QUINTA SESION PLENARIA: Conclusiones

II Declaración de Caracas

Nuevamente los representantes de las Cortes y Tribunales de Justicia de Iberoamérica, nos hemos reunido con el fin de evaluar el cumplimiento de las acciones a las cuales nos comprometimos en la I Cumbre efectuada en el mes de marzo de 1998 en esta ciudad de Caracas.

Persuadidos por la necesidad de hacer el seguimiento en la ejecución de los compromisos asumidos en la I Cumbre y, precisados en la reunión celebrada en Octubre de 1998 por los delegados de la Unidad Técnica de Seguimiento, concluimos en abordar prioritariamente en esta oportunidad, con vista de la información recibida y el intercambio de experiencias producido, temas vinculados a la Independencia y Autonomía del Poder Judicial; Lucha contra la Corrupción; Vigencia, Protección, Promoción y Respeto de los Derechos Humanos; y Narcotráfico y sus Secuelas; enriqueciendo con este nuevo encuentro, todas las iniciativas en favor del mantenimiento del orden jurídico que inspiran los sistemas democráticos de nuestras naciones, asegurando con ello el respeto a las actividades y decisiones judiciales, como premisa fundamental de la vigencia del Estado de Derecho.

Las siguientes conclusiones son el resultado del temario sometido a nuestra consideraciones:

1. Los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica, nos comprometemos a gestionar la incorporación de normas constitucionales y legales que prevean una participación importante del presupuesto judicial de nuestros países en el presupuesto nacional, y que asimismo, garanticen autonomía plena para su planificación y ejecución.

2. La autonomía e independencia del Poder Judicial se afianzará a través de la instrumentación de mecanismos que permitan determinar la eficiencia con la que se administran los recursos del sistema judicial, y no sólo a través del establecimiento de una asignación presupuestaria fija.

3. La gerencia eficiente del presupuesto judicial, en su formulación y ejecución, legitima la autonomía presupuestaria de los Poderes Judiciales. Por consiguiente, una mayor independencia económica implicará un compromiso de buena gerencia y planificación. Por ello, el presupuesto judicial debe constituir un sistema efectivo de monitoreo y reporte, que se logrará aplicando los siguientes criterios:

   a. Buena Gerencia: El sistema presupuestario debe permitir que se establezcan prioridades tales como la reducción de la acumulación de casos y la implementación de economías eficientes. La información que se produzca en relación al presupuesto debe ayudar a los administradores en la toma de decisiones, estableciendo la relación entre los recursos asignados y volumen de trabajo de cada tribunal.

   b. Planificación: La planificación anual del presupuesto judicial debería proporcionar indicadores de desempeño durante un ciclo de dos a tres años. Ello permitirá determinar con mayor facilidad las necesidades y ajustar los recursos disponibles para tomar en cuenta imprevistos.

   c. Reporte: Las funciones de reporte ayudan a establecer estructuras apropiadas para gerenciar la administración de las Cortes y monitorear el número de casos. La información debe reportarse de forma tal que permita la transparencia del presupuesto judicial .

   d. Control: A través del uso de indicadores de desempeño y de una revisión periódica de metas y objetivos establecidos para el presupuesto se podrán establecer los correctivos del sistema presupuestario.

4. Los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica determinan la necesidad de establecer una metodología para el análisis de los presupuestos judiciales, tomando en consideración: el marco constitucional correspondiente, la proporción del Presupuesto Nacional como porcentaje del Producto Interno Bruto, la proporción del Presupuesto Judicial como porcentaje del Presupuesto Nacional, la asignación presupuestaria por tribunal en relación al número de causas ingresadas y la exacta determinación de aquello que se incluye en el Presupuesto Judicial.

5. Esta autonomía presupuestaria debe garantizarse también frente a eventuales recortes presupuestarios generales, asegurando siempre la continuidad y efectiva administración de justicia.

6. Dado que, cuando se habla de presupuesto judicial, no cabe limitar el debate a la determinación de porcentajes sobre el total presupuestario del Estado, ha de regularse su ejecución de forma tal que, cuando ello dependa de organismos de composición plural, no se desvirtúe la independencia del Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia.

1. Ratificamos la necesidad de elaborar un estudio sobre mecanismos de selección de jueces y de estabilidad judicial, actualizando la información recibida en la Unidad Técnica de Seguimiento.

2. La responsabilidad que conlleva impartir justicia merece per se rigurosos mecanismos de vigilancia, que deberán abordarse de la siguiente manera:
   1. Una vez que el funcionario ha sido designado como Juez, se establecerá un proceso de seguimiento de la actividad por él desarrollada, que podría resumirse de la siguiente forma:
      • De revisión: de la actualización para el desempeño de sus funciones.
      • De evaluación: del desempeño y calidad del trabajo.
      • De promoción: esto es, vistos los resultados de los dos campos mencionados, debe haber un reconocimiento al esfuerzo demostrado que se traduzca tanto en promoción del rango detentado, como en los niveles de remuneración percibidos.

   2. Este proceso se verá afianzado por la actividad de la Escuela Judicial de cada país. Ella debe garantizar a todos los funcionarios y demás personal del sistema de administración de justicia, su participación en los cursos de mejoramiento profesional o en aquellos que se estructuren para quienes aspiren a ser promovidos o ascendidos.

3. La capacitación judicial debe realizarse a través de organismos especializados, escuelas de jueces, estructurando programas permanentes que incorporen los valores éticos propios de la función de juez.

4. Acordamos que los objetivos que deben guiar la creación de un Centro de Formación del Funcionario Judicial Iberoamericano, son los siguientes:
   1. Coadyuvar en la formación de los jueces de Iberoamérica, atendiendo a criterios de apertura al conocimiento de las herramientas de otros países, motivo por el cual su política de acción estará dirigida a establecer el aspecto de la formación integral del juez, tomando en cuenta las relaciones en niveles o plataformas globales, a través de las cuales manejarán una gran cantidad de información que no necesariamente está a su alcance en el desempeño de las actividades cotidianas.
   2. Los esfuerzos de dicho Centro estarán enfocados hacia la recepción de la mayor cantidad de información posible, con el objeto de procesarla, obtener de ella conclusiones precisas y de utilidad, que luego serán difundidas a través de distintos medios (publicaciones, seminarios, cursos, Internet).
   3. Asimismo, estructurará programas de actualización y, de reconocido como centro de educación formal, dictará cursos de especialización y post-grado.
   4. El Centro se encargará de las relaciones con otras instituciones, tales como las cortes y tribunales de otros países, a fin de intercambiar información con estos organismos y proveer de soporte técnico para la preparación e investigación de los proyectos que se planteen a nivel académico (seminarios, conferencias y otros), y coordinará programas de capacitación y entrenamiento para personal que, sin ser esencialmente de los tribunales y cortes, integran el sector justicia.
   5. Por otra parte, tendrá a su cargo la capacitación gerencial del juez, la cual es básica e indispensable para lograr un alto nivel de rendimiento en la producción calificada de decisiones. La capacitación gerencial se resume básicamente en la correcta utilización de los recursos que el juez tiene a su disposición.

I. Ética del funcionario judicial iberoamericano

1. Con fundamento en los principios de: confidencialidad, lealtad, decoro, orden, diligencia, prudencia, disciplina, independencia, igualdad, moralidad, eficiencia, economía procesal, celeridad, conciencia democrática, imparcialidad, publicidad, respeto y consideración hacia los usuarios y vigilancia en la salvaguarda de documentos, los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica, hacemos la siguiente declaración de principios éticos que se recogen en el siguiente:

   Código de Ética del Funcionario Judicial Iberamericano

   Canon 1. Los funcionarios judiciales actuarán, en los tribunales y fuera de ellos, guiados por la búsqueda y alcance de la justicia y equidad.
   Canon 2. Los funcionarios judiciales actuarán, siempre, dentro del estado de derecho democrático, al que promoverán y defenderán.
   Canon 3. Los funcionarios judiciales preservarán en todo momento la independencia y dignidad judiciales.
   Canon 4. Los funcionarios judiciales defenderán la independencia del Poder Judicial frente a cualquier actuación que tenga como propósito violentarla o menoscabarla.
   Canon 5. Los funcionarios judiciales resguardarán, en todo momento, la majestad y decoro que sus despachos y el Poder Judicial deben mantener.
   Canon 6. En el cumplimiento de las obligaciones de sus cargos, los funcionarios judiciales no temerán a la crítica pública o privada de sus actuaciones.
   Canon 7. Los funcionarios judiciales deberán mantenerse, en todo caso, imparciales ante las partes en conflicto.
   Canon 8. Los funcionarios judiciales nunca se dejarán influir por intereses distintos a los del sistema de administración de justicia, ni permitirán que otros funcionarios sean influenciados.
   Canon 9. Los funcionarios judiciales no utilizarán sus respectivos despachos para intereses privados ajenos o propios.
   Canon 10. Los funcionarios judiciales recibirán, oirán y atenderán a las partes en conflicto por igual y manteniendo la precedencia de las tramitaciones.
   Canon 11. Con su conducta, los funcionarios judiciales preservarán la transparencia de la actividad judicial, para promover la confianza pública en el sistema de justicia, salvo en los casos en que la ley establezca la confidencialidad.
   Canon 12. Los funcionarios judiciales mantendrán, en todo momento, un comportamiento honorable, ponderado, paciente, respetuoso, cortés y dignificante de su cargo, dentro y fuera de sus despachos y actividades judiciales.
   Canon 13. Los funcionarios judiciales velarán por la calidad de sus actuaciones y de los resultados y productos de su gestión.
   Canon 14. Los funcionarios judiciales se comprometerán con el desarrollo del derecho y de las disciplinas del conocimiento que sean necesarias para la actividad judicial.
   Canon 15. Los funcionarios judiciales cuidarán su formación técnica y se mantendrán informados sobre el avance del conocimiento judicial.
   Canon 16. Los funcionarios judiciales serán diligentes con las actividades que les compete y promoverán la eficiencia de sus despachos, para evitar la dilación, demora y costos innecesarios del servicio público.
   Canon 17. Los funcionarios judiciales garantizarán la pronta y correcta atención al público en sus despachos, y brindarán la información que éste les solicite.
   Canon 18. Los funcionarios judiciales seguirán los estándares de eficiencia que hayan sido establecidos apropiadamente para el desempeño de sus obligaciones.
   Canon 19. Los funcionarios judiciales se comprometerán con la modernización y fortalecimiento institucional de sus despachos y del sistema de justicia.

2. Cada Corte o Tribunal Supremo realizará las gestiones necesarias a fin de que la universidades incorporen la asignatura de Ética en los respectivos planes de estudio de las escuelas de derecho.

3. El flagelo de la corrupción tiene alcances que trascienden el ámbito de las conductas personales, y su tratamiento debe asumirse conforme a las dimensiones sociales hasta donde se extiende. Es por ello que, la tutela judicial que corresponde, debe estar dirigida fundamentalmente a la protección del interés general de la sociedad.

I. Intercambio de Jurisprudencia

1. Las sentencias de las Cortes y Tribunales nacionales atenderán a lo preceptuado en los instrumentos de protección de los derechos humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. Se facilitará el intercambio de jurisprudencia nacional e interamericana sobre derechos humanos.

3. Se impulsará la aplicación efectiva de las reglas del debido proceso preceptuadas en la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente en lo atinente a:
   • Respeto de los lapsos procesales;
   • Estricta sujeción a las normas relativas a detención o privación de libertad;
   • Tramitación oportuna de los recursos judiciales; y
   • Fortalecimiento de la defensa pública.

4. La jurisprudencia nacional y regional sobre derechos humanos, organizada en una base de datos, será de libre acceso a los sectores sociales interesados mediante mecanismos electrónicos tales como sitios Web.

5. Las Cortes y Tribunales Supremos expresan su voluntad de incorporarse a las discusiones que actualmente se adelantan en torno al proceso de reforma del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

6. Las Cortes y Tribunales Supremos deberán asumir un papel activo, atendiendo a los mecanismos que cada país disponga para la desaplicación de leyes nacionales que contravienen los compromisos internacionales adquiridos por los Estados en materia de derechos humanos.

7. Deberá impulsarse la adopción de reformas constitucionales en las que se reconozca la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos.

8. Los problemas de impunidad, falta de celeridad procesal y selectividad en el tratamiento de casos sobre violaciones a los derechos humanos, pese a estar siendo parcialmente superados, siguen afectando la credibilidad de la justicia y deberán ser temas de atención prioritaria para las Cortes y Tribunales Supremos.

1. Dar la más amplia difusión a la Resolución 1998/7 del 3 de abril de 1998 de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, "Sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos".

2. Hasta tanto se cree otro mecanismo, serán suministrados a la Unidad Técnica de Seguimiento informes periódicos que recojan los avances alcanzados en las relaciones formales y de hecho entre los Poderes Judiciales y las organizaciones no gubernamentales en materia de vigencia, promoción, protección y respeto de los derechos humanos.

3. Las oficinas o unidades especializadas del Poder Judicial a cargo de las relaciones con las organizaciones ciudadanas (académicas, religiosas, gremiales y no gubernamentales, entre otras), otorgarán prioridad al establecimiento de mecanismos de cooperación con dichas organizaciones en áreas tales como promoción y capacitación del personal judicial en materia de derechos humanos, coordinación de esfuerzos de impulso a los procesos de reforma judicial y difusión de jurisprudencia sobre esta materia.

4. Se establecerán vínculos entre las oficinas o unidades especializadas del Poder Judicial dedicadas a las relaciones con las organizaciones ciudadanas, y las redes regionales no gubernamentales existentes en el campo de los derechos humanos y la reforma judicial.

1. Se impulsará el desarrollo de un instrumento general para combatir el narcotráfico y unificar los sistemas procesales nacionales, que atienda las tipologías de los diferentes países. Las Cortes y Tribunales Supremos se comprometen a discutir un proyecto de Acuerdo, que permita, en el mediano plazo, su definitiva aprobación.

2. Estudiar y formular propuestas para la creación de una Corte Iberoamericana que conozca de los delitos de narcotráfico y derivados de su realización, identificados en el instrumento normativo generado para tal efecto.

3. Establecer una Red Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos que permita el intercambio de información concreta sobre casos que trasciendan el ámbito nacional, y la divulgación de contenidos documentales de legislación comparada en materia de narcotráfico y sus secuelas.

4. Se propone el desarrollo de un instructivo que contemple las medidas y mecanismos para lograr la efectiva protección de jueces y magistrados iberoamericanos que conozcan en los respectivos países sobre causas de narcotráfico.

5. Las Cortes y Tribunales Supremos, vista la naturaleza supranacional del narcotráfico y demás actividades criminales vinculadas, acuerda la elaboración de un estudio comparado de experiencias, fundamentos legales y procedimientos aplicados en materia de extradición.

6. Emprender un estudio detallado de los mecanismos y criterios para enfrentar las actividades transfronterizas del narcotráfico y sus secuelas, y en particular de los delitos cibernéticos que tanto han facilitado e impulsado la legitimación de capitales y el flujo internacional de fondos electrónicos productos del narcotráfico.

7. Crear conciencia en el funcionario judicial para que al resolver los casos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, anteponga la tutela de los intereses colectivos a la de los particulares.

Las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica, presentes en esta Cumbre, por cuanto Caracas ha sido en dos oportunidades sede de nuestros encuentros y atendiendo al principio de alternabilidad, finalmente recomienda estudiar la posibilidad de que la Organización de Cortes Supremas de las Américas absorba la Unidad Técnica de Seguimiento para dar continuidad al trabajo desarrollado y organizar la Tercera Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia en la ciudad y fecha que se acuerde.

Dra. Cecilia Sosa Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela

Tiene la palabra el representante Primero de México.

Dr. Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Gracias doctora Sosa, es usted muy amable. Anticipándome probablemente en forma imprudente a la oficial clausura que usted dará de esta reunión cumbre, ardí en deseos de reconocer que nos encabalgamos en el tiempo y nos saca de la cumbre, sin embargo creo que se cumplieron con propósitos fundamentales, el primero de ellos fue tener la oportunidad de que nos juntáramos jueces de 16 países con diferentes culturas, pero con convergencias básicas a hablar de temas de la justicia que nos son comunes; en segundo lugar, reconocer que llegamos a conclusiones sujetas a observaciones muy trascendentes y muy importantes para la justicia en Iberoamérica y en tercer lugar quisiera decir de todo corazón, gracias a los venezolanos, gracias al Supremo... al Tribunal de Justicia, a la Suprema Corte de Justicia de este país; gracias a la doctora Cecilia Sosa Gómez y al equipo de apoyo, de todos recibimos todo género de atenciones y gracias por último a todos ustedes compañeros jueces, los llevo en el corazón.

Jorge Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.

Yo antes de solidarizarme con el colega mexicano, dando las gracias a la Magistrada Presidenta y al Comité Organizador, no puedo bajo ninguna circunstancia dejar pasar por alto esta oportunidad para manifestar una inquietud. Las Cortes Supremas constituyen la conciencia de la Constitución, somos los guardianes de la Constitución de la República en cualquier país iberoamericano.

En nuestra Latinoamérica surgió, o en América en sentido general, surgió el control judicial de la constitucionalidad y el asilo político y el respeto y la defensa a los derechos humanos es paternidad de nosotros y yo creo que es una obligación de nosotros como Cumbre, la protección recíproca de cada una y de todas de las Cortes que integran el sistema.

Yo considero que debemos concluir, adicionar una conclusión a esto o en todo caso, quiero que quede constancia de que la posición de la República Dominicana es que cualquier agresión contra cualquiera de una de las Cortes, es una agresión contra todas las Cortes de Latinoamérica y de Iberoamérica. Es todo.

Doctora María M. Naveira de Rodón, Jueza Asociada.

Yo también quiero darle las gracias a la doctora por habernos invitado y permitido participar en esta Cumbre. Debido a la situación muy particular de Puerto Rico con sus relaciones con Estados Unidos. Algunas de las disposiciones que se leyeron hoy no podemos suscribirlas como tal, a menos que no le pongamos una liniecita al final que diga que nosotros la suscribimos sujetas al ordenamiento legal de Puerto Rico y de esa manera salvamos, porque yo personalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero me rijo por un sistema de derecho que me exige hacer esa observación. Gracias.

Doctor Enrique Antonio Sosa Elizeche, Primer Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay

Cuando comenzaban estas reuniones y en mi primera intervención manifesté que lo hacía a pesar de la grave situación política que atraviesa mi país, el Paraguay, y que tan pronto llegué y me enteré de las noticias tan desagradables, tan preocupantes, mi primera intención fue la de volverme a mi país, consulté con mis colegas de la Corte, quienes me aconsejaron que continuara y la propia doctora Sosa me instó, me manifestó que se sentiría muy contenta si yo pudiera continuar en estas reuniones, lo he hecho así en la inteligencia de que mi participación en esta reunión ha sido, o mi participación para escuchar todas las opiniones de los colegas, ha sido una forma de dar presencia a mi país y de trasmitir la institucionalidad por la cual está luchando mi país.

No quiero perder esta oportunidad entonces de manifestarles que me siento muy complacido de haber continuado y manifestarles que agradezco infinitamente los gestos de solidaridad que me han expresado. Gracias.

Doctor Armando Torres Paulo, Vicepresidente del Supremo Tribunal de Justicia de la República de Portugal

Estoy encantado de estar aquí, estoy de acuerdo con las conclusiones de una manera general, no obstante el ordenamiento jurídico portugués es muy diferente, los ordenamientos jurídicos son americanos, más son las diferencias como son aproximar.

Como se dice más de cuatro palabras, creo que la mejor palabra que puedo decir es muchísimas gracias.

Dr. Bruno Otero, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, España

Querida presidenta y amiga, mi compañero Magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Tercera y yo como Vocal del Consejo del Poder Judicial, queremos agradecerte todas tus atenciones. Nuestra presencia aquí, que nos enorgullece compartir con todos vosotros y con el pueblo hermano de Portugal, que no habla tan mal el castellano, repetimos nuestro agradecimiento y deseamos continuar en esta línea de extraordinaria cooperación que tenemos con Portugal, Iberoamérica, toda. Muchas gracias una vez más.

Dr. Víctor Raúl Castillo, Presidente de la Corte Suprema, Perú

Señora Presidenta de la Corte Suprema de Venezuela, en nombre del Perú formulo mi agradecimiento por la invitación que tan gentilmente nos ha hecho a la delegación peruana y así mismo expresamos el deseo de seguir luchando y trabajando por una justicia verdadera. Estamos contentos de haber participado en este certamen, que sin lugar a dudas tiene que ser un hecho importante para la justicia de todos los países.

En cuanto a las conclusiones, yo me permito sugerir que me parece que son muy reglamentarias y pienso que pueden hacerse principios más generales, para evitar que se caiga en la generalidad, o sea, me parece que se pueden hacer principios sin caer en reglamentarios. Nada más.

Dr. Raúl José Alonso de Marco, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay

En primer lugar, quiero decir que comparto en términos generales la Declaración que se ha leído, sin perjuicio de entender como el señor representante del Perú, que tal vez es demasiado extensa, demasiado detallada y tal vez también faltan algunos puntos, creo que hemos tratado en estas reuniones.

Personalmente, como se ha dicho que se va a considerar por separado, veremos entonces en definitiva cuál es el texto y qué parte de esas declaraciones estaremos dispuestos a suscribir y cuáles más.

En segundo lugar, quiero señalar que apoyo calurosamente la palabra del señor representante de la República Dominicana y en nombre de la Corte del Uruguay, manifiesto mi más firme solidaridad con la Corte de la República hermana del Paraguay.

Y en último lugar, naturalmente, tenemos que agradecer a la Corte de Venezuela todas las atenciones que hemos recibido, y en especial agradecer y felicitar a la doctora Sosa Gómez, que realmente es el alma mater de estas reuniones, que ha hecho un esfuerzo realmente encomiable y envidiable, para que esta reunión pudiera tener lugar. Entonces, le hago llegar mi agradecimiento y mis más profundas felicitaciones.

Dra. Cecilia Sosa Gómez

Con todas las consideraciones que ustedes han realizado y que quedarán en el acta correspondiente, quisiera decirles que cualquier observación o reserva que reciba la Unidad Técnica de Seguimiento, será del conocimiento a su vez de los demás integrantes de la mesa, a los efectos precisamente de obtener un texto definitivo sobre esta Declaración.

Quisiera entonces dar por concluida esta sesión, para pasar al acto de clausura, si ustedes me lo permiten.