Indígenas de las comunidades del municipio La Gran Sabana, del estado Bolívar, asistidas por el abogado Rafael González Arias, solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia que ordene la suspensión del tendido eléctrico entre Venezuela y Brasil, hasta tanto se realice un estudio de impacto sociocultural que determine la viabilidad o no de la referida obra de transmisión eléctrica.

Silviano Castro, cacique y representante de las comunidades de San Rafael de Kamoiran, San Juan de Kamoiran, Vista Alegre, Santa Cruz de Mapauri y San Luis de Awarakay, dijo que los Pemonton, cumpliendo con su deber de “salvaguardar la bella Tierra Madre, para mantener y desarrollar su cultura, de acuerdo a las enseñanzas impartidas por sus ancestros”, seguirán oponiéndose a la ejecución de un megaproyecto comercial e industrial con valores tecnológicos, ecológicos, sociales, económicos, contrarios a su concepción de vida, de uso y pertenencia de los recursos naturales.

Castro denunció que “el referido megaproyecto, con su modelo contrario a la cultura indígena, pretende ser implantado en las áreas geográficas que ocupamos ancestralmente y que por ende constituyen el asiento de la cultura Pemon, es decir, sobre el modelo de sociedad Pemon se pretende edificar otro modelo cultural”.

De su parte, el abogado González Arias, explicó a los periodistas que lo se afirma en el recurso de amparo con medida cautelar interpuesto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se desprende del contenido de diversos instrumentos legales suscritos por la república de Venezuela, como los son el “Convenio de Amistad y Cooperación entre la república de Venezuela y la república federativa de Brasil”; “El Protocolo de la Guzmania” (adicional al convenio ya mencionado); “Memorando de entendimiento para el suministro de energía eléctrica Venezuela-Brasil” y el “Contrato de Servicio Eléctrico entre Edelca y Electronorte”.

González Arias indicó que el estado venezolano, obligado por estos convenios, aceleró los trabajos de interconexión eléctrica “apelando a la militarización de La Gran Sabana, sin preocuparse y sin realizar un estudio de impacto socio-cultural. Esa conducta del gobierno nacional no se corresponde con la declaración de principios contenida en la exposición de motivos de la Constitución de la República, según la cual el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ‘implica un profundo cambio de perspectiva política y cultural que reorienta la conducción del estado venezolano, al reconocer su carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Realmente no se observa el cambio. Estamos ante las mismas políticas que hasta ahora imperaron en el país y que han significado la destrucción y desaparición de las culturas indígenas”.

Con fundamento en las razones antes expuestas, los indígenas de La Gran Sabana, piden al Tribunal Supremo de Justicia, “que ordene a la empresa Electrificación del Caroní (EDELCA), que suspenda inmediatamente los trabajos de construcción de la línea de transmisión eléctrica Venezuela-Brasil que atraviesa la Sierra de Imataca y La Gran Sabana, áreas geográficas que constituyen el asiento ancestral de la cultura indígena Pemón, hasta tanto se realice el estudio de impacto sociocultural para determinar la viabilidad o no de la referida obra de transmisión eléctrica”.

Para la realización del señalado estudio, los demandantes proponen la conformación de un comisión integrada mayoritariamente por representantes del pueblo Pemon, específicamente de las comunidades afectadas directamente por la obra y que según informaron “han resistido jurídicamente y socialmente la misma”.

En este particular el cacique Silviano Castro informó que aunque él y otros dirigentes se oponen al uso de la violencia y al derribo de torres (hasta ahora han sido afectadas ocho instalaciones de este tipo), “no pueden controlar que las comunidades afectadas defiendan a su manera su territorio. Nosotros optamos por la vía constitucional, interponiendo recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia y entregando nuestros planteamientos al presidente de la república, para así hacer valer nuestros derechos consagrados en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Para finalizar, los demandantes anunciaron que de no ser oído su reclamo, “y en nombre de las 21 comunidades indígenas que pueblan La Gran Sabana, acudirán ante las instancias internacionales correspondientes ya que lo que está en juego es un territorio declarado parque nacional y patrimonio de la humanidad”.