El presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), Manuel Quijada, denunció éste jueves que el recorte presupuestario que sufrió dicho organismo pone en peligro el trabajo de adecentamiento del sistema judicial, pues a pesar que por vía constitucional (Art. 254: 2% del presupuesto ordinario nacional) le corresponde más de 400 mil millones de bolívares (aspiran 900 mil millones), les asignaron sólo 260 mil millones.

“Eso va a terminar con el poder judicial y con el esfuerzo que hemos hecho. No se puede hacer. Estamos modernizando los tribunales, dotándolos con mobiliario para que no sean las pocilgas que son éste momento, dotándolos con computadoras y sistemas modernos de informática, base de datos y telecomunicaciones, pero con el presupuesto que nos asignaron nada de esto podrá continuar”, así lo declaró el director de la DEM a la salida de una reunión con la plenaria del Tribunal Supremo de Justicia, donde además recibieron la visita de una delegación de juristas y representantes de la Embajada de los Estados Unidos de América.

Manuel Quijada explicó a los periodistas de la fuente judicial que el recorte hecho por la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “En segundo lugar, si nosotros no recibimos recursos para reestructurar el Poder Judicial, es un trabajo que no vale la pena hacerlo. Es como si tú tienes un edificio en ruinas, por ejemplo el Palacio de Justicia de Camejo, tienes que darle un presupuesto para reconstruirlo y otro para mantenerlo. Los 400 mil millones que nos dieron el año pasado, y que nos corresponden constitucionalmente, es para mantenimiento, pero no para reconstruir nada”.

- Ahora, ¿qué van hacer ustedes para que les asignen el presupuesto que requieren?

-Primero, tenemos que hablar con el Ministro de Hacienda, con el presidente de la OCEPRE y última instancia con el Presidente de la República, porque lo acontecido, es prácticamente acabar con el proceso. Aquí se le ha dado prioridad al proceso judicial, que está ahora en etapa final, es decir en los concursos para elegir nuevos jueces, que no se podrían hacer en todo caso. Igualmente, la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente (LOPNA) tampoco se podría ejecutar, pues se necesitan más de 500 jueces nuevos. Por otra parte, el procedimiento que adelantamos ha sido reconocido internacionalmente y nos han solicitado asesoría al respecto.

Acota el presidente de la DEM que se exige el presupuesto que por Constitución les corresponde para terminar de saldar las deudas adquiridas por el Poder Judicial, amén de dar cumplimiento a las mejora salarial ofrecida a los jueces, funcionarios, obreros y empleados. “La idea es que el funcionario judicial sea el mejor pagado de la administración porque es el actor más importante que tiene la sociedad”.

Al ser consultado sobre el curso de la investigación sobre el destino de los recursos aportados por el Banco Mundial y otros organismos multilaterales de financiamiento para contribuir a la reforma del sistema judicial en Venezuela, Manuel Quijada, dijo que está bastante adelantada y aprovechó la oportunidad para informar sobre la reunión que sostendrá mañana (hoy) viernes con las autoridades del Centro Simón Bolívar para enterarse sobre la utilización de 5 mil millones de bolívares que le dio a dicho organismo el extinto Consejo de la Judicatura, “que nadie sabe dónde están. Aunque el presidente del CSB me dijo que se responsabilizaban por eso”.

Al volver al tema del presupuesto, el director de la DEM, señaló que la escasez de recursos podría afectar además a instituciones recién creadas, como la Defensoría Pública.

- A manera de síntesis. ¿Cuánto necesita la DEM para hacer su trabajo?

- Nosotros el presupuesto que aspiramos, incluyendo el pago de deudas, incluyendo la necesidad de dejar sin pasivos al Poder Judicial – que es lo correcto -, de construir edificios, de poner a funcionar la LOPNA, la Defensoría Pública, aumentarle el sueldo a los jueces y funcionarios, está en el orden de los 900 mil millones de bolívares.

DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL TSJ

En otro orden de idea, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, miembros de la Comisión Judicial, presidida por el magistrado Iván Rincón Urdaneta, y los integrantes de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, integrada por Manuel Quijada, Humberto Cubillán Bernal y Blas Delascio, se reunieron con una delegación de la Embajada de los Estados Unidos de América, integrada por Namir Flores Martínez, Agregado Cultural de la Embajada; Yeremi Carper, Michael Mc.Cullough, Paul Chartor y Armando León, los últimos fiscales federales, defensor de Condado estatal y juez de audiencia, respectivamente.

La reunión entre los juristas venezolanos y la representación de los EEUU, sirvió para ahondar en la materia de los juicios orales en la nación del norte. Los detalles del encuentro los ofreció a los periodistas el juez de audiencia estatal, Armando León, quien resaltó los temas tratados, entre ellos el Derecho de las Víctimas, el nombramiento de defensores, el papel de los abogados en los juicios orales y la tarea de los fiscales.