En el presente caso, concluye la Sala, lo que generó la interposición de la demanda es una actuación administrativa materializada en mencionado Oficio Nº CJ-C-90-07-114, del 18 de julio de 1990. Al respecto la Sala recordó que los actos administrativos contrarios a derecho, sean de efectos generales o de efectos particulares, son en principio constitutivos de falta o funcionamiento anormal, premisa válida para toda actividad administrativa en la que se dicten actos administrativos. Agrega la Sala que el Derecho Administrativo en especial en lo que se refiere al acto administrativo, permite evidenciar las distintas vías y los diferentes matices procesales para la exigencia de la responsabilidad del Estado, que en el caso en particular de ilícitos que tienen su origen en un acto administrativo, el mecanismo para formular los reclamos a que haya lugar será la del recurso de plena jurisdicción, o la del juicio ordinario, con la salvedad que en este último supuesto la comprobación de la contrariedad a derecho debe surgir de un fallo que haya resuelto el respectivo recurso contencioso administrativo de nulidad. Igualmente, la Sala basándose en criterios jurisprudenciales recordó además que ¿es necesario que se determine, de manera previa, la ilegalidad de la actuación de la Administración para que el particular pueda formular, de forma autónoma, las reclamaciones que estime pertinentes, esto siempre y cuando el sustento de tales reclamaciones giren alrededor del acto administrativo dictado y exista una relación directa entre éste y el daño presuntamente causado; dicho de otra manera, sólo se podrán interponer acciones autónomas derivadas de actos administrativos ilícitos, cuando el fundamento de las mismas no se encuentre indisolublemente vinculado al contenido de los mismos¿. En el presente caso, constató la Sala, se observa que las argumentaciones de la actora para exigir la venta de divisas o en su defecto el pago de daños y perjuicios, están relacionadas con la presunta aplicación retroactiva Decreto Nº 76, del 12 de marzo de 1989, que derogó el Convenio Cambiario Nº 3, por parte del BCV y que originó la comunicación Nº CJ-C-90-07-114, del 18 de julio de 1990, a través de la cual se le negó la entrega de las divisas solicitadas; todo esto evidencia la clara conexión directa y única entre el fundamento de la demanda y el referido acto administrativo, lo cual hace que asunto bajo análisis se encuentre enmarcado en el presupuesto precedentemente explicado. Advierte la Sala que en forma alguna se indica en el escrito de demanda que el aludido acto, identificado como causante de hecho gravoso, haya sido revocado por la Administración, impugnado ante la jurisdicción contencioso administrativa y mucho menos que haya sido declarado nulo, por lo tanto la entrega, o más correctamente la venta, de la cantidad de US$ 21.718.466,10, solicitada por la accionante al ente demandado resulta improcedente.

Semejantes consideraciones, indica el fallo de la Sala, merece lo referente a la pretensión subsidiaria de pago por daños y perjuicios, porque el sustento de la misma gira, tal y como se indicó anteriormente, en torno al acto dictado por el BCV y la presunta demora en la emisión del mismo por parte de dicho organismo, aspectos nunca cuestionados por la demandante a través del respectivo recurso contencioso administrativo de nulidad, no evidenciándose de tal forma su disconformidad con lo allí expresado, por lo que la reclamación formulada resulta igualmente improcedente.