Este libro, Derecho de la Infancia y la Adolescencia, reúne las ponencias presentadas en el foro celebrado entre el veinte y el veintidós de noviembre próximo pasado, en el Auditórium Principal del Tribunal Supremo de Justicia, coordinado por el Magistrado Juan Rafael Perdomo, Vicepresidente de la Sala Casación Social, donde se trataron diversos puntos.
El coordinador, Magistrado Juan Rafael Perdomo, se refirió al proyecto de reforma procesal de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, presentado por este Alto Tribunal el diez de febrero de 2005, con miras a facilitar el funcionamiento del Sistema de Protección de Niños y Adolescentes, con ideas fundadas en la experiencia. Ésta enseña que el formalismo y la escritura propios del proceso civil, además de causar litigios, originan demoras que contravienen lo pregonado en el Texto Constitucional (Articulo 275).
Cristóbal Cornieles Perret Gentil comentó los cambios propuestos en el funcionamiento de los órganos instituidos en el sistema protector de estos hiposuficientes jurídicos, particularmente en relación con su organización y competencias, temas incluidos –a pesar de su carácter sustantivo– por la urgencia de acoplar lo procesal y lo orgánico, además de ajustarlos a la Constitución vigente. La Jueza Rosa Isabel Reyes –luego de relatar los cambios debidos por esta última razón– expuso las modificaciones sugeridas en algunas de las instituciones familiares: Patria Potestad, Guarda, Visitas y Colocación Familiar. La Jueza Beatriz López Castellanos comentó “el planteamiento original del cual emerge la legalidad de las Medidas Preventivas y Cautelares”, fundado en el principio de la prioridad absoluta, por buscar la satisfacción de las necesidades básicas de niños y adolescentes.
Enrique Dubuc –al analizar los cambios propuestos en materia de Recursos– responde tres preguntas básicas en todo el texto de reforma: “qué permanece igual, qué se modificó y qué se agregó”. Al parafrasear las modificaciones aconsejadas en la normativa de los recursos de apelación y casación, los justificó en la necesidad de fortalecer determinados principios procesales (oralidad, inmediación y concentración), ejes fundamentales de la propuesta.
Haydée Barrios trató lo vinculado a la colocación familiar y a la adopción, materias no procesales, pero que se consideró pertinente incluir en la Reforma legal con miras a ajustar sus normas con los principios acogidos por la Carta Fundamental. Erna Perfetti expuso sobre los cambios en la situación familiar jurídica de los hiposuficientes estudiados en colocación familiar. Noira Viloria comentó la necesidad de encerrar niños y adolescentes en instituciones como último –y a veces, único– recurso frente al desamparo familiar de la infancia y la adolescencia.
Georgina Morales comentó la adecuación del uso de la mediación con miras a resolver los conflictos familiares. Sobre la misma materia versó la charla de Irma Lovera. Ambas profundizan este campo, estudiado desde hace más de una década en la Universidad Central de Venezuela, entre otras, por Miriam San Juan y Carmen Luisa Roche, conjunta y separadamente en estudios publicados en la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Nos. 88 y 96, Caracas 1993 y 1995, en su orden.
La conferencia de la Jueza Ingrid Gutiérrez de Querales –luego de destacar las características esenciales de las uniones estables de hecho en relación con los principios constitucionales sobre noción de familia, relaciones familiares y responsabilidad social– comentó su regulación en el Proyecto de Ley de Protección a la Familia, la Maternidad y la Paternidad. Finalmente, José Nevado abordó los temas de Familia y Familia Sustituta.
El material descrito se entrega al público no sólo para publicitar el evento llevado a cabo en la sede de este Alto Tribunal, sino para facilitar su conocimiento por parte del público interesado, a través de las explicaciones difundidas.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle al Magistrado Vicepresidente de la Sala de Casación Social, Juan Rafael Perdomo, mi agradecimiento por esta nueva colaboración dirigida a mejorar la aplicación de la justicia y el conocimiento del derecho.
Caracas, veintiuno de febrero de 2007.
