad y no una quimera. Quinto, crear el código de ética de la función judicial de Iberoamérica a que se refiere la acción una del documento de trabajo y crearlo también de manera urgente y con normas precisas y claras. Sexto, involucrar no solamente al poder judicial que representamos sino a todos los organismos y funcionarios que integran la administración pública, función ejecutiva y a la función legislativa. Séptimo, estimular de manera principal porque este puede ser el alfa de la solución del problema, la participación ciudadana, su formación cívica y el deseo solidario de intervenir de la mejor manera cumpliendo repito, un deber cívico en la prevención y en la denuncia de los actos de corrupción y aquí papel preponderante juega la prensa, como lo ha dicho muy bien el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Salvador y organismos que de una u otra manera funcionan en esta materia en el Ecuador concretamente como por ejemplo la Comisión Anticorrupción. Muchas gracias señor Presidente.

Representante del Tribunal Supremo del Reino de España. Mis consideraciones van a a tener un tono puramente general puesto que pertenezco a un país no firmante de la Declaración de Margarita pero que tiene un indudable deber con los países Iberoamericanos. Mi deber por razones culturales e históricas soy el primero que reconozco que se tienen que reforzar y que haré notar cuando tenga contacto con mis superiores dando cuenta de lo que aquí se ha dicho, de esa necesidad de reforzamiento. Se trata simplemente insistiendo en lo que ha dicho como siempre con tanta agudeza y brillantez la representante de Venezuela en resaltar que no basta con declaraciones sino que hay que llevar a la práctica eso y que como integrante del Poder Judicial hay que concientizar a los jueces, no sólo a los componentes de las cortes supremas del protagonismo que les corresponde en la lucha contra la corrupción. Porque no es más que un sector o una manifestación de la plenitud jurisdiccional de la necesidad de que los jueces cumplan con el deber que como tales les corresponde de dar fuego en los estados que como todos los que aquí intervienen y como son los nuestros tratan de actuar como estado de derecho a la función primaria del juez, es dar cumplimiento al principio de legalidad y en último término ser los primeros garantes naturales de los derechos humanos, que evidentemente se conculcan cuando se incurre en la corrupción.

En este punto de vista cuando se piensa en corrupción parece que es la respuesta penal, los jueces penales, no la acción contra la corrupción compete a todo tipo de jueces particularmente a los contencioso administrativos, la corrupción, es verdad, sobretodo a parte de como también ha dicho el representante de Costa Rica si incluso afecta los sectores privados en aspectos de educación y formación de valores éticos. Pero lo que realmente preocupa y lo que realmente causa daño a la acción del estado es la corrupción de los poderes públicos.

La jurisdicción contencioso administrativa especialmente esa es la misión que tienen. Correr o cuidar de que los poderes públicos cumplan con la legalidad que debe guiar en todo caso la educación en los estados de derecho y que realmente actúen por consideración de interés público. Quiero decir que incluso en los supuestos de que por su estrépito aparecen recogidos esos supuestos en los código penales el cumplimiento de la legalidad de la actuación administrativa es la primera garantía de la inexistencia de la corrupción judicial. Es una idea que no puede ser desconocida por los jueces. En lo demás, los puntos y las acciones que aquí se concretan, en el folleto que se nos ha repartido, como acción, como políticas son desde luego ejemplares y están previsto en esto que digo, rol activo en la lucha contra la corrupción naturalmente.

Y otro punto más que quizás no esté bastante resaltado es que veo que aquí en Iberoamérica, los tribunales superiores tienen cosa que estamos más lejos, la posibilidad de incitar la acción de los poderes legislativos y deben extremar esa actuación en ordenar esa corrupción. Efectivamente como aquí se dice está muy bien pensado de que se debe examinar la adecuación de la legislación anticorrupción de los países, más éste que como nuestro país España o como Portugal somos tan afines histórica y culturalmente para ver si los tipos que ya en la parte más exigente en materia penal, existen para la persecución de la corrupción, si los que existen en los diferentes países, en sus países, reflejan u ofrecen al juez instrumentos suficientes para la lucha.

Quiero decir que como ha dicho el representante de El Salvador, efectivamente no sólo basta con los tipos clásicos del cohecho del funcionario, del cohecho de la administración, tiene que preverse el cohecho activo del que incita al funcionario a cohechar, o sea, a desarrollar mal su función, o el que acepta la incitación del funcionario, es tan delincuente o más, que el funcionario. Debe estar en los códigos penales y está.

La prevaricación se piensa prevaricación judicial no, prevaricación también administrativa, la adopción de decisiones arbitrarias sin el más mínimo respaldo legal, puede cometer el administrador además del juez, y como tipo de prevaricación, en el Código Penal español del 95, tan discutible en muchos aspectos, no lo es en otros, está perfectamente prevista la prevaricación del funcionario.

Hay aspectos concretos de tipologías en que la corrupción tiene una manifestación, porque tiene gran reflejo económico inmediato. Hay delitos para la protección del territorio, está previsto en nuestro Código Penal el que en la obtención por ejemplo de licencias para edificaciones, suelo o no urbanizable, el munícipe que arbitrariamente da su voto con conciencia de la legalidad, de la decisión que toma o en la formación de un plan en la recalificación de un suelo, comete una forma específica de prevaricación que está prevista en el Código Penal con penas severas. Lo mismo en materia de protección del medio ambiente, lo mismo en materia específica de protección del consumidor o incluso de libre juego de mercado, las decisiones adoptadas con intención de favorecer intereses privados más allá del interés público, deben tener reflejo penal.

En fin, el tráfico de influencias que ha sido un problema en nuestro país, desgraciadamente tan de actualidad por la insuficiencia de los temas penales clásicos, aparece específicamente regulado en el Código Penal actual, con tipos que no dejan prácticamente escape. La persecución del blanqueo de dinero tanto en el tráfico de drogas, como en otras formas de delincuencia, debe tener reflejo en el Código Penal e incluso permitir a los jueces penales adoptar medidas inmediatas contra la sociedad hasta de disolución de la sociedad, de estar por encima de esas figuras que a veces son unas ficciones para embarullar la persecución de los delitos.

En fin, nada más estarían muy bien buscados como acción, el que para ver la efectividad de la intervención judicial en la lucha contra la corrupción, deben elaborarse estadísticas de las sentencias que efectivamente se aplican y de la efectividad que tiene el cumplimiento de la sentencia, si efectivamente hay que darle el papel o llega hasta el final. Nada más.

Sin identificar: Yo voy a hacer una proposición concreta, respaldando la posición del colega de Costa Rica, en el sentido que para combatir este flagelo que tanto daño ha hecho a la humanidad, debemos principiar por prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir en nuestros sistemas? En la selección de los funcionarios judiciales, como los auxiliares, en el reclutamiento es donde se puede detectar, en primer lugar, en el trabajo que hacen los trabajadores sociales, el trabajo de campo, de vida y costumbres de los aspirantes, se detectan muchas inclinaciones a estos vicios. En el examen psicométrico también que hacen los psicólogos, es otra forma de detectar.

En nuestro sistema hemos rechazado infinidad de aspirantes a ingresar a la carrera judicial bajo este sistema de reclutamiento y luego podemos fortalecer, ya una vez que están en el poder, ya están funcionando, fortaleciendo nuestros órganos de vigilancia. Nosotros también tenemos una Inspectoría de Tribunales, que son los encargados de vigilar la conducta de los jueces, magistrados y auxiliares del Poder Judicial.

Entonces, yo propongo que como decía nuestro colega de Costa Rica, debemos principiar en nuestro campo y luego pasar a la etapa que mencionaba la honorable presidenta de la Corte Suprema de Venezuela, que es combatir como sujetos pasivos, como jueces. Pero yo insisto que primero hagamos las tareas de prevención, si seleccionamos los funcionarios idóneos y el Poder Judicial habrá menos incidencia de corrupción en nuestro propio sistema. Luego, otra forma pues es la retribución para los jueces, que sea la que dignifique el cargo, que no sean sueldos de subsistencia sino un sueldo, una retribución que además de atender sus necesidades de la familia, pues le dé para ir formando un pequeño patrimonio para después que termine su funciones.

En cuanto a ya el combate es propiamente contra la impunidad, ahí si, el Poder Jidicial tiene que desempeñar un rol más importante, de acuerdo y en colaboración con el Ministerio Público. Si bien es cierto que muchos de nuestro países tenemos todavía el sistema inquisitivo, no el acusatorio, ya en Honduras la ley orgánica del Ministerio Público le da esta función a los fiscales de preparar todas las evidencias, de llevar a juicio una vez que tiene todo el material probatorio para que un juez sólo se dedique a valorarlo y tomar la decisión que en derecho corresponda.

Es lo que podría aportar a este punto específico pero insistiendo en que se tome esa resolución, que primero prevengamos en nuestro propio sistema, sobre todo, siendo estrictos en el reclutamiento o selección del personal que va a prestar sus servicios al Poder Judicial.

José Raúl Amaro Salup, Presidente del Tribunal Supremo de Cuba: Muchas gracias señor Presidente. No voy a repetir todo lo que se ha dicho aquí, ya que me parece que han sido muy prolijos no solamente en el enfoque de la corrupción, desde el punto de vista externo, desde el punto de vista interno, allí campeaba la Presidente de la Corte Suprema de Venezuela y creo que es muy importante, no vernos a nosotros simplemente como los guardadores o los operadores de la corrupción sino sentirnos también, posiblemente, partes de ese fenómenos tan denigrante.

Me atrevería inclusive a señalar en relación con las medidas que el colega Romero anunció aquí, me parecen muy importantes en este sentido. Algo que en delitos de corrupción, en casos de corrupción, no debe excluirse que es precisamente las medidas contra los bienes del corrompido y del corruptor. Yo creo que no basta solamente la medida privativa de libertad, la interdicción temporal o permanente o definitiva, pero sí, la medida contra los bienes tanto del corruptor como del corrompido.

Nosotros en nuestras legislación, para estos casos, tenemos incluida la confiscación de bienes, que muchas veces implica una mayor severidad y una mayor afectación que la misma medida privativa de libertad o de la interdicción.

En nuestro país, y esto a modo de ilustración, algo que se ha planteado aquí que me parece muy interesante, la oralidad y la publicidad de los debates y en el proceso penal, es un principio fundamental en el procedimiento penal, es decir, es tradición en nuestro país.

Es decir que hemos ido también perfeccionando el procedimiento penal en relación con estos aspectos pero la oralidad es un elemento básico de nuestro proceso penal y ha dado buen resultado.

Y en cuanto al Código de Etica, no voy a decir que estoy de acuerdo, estoy más que de acuerdo con el Código de Etica. Desde el año de l983 nuestro Tribunal Supremo dictó una circular que constituían los principios éticos, no solamente para el personal jurisdiscente, paras nuestros jueces, sino también para el personal auxiliar y para los funcionarios que no integraban el personal jurisdiscente, es decir, para la colectividad de trabajadores de nuestro sistema judicial. Muchas veces también el fenómeno se produce, no al nivel del juez sino en un nivel subordinado y creo que era necesario.

Pero lo más importante es que el pasado año, l997, se aprobó y se puso en vigor el Código de Etica para los cuadros del Estado cubano. Me parece que es muy prolijo, muy detallado y que refleja la preocupación en nuestro país por este fenómeno de la corrupción. Esto vino a completar los principios éticos que desde el año 83 nosotros teníamos ya para nuestro personal y ha servido para que también nuestros jueces, en este caso, los jueces de todas las instancias: magistrados del Tribunal Supremo, tribunales provinciales y municipales también hayan sido parte de ese Código de Ética, es decir, están integrados a ese Código de Ética que, además, es objeto de estudio, de divulgación, para que no se convierta en un mero documento contentivo de una serie de principios y de postulados a los que después nadie les hace caso y es más, mucha gente ni conoce sino que también forma parte de la formación de nuestros jueces, tanto de los de nuevo ingreso como en la formación continuada de nuestros jueces ya de más tiempo en el servicio judicial.

Finalmente, también hemos incluido en nuestra legislación penal, aparte de los delitos típicos tradicionales, como el cohecho, la malversación, el enriquecimiento ilícito, etc., algunas formas que para nosotros son muy interesantes y sobre todo, porque es muy abarcadora, que es la del denominado delito de tráfico de influencias, donde muchas veces, en el tráfico de influencias no hay un interés material sino de otra naturaleza y ya lo tenemos también incluido dentro de nuestra legislación penal.

Es decir, creo que ha sido feliz la idea, como en los otros temas, el de incluir éste, que yo diría que es un tema básico en nuestro actuar, porque empieza por algo que es fundamental para todos nuestros países, que es la honestidad, la pulcritud en la gestión pública yd entro de ella, precisamente para nuestros funcionarios, para nuestros jueces, para nuestro personal auxiliar.

Yo pienso, para terminar, que se han planteado cosas tan concretas, tan específicas aquí, de medidas de distinta naturaleza y alcance, que pudiera no contenerse todas en las acciones, sería un listado enorme de acciones, pero sí fijar los principios de todas estas medidas para un desarrollo ulterior y pormenorizado que nos sirviera a todos de guía de trabajo para enfrentar este fenómeno. Muchas gracias.

Carlos Mario Da Silva Velloso, Brasil: Señor Presidente, eminentes colegas: En esta disyuntiva de verdad que es de gran importancia y que debemos desbrozar y es que desde Aristóteles en la política, cuando hace su célebre clasificación de los sistemas de gobierno, cuando él cuida de la democracia, un gobierno de todos con vistas en el interés de todos, sobre todo el interés público, la manera de degeneración de ese sistema de gobierno aparece, surge cuando el gobierno es de todos pero teniendo de vista el interés de algunos solamente. O sea, la corrupción degenera el sistema democrático de gobierno, de manera que felicito a los organizadores, a la eminente Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, esta magnífica anfitriona, por habernos convocado a debatir ese tema de gran importancia para los regímenes democráticos.

La cuestión me parece que debe ser visualizada con miras a los poderes constituidos. Creo que la cuestión debe importar mucho más a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Al Poder Ejecutivo lo lleva en la Constitución cuando existe un sistema presidencial de gobierno, el Presidente de la República es el gran líder, los líderes del gobierno lideran las mayorías en los Congresos y eso significa que sin una actuación firme de ese líder en el Congreso, y que en los sistemas presidenciales se acostumbra no hacer nada, por lo tanto me parece que la cuestión implica mucho más el elaborar normas jurídicas y leyes para su ejecución que nos corresponde a nosotros en el Poder Judicial, realizarlas, aunque esto no quiere decir que nuestra responsabilidad sea pequeña, como muchos quieren acentuar esa gran importancia del Poder Judicial en el combate a la Corrupción.

Quiero decir que la legislación de un país iberoamericano vela convenientemente los crímenes, los americanos incluso los suelen denominar de crímenes white color, de cuello blanco. En mi país la legislación es deficiente en relación a ese aspecto, por ejemplo, los crímenes que ocurren en el mercado inmobiliario, hoy, las Bolsas de Valores Inmobiliarios funcionan al mismo tiempo, la Bolsa de Taiwán, de Nueva York, de Río, en Caracas, porque los medios de comunicación revolucionaron todo ¿qué legislación de país iberoamericano está adiestrada para enfrentar ese tipo de infractor que actúa en el mercado inmobiliario y su actuación en el mercado inmobiliario facilita mucho la corrupción de funcionarios de la administración pública, crímenes que conmúnmente son practicados y esto nos entristece realmente, pero es la gran realidad, practicados con asesoría jurídica, incluso y de abogados.

Ese tipo de crímenes de "cuello blanco", mercado inmobiliario, son los crímenes del momento, ellos llevan la corrupción al seno de la maquinaria administrativa mediante la práctica de sobornos.

¿Qué soluciones podríamos preconizar para, en este marco que parece casi insoluble? En primer lugar, creo que debe ser firme la actuación del legislador y es allí donde el Ejecutivo y el Legislativo deben coordinar acciones en el sentido de reformar el Derecho procesal. Creo que es necesario estimular la moralidad administrativa, establecer normativas de defensa de la moralidad y probidad administrativa, ya que ésta en algunas legislaciones, por ejemplo en la de mi país, constituye una forma de moralidad administrativa calificada porque en razón de la norma existente está fuertemente defendida. Creo que acciones sumarias en el campo civil, para, por ejemplo, tornar indisponibles bienes de servidores corruptos, y no sólo de éstos sino también de aquéllos que corrompieron comúnmente estarían en el medio empresarial, de manera que las reacciones sumarias con respecto al proceso legal es contradictorio, pero de manera sumaria, se vuelve indisponible estos bienes. La cuestión del secreto bancario que fue tratado por el presidente de la Corte Suprema de Portugal, creo que ya es hora de que repensemos la cuestión del secreto bancario.

En mi país el secreto bancario está incluido dentro de los derechos que se refieren a la privacidad, derechos importantes, sin lugar a dudas, derechos que se refieren a la privacidad. Sin embargo, se trata de un derecho relativo, es bueno que se diga que no hay derechos absolutos y por lo tanto, debe ceder al interés público, al interés social y al interés de la Justicia.

¿Cómo realizar, por ejemplo, el rompimiento del secreto bancario? Algunos propugnan el rompimiento del derecho, por ejemplo, por intermedio de autoridades fiscales o del Ministerio Público. Tengo una posición particularmente divergente. Creo que el secreto bancario solamente puede ser roto, el representante del Portugal piensa lo mismo y es mediante la actuación de la autoridad judicial y no un proceso evidentemente sumario donde se demuestre la existencia de un derecho, por ejemplo, y la necesidad del rompimiento del secreto bancario.

Creo que ya es hora de que los legislativos de los países iberoamericanos tipifiquen penalmente acciones de aquéllos que depositan dinero en el exterior, que tipifiquen acciones de aquéllos que actúan en los llamados paraísos fiscales que infelizmente tenemos aquí en nuestro continente y que algunos idiotas practican ese tipo de delito, de manera que podríamos recomendar o aconsejar a los legislativos iberomaericanos que llegó la hora de tipificar criminalmente esas actividades, la de aquéllos que actúan en paraísos fiscales o mantienen cuentas en ellos o en países que practican, incluso, una buena democracia, pero que reciben y se encargan del dinero corrupto de países iberoamericanos.

En el campo criminal, no sé realmente si mis colegas estarían de acuerdo, pero creo que deberíamos recomendar, en el combate de ese tipo de delitos, un cierto pragmatismo. Por ejemplo, la facultad de un ministerio público, del autor de la demanda criminal, en mi actividad de juez que ya es bastante larga, tuve algunos procesos de corrupción de servidores públicos. En realidad, el corruptor nunca aparece porque o él fue víctima de extorsión aunque pasa por corruptor o se corrompió y lo hizo de tal forma que las autoridades difícilmente en las averiguaciones llegarían a él, pero si el que fue robado o corrompido si hubiera algún entendimiento con el Ministerio Público, se pudiera obtener mejores éxitos en las acciones penales contra ese tipo de delito. Creo que es hora de que los legislativos iberoamericanos consideren como crimen inafianzable e imprescriptible aquel crimen practicado contra la administración pública, o sea, los crímenes de corrupción que involucren a servidores públicos, aquellos que causen daño al erario público deben ser considerados inafianzables e imprescriptibles.

Finalmente, una sugerencia: aquéllos que fuesen condenados por la práctica de delitos contra la administración pública, estarían incapacitados para ejercer cargos o funciones públicas durante un cierto tiempo. Esto existe ya en la legislación brasileña, de cierta manera. Hasta ahora nos quedamos con los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Y qué decir del Poder Judicial? Es hora de hacer un examen de conciencia de aquéllos que presiden la Suprema Corte de sus países. En nuestro examen de conciencia ¿qué hemos hecho en relación al Poder Judicial de nuestros respectivos países? Felizmente, digo eso con mucha alegría, en lo que se refiere al Poder Judicial de nuestro país, nuestros problemas están en otra área, están por ejemplo, en la lentitud de la justicia, no están, felizmente, en esta área, donde podemos contar con los dedos de la mano jueces que se corrompieron en mi país. Digo con eso con mucha alegría, dando gracias a Dios, pero eso no quiere decir que no debemos hacernos un examen de conciencia.

Hubo una gran investigación pública en mi país respecto a la Justicia, en todos los Estados se hizo esa investigación, esa encuesta y el resultado puede ser, incluso, caricaturado. En mi país el pueblo considera Justicia una vieja ciega, como no podría dejar de serlo, pero una vieja sorda, sin embargo, una vieja decente, una vieja honesta, o sea, nuestros problemas están en otra área, están por ejemplo, en el área de la lentitud aunque estamos haciendo grandes esfuerzos para solucionarlos y superarlos, pero creo que no podremos dejar de vigilar el Poder Judicial.

La corrupción del Poder Judicial es la cuestión más importante. Si hay realmente algún problema, eso exige una acción activa de los tribunales en la investigación y punición del miembro del Poder Judicial que pueda estar en ese tipo de investigaciones, sobre todo quiero reiterar las palabras del Dr. Aguirre, de Costa Rica, sobre todo vamos a pensar nuevamente en las Escuelas Judiciales, donde el aspirante a juez es sometido, sobre todo, a disciplinas que contengan valores éticos y el Poder Judicial son sus jueces pero son también sus servidores. Creo que las escuelas judiciales deben tener Departamentos donde el servidor de la Justicia puedan también, mediante cursos especializados recibir ese tipo de enseñanza, cursar asignaturas donde los valores éticos sean bien administrados. Son las cuestiones que dejo para la reflexión de mis eminentes colegas iberoamericanos. Muchas gracias.

Sin identificar: Muchas gracias. Nos restan cinco minutos y aún están inscritos para hacer uso de la palabra el Dr. Excelentísimo Víctor Raúl Castillo, Presidente de la Corte Suprema del Perú a quien le cedo la palabra, y posteriormente hará uso de ella el Dr. Arturo Hoyos, Presidente de la Corte Suprema de Panamá.

Víctor Raúl Castillo, Presidente de la Corte Suprema del Perú: Señor Presidente, para exponer brevemente que con respecto a la corrupción, en el Perú existen como en todos nuestros países, normas que sanciona este delito tan grave y que felizmente ahora se están llevando a cabo algunos juicios sobre el particular. Existe también en el Perú una reforma judicial emprendida y un órgano de control de la Magistratura, que tiene por funciones controlar y sancionar esta clase de delitos, y se han dado casos ya fatalmente, a pesar de todos los controles que existen y han sucedido casos de corrupción de Jueces de menor jerarquía, auxiliares de justicia y que se han visto sometidos a procesos disciplinarios, luego han sido sancionados y puestos a disposición de la justicia y están en procesos penales.

Así también quiero informar que el año próximo pasado, en septiembre, se llevó a cabo en el Perú la Octava Conferencia Internacional Anticorrupción, celebrada en Lima donde participaron unos veintitrés países, así que en el Perú se está dando mucha importancia a luchar contra este flagelo tan grave, como es la corrupción.

Brevemente para exponer que me parece muy importante todas las exposiciones que se han hecho aquí por los señores participantes, para enfrentar este flagelo de la corrupción y en la cual estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias señor Presidente.

Arturo Hoyos, Presidente de la Corte Suprema de Panamá. Muchas gracias señor Presidente. Yo empiezo por tratar de aclarar lo que yo entiendo por corrupción cuando me refiero a ella. Yo entiendo que el fenómeno de la corrupción es la utilización de una potestad pública o de un recurso público para fines exclusivamente particulares. A mi juicio, hay tres cosas que nosotros los órganos judiciales, los Poderes Judiciales podemos hacer para enfrentar el fenómeno de la corrupción y lo resumo en tres palabras: salarios, controles y transparencia. Yo creo que es absolutamente imperativo y esencial mantener una política de salarios altos en la función judicial, debemos decirlo sin pena, sin ambages y con firmeza, porque la realidad en América Latina, salvo algunos casos, salvo algunos casos entre los cuales se encuentra ciertamente Panamá, Brasil, Puerto Rico, pero son las excepciones, salvo algunos casos, la política de salarios que se le impone al órgano judicial es absolutamente ridícula y es uno de los mejores incentivos que hay para la corrupción.

Entonces debemos empezar con una lucha frontal para que se reconozca a los funcionarios judiciales el derecho que tienen de llevar un nivel de vida digno y acorde con su, esto es lo primero para hacerle frente a la corrupción que podemos hacer, salarios altos; segundo, controles, ya creo que hemos hablado bastante de los diferentes tipos de controles, el Código de Etica, los procedimientos disciplinarios, etc., y luego transparencias, ya me parece que alguien, mucho de ustedes lo han mencionado; procesos orales, acceso a los medios, publicación de todas las resoluciones judiciales. Eso a mi juicio son los tres grandes frentes para hacerle una lucha efectiva al problema de la corrupción.

Obstáculos. Yo creo que hay muchos obstáculos y vamos a hablar sin ambages; los casos más grandes de corrupción que ha habido en mi país se nos han ido de las manos por indultos, por amnistías o por asilos; las tres son decisiones que toman los políticos. Entonces, yo creo que es bueno que se deje un poquito de achacar el problema de la corrupción a los órganos judiciales, porque me parece que los políticos con todas esas declaraciones que hacen en Margarita, tienen que tener un poquito más de seriedad a la hora de estar dando amnistías, de estar dando indultos y de estas consiguiendo asilos por delitos comunes.

Los problemas que nosotros tenemos aquí una tradición en este continente de asilo, convenciones de asilo en que el que califica el delito es el país asilante, y nosotros los grandes casos de corrupción que hemos tenido no los hemos podido procesar en gran medida, por el asilo que se ha concedido a algunas de estas personas en algunos países. Entonces yo creo que esas son cosas que lamentablemente escapan a nosotros, a los Poderes Judiciales porque no son decisiones que tomamos nosotros, son decisiones políticas.

Creo que hay otro par de cosas que me gustaría mencionar y lo haré brevemente, porque me parece que hay ciertas puntualizaciones que se necesitan hacer. Se dice en esa Declaración de Margarita y en algunos de los mensajes que promueven algunos países industrializados, que en ciertos centros bancarios, en ciertos paraísos fiscales como es el caso de Panamá se lava mucho dinero. Vamos a poner las cosas como son. El gran lavado de dinero que se dá se dá más cerca en un 90% en este Hemisferio, no se dá en los países de América Latina. No voy a mencionar nombres, pero el 10% del lavado de dinero se dá en América Latina, el 90% no se dá en América Latina.

Lo que tienen que hacer algunas personas de algunos países es controlar el apetito insaciable que tienen por el consumo de drogas, porque eso es lo que genera, los grandes fondos de los que disponen los narcotraficantes. Entonces, yo creo que hay que hacer un control con el lavado de dinero pero hay que hacer un control con el consumo de las drogas, y las drogas no se consumen en este continente. Las normas sobre confidencialidad bancaria, sobre secreto bancario es bueno señalarlo, tienen un origen legítimo y cumplen una función legítima, tienen su origen en Suiza en los años 30 a raíz de la persecución de los nazis de los activos de los judíos. A raíz de la persecución del gobierno de Hitler, de los activos de los judíos en la banca suiza surgen las leyes de secreto bancario. Cumplen y ese ejemplo lo ilustra, cumple una función legítima que es la de proteger los activos de muchas personas contra persecución política. En mi país hemos modificado sustancialmente, en la legislación bancaria hay una nueva que se está promulgando en estos días también, las normas sobre secreto bancario, de tal forma que las cuentas bancarias están sujetas a inspección por las autoridades judiciales siempre y cuando se trate de delitos, no sólo de lavado de dinero sino delitos contra patrimonio, una serie amplia de delitos que pueden implicar apropiación de fondos públicos o uso de potestades públicas para enriquecimiento personal. Pero es importante que no demonicemos ciertas instituciones, que no convirtamos en demonios algunas cosas que cumplen funciones sociales legítimas y útiles pero que necesitan ser matizadas como efectivamente lo estamos haciendo y ciertamente que algunos países industrializados que les gusta estar apuntando el dedo hacia algunos de los países de América Latina, ponga su casa en orden también. Muchas gracias, señor Presidente.

Jorge Subero, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Yo quiero en un minuto brevemente hacer algunas enunciaciones sobre el tema. En primer lugar, es que debemos hacer incapié de que el problema de la corrupción no solamente es de sanción sino de prevención, como se ha señalado. En segundo lugar, los mecanismos de combate a la corrupción deben de discriminarse entre la corrupción administrativa y la corrupción judicial, porque no son los mismos mecanismos. En tercer lugar, debemos tomar muy en cuenta de que no podemos desbordar los límites de nuestras propias legislaciones internas al momento de tomar algún tipo de decisión porque no somos un organismo supranacional, no somos un supra congreso, o sea debemos de tener los pies sobre la tierra al momento de llegar a conclusiones formales. Muchas gracias.

Sin identificar: Coincidiendo con la opinión expresada recientemente damos término entonces a esta sesión plenaria. Yo creo que ha respondido a los puntos claves de la materia.