Adicionalmente, si el solicitante es abogado o está representado por abogado, y hay falsedad en la solicitud, deberá remitirse copia de los autos al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados en el cual esté inscrito dicho profesional, para efecto del correspondiente procedimiento disciplinario.

Artículo 1. Los principios éticos deben orientar todos los actos del juez o jueza, para lograr la confianza pública en su integridad e independencia y en el sistema de justicia.

Artículo 2. En el cumplimiento de sus funciones, el juez o jueza deberá asumir que el ordenamiento jurídico es inherente a la dignidad de la persona y a sus derechos. Reconocerla y protegerla, en su autonomía ética e indemnidad, es un deber de la administración de justicia que el juez o jueza deberá atender siempre.

Artículo 3. El juez o jueza tiene un compromiso permanente e irrenunciable con la sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural de la República Bolivariana de Venezuela; con el goce y ejercicio de los derechos humanos y los principios fundamentales proclamados por la Constitución. En consecuencia, deberá actuar conforme a esos valores y principios, para asegurar la vigencia del Estado Social de Derecho y de Justicia.

Artículo 4. El juez o jueza deberá impartir justicia de manera tal que asegure el acceso a la misma, dé cumplimiento al derecho y proteja las garantías que la Constitución reconoce a las personas.

Artículo 5. El juez o jueza es autónomo e independiente en el ejercicio de sus funciones y sólo está sujeto al ordenamiento jurídico en su misión de impartir justicia.

Artículo 6. Las decisiones de los jueces o juezas, en la interpretación y aplicación de la ley y el derecho, sólo podrán ser revisadas por los órganos jurisdiccionales que tengan competencia, por vía de los recursos procesales, dentro de los límites del asunto sometido a su conocimiento y decisión, salvo las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7. La imparcialidad es presupuesto indispensable para administrar justicia. El juez o jueza no deberá estar relacionado con las partes, de manera que comprometa su imparcialidad en las causas que conoce.

Artículo 8. La interpretación judicial debe ser siempre conforme a los principios o normas proclamados por la Constitución, las leyes y los tratados relativos a los derechos humanos ratificados por la República.

Artículo 9. El juez o jueza procurará que el proceso, como instrumento fundamental para la realización de la justicia, se desarrolle debidamente, garantizando los derechos de las partes; de manera que la sentencia sea una consecuencia necesaria de las pruebas y de la argumentación que recaiga sobre ellas, para que las partes y la comunidad comprendan que el acto de juzgar es producto de la razón y no del capricho o la arbitrariedad, lo cual permitirá el control de la legalidad de sus decisiones.

Artículo 10. El juez o jueza procurará que los actos procesales se realicen conforme al debido proceso, dentro del marco de las garantías constitucionales.

Artículo 11. El juez o jueza deberá mantener relaciones de cooperación y respeto con las demás autoridades públicas, dentro de la esfera de sus competencias.

Artículo 12. El juez o jueza procurará con sus actos el establecimiento de la verdad y la justicia mediante la aplicación del derecho; por tanto, no podrá abstenerse de decidir ni retardar injustificadamente las providencias. Si lo hace, incurrirá en falta disciplinaria, sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal por denegación de justicia.

Artículo 13. La justicia debe impartirse sin dilaciones indebidas y mediante los procedimientos establecidos en la ley. En las decisiones judiciales prevalecerá siempre la justicia sobre los formalismos inútiles.

Artículo 14. El juez o jueza deberá ser muy cuidadoso con el lenguaje de sus decisiones, el cual deberá ser claro y preciso, para su mejor comprensión.

Artículo 15. Las sentencias y demás decisiones del juez o jueza se legitiman por su sujeción al ordenamiento jurídico, su razonabilidad y su permanente búsqueda de la justicia; ellas no deben ser afectadas por injerencias políticas, económicas, sociales u otras, ni por influencias o presiones de la opinión pública o de otra índole.

Artículo 16. La conducta pública o privada del juez o jueza deberá fortalecer la confianza de la comunidad en su integridad e imparcialidad en la administración de justicia. Él o ella deberá evitar la realización de cualquier acto que lo haga o la haga desmerecer en la estimación pública y que pueda comprometer el decoro de su ministerio.

Artículo 17. El juez o jueza deberá mantener una vida pública y privada cónsona con la decencia que exige su digna investidura y con sus posibilidades económicas conocidas. No podrá usar ni gozar habitualmente de bienes que sobrepasen su capacidad económica, tampoco podrá mantener formas de vida que no se correspondan con sus remuneraciones y su patrimonio lícitos. Él o ella deberá estar en disposición de demostrar plenamente la procedencia de todos sus bienes e ingresos.

Artículo 18. El cargo de juez o jueza es incompatible con el ejercicio de la abogacía o de cualquier otra función pública o privada, gratuita o remunerada. Quedan a salvo los cargos académicos, docentes y de otra índole que, por su carácter o su dedicación, resulten compatibles con las elevadas exigencias de la función judicial.

Artículo 19. El juez o jueza deberá mantener un rendimiento satisfactorio, de acuerdo con los criterios que establezca y publique la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Artículo 20. La formación profesional y la actualización de los conocimientos son derechos del juez o jueza; también constituyen deberes conforme a sus responsabilidades intelectuales y morales, de acuerdo con las orientaciones de la Escuela Judicial.

Artículo 21. El juez o jueza deberá participar en la vida de su comunidad; podrá realizar actividades sociales y recreativas, así como ejecutar labores dirigidas al mejoramiento de la misma, siempre que tales actuaciones no menoscaben la dignidad del cargo ni afecten el cabal cumplimiento de sus funciones.

Artículo 22. El juez o jueza no deberá participar en organizaciones que promuevan o practiquen cualquier forma de discriminación injusta, menoscaben la igualdad prevista en la Constitución o los demás derechos y libertades inherentes a toda persona.

Artículo 23. El juez o jueza no podrá, salvo el derecho al sufragio, realizar directa o indirectamente ningún tipo de activismo político, partidista, sindical, gremial o de índole semejante, capaz de poner en duda la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 24. El juez o jueza deberá guardar el secreto profesional y no obtener provecho del conocimiento de las causas, salvo en los casos de legítimo ejercicio del derecho a la defensa.

Artículo 25. El juez o jueza se abstendrá de expresar opiniones que comprometan su sujeción a la Constitución y a las leyes de la República. No deberá emitir juicios que signifiquen críticas o censuras a las decisiones del Poder Judicial, salvo en los casos de ejercicio de recursos, voto salvado, correcciones de las decisiones, labores docentes o análisis científico de los fallos.

Artículo 26. El juez o jueza deberá actuar con dignidad, ser respetuoso, cortés y tolerante con las partes, los abogados, sus auxiliares y subalternos, así como con todas las demás personas con quienes deba tratar en el desempeño de sus elevadas funciones.

Artículo 27. El juez o jueza deberá exigir compostura y buen trato a todas las personas que concurran a su tribunal; deberá hacer que se respeten sus derechos e impedir cualquier exceso o abuso.

Artículo 28. El juez o jueza deberá, en las causas en las cuales sean admisible la conciliación, propiciar la comunicación con las partes y sus abogados. Igualmente, favorecerá el uso de los medios alternativos de solución de controversias.

Artículo 29. El juez o jueza evitará la promoción personal permanente o exagerada a través de los medios de comunicación social. Quedan a salvo las declaraciones necesarias sobre las actuaciones relevantes del tribunal y las explicaciones, comentarios o análisis con fines pedagógicos.

DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA Y

DE SU PROCEDIMIENTO

DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA

Artículo 30. De conformidad con el artículo 267, párrafo segundo, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la jurisdicción disciplinaria estará a cargo de los Tribunales previstos en este Código, los cuales conocerán de las infracciones aquí reguladas.

Artículo 31. A los efectos de esta ley, las Regiones en las cuales existirá un Tribunal Disciplinario serán: 1. Región Capital, que comprende: Distrito Capital, Estados Miranda, Vargas, Aragua y Carabobo, con sede en Caracas; 2. Región Oriental, que comprende: Estados Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Monagas, Amazonas, Delta Amacuro, Apure, Bolívar y Guárico, con sede en Barcelona, estado Anzoátegui; 3. Región Occidental, que comprende: Estados Zulia, Falcón, Trujillo, Mérida, Táchira, Cojedes, Barinas, Portuguesa, Yaracuy, y Lara, con sede en Barquisimeto, estado Lara.

Los Tribunales con competencia nacional o en varios Estados de la República Bolivariana de Venezuela, se considerarán pertenecientes a la región de su sede.

Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, lo considere necesario, podrá modificar las regiones de la jurisdicción disciplinaria, tanto en su número como en los Estados que la integran.

Artículo 32. Los Tribunales Disciplinarios funcionarán colegiadamente y estarán integrados por tres jueces o juezas titulares y tres suplentes. Contarán con los servicios de secretaría y alguacilazgo.

Artículo 33. Los jueces o juezas titulares y los suplentes serán elegidos por los Colegios Electorales Judiciales, con el asesoramiento del Comité de Postulaciones Judiciales al cual se refiere el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y deberán satisfacer los mismos requisitos exigidos para ser Juez o Jueza de la Categoría "A", previstos en la Ley de Carrera Judicial.

Artículo 34. En cada Región se constituirá un Colegio Electoral Judicial, cuyas funciones quedarán determinadas en el Reglamento, compuesto por quince miembros, siete de ellos elegidos entre los candidatos postulados por iniciativa propia o por organismos vinculados a la actividad jurídica; los ocho restantes serán elegidos por sorteo, en cada Región, de las listas del Registro Electoral Permanente. El desempeño de estos cargos será gratuito, obligatorio y su duración será de dos años, contados desde la elección.

Artículo 35. El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, aprobará el Reglamento que ha de regir el tiempo, forma de elección, modo de integración y funcionamiento de los Colegios Electorales Judiciales.

Artículo 36. El Tribunal Supremo de Justicia ejercerá sus funciones de inspección y vigilancia sobre la conducta de los jueces o juezas, por medio de la Inspectoría General de Tribunales.

Artículo 37. Las sanciones que se podrán imponer a los jueces o juezas, son:

Toda sanción se publicará, inmediatamente, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 38. Son causales de amonestación escrita:

Artículo 39. Son causales de suspensión:

Artículo 40. Son causales de destitución:

Artículo 41. Para la aplicación de la sanción, el Tribunal Disciplinario atenderá a las circunstancias del hecho, gravedad de la violación ética, daño causado a la víctima y menoscabo a la confianza pública en la integridad e imparcialidad del Poder Judicial.

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Artículo 42. La Inspectoría General de Tribunales es el órgano instructor del procedimiento disciplinario y estará constituida por el Inspector o Inspectora General de Tribunales y los demás Inspectores o Inspectoras designados por el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 43. El procedimiento será iniciado por la Inspectoría General de Tribunales, de oficio o a solicitud de parte. También podrá iniciarse a instancia de cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia o de los Jueces Rectores.

El solicitante responderá civil y penalmente por la falsedad de su solicitud. En dicho caso, la Inspectoría General de Tribunales remitirá los recaudos pertinentes al Ministerio Público, para su conocimiento. Asimismo, cuando el abogado, en ejercicio de su profesión, incurra en falsedad, se remitirá copia de los mismos recaudos al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados en el cual esté inscrito, para que se inicie el procedimiento a que haya lugar.

Artículo 44. La solicitud de parte será por escrito firmado y deberá expresar:

Artículo 45. Si faltare alguno de los requisitos anteriores en la solicitud, la Inspectoría General de Tribunales, dentro de los cinco días siguientes a su presentación, ordenará al solicitante la corrección correspondiente.

La corrección defectuosa o la falta de corrección, dentro del lapso de cinco días siguientes a la decisión de la Inspectoría General de Tribunales, causará la extinción del procedimiento. De esta decisión podrá recurrirse por ante la Inspectoría General de Tribunales para ante el Tribunal Disciplinario, dentro de los cinco días siguientes. Si se declara procedente el recurso, se ordenará a la Inspectoría General de Tribunales que abra la averiguación prevista en el artículo siguiente; y si declara su improcedencia, confirmará la extinción del procedimiento.

Artículo 46. La Inspectoría General de Tribunales ordenará la averiguación mediante decisión expresa y practicará las diligencias necesarias a fin de recabar los elementos para la comprobación de los hechos. Notificará de la averiguación al juez o jueza y le permitirá el acceso a las actuaciones.

Si la averiguación se inició por solicitud de parte, tanto ésta como el juez o jueza podrán intervenir en las investigaciones y aportar pruebas. La averiguación no podrá exceder de noventa días, lapso que podrá ser prorrogado hasta por cuarenta y cinco días, en casos complejos, mediante decisión fundada.

Articulo 47. La Inspectoría General de Tribunales, en el curso de la averiguación, podrá adoptar medidas para preservar las pruebas. También podrá, en casos graves, proponer al Tribunal Disciplinario la suspensión cautelar del juez o jueza, con o sin goce de sueldo, durante el tiempo que debe durar el procedimiento. En caso de absolución se le pagarán las remuneraciones dejadas de percibir.

Artículo 48. Cuando la Inspectoría General de Tribunales haya ordenado la averiguación prevista en el artículo 46 de este Código, se trasladará al lugar donde esté desempeñando sus funciones el juez investigado o jueza investigada, para oír sus alegatos. De esta actuación se levantará la correspondiente acta, suscrita por la Inspectoría General de Tribunales, el juez investigado o jueza investigada y el secretario o secretaria del Juzgado. De dicha actuación se dejará constancia en el libro diario del Tribunal.

Artículo 49. Cuando la Inspectoría General de Tribunales considere verificados los fundamentos de la solicitud acusará al juez o jueza ante el Tribunal Disciplinario. En caso contrario, ordenará el archivo de las actuaciones y la notificación del solicitante.

Artículo 50. La presentación de la acusación por la Inspectoría General de Tribunales determinará la inmediata separación del juez investigado o jueza investigada de las causas del solicitante sometidas a su conocimiento.

Artículo 51. Contra la decisión que ordene el archivo de las actuaciones prevista en el artículo anterior, los interesados podrán recurrir ante la Inspectoría General de Tribunales, dentro de los cinco días siguientes a cuando conste en autos su notificación.

La Inspectoría General de Tribunales remitirá, inmediatamente, las actuaciones al Tribunal Disciplinario, quien conocerá y decidirá el asunto dentro de los quince días siguientes al recibo del expediente, con vista a las alegaciones de las partes. Si se declara con lugar el recurso, se ordenará a la Inspectoría General de Tribunales que presente la acusación. Si se desestima el recurso, se tendrá como confirmada la orden de archivo.

Artículo 52. El escrito de acusación contendrá una sucinta exposición de los hechos imputados, los medios probatorios, la calificación jurídica y la sanción que se solicita.

Artículo 53. Recibida la acusación, el Tribunal Disciplinario celebrará una audiencia oral y pública, la cual tendrá lugar el décimo quinto día siguiente a la fecha cuando conste en autos la notificación del juez acusado o jueza acusada. Dentro de dicho lapso, la parte solicitante podrá adherirse a la acusación.

Las partes podrán promover pruebas hasta el décimo día siguiente a la referida notificación. El Tribunal Disciplinario las providenciará antes de la celebración de la audiencia oral y pública. Los hechos podrán demostrarse por cualquier medio de prueba que no esté expresamente prohibido por la Ley.

Artículo 54. En la oportunidad de la audiencia oral y pública, la Inspectoría General de Tribunales y la parte solicitante adherida, si fuere el caso, expondrán la acusación. El acusado o acusada presentará su defensa.

Acto seguido, el Tribunal Disciplinario procederá a evacuar las pruebas admitidas; concederá la palabra para que, sucesivamente, la Inspectoría General de Tribunales, la parte solicitante adherida, si fuere el caso, y el acusado o acusada formulen sus conclusiones; oídas éstas, cerrará el debate, se declarará terminada la audiencia oral y pública y el Tribunal Disciplinario deliberará y pasará a dictar sentencia.

La audiencia deberá ser reproducida en forma audiovisual.

Artículo 55. La inasistencia del juez o jueza o de su apoderado judicial especial a la audiencia oral y pública, se entenderá como aceptación de los hechos imputados.

Artículo 56. La deliberación del Tribunal Disciplinario será privada y decidirá con base en las pruebas evacuadas, apreciadas conforme a la sana crítica. La decisión se tomará por la mayoría. Se hará pública la dispositiva al concluir su deliberación y se explicará sucintamente la motivación.

La decisión se publicará integramente dentro de los cinco días siguientes. En caso de complejidad del asunto, podrá diferirse la decisión para dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 57. Si la Inspectoría General de Tribunales sólo solicita en su acusación la amonestación, el Presidente del Tribunal Disciplinario emplazará al juez acusado o jueza acusada para que la conteste, por escrito, en el plazo de cinco días, contados a partir de cuando conste en autos su notificación. La falta de contestación se entenderá como aceptación de los hechos imputados. Vencido el plazo, el Tribunal Disciplinario decidirá dentro de los cinco días siguientes.

Cuando el caso lo amerite, el Tribunal fijará una audiencia de pruebas, antes de tomar la decisión.

Artículo 58. La sentencia se pronunciará en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y deberá contener:

Artículo 59. De la sentencia podrá apelarse por ante el Tribunal Disciplinario y para ante la Sala Especial Disciplinaria del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su publicación íntegra.

Interpuesto el recurso, se oirá en ambos efectos y el Tribunal Disciplinario remitirá inmediatamente el expediente a la Sala Especial Disciplinaria.

Artículo 60. Recibido el expediente en la Sala Especial Disciplinaria del Tribunal Supremo de Justicia, mediante auto expreso abrirá un lapso de diez días para que los interesados presenten sus escritos de alegatos. Concluido dicho lapso, la Sala Especial Disciplinaria sentenciará dentro de los treinta días siguientes.

Cuando no haya sido posible la reproducción audiovisual de la audiencia, la Sala Especial Disciplinaria del Tribunal Supremo de Justicia, proveerá lo conducente para sentenciar.

Artículo 61. La Sala Especial Disciplinaria del Tribunal Supremo de Justicia, estará integrada por un Magistrado o Magistrada de cada una de sus Salas, un Secretario o Secretaria y un Alguacil o Alguacilesa.

Artículo 62. En los casos de ilícitos disciplinarios que causen alarma o escándalo público o cuando, por inhibición, excusa o recusación de los jueces o juezas titulares y de los suplentes, el procedimiento disciplinario se paralice luego de presentada la acusación, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, podrá ordenar, de oficio o a solicitud de parte, que el mismo sea radicado en otro Tribunal Disciplinario. La decisión se dictará dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud.

Artículo 63. La renuncia del juez o jueza sometido o sometida a procedimiento disciplinario no paralizará la causa. En este caso, la decisión definitiva determinará los efectos de las sanciones aplicables y la naturaleza de la renuncia, con el propósito de disponer o no su inhabilitación para ser reincorporado al sistema judicial. Esta inhabilitación no podrá exceder de diez años contados a partir de la notificación de la decisión.

Artículo 64. La acción disciplinaria prescribe a los cinco años contados a partir del conocimiento, por la Inspectoría General de Tribunales, del ilícito disciplinario. La iniciación de la averiguación disciplinaria interrumpe la prescripción.

Artículo 65. A los efectos de este Código, los términos y lapsos procesales se computarán por días consecutivos, exceptuándose los días declarados no laborables por las leyes nacionales y los declarados o que se declaren no laborables por el Gobierno Nacional, los Estados o las Municipalidades, así como aquéllos en los que, por causas excepcionales, no labore el Tribunal.

Cuando el vencimiento de algún lapso ocurra en un día no laborable o el Tribunal disponga no despachar, el acto correspondiente se efectuará en el día de despacho inmediatamente siguiente.

Artículo 66. Cuando por disposición de este Código deba notificarse al juez denunciado o jueza denunciada, la misma se verificará por medio de un cartel fijado en el último Tribunal donde ejerce o ejerció su cargo. Se exceptúa el caso de la expresa constitución en autos del domicilio procesal dentro del territorio del República Bolivariana de Venezuela.

Las notificaciones del solicitante se verificarán en la sede procesal indicada en el escrito de solicitud, según lo previsto en el artículo 44.1.

Artículo 67. Serán supletorias de las disposiciones anteriores, las normas procesales en vigor, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza del procedimiento aquí previsto.

Artículo 68. Hecha la notificación inicial a las partes, éstas quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva notificación para ningún otro acto de procedimiento, salvo las excepciones expresamente establecidas en este Código.

Artículo 69. La destitución tiene, como sanciones accesorias, las siguientes:

Artículo 70. Mientras se dictan las normas reguladoras del proceso de elección de los jueces o juezas disciplinarios, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Código en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, los designará, hasta tanto se hagan los nombramientos definitivos.

Artículo 71. La Sala Especial Disciplinaria prevista en el artículo 59 de este Código, será regulada, en cuanto a su organización y funcionamiento, por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este texto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 72. Todo juez o jueza designado o designada de manera provisional por cualquier autoridad competente y no haya ingresado al cargo por concurso de oposición, es de libre remoción por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. La decisión podrá recurrirse ante la Sala Especial Disciplinaria del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los diez días siguientes a la notificación.

Cuando se trate de un juez o jueza de carrera que provisoriamente se desempeñe en otro Tribunal distinto del que es titular, sólo podrá sancionársele conforme al procedimiento previsto en este Código.

Artículo 73. Los procedimientos disciplinarios en curso, en los cuales la Inspectoría General de Tribunales haya presentado acusación ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, serán decididos por ésta dentro de los treinta días siguientes a la fecha de vigencia de este Código. Caso contrario, deberán ser remitidos a la jurisdicción disciplinaria.

En los otros procedimientos disciplinarios, si ha habido notificación del juez o jueza, y si fuere procedente, la Inspectoría General de Tribunales presentará acusación y continuará su tramitación según las reglas aquí establecidas. Si no ha habido notificación se sujetará en un todo a lo previsto en este Código.

En los procedimientos disciplinarios en los cuales la Inspectoría General de Tribunales ordene el archivo de las actuaciones, se notificará al solicitante, si lo hubiere, y se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de este Código.

Los recursos contra las decisiones de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, serán conocidos por la Sala Especial Disciplinaria del Tribunal Supremo de Justicia. Los recursos se ejercerán en el lapso establecido en el artículo 59 de este Código.

Artículo 74. A los treinta días de la entrada en vigencia de este Código, cesa en sus funciones la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, designada por la Asamblea Nacional Constituyente, por Decreto de Régimen de Transición del Poder Público de fecha 22 de diciembre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 36.857, de fecha 27 de igual mes y año, reimpreso, en su última oportunidad, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 36.920, de fecha 28 de marzo de 2000.

La mencionada Comisión deberá remitir al Tribunal Disciplinario de la Región Capital, sus archivos.

Artículo 75. Los casos que conoce la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia contra decisiones disciplinarias sobre jueces o juezas, pasarán a ser conocidas por la Sala Especial Disciplinaria del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se haya dicho "visto".

Artículo 76. Se deroga todas las disposiciones disciplinarias que colidan con este Código.