Las mejores leyes se vuelven inútiles sin un
efectivo sistema judicial para hacerlas cumplir. En este marco, un sistema
judicial ideal se compone de instituciones capaces de aplicar las leyes de
manera equitativa y eficiente.
Bajo esta visión, el Tribunal Supremo de Justicia
realizó durante el año 2000 las actividades necesarias para el cumplimiento de
sus metas, esto es, crear las condiciones necesarias para el mejor
funcionamiento de sus nuevas Salas, aumentar la productividad de las Salas ya
existentes, asumir el gobierno y administración del Poder Judicial y dar
impulso a proyectos que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia.
Inclusive, una revisión de los planes trazados para
ser ejecutados durante el año 2000, nos permite afirmar que en algunos de los
casos, este Alto Tribunal superó considerablemente las metas propuestas, tal
como es el caso de la elaboración de los anteproyectos de leyes relativos al
funcionamiento del Sistema de Justicia.
En este orden de ideas, continuando con la tradición
de presentar en este Acto de Apertura Judicial, el balance de la actividad
desplegada por esta Institución el año inmediatamente anterior, entregamos a
los representantes de los Poderes Públicos, a los integrantes del Sistema de
Justicia, a la comunidad nacional e internacional y en general, a todos los
ciudadanos y ciudadanas interesados en conocer la gestión de este Alto
Tribunal, nuestro Informe Anual correspondiente al año 2000 que, pese a que no
constituye un requerimiento expreso constitucional, lo hemos asumido como la
expresión del cumplimiento de un deber derivado del derecho a la información
que tienen las ciudadanas y ciudadanos
venezolanos consagrado en el texto constitucional, tratándose de una
verdadera rendición de cuentas, que permite ejercer un control sobre la gestión
realizada, tal como lo ordena el artículo 62 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, sin lugar a dudas, la Constitución de
1999 ha traído consigo una serie de cambios trascendentales en las
instituciones que conforman el Poder Público. En el caso del Tribunal Supremo
de Justicia, su nueva visión y misión derivada de los preceptos
constitucionales, ha conducido a dar especial relevancia a las actividades de
gobierno judicial.
Así, presentaré algunas de las actividades y
resultados más importantes de nuestra gestión jurisdiccional durante el año
2000, para posteriormente informar las actividades y resultados derivados de
nuestra atribución de gobierno judicial, los cuales se encuentran descritas
exhaustivamente en el ya mencionado Informe Anual.
Durante el año 2000, se publicaron siete mil
seiscientas setenta y cinco sentencias, lo que evidencia un aumento
considerable en la productividad jurisdiccional, que obecede a la existencia de
una institución moderna y eficiente.
Al respecto, la complejidad de las actividades y tareas atribuidas
a este Alto Tribunal como producto de la aprobación de la Constitución de 1999,
se realizó un importante proceso de revisión de sus estructuras, procedimientos
y mecanismos de funcionamiento y organización, que ha sido llevado a cabo
exitosamente debido a la activa participación de los funcionarios, empleados y
demás personal del Tribunal Supremo de Justicia en este proceso, en especial,
de los funcionarios que formaron parte del Comité Técnico del Proyecto de
Modernización.
En el ámbito
organizativo, los resultados son producto de la implantación de una estructura
donde el trabajo es distribuido entre diversas unidades, despachos y gerencias,
que ha hecho que los Magistrados y demás funcionarios de este Alto Tribunal, se
hayan ido transformado en verdaderos gerentes, lo que ha permitido hacerle
frente no sólo a los asuntos jurisdiccionales sino también, a los aspectos
administrativos que aquella conlleva.
Sin embargo, no sólo se trata de un aumento
cuantitativo en relación al número de sentencias producidas, sino que además
este Alto Tribunal ha incrementado significativamente su contacto directo con
la gente, lográndose que el número de personas atendidas por cada Magistrado
alcanzara la cantidad promedio de dos mil quinientas durante el año 2000, en
nuestro indeclinable empeño de humanizar la justicia.
El Tribunal Supremo de Justicia ha cumplido con su
obligación de velar por una correcta interpretación y aplicación de la Carta
Fundamental y de los principios en ella contenidos.
Tal como lo señalamos al comienzo de estas palabras,
la puesta en funcionamiento de las tres nuevas Salas de este Alto Tribunal,
creó un compromiso de gran magnitud por cuanto las mismas debían ejercer las
competencias conferidas por el texto constitucional, sin los recursos
necesarios para ello.
De allí que los
integrantes de estas tres nuevas Salas, esto es, de la Sala Constitucional, la
Sala Electoral y la Sala Social, pudimos enfrentar exitosamente los obstáculos
que se presentaron a través de un arduo trabajo, lo que queda evidenciado tanto
en el aspecto cuantitativo, como en el impacto que han producido a nivel
jurídico, político y social, las decisiones producidas por dichas Salas,
respecto de las cuales, como era de esperarse, surgieron disímiles opiniones
propias de la existencia de un sistema democrático.
Paralelamente a
este gran esfuerzo que significa la construcción de nuevas instituciones, las
demás Salas ya existentes, esto es, la Sala Político Administrativa, la Sala de
Casación Civil y la Sala de Casación Penal elaboraron un conjunto de planes que
les permitió afrontar tanto la resolución de los expedientes rezagados de años
anteriores, como de los que ingresaron durante el año 2000, los cuales pudieron
llevarse a cabo con el apoyo e implementación de los mecanismos propuestos a
través del Proyecto de Modernización de este Alto Tribunal.
Efectivamente,
la eficiencia demostrada por este Tribunal Supremo en el desarrollo de su
actividad jurisdiccional, está relacionado con la implementación de un conjunto
de procesos de reingeniería judicial y avances tecnológicos, entre los cuales
se destacan, el programa de automatización para el manejo de casos, la reorganización
gerencial y administrativa de las Salas, así como la capacitación de su
personal.
Cumpliendo con
el anuncio realizado en el Acto de Apertura del Año Judicial 2000, el año
pasado se implementó en todas las Salas de este Alto Tribunal, el Sistema
Automatizado de Manejo de Casos, que hace posible
el control eficiente de todos los expedientes desde su ingreso hasta el cierre
del caso, así como en general, el seguimiento de los objetivos de cada una de
las Salas. Esto ha sido posible a través del trabajo realizado por la empresa
SEINTEX, altamente reconocida en el ámbito internacional por su trayectoria en
la materia.
Al respecto, este sistema pudo ser implantado debido
a la importante inversión que se efectuó en equipos de la más alta tecnología para
el procesamiento y almacenamiento de información.
Así, se dispone de servidores y computadores para
almacenar las bases de datos de las aplicaciones, así como para suministrar el
servicio de aplicaciones, mensajería electrónica, respaldo, internet y seguridad
de red, cuya adquisición constituyó un gran ahorro en relación con los gastos
que generaba el alquiler de dichos equipos.
Adicionalmente, se adquirieron más de seiscientas
computadoras personales, que sumado a una de las más importantes infraestructuras
de cableado de red de datos de todo el país, constituida por más de mil
doscientos puntos de conexión en el edificio sede de este Alto Tribunal y
complementada con una conexión
permanente
con
el mundo exterior, conforman una de las plataformas de comunicación de mayor
calidad y seguridad dentro de las organizaciones más modernas en el país.
Este proceso de
automatización de la gestión ha involucrado además, la publicación electrónica
de las decisiones de este Alto Tribunal y la generación de un repertorio
electrónico de jurisprudencia mediante un catálogo de extractos
jurisprudenciales, a los cuales se puede acceder a través de la intranet local,
así como en la página web del Tribunal, utilizando para ello robustas y
confiables bases de datos de empresas líderes en esta tecnología .
No
obstante, debido a que el universo que compone la comunidad jurídica es
heterogéneo y que gran parte de esa comunidad no posee acceso a Internet, este
Tribunal Supremo, atendiendo a esta circunstancia y con miras al cumplimiento
del derecho de acceso a la justicia contemplado en el artículo 26 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inauguró el pasado mes
de agosto de 2000, el Centro de Información Documental, como espacio destinado
a ofrecer al investigador jurídico, a los usuarios internos y al público en
general, servicios de consultas sobre datos de sentencias publicadas por el
Tribunal, jurisprudencia, así como el estado de las causas que cursan en las
diferentes Salas, entre otros servicios.
De esta forma,
esta Institución se ubica como el único Tribunal Supremo de Justicia de
Latinoamérica y muy probablemente, como uno de los pocos en el mundo, que tiene
a disposición del público todas sus sentencias, prácticamente el mismo día de
su publicación, disponible a través de un nuevo Sitio Web en Internet, que le ha legitimado para constituirse en el coordinador de la Red Virtual
de Cortes y Tribunales Supremos de
Justicia de Iberoamérica, denominada IUDICIS; así como, una institución
judicial de referencia en los procesos de modernización en el ámbito
internacional, debido entre otras cosas, al reconocimiento y
certificación del Banco Mundial al considerar nuestro Proyecto de Modernización
y respectivo convenio de préstamo como un programa de innovación y aprendizaje
premiado por ese organismo multilateral, por lo que durante el año pasado, recibimos visitas de
representantes de diferentes Tribunales Supremos, tales como, El Salvador,
Guatemala, Chile, Tribunal Popular de China, España y Canadá, entre otros.
Al respecto,
vale señalar que todos estos procesos y organización se implantaron con el
mismo presupuesto asignado a la extinta Corte Suprema de Justicia, esto es,
veintiocho mil quinientos ochenta y cuatro millones de bolívares, a pesar del
crecimiento institucional que significó la puesta en vigencia del Tribunal
Supremo de Justicia constituido por siete Salas, conforme a lo dispuesto en el
texto constitucional, así como por veinte despachos de Magistrados.
Como parte de
las inversiones realizadas con dicho presupuesto, asumimos un alto pasivo
laboral, habiéndose cancelado por Prestaciones Sociales quinientos noventa
millones de bolívares y otorgado importantes cantidades de dinero como anticipo
de prestaciones sociales para la adquisición de viviendas por los funcionarios
de este Alto Tribunal. Así mismo, se mejoró el sistema de transporte y parque
automotor existente.
Adicionalmente,
se destinaron dos mil seiscientos setenta y siete millones de bolívares para
completar el 100% de la ejecución del Proyecto de Modernización del Tribunal
Supremo de Justicia, con cuyos fondos se realizaron importantes inversiones,
entre ellas, dos procesos licitatorios para la adquisición de una central
telefónica y un sistema de control de acceso y circuito cerrado de televisión a
ser instalados en el edificio sede de este Alto Tribunal.
En consecuencia,
se dispuso de un presupuesto de treinta y un mil doscientos sesenta y un
millones de bolívares, que fueron adecuadamente administrados, en lo cual
influyó la nueva estructura gerencial de este Alto Tribunal, cuyas funciones y
perfiles de cargos, están contenidas en los correspondientes manuales de
organización y de procedimientos.
De allí que haya
afirmado públicamente que los problemas en el área de rendimiento de la
actividad jurisdiccional del Tribunal Supremo se han resuelto.
No obstante, tal
como señalamos anteriormente, no sólo se ha producido una mejora sustancial en
términos cuantitativos, sino cualitativos, toda vez que se han generado
importantes actuaciones en diferentes ámbitos. En el ámbito disciplinario, cada
vez que se verificó alguna irregularidad cometida por un Abogado o por un Juez
en el curso de un proceso, se remitió el caso al correspondiente Colegio de
Abogados o a la Inspectoría General de Tribunales respectivamente, a fin de que
se ejercieran las acciones legales correspondientes.
Igualmente,
durante el año 2000 se produjeron importantes avances jurisprudenciales, que
pueden ser consultados en el Informe Anual, debido, entre otras razones, a un
proceso de mejoramiento profesional continuo, que benefició tanto a los
Magistrados como a los funcionarios de apoyo a la función judicial.
En efecto,
durante este año 2000 y prácticamente de manera inédita, se financió la
capacitación de Abogados de este Alto Tribunal en prestigiosas universidades e
instituciones académicas ubicadas en el extranjero, tales como en Costa Rica,
en España y en México.
En el plano
nacional, se organizaron diferentes cursos de capacitación, dentro de los
cuales vale destacar entre otro, el Curso de “Razonamiento Judicial y
Argumentación Jurídica” que, con la participación de ciento ochenta y ocho
abogados de este Supremo Tribunal, contribuyen a la necesaria actualización y
adecuación del personal profesional a los principios, valores y normas
constitucionales.
Todos estos
logros están enmarcados en el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a lo
establecido en la Constitución de 1961 y con la entrada en vigencia de la
Constitución de 1999, nos ha correspondido afrontar el gran reto de asumir el
gobierno y administración del Poder Judicial con un alto nivel de deterioro en
todos los aspectos, esto es, institucional, organizacional, de recursos
materiales y humanos.
Al respecto, si bien es
cierto que durante el año 2000 se continuó profundizando la depuración del
Poder Judicial, a través de las acciones que durante los primeros nueve meses
del año pasado realizó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del
Sistema Judicial, es evidente que no existen suficientes elementos que nos
permitan sentirnos satisfechos con los resultados alcanzados.
En efecto, desde
el mes de enero de 2000 hasta el mes de septiembre de ese mismo año, la
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, asumió las
funciones que venían ejerciendo tanto el Consejo de la Judicatura como la
Comisión de Emergencia Judicial, período durante el cual desarrolló un conjunto
de planes y acciones dentro de los cuales se destacan, los relativos a la
jurisdicción de protección a la niñez y a la adolescencia.
Con la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente y con el apoyo de la
Comisión de Implementación de dicha Ley se incrementó significativamente el
número de jueces, esto es, de sesenta y cuatro a doscientos cuarenta y ocho
jueces, de allí que fue necesario modificar la metodología que se había
utilizado para la capacitación en forma centralizada, en cuanto se decidió
llevar el entrenamiento a todos los Estados del país, en un proceso que aún no
ha culminado.
Igualmente, a los efectos de lograr la
exitosa implementación de dicha Ley, a través de un proceso transparente de
selección de los jueces y defensores en la materia, se efectuó un concurso
público de credenciales, previa elaboración de un baremo, en el que el puntaje
asignado a cada uno de los participantes se estableció mediante un sistema
computarizado que permitió mayor objetividad en la selección.
Al respecto, se han realizado visitas a
las diferentes Circunscripciones Judiciales con la finalidad de constatar que
efectivamente los tribunales se han instalado y de sistematizar la problemática
que se ha presentado, respecto de los cuales existen informes que pueden
consultarse en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
En este sentido, se ha elaborado un plan
que contiene las líneas generales de acción, en el que se definen objetivos
generales, específicos y sus indicadores, así como los medios de verificación y
supuestos, que evidencia que, a pesar de que a la fecha no se han logrado los
resultados esperados, no sólo ha existido la voluntad política necesaria, sino
efectivamente, el desarrollo de un conjunto de acciones para la implementación
de la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente.
Al respecto, se espera que culminen en
este año 2001 los concursos públicos de oposición a nivel nacional a fin de
lograr tener la plantilla definiva de jueces y poder ejecutar las políticas de
capacitación que se han diseñado.
Paralelamente,
este Alto Tribunal conformó un equipo de trabajo compuesto por Magistrados que
se encargaron del diseño de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,
institución que se encargaría de asumir la administración del Poder Judicial.
En este orden de
ideas, este Tribunal Supremo de Justicia, en ejecución de lo establecido en el
artículo 267 de la Constitución, dictó la Normativa sobre la Dirección,
Gobierno y Administración del Poder Judicial, en la que se creó la Comisión
Judicial, como Instancia Superior de la ya mencionada Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, la cual quedó instalada el 1 de Septiembre de 2000, con sus
respectivas Unidades Autónomas, esto es, el Servicio de Defensa Pública, la
Inspectoría de Tribunales y la Escuela Judicial.
Desde esa fecha,
el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Comisión Judicial y de la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura ha adelantado un programa de visitas a
diversas Circunscripciones Judiciales, con el objeto de evaluar el estado de
los tribunales, desde diferentes aspectos, pero con especial referencia a la infraestructura
física.
En este ámbito,
podemos destacar que se han logrado adelantar convenios con algunos Poderes
Ejecutivos Regionales, tales como las Gobernaciones de Aragua, Barinas,
Carabobo, Lara, Mérida, Monagas, Yaracuy y Zulia, consistentes en el aporte de
recursos y construcción de las sedes idóneas que los tribunales requieren en
cada uno de esos Estados, lo cual se complementará con la reorientación de los
fondos del Proyecto de Infraestructura de Apoyo al Poder Judicial.
Igualmente, consideramos que es
importante destacar la creación de la Unidad Coordinadora de Derechos Humanos y
Asuntos Penitenciarios, cuyo objetivo es la instauración de un espacio
permanente de atención al área penitenciaria en lo que compete al Poder
Judicial.
Desde esta Unidad los esfuerzos más
importantes se han dirigido a lograr la unificación de criterios en cuanto a la
aplicación del Código Orgánico Procesal Penal entre los diversos actores
involucrados.
En seguimiento
de esta meta se han venido sosteniendo reuniones de trabajo con representantes
del Ministerio Público, la Coordinación Nacional de Pre-Libertad del Ministerio
de Justicia y Relaciones Interiores, así como también con la Oficina de
Actualización de Causas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, adelantando
con esta última la creación de la Base de Datos para el Registro y
Sistematización de los Beneficios Otorgados por los Jueces de Ejecución de todo
el País.
El objetivo
planteado de esta Unidad Coordinadora de Derechos Humanos y Asuntos
Penitenciarios es buscar lograr la efectividad del Poder Judicial en relación
al sistema penitenciario y la armonía intra e interinstitucional,
imprescindibles para el funcionamiento del sistema penitenciario a nivel
nacional, que en consecuencia contribuirá al cumplimiento exitoso del Código
Orgánico Procesal Penal.
Sobre estos
hechos y bajo la visión de un Poder Judicial eficiente, uno de los retos
pendientes para este Tribunal Supremo de Justicia es la creación de los
mecanismos adecuados para ejercer eficazmente su función de supervisión tanto
sobre la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como sobre las demás Unidades
Autónomas relacionadas con la administración del Poder Judicial, en
cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela que establece la dirección, gobierno y administración del Poder
Judicial a cargo de este Alto Tribunal.
En relación a
esta atribución, desde la Secretaría de la Sala Plena de este Tribunal Supremo
se lleva un registro y control de actividades relativos a la convocatoria,
nombramiento y remoción de todos los funcionarios judiciales, así como de la
normativa y políticas judiciales dictadas por este Alto Tribunal, desde la
instalación de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
En relación con
estos hechos, surge como meta para el próximo año, la incorporación y
presentación en el Informe Anual de este Alto Tribunal de todas las actividades
realizadas por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el Servicio de
Defensa Pública, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Judicial, en
lo que constituiría el Informe Anual del Poder Judicial, como definitiva
expresión de la existencia de unidad de este Poder.
Ahora bien, tal
como lo anunciamos al comienzo de estas palabras, en el desarrollo de su misión
como ente coordinador de la política judicial nacional, este Supremo Tribunal
elaboró un conjunto de proyectos leyes relativos al funcionamiento del Sistema
de Justicia.
En primer lugar
hay que destacar el Anteproyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual
ha sido ampliamente discutido a nivel nacional debido al esfuerzo desplegado
por la Sala Social de este Supremo Tribunal durante el año 2000.
Igualmente, se
elaboró el Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y con el apoyo
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se está concluyendo la
elaboración de los anteproyectos de las siguientes leyes, la Ley del Sistema
Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional, la Ley Orgánica de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como un anteproyecto de reforma
del Código Penal, los cuales serán próximamente presentados a la comunidad
interesada para ser discutidos en un proceso abierto y democrático, previo a su
presentación en la Asamblea Nacional.
Así mismo, se elaboró un anteproyecto de Código de
Ética y Ley de la Jurisdicción Disciplinaria, cuya aprobación permitirá
implementar la Jurisdicción Disciplinaria Especial que extinguirá de manera
definitiva las funciones de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración
del Sistema Judicial, que aún conserva y ejerce la función disciplinaria
judicial.
Ahora bien, la
existencia de un Sistema de Justicia conformado hasta por los medios alternos
de resolución de conflictos, dejan evidenciado que la labor del Tribunal
Supremo de Justicia no se agota en relación con los derechos de las personas
que han intentando una demanda en este Alto Tribunal, ni siquiera ante los
demás tribunales del país.
Las responsabilidades
del Tribunal Supremo de Justicia se extienden incluso para aquellas personas
que sin tener un caso en tribunales requieren resolver sus conflictos a través
de instancias adecuadas para ello.
Es por ello que
en el mes de agosto de 2000 y tal como se había anunciado el año pasado en el
Acto de Apertura Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia abrió sus puertas a
todas aquellas personas que, sin tener un caso en este Tribunal Supremo y no
contando con los conocimientos y mucho menos, con los recursos económicos para
contratar un Abogado, requieren de orientación jurídica.
En este sentido,
la puesta en funcionamiento de la Oficina de Orientación Ciudadana se inició
con la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el órgano que
está llamado constitucionalmente a promover los Derechos Humanos, esto es, la
Defensoría del Pueblo.
Este convenio,
que ha sido prorrogado para este año 2001, encuentra su justificación en la
escasa cultura jurídica existente en el país, basada en la falta de conocimiento
de los ciudadanos de sus derechos frente a un determinado conflicto, así como
de la ausencia de información adecuada acerca de las instancias que les
permiten resolverlos, lo que los coloca en una situación de desamparo, por la
no utilización de los recursos jurídicos disponibles, debido a la falta de
confianza en un sistema de justicia que es observado como complejo e
inaccesible.
Durante este año
daremos continuidad al plan de difusión de los servicios de atención ciudadana
que iniciamos en el año 2000 y que incluyó la realización de un evento en la
sede este Tribunal con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión sobre
el acceso de los ciudadanos a estos servicios, al que fueron convocados los
representantes de las instituciones que conforman el Poder Ciudadano, al
término del cual, se acordó explorar la posibilidad de construir un Sistema
Nacional de Orientación y Atención al Ciudadano entre estas instituciones.
De allí que
hallamos asumido el compromiso de construir en los diferentes Palacios de
Justicia existentes en el país, tanto Oficinas de Orientación y Atención
Ciudadana que atiendan a esa mayoría del pueblo venezolano que se encuentra
excluida del sistema; como Centros de Información Documental que permitan el
acceso gratuito de los usuarios a internet para la revisión de los expedientes
y sentencias que ha dispuesto electrónicamente este Alto Tribunal.
Igualmente,
durante el año 2000 adelantamos conversaciones con los Colegios de Abogados y
diferentes Universidades del interior del país para que, en convenio con este
Alto Tribunal se organicen e instalen en las sedes de esas Instituciones,
Centros de Información Documental que garanticen el acceso a la información que
produce este Tribunal Supremo de Justicia.
Bajo los mismos
objetivos de desarrollar proyectos que contribuyan a mejorar el Acceso a la
Justicia y habida cuenta de la reciente aprobación de la Constitución, este
Alto Tribunal consideró oportuno realizar una serie de Foros en diferentes
Estados del país, sobre temas de Derechos Humanos, Participación Social y
Acceso a la Justicia, que en alianza con Colegios de Abogados, Instituciones
Académicas y Organizaciones No gubernamentales, nacionales e internacionales,
tales como, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, el Instituto de
Filosofía del Derecho “José Manuel Delgado Ocando, la Universidad Católica
Andrés Bello, la Cámara de Comercio de Caracas, la Escuela Judicial de Costa
Rica, la Comisión Andina de Juristas y el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, entre otros, los cuales tuvieron una asistencia promedio de
trescientas cincuenta personas en cada evento, que contribuyen a acercar esta
Institución al interior del país.
A pesar de que estas actividades de orientación y
difusión surgen del hecho notorio de un alto porcentaje de la población que no
tiene acceso al Sistema de Justicia, hemos considerado necesario realizar
investigaciones de campo que nos permitan conocer cuáles son las necesidades
que tiene el pueblo venezolano en relación al Sistema de Justicia y que en la
actualidad no están siendo atendidas, así como, cuál es la percepción que
tienen los sectores de escasos recursos sobre la Justicia en Venezuela.
En relación a este último aspecto, en alianza con un
conjunto de instituciones y organizaciones sociales, ganamos un concurso organizado por el Banco Mundial para el
otorgamiento de pequeñas donaciones destinadas a proyectos que contribuyeran a
combatir la pobreza, a través de una propuesta de investigación denominada “Las
Voces de los Pobres acerca de la Justicia”, a partir de cuyos resultados
deberán proponerse lineamientos generales para el diseño de políticas públicas
capaces de mejorar la percepción que las personas de escasos recursos tienen
sobre el funcionamiento de la administración de justicia; y de la preparación
de una estrategia comunicacional que permita acercar la justicia a los sectores
de escasos recursos, dicha investigación será desarrollada durante este año
2001.
Y es que desde nuestro punto vista, una de las
estrategias esenciales para que se opere una verdadera transformación en la
Justicia, parte tanto de la existencia de datos confiables que permitan evaluar
cómo está funcionando la Justicia Formal, así como de Estudios acerca de los
Mecanismos Informales de Resolución de Conflictos que nos permitan tomar
decisiones racionales en el marco de un proceso de formulación de políticas
judiciales que, en el contexto de una sociedad con un altísimo nivel de la
población que se encuentra excluida de la Justicia, sean capaces de crear las
condiciones adecuadas para la verdadera realización del derecho de acceso a la
justicia.
De allí que estos dos aspectos formen parte de
nuestras metas para este año 2001, esto es, la definitiva elaboración de una
base de datos confiable para el Sistema Judicial Formal y el desarrollo de
proyectos que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia en particular de
las personas de escasos recursos.
De allí que una de nuestras primeras acciones en
este año 2001 será la creación en este Alto Tribunal de una Gerencia de
Proyectos sobre el Sistema de Justicia, que contribuirá a la formulación de
políticas judiciales de acceso a la justicia, dentro de cuyos objetivos está la
realización de investigaciones y mediciones que
culminen en campañas educacionales para la promoción de la transparencia en el
sistema judicial.
A pesar de que actualmente no poseemos los recursos
necesarios que nos permitan afrontar todos estos retos y metas relacionados con
la implementación de las nuevas leyes, así como de los proyectos que
contribuirán a alcanzar nuestros objetivos de eficiencia y acceso a la
justicia, contamos con el compromiso del Poder Ejecutivo y de la Asamblea
Nacional de aprobar un crédito adicional para el cumplimiento de los mismos.
Para finalizar quisiera compartir con ustedes la
siguientes reflexiones.
Relegitimado el Poder Legislativo y el Ejecutivo, a
través de la voluntad popular, así como el Poder Judicial y el Ciudadano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, damos comienzo a una nueva etapa de este proceso político de
trascendencia histórica, en cuanto constituye el anhelo del pueblo venezolano
de ver cristalizados mecanismos más efectivos de participación ciudadana.
Así mismo, queda la gran tarea del fortalecimiento del
Estado de Derecho que implica el esfuerzo mancomunado de los Poderes Públicos
que arroje los siguientes resultados.
En primer lugar, un sistema de garantías que permitan
realizar efectivamente los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
En segundo lugar, la discusión y aprobación de las
leyes que desarrollan los principios y valores así como las nuevas
instituciones creadas.
En tercer lugar, construir un sistema de equilibrios
entre las diferentes instituciones democráticas, lo cual contribuirá de manera
determinante al fortalecimiento del Estado de Derecho.
A su vez, desde la perspectiva del desarrollo de un
país, existe una clara relación entre las reglas institucionales en una
sociedad y el desempeño económico.
En este sentido, la existencia de normas exigibles a
partir de un Poder Judicial que interprete y aplique las leyes con eficiencia y
con equidad, constituyen las bases de un sistema jurídico confiable y que por
tanto, ofrece seguridad jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras.
Sólo de esta manera, comenzará a verse a la Justicia
como una herramienta de convivencia y de promoción de la vigencia de las
garantías ciudadanas, cuya efectiva realización sólo será posible a través de
la acción conjunta y decidida de todos los que soñamos con un mejor país.
Con estas palabras se declara formalmente la apertura
de las Actividades Judiciales correspondientes al año 2001.
Muchas
gracias