Al celebrarse solemnemente este acto, la rama judicial del Poder Público, siguiendo la tradición, ha estimado que es la oportunidad en que debe presentar el balance de la actividad realizada durante el año inmediatamente anterior. Por esta razón me permito rendir cuenta ante la ciudadanía de lo hecho, de nuestras deficiencias y de advertir lo que falta por hacer. Se trata de explicar, cómo a través de su funcionamiento este Alto Tribunal ha cumplido con las competencias que la Constitución y las leyes le han atribuido.
La Corte Suprema de Justicia, más allá de sus obligaciones, se ha impuesto la tarea de iniciar un complejo y ambicioso plan de modernización, que le permita superar con eficiencia el reto que significa reformarse a sí misma y ser el motor del cambio judicial por el que clama Venezuela. El Proceso de Reforma lo iniciamos en diciembre de 1996, alcanzando un satisfactorio nivel de desarrollo y, a partir de 1999 se empezarán a ver y disfrutar los efectos de estos cambios.
La estrategia asumida por la Corte Suprema se fundamenta en su Acuerdo de Corte En Pleno de 5 de diciembre de 1996, en que además de hacer un diagnóstico del Poder Judicial, fija las propuestas de cambio en el orden organizativo, legislativo, presupuestario, disciplinario y de inspección judicial. Para implementar las medidas se ha diseñado un Proyecto de Modernización de la Corte Suprema de Justicia, con la colaboración y asistencia técnica y económica del Banco Mundial y, con un generoso grant del Gobierno de Japón.
Hemos hecho uso de la iniciativa legal en la elaboración, colaboración y presentación de proyectos de ley en materia judicial. Hemos participado activamente en programas de difusión de la nueva legislación, hemos sostenido importantes reuniones de trabajo con el Congreso, el Ministerio Público, el Consejo de la Judicatura, con todos los jueces del país, con las Organizaciones no Gubernamentales. Hemos participado activamente en las organizaciones internacionales propias del Poder Judicial y hemos iniciado la tarea de difundir los procedimientos judiciales al alcance de los ciudadanos y ya hemos publicado el primero de los Cuadernos Judiciales: Los Recursos Electorales, como una forma de colaborar en la formación ciudadana, con motivo del proceso electoral recién pasado. Se encuentran ya en imprenta los Cuadernos sobre: Casación civil; Casación Penal y, Recurso de Inconstitucionalidad.
Dada la importancia de estas actividades desarrolladas por la Corte, me permitiré referirme a algunas de ellas en forma suscinta.
PROYECTO DE MODERNIZACION
La Corte Suprema de Justicia con la finalidad de implementar este importante proyecto llamó en 1997 a una licitación internacional para la contratación del consorcio que desarrollaría el Estudio Estratégico Global, constituyéndose de esta manera en uno de los elementos claves del Proyecto de Modernización.
El consorcio constituido por la empresas consultoras IESA (nacional) y DPK Consulting (USA), resultaron los ganadores y su contratación fue acordada por la Corte en Pleno, iniciando su trabajo el 21 de abril de 1998. Durante ese año, conjuntamente con los Magistrados de este Alto Tribunal, se concluyeron los diagnósticos, la evaluación y las propuestas de reorganización de la Corte Suprema, iniciándose inmediatamente la implementación del estudio.
Las propuestas del Estudio Estratégico Global entregado a la Corte, identifica cuatro aspectos fundamentales que deben abordarse:
1.- Política Institucional.
Este componente tiene por meta apoyar a la Corte en Pleno en la coordinación de una política judicial nacional, incluyendo la investigación, la evaluación del desempeño del sistema judicial, la iniciativa legislativa e información a la sociedad civil.
El diagnóstico de este componente identificó tres ámbitos de acción que debe emprender la Corte Suprema: la coordinación de la política judicial nacional, el apoyo jurisprudencial a los jueces de la República, y cómo la Corte Suprema debe manejar sus relaciones externas.
2.- Actividad Judicial.
Este componente tiene como objetivo la reingeniería de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y por tanto la revisión de su organización y de los procedimientos y prácticas a través de los cuales las Salas tramitan los expedientes y preparan las sentencias.
El diagnóstico de este componente determinó que las Salas de la Corte Suprema de Justicia son entes de gestión, con procesos que operan independientemente entre ellas. Los recursos que se introducen ante cada Sala y los procedimientos judiciales que se sustancian, presentan importantes diferencias entre si.
3.- Divulgación de Sentencias.
Este componente se apoya en la publicación y divulgación de la jurisprudencia de la Corte Suprema Justicia.
Desde su creación la Fundación Gaceta Forense ha tenido trascendental importancia en la divulgación de la jurisprudencia 1947-1990, suministrando a los usuarios información sobre las sentencias del máximo tribunal. En 1997 se creó el Centro de Información Documental con el objetivo de recuperar los archivos históricos de la Corte Suprema de Justicia para incorporarlos a una memoria electrónica.
Para el próximo mes de febrero contaremos en la Gaceta Forense con 350.000 páginas digitalizadas, que corresponden a sentencias dictadas por este Alto Tribunal entre los años 1887 a 1926 y a las dictadas entre 1994 a 1999.
4.- Apoyo Administrativo y Gerencial.
Este componente implica la reorganización total de esta importante área de servicios y apoyo al resto de los componentes, a los efectos de dar mayor efectividad a los servicios internos administrativos que deben apoyar a los Magistrados para facilitarles el cumplimiento de sus labores.
Debemos señalar igualmente, que se incorporó al trabajo de la Corte un Asesor Internacional, con cargo al Proyecto de Modernización, para que sirva de contraparte al equipo nacional y, realice el estudio sobre el gasto judicial en Venezuela. Este estudio abarcará un análisis de la estructura del gasto público en el sector justicia, de la dinámica del proceso en la preparación del presupuesto y de las tendencias históricas en esta materia. Los resultados serán publicados en febrero de este año.
También se estructuró una Unidad de Apoyo al Proyecto de Modernización dotándosela de cinco áreas: Proyectos Especiales; Adiestramiento y Capacitación; Censo de Expedientes; Participación de la Sociedad Civil; e Imagen y Comunicación.
En el marco del proyecto de modernización las Salas de la Corte Suprema de Justicia adoptaron diversas medidas para mejorar la prestación del servicio de justicia. Se realizó un censo de expedientes en cada Sala, pudiendo determinarse el número exacto de los que obran, cuántos entran por año, cuáles son los expedientes que presentan retardo procesal, conocer el grado de eficiencia comparativa con otros años y, por sobre todo determinar con exactitud los problemas que retrasan la tramitación de los expedientes. Se dotó a las Salas de un número mayor de computadoras y equipos, se dieron diversos cursos de capacitación al personal para un mejor aprovechamiento de las nuevas herramientas de trabajo y utilización de la nueva tecnología. Los efectos de la aplicación de estas simples medidas se han notado inmediatamente al descargarse a los Magistrados de tareas inútiles y mejorarse el rendimiento de su personal de apoyo.
La digitalización de la cuenta diaria de las secretarías de las Salas de la Corte y del Juzgado de Sustanciación, así como la publicación de las sentencias, ha permitido contar con una mayor difusión y transparencia de las actuaciones procesales del más Alto Tribunal; hoy cualquier persona que tenga acceso a un PC, puede informarse a través de la pagina Web de la Corte Suprema de Justicia.
La creación de la nueva Sala Especial Tributaria en la SPA, así como de dos salas especiales en la SCP para facilitar la entrada en vigencia del COPP, y la de otra Sala Especial en la S de CC, contribuyeron también a aumentar el número de sentencias dictadas en el año y a mejorar el trabajo de esta Corte.
ACTIVIDADES DE PROYECCION INTERNACIONAL
Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia.
En el año de esta cuenta tuvo lugar en Caracas, la Cumbre Iberoamericana de máximas autoridades de sus Poderes Judiciales, a la que concurrieron los 23 países que la conforman y alrededor de cincuenta observadores nacionales e internacionales, el resultado altamente positivo quedó consagrado en un documento trascendental conocido como la "Declaración de Caracas", que incluye 32 recomendaciones de política judicial. Esta Declaración ha sido incorporada a la política judicial nacional por los países miembros de la Cumbre.
Para dar permanencia a la Declaración de Caracas, los países Iberoamericanos crearon una Unidad Técnica de Seguimiento de la Declaración de Caracas, que se reunión en el mes de octubre recién pasado en Venezuela, se realizó la I Reunión Técnica de la Declaración de Caracas, para fijar su posición frente al resultado del seguimiento de los temas prioritarios, así como revisar o establecer las acciones a emprender por los países miembros, con el propósito de convocar a un nuevo encuentro de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, el 24, 25 y 26 de marzo de 1999. En ese evento a celebrarse en Caracas participarán, además, como observadores 8 jueces de instancia por cada país miembro, para prepararlos en la ejecución de estos acuerdos e impulsar el cumplimiento de la Declaración de Caracas y de los acuerdos que genere la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, en sus respectivos países.
La II Cumbre tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de las políticas y acciones contenidas en la Declaración de Caracas, en relación con los temas y aspectos definidos en la I Reunión Técnica de Seguimiento: Organización Judicial, Corrupción, Narcotráfico y Derechos Humanos y establecer una red judicial iberoamericana que nos permita, inicialmente, manejar información sobre estas cuatro materias definidas como esenciales.
Organización de Cortes Suprema de las Américas.
La Organización de Cortes Supremas de las Américas, creada en 1996 tuvo la deferencia de otorgarme el honor inmerecido de presidir esta Organización por los próximos años. El mandato que se me otorgó incluye, entre otras funciones, la de crear un Centro de Intercambio de Información sobre Asuntos Judiciales (sentencias, administración judicial, leyes sobre cuestiones judiciales). Si logramos materializar este anhelo, unido al Centro de Capacitación del Funcionario Judicial de América que en estos momentos impulsa la Corte Suprema de Justicia de Venezuela a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos convertiría en la referencia valida de la modernización de la justicia en América.
Ciudadanos, además de estas actividades, la Corte Suprema ha sentenciado más y mejor que en muchos años anteriores. La seriedad de los juicios emitidos por este Alto Tribunal son apreciados en la gran mayoría de los países del continente y así lo demuestran las permanentes consultas que se hacen a nuestra página Web.
La tarea cumplida se encuentra detallada en el Informe 1998 y, se puede sintetizar en 5.659 causas ingresadas y en 3.999 sentencias recaídas en recursos interpuestos ante la Corte y que ponen término a esas acciones.
Desde un punto de vista formal este ha sido uno de los años más productivos de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que el ciudadano común no lo percibe así; la crítica que se hace al Poder Judicial -incluyendo a la propia Corte Suprema de Justicia- permanece incólume. Esta situación me da licencia para hacer algunas reflexiones, que espero que compartamos y discutamos con apertura y sentido de diálogo. Estas palabras no tienen otra importancia que invitar a meditar sobre el futuro de nuestro país.
La situación planteada en torno al Poder Judicial no es ajena a la del país. Sólo se hacen más patente, son más obvias y, por ende, su posición aparece particularmente más grave, ya que ha devenido en el receptáculo y espejo de lo que percibe toda la sociedad como los principales vicios e incumplimientos de la Democracia.
¿Por qué? Porque en un Estado Social de Derecho los derechos fundamentales y libertades del ciudadano, están garantizados en la Constitución, y esta no puede ser vista sólo como un texto que organiza formalmente al Estado y le atribuye competencias al Poder Público. Hoy, en Venezuela nadie considera la Constitución como el estatuto del gobierno y de la separación de los poderes. El vínculo entre estas dos concepciones, si bien está presente en la Constitución y en la legislación nacional, en la realidad cotidiana nuestros tribunales y la propia Corte Suprema no han encontrado la forma de integrarlo. El venezolano se pregunta qué pasa con el Poder Judicial, que frente al costo exorbitante de la crisis financiera del país no ha logrado encontrar a los responsables y, por otra parte, los delitos se han desnaturalizado hasta el extremo de ser considerados menores. En la otra cara de la moneda, aparecen cárceles abarrotadas de delincuentes comunes que claman por ser juzgados y rechazan la condición humana en que se encuentran.
La inseguridad ciudadana es atribuida a los jueces porque soltamos a los delincuentes y no sancionamos a los policías corruptos o incompetentes; si no hay prestación del servicio de salud, se pretende que un amparo la restituya; si los médicos y educadores están mal pagados, acuden a los tribunales para que satisfaga sus carencias económicas. Si no hay seguridad jurídica para el inversionista se exige que el poder judicial la otorgue. Por años los fraudes electorales y las derrotas en las urnas, tuvieron que ser resueltas en forma alarmantemente numerosa por el Poder Judicial.
¿Dónde está la debilidad del Poder Judicial? En que es incapaz de resolver por sí solo lo que le corresponde afrontar con capacidad, conocimiento, gerencia y decisión al Gobierno del Estado: esto es a las tres ramas del Poder Público en su quehacer conjunto.
Los tribunales jamás podrán acabar con la corrupción, la delincuencia, las deficiencias en salud y educación, si no hay una actuación efectiva del Poder del Estado en su sentido político, de ejercicio de la soberanía nacional.
Esta es la tercera vez que me veo en la necesidad de referirme a la urgencia de afrontar con claridad y decisión los cambios que el país exige. Hoy todo el mundo habla de la posibilidad o de la voluntad de convocar a una Asamblea Constituyente y de la necesidad de crear un nuevo Estado. La Corte Suprema de Justicia ha pretendido bajo mi presidencia asumir un papel protagónico en las reformas del Poder Judicial y de la propia Corte Suprema, ya nos hemos referidos a las labores que está realizando la Corte en este sentido. Hemos sido terriblemente duros al señalar con plena conciencia, mediante la crítica descarnada y veraz, cuál es nuestro diagnóstico de la situación del Poder Judicial, de los tribunales y de nuestros jueces. Así está reflejada la posición del Organismo que presido en distintos documentos, declaraciones y acuerdos. La Corte ha insistido en la necesidad de una revisión profunda de la organización, distribución de competencias, de la selección, designación, control y preparación de jueces, así como sobre rendimiento del Poder Judicial. Ha identificado las leyes que se deben reformar, ha presentado proyectos de leyes y prepara otros.
También hemos señalado la necesidad de terminar con la fiebre de los diagnósticos, ya los tenemos, no necesitamos otros, así por lo demás se lo hemos hecho saber a las propias Organizaciones Internacionales interesadas en participar en la experiencia venezolana. Seguir en este juego de diagnósticos y competencia por tener el último que señala la mayor gravedad es peligroso. Es peligroso porque lleva al pesimismo, en un primer momento nos lleva a la inmovilidad y luego al retroceso y al desprecio por uno mismo.
Para combatir esta tendencia malsana hemos señalado cuáles son los caminos a seguir, las soluciones que deben adoptarse y las tareas a emprender; sin embargo, cuando esta Corte pretendió asumir responsabilidades ante la carencia de información objetiva sobre los jueces, sobre su rendimiento, la situación en que se encontraban los tribunales, para proponer medidas legislativas consistente con sus atribuciones, hubo importantes personeros del sector político del país que le negaron el apoyo político necesario para asumir el rol conductor del proceso de saneamiento del poder judicial, y, además hubo otros que llegaron a amenazarnos con la destitución de nuestros cargos, si insistíamos en nuestra posición y, alguno que otro, tuvo la osadía de indicarnos como deberíamos actuar.
No pretendo hacer aquí la apología de los Jueces, tampoco asumir su defensa irrestricta, la muestra de lo que cada uno es en el Poder Judicial, está en el Informe correspondiente a la actividad desarrollada en 1998.
Considero tarea impostergable que se profundicen las reformas iniciadas, que se de comienzo a las que esperan; si bien necesarias, no basta sólo con las formales o adjetivas, es imprescindible que de este proceso, salga un Poder Judicial que responda al Estado democrático y satisfaga las necesidades de justicia de los venezolanos.
Ciudadano Presidente, Ciudadano Presidente del Congreso y demás Diputados y Senadores, señores miembros del Poder Judicial, ciudadanos todos, no hablemos más de los vicios del Poder Judicial, de sus deficiencias, de sus carencias o de lo malo qué es. No sigamos denigrando al Estado que tenemos. Los diagnósticos los tenemos y los conocemos todos, dejemos de arroparnos en nuestra incapacidad y falta de voluntad política para negarnos a emprender la ardua tarea que nos espera.
Si nos atenemos a reformas puntuales, los resultados serán también puntuales. El nuevo Código Orgánico de Procedimiento Penal es un paso gigantesco en materia penal, pero insuficiente si no va acompañado de la adecuación urgente de los tribunales y del Ministerio Público y de la preparación e información ciudadana de lo contrario corremos el riesgo que en muy poco tiempo, sea otra fuente de frustración y el detonante de conflictos sociales de difícil predicción.
No quiero dejar de pasar la oportunidad ante la expectativa que ha creado la elección de los nuevos representantes del pueblo soberano que, ejercida mediante el sufragio en las elecciones del 6 de noviembre y 8 de diciembre pasados, hacer algunos señalamientos que considero debe tenerse presente en nuestro país.
La inteligencia de todo gobernante, ya pertenezca al Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, radica en la capacidad que tenga de conocer las fuerzas de la sociedad para aprovecharlas en energía positiva que permita llevar a cabo cambios sociales importantes, mediante una mayor transparencia en el gobierno y una mayor participación democrática, sin olvidar la creación de leyes, organización político administrativa, que sean el reflejo de un Estado en evolución y perfeccionamiento. Hasta el cambio más revolucionario es parte de un proceso de transparencia que debe tomar en consideración lo que significa ser Venezolano en un país como el nuestro.
Los acuerdos políticos son imprescindibles para solucionar los problemas políticos, pero cuando estos son insuficientes para resolver las contradicciones políticas que se dan en el seno del Estado, no se puede pretender que la Corte Suprema de Justicia actúe políticamente. La Corte actuará Constitucional y jurídicamente mediante la aplicación de la Ley Fundamental y demás leyes de la República, aunque la consecuencia se refleje en el plano político. Cuando la Corte interpreta una ley resuelve un conflicto entre particulares o incluso entre órganos del Poder Público, se pronuncia jurídicamente aunque el resultado tenga efectos económicos, privativos de libertad o políticos.
Venezuela, en medio de las dificultades políticas y de la crisis institucional planteada ha derivado hacia un constitucionalismo que no se reduce a la adhesión difusa a un texto constitucional, sino que exige que la supremacía declarada de la Constitución, esté jurídicamente garantizada. El constitucionalismo es una realidad tangible desde el momento que se exige de la Corte Suprema de Justicia, que sea el guardián vigilante de la supremacía y de la plena vigencia de la Constitución, no solamente respecto a las Constituciones de los Estados o de las leyes nacionales, sino que incluso en su propia interpretación y en el alcance que se le debe dar a la reforma, a la enmienda, al referéndum y a la propia asamblea constituyente. El constitucionalismo planteado en Venezuela en este momento no se opone a la soberanía popular, busca un equilibrio entre el texto constitucional en cuanto a la adjudicación y atribución de facultades a las distintas ramas del Poder Público, en su relación con el soberano originario.
Ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela está comprometida con la modernización y reforma del Poder Judicial, no hay marcha atrás. En el Plano Jurisdiccional siempre actuaremos con la más absoluta independencia de criterio y de autonomía. Somos garantía del Estado de Derecho y así la ejecutaremos.
SE DECLARA FORMALMENTE LA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 1999.