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PALABRAS DEL DOCTOR IVAN RINCON URDANETA
APERTURA DE LAS ACTIVIDADES JUDICIALES DEL AÑO 2002 |
ACTO DE APERTURA JUDICIAL 2002
Palabras del Magistrado Iván Rincón Urdaneta,
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela
10 de enero de 2002
Por tercera vez consecutiva, me corresponde la responsabilidad de presentar al país, la rendición de cuentas del Tribunal Supremo de Justicia.
Este año tiene especial significación en la historia judicial venezolana, ya que por primera vez, el más Alto Tribunal de la República presenta en la realización del Acto de Apertura Judicial el Informe Anual de todo el Poder Judicial venezolano, cumpliendo así con los compromisos adquiridos el pasado año en atención a la nueva organización judicial consagrada en el texto constitucional, que establece la existencia de una única institución de gobierno judicial, esto es, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, tal como lo revela nuestro Informe Anual, estamos conscientes que el Poder Judicial venezolano presenta dos realidades en la prestación del servicio de administración de justicia, y en consecuencia, en su nivel de transparencia, nos referimos a la realidad del Tribunal Supremo de Justicia frente a la realidad de los tribunales ordinarios.
El Tribunal Supremo de Justicia informa de manera constante y oportuna a la ciudadanía sobre sus sentencias, los casos que tramita y sus actividades, cumpliendo así con el indicador primordial de la transparencia, que es informar.
Actualmente todas las sentencias de este Alto Tribunal, están a disposición en formato electrónico a través de nuestra página web y en un disco compacto que contiene las sentencias de cada semestre, y que en papel pueden obtenerse en la Biblioteca Central de este Alto Tribunal, que desde el año pasado ha puesto en marcha uno de los más modernos sistema de administración documental, además de suficiente dotación de espacios físicos, equipos y personal especializado.
Adicionalmente, con la integración de este Alto Tribunal a las tecnologías de información y comunicación, hemos logrado la ubicación del Portal de la Justicia como página principal de gobierno en el ámbito nacional e internacional, habiendo sido galardonados como el mejor sitio en internet en la categoría "gobierno y política" en la más reciente edición del premio "lo mejor de punto com 2001".
En contraposición a estos hechos, nos encontramos la difícil situación en que se encuentran los demás tribunales del país, debido principalmente a su falta de automatización, resultando complejo por ello, dar información en forma electrónica sobre los casos y sentencias.
En tal sentido, el Tribunal Supremo de Justicia está haciendo los esfuerzos necesarios para que todos los tribunales puedan prestar el mismo servicio de administración de justicia y brindar la misma información que este Alto Tribunal.
Asimismo, se están realizando importantes esfuerzos para informar al ciudadano sobre otros procesos que se dan en la administración de justicia, tales como los mecanismos de selección de jueces, la elaboración de proyectos de leyes y las actividades de los órganos auxiliares y demás unidades autónomas adscritas a esta institución.
Así, continuando con la tradición de presentar en este Acto de Apertura Judicial, el balance de la actividad desplegada por esta Institución el año inmediatamente anterior, entregamos a los representantes de los Poderes Públicos, a los integrantes del Sistema de Justicia, a la comunidad nacional e internacional y en general, a la comunidad interesada en conocer la gestión de este Alto Tribunal, nuestro Informe Anual correspondiente al año 2001 como la expresión del cumplimiento de un deber derivado del derecho a la información, tratándose de una verdadera rendición de cuentas, que permite ejercer un control sobre la gestión realizada, tal como lo ordena el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
A continuación presentaré algunas de las actividades y resultados más importantes de nuestra gestión jurisdiccional durante el año 2001, para posteriormente informar acerca de las actividades y resultados derivados de nuestra atribución de gobierno judicial, las cuales se encuentran descritas exhaustivamente en nuestro Informe Anual.
Durante el año 2001, se publicaron 8.839 sentencias, lo que evidencia un aumento de más de 1.200 sentencias en relación con el año pasado, además de que es importante resaltar que al menos la mitad de las Salas de este Alto Tribunal y por primera vez en su historia, han actualizado su trabajo y resuelto el vicio de la mora, encontrándose en el presente totalmente "al día".
Esta situación ha sido el resultado de las políticas, objetivos y acciones realizadas por cada una de las Salas de este Alto Tribunal, entre cuyos principales objetivos se encuentran, i) dar una respuesta rápida, efectiva y adecuada al público en las soluciones de las controversias planteadas para su decisión; ii) optimizar la calidad del servicio prestado; y, iii) acercar la justicia al ciudadano; teniendo como base, modificar el planteamiento de la justicia como un poder, para transformarlo en el de la justicia como un servicio público.
No obstante, es importante resaltar que la productividad de nuestras Salas no ha hecho mermar, en modo alguno, la calidad de nuestras decisiones, aún más, durante el año 2001 se fijaron importantes precedentes jurisprudenciales, que si bien produjeron en el foro jurídico y fuera de él intensas discusiones, han venido a desarrollar el alcance de los derechos de los ciudadanos.
El derecho a la libre expresión de pensamiento, el derecho a la réplica, el habeas data, la tutela judicial extraordinaria para asegurar el derecho a la vida, el estudio de los delitos de lesa humanidad, la nulidad parcial del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil que trasgredía el derecho al debido proceso, la ampliación del criterio de los intereses difusos, la posibilidad de interponer la acción de amparo a través de correo electrónico, fueron algunos de los estandartes de la Sala Constitucional.
En sentencia de la Sala Político Administrativa, la aplicación del principio constitucional de gratuidad de la justicia, ha significado el que todas las actuaciones ordenadas en los juicios que allí se tramitan, no requieren de pago de emolumento alguno, lo que a su vez ha impuesto una nueva dinámica de trabajo.
Por su parte, la Sala Electoral durante el año 2001 se encargó de sentar las bases para la consolidación de una jurisprudencia que de lugar a una nueva concepción en materia contencioso electoral, todo ello a través del ejercicio de un verdadero control judicial sobre las distintas áreas inherentes a los derechos políticos y a la participación ciudadana en los asuntos públicos, dentro de una sociedad en la que se ha instaurado una nueva concepción de democracia participativa y protagónica.
En éstas, como en el resto de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, un asunto de especial relevancia ha estado relacionado con la interpretación y aplicación del artículo 257 de la Constitución, en cuanto a que el proceso es un instrumento para la justicia y que, en consecuencia, no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, tal como lo ha señalado la Sala de Casación Social convalidando así el criterio de justicia material y efectiva.
Ejemplos de la materialización de este principio fueron las sentencias de la Sala de Casación Civil, relativas a garantizar el derecho a la defensa.
Finalmente, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal fue particularmente relevante en el país, dentro de la que destaca la sentencia en la que se dejó sentado la competencia de los tribunales ordinarios para el conocimiento de los delitos comunes y al fuero castrense, sólo en relación con las infracciones de naturaleza militar.
De tal manera que puede afirmarse que durante este primer año de actividad jurisdiccional, el Tribunal Supremo de Justicia en cada una de sus salas ha venido desarrollando progresivamente la doctrina contenida en el texto constitucional.
Si bien es cierto muchas de nuestras sentencias han sido objeto de fuertes polémicas, hemos estado abiertos al debate, incluso lo hemos promovido a través de la realización de eventos en los que se analizan dichas decisiones, en un ambiente de respeto y tolerancia, centrado en los aspectos jurídico científicos de tales decisiones.
Así mismo, de conformidad con la potestad constitucional de iniciativa legislativa, hemos llevado a cabo diferentes proyectos.
El 15 de mayo de 2001 fue aprobado unánimemente en la Asamblea Nacional en primera discusión la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la cual fue elaborada por la Sala Social de este Alto Tribunal y debatida a través de un amplio proceso de consultas con diferentes sectores del país.
También se presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, elaborado por una comisión de Magistrados miembros de las diferentes Salas de este Tribunal y aprobado en su Sala Plena.
Igualmente en el año 2001, se elaboró el anteproyecto de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se han venido elaborando los anteproyectos de reforma del Código Penal venezolano, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y de la Ley del Sistema Judicial.
Un área de gran significación para este Tribunal, ha sido el desarrollo de proyectos en alianza con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la promoción de derechos humanos, especialmente en temas relacionados con la promoción de los derechos de la mujer, la familia, los pueblos indígenas, el acceso a la justicia y la transparencia judicial, a través de una donación otorgada por el Banco Mundial.
Algunas de las instituciones y organizaciones beneficiarias de esta donación son el Instituto Nacional de la Mujer, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo, con quienes hemos llevado importantes actividades destinadas a la difusión y conocimiento de los derechos de las personas en este país.
En este orden de ideas, una de las áreas que produjo un mayor acercamiento entre esta institución y el resto de los integrantes del sistema de justicia fue la realización de al menos quince eventos académicos gratuitos con la participación de ponentes internacionales, los cuales tuvieron una alta receptividad en el público, que invariablemente plenó este gran auditorio, tal como fue el evento acerca de los "Sistemas Procesales Penales Andinos".
En la ejecución de estas actividades, hemos realizado alianzas con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, la Procuraduría General de la República, el Banco Mundial, las Embajadas de Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos de América; así como con diferentes Instituciones Académicas, tales como la Universidad Católica Andrés Bello, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, la Universidad del Zulia; y con organizaciones no gubernamentales, tales como Provea, Momento de la Gente y Consorcio Justicia; entre otras.
Adicionalmente, algunas de estas actividades han quedado plasmadas mediante publicaciones de este Alto Tribunal, específicamente en la Serie denominada "Eventos" que edita la Fundación Gaceta Forense que funciona en este Alto Tribunal, la que en la actualidad cuenta con diferentes series de publicaciones, tales como las series Estudios Jurídicos y Libros Homenaje, así como las Revistas de Derecho, cuyo altísimo nivel académico ha sido reconocido por el foro jurídico.
Como parte de su actividad institucional, el Tribunal Supremo de Justicia participó a través de sus representantes, en diferentes visitas oficiales y eventos en Europa, Asia y América, dentro de las que puedo destacar las visitas oficiales al Tribunal Supremo de la República Popular de China, a los Poderes Judiciales de las Repúblicas de Francia e Irán, así como a diferentes países de latinoamérica.
Ha sido de gran valor tanto para los Magistrados como para el resto del personal de este Alto Tribunal los intercambios internacionales que tuvieron lugar durante el año 2001 y al respecto vale destacar que el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, continúa siendo la institución que preside la Organización de Cortes y Tribunales Supremos de las Américas.
Todas estas labores se apoyan en la organización administrativa con que cuenta esta institución. Al respecto, es importante resaltar que dentro de la programación establecida para el proceso de modernización de la Administración Pública Central, se procedió a partir del año 2001 a la implantación del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas, SIGECOF, a fin de agilizar y controlar efectivamente los procesos administrativos.
Dicha implantación ha generado cambios y adaptaciones sustanciales en los procedimientos existentes, así como en el Sistema Administrativo Integrado para la Gestión y Control Financiero Gerencial del Tribunal Supremo de Justicia.
De tal manera que las competencias y responsabilidades del Tribunal Supremo de Justicia se amplían y extienden en el ámbito nacional, lo que ha conducido a coordinar con las diferentes dependencias que componen la Dirección Ejecutiva de la Magistratura los procedimientos existentes a fin de unificar criterios para el logro de los objetivos propuestos.
Para llevar a cabo estas atribuciones, el Tribunal Supremo de Justicia ejecuta directamente ciertas actividades a través de su Sala Plena y de la Comisión Judicial y el resto son cumplidas a través de su órgano auxiliar, esto es, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de tres unidades autónomas adscritas a la ya mencionada Comisión Judicial de este Alto Tribunal, esto es, la Inspectoría General de Tribunales, la Escuela Judicial y el Servicio de Defensa Pública.
En este sentido, en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se lleva el registro y control de la convocatoria y nombramiento de los jueces de la República y de los Jurados para los concursos de oposición para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial; igualmente todo lo concerniente a la convocatoria y nombramiento de los directores de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de las unidades autónomas ya mencionadas, habiéndome correspondido juramentar a más de 500 funcionarios durante el pasado año 2001.
Ahora bien, el pasado 18 de abril de 2001 este Alto Tribunal nombró a un nuevo Comité Directivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura que se ha trazado cuatro grandes áreas para la modernización del Poder Judicial, estas son, la ampliación de la carrera judicial, la capacitación del recurso humano, el fortalecimiento de la figura del alguacilazgo y la generación de ingresos propios; sin embargo, el gran inconveniente para la cristalización de cualquier proyecto de fortalecimiento en el Poder Judicial es la falta de recursos.
Durante el año 2001 la rama judicial contó con un total de recursos asignados para el ejercicio 2001 de 509 millardos de bolívares, gran parte de los cuales han estado destinados a continuar pagando el alto pasivo laboral existente desde el año 1996, el cual será cancelado de manera total a finales del presente mes de enero de 2002.
Ahora bien, durante el pasado año, dos grandes rubros en inversión fueron los destinados a la contratación de licitaciones para la construcción y rehabilitación de sedes judiciales y, para la adquisición de equipos informáticos.
En relación con las obras para la construcción de nuevas sedes judiciales, destacan la contratación de licitaciones para la rehabilitación de los Palacios de Justicia de Barquisimeto y de Carora en el Estado Lara, para la construcción de módulos en los Palacios de Justicia en el Estado Apure y en el Estado Carabobo, por un monto de 10 millardos de bolívares.
Igualmente, se contrataron las obras destinadas a la construcción de sedes judiciales penales en los Estados Anzoátegui y Trujillo, un nuevo Palacio de Justicia en el Estado Monagas, la continuación de la construcción de los Palacios de Justicia en el Estado Aragua y en el Estado Zulia, así como la rehabilitación del Palacio de Justicia del Estado Yaracuy.
Atendiendo a las denuncias y demandas que durante décadas realizaron los jueces, abogados litigantes y en general, el clamor de todos aquellos que tuvieron y tienen que someterse a las pésimas condiciones del Edificio de Pajaritos, finalmente, durante el año 2001 y a través del concurso del Poder Ejecutivo, FOGADE y el Ministerio de Hacienda, se adquirió el edifio Metrolimpo y se contrató la ejecución de la obra destinada a su rehabilitación, en el que se ubicarán la mayor parte de los tribunales que hoy funcionan en el Edificio José María Vargas, mejor conocido como Pajaritos.
De tal manera que se invirtieron más de 40 millardos de bolívares en la construcción y rehabilitación de sedes judiciales, hecho que ocurre por primera vez en la historia judicial del país, lo que demuestra nuestro compromiso de construir el Poder Judicial que requieren los venezolanos.
Asimismo, se contrató la licitación destinada a la adquisición de 3.800 equipos de computación por un monto de 5 millardos de bolívares, los cuales serán distribuidos a nivel nacional.
Si bien es cierto, hemos hecho importantes esfuerzos en relación con los recursos materiales, nuestro énfasis está en los recursos humanos y de manera especial, en los jueces.
Esta labor ha sido desplegada fundamentalmente por la Comisión de Evaluación y Concursos de Oposición para el Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial, en coordinación con este Alto Tribunal y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Durante el año 2001, dicha Comisión de Evaluación y Concursos completó en un 90% el levantamiento de la información acerca de los 1.570 jueces que existen en la actualidad.
Este levantamiento de información incluye una serie de aspectos que demuestran cuál es el nivel de rendimiento y eficiencia de los jueces en el cumplimiento de su actividad jurisdiccional, así mismo, una evaluación de su gestión administrativa y patrimonial del tribunal a su cargo y, su evolución patrimonial personal, esto es, el incremento que hubiese obtenido y la verificación con sus ingresos lícitos conocidos.
Al procesamiento de toda esta información sigue un veredicto final, el cual ya se ha venido adelantando de forma significativa.
Durante el año 2001 se convocó a concursos de oposición para los tribunales categoría "A" de los Estados Vargas y Miranda; para tribunales categorías "A", "B" y "C" de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, así como para proveer los cargos de protección y de la sección de responsabilidad penal de los Estados Amazonas, Cojedes, Delta Amacuro, Miranda, Monagas, Trujillo y Yaracuy.
Igualmente, en el mes de septiembre de 2001 se realizó la convocatoria correspondiente para proveer los cargos de jueces categoría "A" de las Cortes de Apelación para las diferentes regiones del país; en el mes de octubre, para los cargos de jueces categoría "A" de los Tribunales Agrarios de diferentes Estados y en el mes de noviembre, se convocó al concurso de oposición para la categoría “A” de los Tribunales en materia Laboral para el Distrito Capital.
Así, durante el año 2001 se convocó a estos concursos de oposición de jueces, con toda la labor previa que ello significó. Por una parte, tanto la escogencia de los Jurados para los respectivos concursos como para la ya mencionada evaluación, que parte de un llamado a todas las Universidades, Organizaciones No Gubernamentales y a la comunidad en general, para que postulen a las personas que consideren idóneas como candidatos a jurados.
Por la otra, el haber recibido y tramitado más de 1.500 solicitudes sólo para 192 cargos de jueces que salieron a concursos de oposición durante el último semestre del pasado año, de los cuales ya se han declarado ganadores y juramentado a 110 jueces titulares que ingresan al Poder Judicial a través de concursos de oposición.
Para el Tribunal Supremo de Justicia estas tareas relativas al ingreso y permanencia de los jueces constituye un aspecto prioritario en el proceso de transformación judicial en Venezuela, de allí que hayamos estado vigilantes de la forma en la que se han realizado estas evaluaciones y concursos, en los que, son los criterios académicos y de experticia los que han privado en los resultados obtenidos, a través de procesos transparentes, caracterizados por su publicidad, debido a que los mismos se llevan a cabo en actos públicos en los que puede participar cualquier persona interesada, ya que además del examen escrito, se contempla una prueba oral y pública.
De manera tal que estamos ante un hecho histórico y sin precedentes en la historia judicial venezolana y en la de muchos países latinoamericanos, como es, el ingreso de los jueces a la carrera judicial a través de la efectiva realización de concursos de oposición en los que los criterios político partidistas no tienen cabida y de ello pueden dar testimonio los jueces que han participado en estos concursos.
Obviamente, no pretendemos afirmar que ha sido un proceso perfecto, todo lo contrario, muchos y variados obstáculos se han interpuesto, sin embargo, tenemos la voluntad de hacer las cosas distintas a las prácticas arbitrarias del pasado; tenemos la voluntad de cumplir con las reglas técnicas que nosotros mismos hemos aprobado, a objeto de que la justicia esté en manos de profesionales capaces y apegados a la ética.
Así, estamos cumpliendo con el mandato constitucional que ordena la realización de los concursos de oposición para el ingreso a la carrera judicial, frustrando así las expectativas de quienes apostaban y apuestan al fracaso de la tan ansiada transformación judicial en Venezuela.
A todos ellos y a quienes por el contrario apuestan al éxito de este proceso, les informo que los concursos de oposición van a seguirse realizando, que no habrá una paralización o suspensión de los mismos, en definitiva, categóricamente afirmo que hoy en día quien aspira forma parte del Poder Judicial en Venezuela, tiene necesariamente que hacerlo a través de la vía del concurso de oposición.
Sin embargo, tal como he venido sosteniendo de manera reiterada, no sólo bastan los esfuerzos que a nivel central realizan el Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los órganos auxiliares y unidades autónomas; el liderazgo judicial regional es imprescindible para que se logren los objetivos propuestos, de allí la importancia de la misión que cumplen tanto los Jueces Rectores como los Presidentes de los Circuitos Judiciales Penales en los diferentes estados del país y así ha quedado reflejado en el Informe Anual que hoy les presentamos, en el que pueden observarse las actividades desplegadas durante el pasado año por estas autoridades judiciales regionales.
Aún más, tal como se señala la exposición de motivos del mencionado Proyecto de Código de Etica del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, todos los jueces están llamados a ser considerados líderes dentro de la comunidad a la cual pertenecen.
Otro aspecto que durante el año 2001 ha sido de especial interés para esta institución, es el sensible tema de la Seguridad Ciudadana, es por ello que hemos continuado con el seguimiento a los beneficios que se otorgan en el proceso penal a los penados, teniendo en cuenta la problemática que abrió su aplicación en la práctica, a fin de dar la orientación más objetiva posible y hacer los ajustes que fueren necesarios a este sistema de beneficios.
Igualmente, es preciso resaltar que durante el año 2001 aprobamos los procesos de reorganización administrativa que se vienen ejecutando en las Unidades Autónomas del Poder Judicial, cuyos resultados pueden verse de manera detallada en el Informe Anual del Año 2001.
De manera general, podemos destacar que la labor desplegada por el personal adscrito a la Inspectoría General de Tribunales fue fundamental en el proceso de depuración judicial que se ha llevado a cabo desde hace dos años y que aún ejecuta la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y cuya finalización depende de la inminente aprobación del ya varias veces mencionado Código de Etica del Juez Venezolano o Jueza Venezolana.
En este sentido, la Inspectoría General de Tribunales realizó 1.127 inspecciones de investigación que sirvieron a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial para la toma de las siguientes decisiones, 50 destituciones, 12 suspensiones, 17 amonestaciones, 17 absoluciones y 53 acusaciones en trámite las cuales serán revisadas según el procedimiento ordinario.
Igual valoración positiva debo expresar respecto del trabajo desarrollado por el Sistema Autónomo de Defensa Pública que atendió más de 125.000 causas durante el año 2001.
Este servicio en la actualidad cuenta con 517 defensores públicos a nivel nacional de los cuales, 356 trabajan en lo relativo a la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal y 161 se desempeñan en brindar asistencia legal en casos relacionados con la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente, lo que se evidencia el esfuerzo realizado por el Poder Judicial venezolano en acercar los servicios de justicia a los más desposeídos.
Por su parte, además del proceso de reorganización que se ha planteado para la Escuela Judicial bajo la supervisión de la Comisión Judicial de este Alto Tribunal, la realización de cursos de extensión académica generaron ingresos propios a esta Unidad Autónoma.
Igualmente vale destacar la firma de un nuevo convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Amnistía Internacional y la empresa estatal de petróleos noruega Statoil para continuar el proceso de formación para jueces en derechos humanos, el cual ha sido presentado a nivel internacional por las Naciones Unidas como una experiencia exitosa de alianzas entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.
No obstante, a pesar de la gran cantidad de políticas, acciones y resultados obtenidos por el más Alto Tribunal y el resto de las Direcciones, Comisiones, Unidades y Autoridades adscritas al Poder Judicial, estamos conscientes de la complejidad de problemas y situaciones que aún nos faltan por resolver.
Es por ello que no sólo estamos centrados en mejorar nuestro funcionamiento respecto de aquellos casos que ingresan al Poder Judicial, como líderes del Sistema de Justicia, nuestra tarea va mucho más allá.
Nuestra misión es ofrecer las soluciones de justicia para los conflictos que se les presentan a todas las personas que se encuentran en este país, es por ello que hemos puesto especial interés en abordar la problemática de los venezolanos que no tienen acceso a la justicia y cuya voz necesita ser escuchada.
Voces que expresan la indubitable aspiración general de establecer definitivamente una sociedad verdaderamente democrática, participativa y protagónica.
Es nuestro compromiso con el país y sus generaciones futuras ser los orfebres y artesanos de un nuevo Poder Judicial, es por ello que no claudicaremos en nuestro afán de lograr los objetivos propios de todo Poder Judicial eficaz.
Que no quede la menor duda, que en ésta, la Casa de la Justicia de los venezolanos, aspiramos consolidar un nuevo Poder Judicial sobre la base del bien común, la seguridad jurídica, la justicia social, la convivencia pacífica y el imperio de la ley para la Venezuela del futuro.
Apostamos para Venezuela, a la verdadera existencia de un Estado de Justicia.
Muchas gracias