INTRODUCCIÓN
En el marco de esta I
Reunión Preparatoria Regional de Presidentes y Presidentas de las Cortes
Supremas de Justicia y Fiscales Generales de América Latina y el Caribe y sus
homólogos europeos, que se llevó a
cabo los días 19, 20 y 21 de abril de este año, en San José de Costa Rica, se
discutió como tema central unos de los aspectos de mayor trascendencia para la
región latinoamericana y el Caribe como lo es el Acceso a la Justicia y la
Cooperación técnica y logística para la identificación de propuestas conjuntas
para el diseño de estrategias, políticas y programas sobre administración de
justicia y el mejoramiento a su acceso.
En este sentido, se planteó
el siguiente objetivo;
Preparar la Agenda de la
Cumbre de Presidentes y Presidentas de Cortes Supremas de Justicia, Fiscales
Generales de América Latina y sus Homólogos Europeos, que se celebrará en el
transcurso de este año, a fin de:
¨ Identificar los
principales obstáculos específicos y regionales de la administración de
justicia y su acceso en la región Latinoamericana y del Caribe.
¨ Analizar la
cooperación existente en esa materia entre los países latinoamericanos y del
Caribe y entre ambos grupos de países y los países europeos.
¨ Diseñar
metodología de financiamiento y coejecución de propuestas de proyectos de
cooperación bilaterales o regionales.
¨ Crear espacios y
sensibilización sobre rendición de cuentas en el sector justicia.
PONENTES:
En esta
I Reunión Preparatoria Regional de Presidentes y Presidentas de las
Cortes Supremas de Justicia y Fiscales Generales de América Latina y el Caribe
y sus homólogos europeos, la Apertura del Evento estuvo a cargo del Sr. Roberto
Cuellar, Director Ejecutivo del IIDH; el Sr. Alfonso Chaves, Presidente de la
Corte Suprema de Costa Rica; el Sr. Francisco Dall¨Anese, Fiscal General de la
República de Costa Rica y el Sr. Tomás Abadía, encargado de negocios de la
Delegación de la Comisión Europea para
Costa Rica y Panamá. Así mismo las exposiciones estuvieron a cargo de los
Ciudadanos Víctor Rodríguez, encargado de la parte metodológica; el Sr.
Florentino Melendez, miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos; el Sr. Francisco Dall, Fiscal General de Costa Rica; Jesús Tirado,
Fiscal General de España; el Sr. Alberto Ayala G., Fiscalía General de Chile;
Julio Aníbal Suàrez de la Corte Suprema de República Dominicana; el Sr. Luis
Camilo Osorio de la Fiscalía de Colombia; y el Sr. Enrique Petracchi de la
Corte Suprema de Justicia de Argentina.
ASISTENTES:
A esta reunión preparatoria concurrieron 19 Presidentes y Presidentas,
4 con el carácter de titulares y 15 en representación de los mismos. Los países
no concurrentes fueron Nicaragua, Panamá y Ecuador.
METODOLOGÍA
Se preparó un documento que
identificará los obstáculos nacionales o regionales de la administración de
justicia y su acceso, desde la
perspectiva de la competencia de esas entidades, así como el detalle de las
actividades que se llevan a cabo o se estiman realizar para superar esos
problemas, a través del método FODA, (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas) el cual es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la
información que se posea sobre una institución, útil para examinar tanto los
aspectos internos y externos, con el de generar estrategias para mejorar la
situación de la Institución mediante la
interacción de las características particulares de cada entidad y el entorno
dentro del cual se desenvuelve
Al respecto, Venezuela
elaboró el documento requerido, obteniéndose la siguiente información, anexo
cuestionario.
En el cuadro No 2 anexo, se observa el
tema, las cifras y el ámbito Jurisdiccional que fue solicitado a los
participantes. En el caso de Venezuela, se agregaron las estadísticas disponibles para ilustrar lo solicitado en
el cuestionario.
Siguiendo un mismo orden de
ideas en el cuadro No. 3 que se anexa, suministramos la información solicitada
por el Instituto interamericano de Derechos Humanos, haciendo especial énfasis en que Venezuela posee
Leyes de gran importancia, así como una Constitución de vanguardia.
Igualmente en el cuadro No.
4 se hace referencia al área de
Políticas Publicas, relacionadas con el
Acceso a la Justicia. Nos hemos remitido al Código Orgánico Procesal Penal y a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las
cuales forman el panorama Jurídico Venezolano en la materia propuesta.
Así mismo en el cuadro No. 5
nos referimos a las acciones tomadas
en materia de Tratados Internacionales ratificados por Venezuela y establecidos
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su articulo 23.
“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos
y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía Constitucional y prevalecen en el
orden interno, en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio mas
favorables a las establecidas en
la Constitución y en las Leyes de la República y son de aplicación inmediata y directa por los
Tribunales y demás órganos del Poder Publico”
De igual forma reseñamos en el cuadro No.
5, las actividades que este Máximo Tribunal, ha venido realizando para fortalecer
el área de Acceso a la Justicia y los derechos humanos, desarrollando para ello
talleres, seminarios y foros vinculados al tema.
Finalmente en el cuadro No.
6 se detalló las política institucionales que ejecuta este Alto Tribunal en
materia de Cooperación Internacional e Institucional, elemento que fue
considerado de suma importancia por los organizadores del evento.
Toda la información aportada por los
asistentes al evento, estuvo procesada por el Coordinador del componente
metodológico Sr. Víctor Rodríguez, quien fungió como facilitador en la sección
del día martes 20, de abril, para determinar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (Matriz FODA) de los Sistemas Judiciales
Latinoamericanos.
TEMAS
El temario analizado durante
la jornada fue basado en el cuestionario enviado por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH) a Venezuela y demás Países invitados. El contenido del
Cuestionario versó en los siguientes temas:
¨ La
asistencia Jurídica obligatoria
¨ Las Costas
Procesales
¨ Solve et repete y
otros cobros de cauciones para ejercer alguna acción o recurso
¨ Utilización de
las lenguas oficiales reconocidas
¨ Reconocimiento de
la multiculturalidad, en especial respecto a los pueblos indígenas
¨ Accesibilidad
física y libre desplazamiento en las instalaciones Judiciales, en relación con
personas discapacitadas
¨ Tratamiento a las
víctimas del delito o abuso del poder, con el propósito de una victimación Institucional agregada
¨ Programa
específico de protección al denunciante, la víctima y/o testigos
¨ Otros aspectos
a destacar y cuales medidas se están tomando para resolverlos
Así mismo se solicitó
indicar en orden de mayor incidencia la lista de los temas que presenten más
obstáculos para facilitar el Acceso a
la Justicia en el país y agregar de ser posible, valores estadísticos.
CONCLUSIONES
Con la concurrencia de los países participantes y
las técnicas metodológicas empleadas, se logró identificar las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas tanto para las Cortes Supremas, como para
las Fiscalías Generales en las cuales deberían basarse.
CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ANÁLISIS FODA
Fortalezas
¨ Algunas
estructuras judiciales presentan oficinas o programas, coordinados de manera
interinstitucional, para atención a usuarios en situación especial (niñez,
asuntos de familia, trabajadores, etc.)
¨ Existen algunos,
esfuerzos de capacitación al personal.
¨ Muchos países
tienen garantizado un mínimo constitucional de presupuesto judicial.
¨ Se implementan procesos
estadísticos de control de la
actividad judicial.
¨
Las nuevas edificaciones judiciales, y algunas mejoras realizadas en
ellas, pretenden la incorporación de ajustes de infraestructura en función de
la atención de personas con necesidades o retos especiales.
¨ En ciertos
sistemas judiciales se reconocen jurisdicciones indígenas, y en otros se
respetan, hasta cierto grado, las prácticas de justicia desarrolladas por
ellos.
¨ En algunas
entidades judiciales se cuenta con facilidades para prestar servicios de
traducción respecto de idiomas no oficiales.
¨
En algunos países se mantienen programas de formación al personal
judicial para atender el tema.
¨
Incorporación de modernas técnicas probatorias. (ADN, Documentología,
Informática, etc.).
Oportunidades
¨ Transición a la
democracia.
¨ Regulación legal
de protección para grupos en situación especial (mujer, niñez adolescencia y
personas con retos especiales.
¨ Existen
importantes contribuciones de cooperación internacional, técnica financiera,
que contribuye al mejoramiento del desempeño de la función judicial, y a la modernización informática,
la formación profesional, y la modificación de infraestructuras.
¨ Creación de
instancias en algunos países para coordinar procesos de modernización en la
administración de justicia.
¨ Procesos
recientes de reforma legislativa procesal y sustantiva.
¨ Creación de
mecanismos que faciliten el acceso de los usuarios al control de la
administración de justicia. (rendición de cuentas)
¨ Implementación
de mecanismos alternativos de solución
de conflictos.
¨ Existencia de
instrumentos internacionales relativos a la administración de justicia.
¨ Existencia de
redes y organizaciones sobre acceso a la justicia (Cumbre Mundial de Fiscales,
Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes, Asociación Interamericana de
Defensorías Públicas, etc.).
¨ Iniciativas
internacionales para agilizar trámites de asistencia judicial (extradición,
órdenes de captura, exhortos, etc.)
¨ La tendencia cada
vez mayor a la oralidad, en todos los ámbitos judiciales.
¨ En muchos países
se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad, e incluso
hay fomentos específicos para los valores y costumbres de pueblos indígenas.
¨ En la mayoría de
países hay un reconocimiento formal a las lenguas indígenas u originarias, como
lenguas oficiales o como patrimonios culturales de la nación.
¨ La legislación,
en principio, garantiza que las personas con necesidades especiales puedan
movilizarse libremente por todas las instalaciones públicas, incluyendo las
judiciales. En algunos países hay procesos de implementación.
¨ Normalmente se
cuenta con asistencia legal gratuita proveída por el Estado para los casos
penales, y para algunas reclamaciones laborales o agrarias.
¨
Existen Colegios de Abogados, Clínicas Jurídicas de Universidades, y
otros servicios que ofrecen asistencia jurídica en áreas no cubiertas por el
Estado.
¨
En ciertas ocasiones existen convenios suscritos con organizaciones no
gubernamentales, e incluso programas impulsados por otras entidades estatales,
que colaboran con el tratamiento de víctimas del delito o abuso de poder.
¨
La existencia del sistema interamericano de protección de derechos
humanos como una forma subsidiaria de acceso a la justicia.
Debilidades
¨ Insuficiente
infraestructura para la prestación del servicio en zonas alejadas.
¨ En algunos países
no se han implementado mecanismos ágiles de cooperación judicial.
¨ Insuficiente
dotación de recursos financieros y
materiales en los despachos judiciales.
¨ Imposición de
cobro de costas procesales en las acciones de protección de derechos, en
algunos países.
¨ Corrupción
judicial en algunos países.
¨ Inconsistencia en
criterios de aplicación de instrumentos internacionales en general frente al derecho interno.
¨
Funcionamiento de instituciones emblemáticas con muy escasos recursos.
(Medicina Legal, Cuerpo de Investigaciones, etc.).
¨ No reconocimiento
de la costumbre indígena como derecho aplicable en sus casos.
¨ En la práctica no
siempre se facilita el acceso a la justicia a personas que se expresan en
lenguas indígenas y otras lenguas diferentes a la(s) oficial(es).
¨ La
infraestructura no permite la libre movilidad de personas con necesidades
especiales.
¨ Falta de
capacitación del personal en materia ambiental.
¨ En algunos países
se exige a los extranjeros el pago adelantado de cauciones para ejercer
acciones judiciales (judicatum solvi).
¨ Dificultades en
la implementación de la carrera judicial.
¨ Superposición de
funciones (Administrativas Judiciales, etc.)
¨ Mora judicial.
¨
Una ausencia de política adecuada
de género en todas las instancias judiciales.
Amenazas
¨ Debilitamiento
institucional en los países con democracia incipiente.
¨ Alto porcentaje
de la población desconoce sus derechos y las vías de reclamación.
¨ No todas las áreas
judiciales gozan de asistencia legal proveída por el Estado, o insuficiente
capacidad instalada para cumplir con ese fin.
¨ En muchos países
no se ha logrado la implementación de leyes que favorezcan a grupos en
situación especial.
¨ Tendencia de la
población a tener una percepción negativa de la administración de justicia.
¨
Visión sesgada de algunos medios de comunicación colectiva frente al rol del poder judicial.
¨
En algunos casos el personal judicial y sus familias son amenazados.
FISCALÍAS GENERALES Y
MINISTERIOS PÚBLICOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ANÁLISIS FODA
Fortalezas
¨ Muchos países
tienen garantizado un mínimo constitucional de presupuesto para el Ministerio
Público
¨ Algunas entidades
fiscales han suscrito convenios con organizaciones no
gubernamentales que contribuyen con su trabajo, principalmente facilitando estudios jurídicos y capacitación.
¨ En la mayoría de
entidades fiscales, se han creado unidades especializadas para atender
delincuencia relativa a delitos
complejos. (narcotráfico, terrorismo, corrupción, lavado de activos y
transnacionales).
¨
Normalmente se han diseñado o recibido capacitaciones y seminarios
sobre derechos humanos, protección de los derechos de las mujeres, protección
de los derechos de los niños.
¨ Incorporación de
modernas técnicas probatorias.
¨ En ciertos
sistemas judiciales se reconocen jurisdicciones indígenas, y en otros se
respetan, hasta cierto grado, las prácticas de justicia desarrolladas por los
pueblos.
¨ En algunas
entidades judiciales se cuenta con facilidades para recibir servicios de
traducción respecto de idiomas no oficiales, ya sea con equipos propios o
mediante cooperación con entidades diplomáticas.
¨ En algunos países
se mantienen programas de formación al personal del Ministerio Público para
poder tratar el tema penal de manera interrelacionada con el tema indígena.
¨
Se implementan procesos estadísticos
sobre comportamientos delictuales y el ejercicio judicial.
¨ Algunas
estructuras judiciales presentan oficinas o programas, coordinados de manera
interinstitucional, de atención a víctimas de delitos específicos,
principalmente, relacionados con violencia intrafamiliar o abuso sexual.
¨
Las nuevas edificaciones judiciales, y algunas mejoras realizadas en
ellas, pretenden la incorporación de ajustes de infraestructura en función de
la atención de personas con necesidades o retos especiales.
¨
Existen algunos esfuerzos de capacitación al personal.
Oportunidades
¨ La existencia el
sistema interamericano de protección de derechos humanos como una forma
subsidiaria de acceso a la justicia.
¨ Existen
importantes contribuciones de cooperación internacional, tanto técnica como
financiera, que contribuye al mejoramiento del desempeño del Ministerio
Público, tanto en la modernización informática, la formación profesional, y la
modificación de infraestructuras.
¨ Procesos
recientes de reforma legislativa procesal y sustantiva, en el ámbito penal.
¨
Creación de mecanismos que faciliten el acceso de los usuarios al
control de la administración de justicia. (rendición de cuentas)
¨ Implementación
de mecanismos alternativos de solución
de conflictos. (Criterios de oportunidad).
¨ Existencia de
instrumentos internacionales relativos a la administración de justicia.
¨ Existencia de
redes y organizaciones sobre acceso a la justicia (Cumbre Mundial de fiscales,
Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes, Asociación Interamericana de
Defensorías Públicas, etc.).
¨ Acercamiento a
entidades internacionales para agilizar trámites de asistencia judicial (extradición, exhortos, órdenes de captura, etc.)
¨ La tendencia cada
vez mayor a la oralidad, en el
ámbito penal.
¨
Existe un amplio movimiento internacional en contra de la impunidad,
apoyado por jueces extranjeros, organismos internacionales de derechos humanos,
organizaciones no gubernamentales y resoluciones emblemáticas de tribunales de
las Américas.
¨ En muchos países
se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad, e incluso
hay fomentos específicos para los valores y costumbres de pueblos indígenas.
¨ En la mayoría de
países hay un reconocimiento formal a las lenguas indígenas u originarias, como
lenguas oficiales o como patrimonios culturales de la nación.
¨ La legislación,
en principio, garantiza que las personas con necesidades especiales puedan
movilizarse libremente por todas las instalaciones públicas, incluyendo las
judiciales. En algunos países hay procesos de implementación.
¨ Normalmente se
cuenta con asistencia legal gratuita proveída por el Estado en materia penal.
¨
Existen Colegios de Abogados, Clínicas Jurídicas de Universidades, y
otros servicios que ofrecen asistencia jurídica en áreas no cubiertas por el
Estado.
¨ En ciertas
ocasiones existen convenios suscritos con organizaciones no gubernamentales, e
incluso programas impulsados por otras entidades estatales, que colaboran con
el tratamiento de víctimas del delito o abuso de poder.
¨ En algunos países
existe legislación o normativa que establecen programas de protección a
testigos, acusadores y víctimas.
¨
Regulación legal de protección para grupos en situación especial.
¨
Reforma a la legislación penal existente para la tipificación de nuevas
conductas, en especial por delitos
transnacionales siguiendo estándares internacionales de lucha contra la
delincuencia organizada.
Debilidades
¨ Insuficiente
infraestructura para la prestación del servicio en zonas alejadas.
¨ En algunos países
no se han implementado mecanismos ágiles de cooperación judicial.
¨ Insuficiente
dotación de recursos en los despachos
fiscales.
¨ Corrupción en algunos países.
¨ Inconsistencia en
la aplicación de instrumentos internacionales como derecho interno.
¨ Funcionamiento de
instituciones emblemáticas con muy escasos recursos. (Cuerpos de Investigación,
Medicina Legal, etc.).
¨
No reconocimiento de la costumbre indígena como derecho aplicable a sus
casos.
¨ En la práctica no
siempre se facilita el acceso a la justicia a personas que se expresan en
lenguas indígenas y otras lenguas diferentes a la(s) oficial(es).
¨ La
infraestructura no permite la libre
movilidad de personas con necesidades especiales.
¨ En la mayoría de
los casos no se cuenta con los recursos económicos para implementar programas
de protección de testigos, acusadores y víctimas.
¨ En muchos países,
no se cuenta con programas, ni con personal capacitado, para atender a las
víctimas del delito o de abuso de poder, con el propósito de evitar su
re-victimización.
¨ Falta de
capacitación del personal en materia de
delitos ambientales.
¨ Dificultades en
la implementación de la carrera fiscal.
¨
Superposición de funciones (Administrativas Judiciales, etc.)
¨ Mora judicial.
¨
En muchas ocasiones, los recursos
disponibles no permiten la realización de investigaciones completas,
especialmente si se le contrasta con el incremento de delitos.
¨
Una ausencia de política adecuada
de género en todas las instancias judiciales.
Amenazas
¨ Debilitamiento
institucional en los países con democracia incipiente.
¨ Alto porcentaje
de la población desconoce sus derechos y las vías de reclamación.
¨ Incremento de la
delincuencia en general y de nuevas formas de
manifestación de delincuencia organizada y con violencia exacerbada en
las personas y en las cosas.
¨ No todas las
áreas judiciales gozan de asistencia legal proveída por el Estado, o
insuficiente capacidad instalada para cumplir con esos fines.
¨ En muchos países
no se ha logrado la implementación de leyes que favorezcan a grupos en
situación especial.
¨
Existencia de leyes que generan impunidad (amnistías y leyes
procesales).
¨ Falta de una
política criminal sustentada en los instrumentos internacionales.
¨ Tendencia de la
población a tener una percepción negativa de la administración de justicia.
¨ Visión sesgada de
algunos medios de comunicación
colectiva frente al combate a la
delincuencia y al tema judicial en general.
¨ En algunos
países, la defensa penal puede ser ejercida
por personas no letradas.
¨
En algunos casos el personal de los Ministerios Públicos y sus familias
son amenazados.
¨ Cifras negras
en la denuncia de determinados delitos.
