La Ley Orgánica Procesal del Trabajo será el primer proyecto que presentará el Tribunal Supremo de Justicia, para la consideración de la Asamblea Nacional, cumpliendo de esta manera con un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así lo anunció el magistrado presidente de la Sala Social, Omar Alfredo Mora Díaz, al hacer la presentación oficial de dicho instrumento jurídico en el auditorio principal del máximo juzgado del país.

Mora Díaz, acompañado por el vicepresidente de la Sala, Juan Rafael Perdomo y por el magistrado Alberto Martini Urdaneta, al conversar con los periodistas informó que antes que finalice el año, el TSJ hará entrega a la AN del proyecto, “respondiendo de esta manera a la aspiración de la sociedad venezolana que demanda la necesaria transformación radical del sistema justicia en materia laboral”.

Indicó que el anteproyecto ha sido producto del trabajo intenso de los magistrados que integran la Sala Social y que ha sido nutrida por una discusión democrática y participativa, “con la intención de que este papel de trabajo reciba de las Universidades, Colegio de Abogados, Jueces de la República, organizaciones sindicales de trabajadores y empresas, academias, organizaciones no gubernamentales y justiciables en general, las diversas observaciones, recomendaciones y sugerencias, en la seguridad que el debate necesario que esta iniciativa genera en la sociedad civil enriquecerá significativamente el anteproyecto presentado. Comienza ahora el análisis de las observaciones hechas para transformar el anteproyecto en proyecto de ley a ser discutido y aprobado en la Sala Plena del Tribunal Supremo, a mediados del mes de diciembre. Por eso aspiramos que antes que finalice el año el proyecto sea presentado ante la Asamblea Nacional”.

En este particular, el magistrado Omar Mora Díaz, destacó el lleno total del auditorio durante la presentación del anteproyecto, situación que se ha repetido en los diferentes estados que han visitado. “Esto no es más que la demostración del interés de los justiciables ante un anteproyecto de ley con el que se pretende poner fin a un proceso laboral excesivamente lento, burocrático y pesado”.

- En efecto – continua -, la justicia del trabajo en Venezuela, se ha deshumanizado por completo convirtiendo a la administración de justicia laboral en una enorme y pesada estructura burocrática que en vez de contribuir a mantener la armonía social y el bien común, se ha convertido en un instrumento de conflictividad social. Por esa razón, es importante la humanización del proceso laboral a través de una Ley Orgánica de Procedimiento del Trabajo que utilice al proceso como instrumento fundamental para lograr la justicia y la equidad.

LA COSNTITUCION ES SABIA

Para el titular de la Sala Social la Constitución es sabia, pues ante la situación planteada de conflictividad social en el sector jurídico laboral, prevé en su Disposición Transitoria Cuarta, numeral 4, que: “Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará: 4) Una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador y trabajadora en los términos previstos en esta Constitución y en las leyes. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso”.

Es así como la Sala Social, con el apoyo del Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, se dedicó a elaborar el anteproyecto de ley y ha difundirlo en el Zulia, Mérida, Lara, Aragua, Carabobo, Anzoátegui y Bolívar, concluyendo en Caracas con la realización de este primer taller y el segundo que está previsto para el 17 de este mes, dada la gran cantidad de personas que no pudieron inscribirse por falta de capacidad en el auditorio. Hay que destacar que el artículo 204, numeral 4 del texto fundamental señala que la iniciativa de las leyes corresponde al TSJ cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales.

CUATRO MESES PARA RESOLVER EL PROCESO JUDICIAL LABORAL

Al enumerar las ventajas del anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo, el presidente de la Sala Social, resaltó que el juicio oral que establece permitirá resolver la controversia – una vez que culmine la sustanciación -, en cuatro meses. “Además, otra de las ventajas es que permitirá el acceso a la justicia de los justiciables y que la mayoría de los casos se resuelvan por medio alternos de resolución de conflictos, por medio de jueces de sustanciación y mediación que estimulan la conciliación. 75% de los pleitos se evitan en esta etapa, el 25% pasaría al juez de juicio o de mérito; asimismo, se disminuye la burocracia con un juez y un secretario”.

Para cumplir con la preparación de los jueces y el acondicionamiento de la infraestructura necesaria, el anteproyecto de ley tiene un período de vacatio legis de un año. “Hay que destacar que el Tribunal Supremo de Justicia tiene el gobierno del Poder Judicial, y por ser la primera ley que presenta a la Asamblea Nacional, existe el compromiso institucional para que el máximo tribunal inyecte todos los recursos económicos necesarios para garantizar la efectividad de este proyecto. No podemos fallarle al país. Pero además, la misma Asamblea Nacional, a través de la comisión que tiene competencia en esta materia, que preside el diputado Nicolás Maduro, ha señalado que considera prioritaria, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De tal manera que existiendo un consenso entre los organismos competentes en esta materia para hacer efectiva la justicia laboral, nosotros somos definitivamente optimistas, que en muy breve lapso (2 años) tendremos una revolución en todo el sistema judicial en general y especialmente en materia laboral”.

BANCO MUNDIAL OPTIMISTA CON EL ANTEPROYECTO

Los periodistas consultaron la opinión del magistrado en relación con los recursos destinados para llevar adelante la Ley, si ésta es aprobada definitivamente en la Asamblea Nacional. Sobre el particular el magistrado Omar Mora Díaz dijo que los recursos económicos están garantizados por que a diferencia de años anteriores, el Tribunal Supremo de Justicia, además de ser promotor de la ley, es el que gobierna al Poder Judicial y por ende es la encargada de asignar el presupuesto a dicho sector.

“Es así como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura está concertando, a través de la desconcentración con los diversos estados, la posibilidad de que conjuntamente con el presupuesto del Poder Judicial y el asignado a las gobernaciones, conjuntamente, se adecenten las plantas físicas de las diversas entidades, en el ámbito local y regional. Así tenemos que el Palacio de Justicia de Lara, en convenio con la gobernación, está prácticamente concluido; lo mismo ocurre con Aragua. Hay conversaciones con Carabobo y el estado Guárico. Y así se piensa hacer con todo el país”.

Informó el magistrado que el anteproyecto fue presentado al Banco Mundial, organismo multilateral de financiamiento que se mostró interesado en el mismo, por contribuir con la seguridad jurídica de los inversionistas, empresarios y del trabajador. “Informalmente el Banco Mundial nos ofreció brindarnos su apoyo para que la Ley sea todo un éxito” – añadió.

SE NECESITAN 340 JUECES

Según cálculos de la Sala Social se necesitan un aproximado de 340 jueces en materia laboral para llevar adelante la aplicación de la Ley, tomando en cuenta la existencia de 84 especialistas en materia laboral, mucho de ellos con competencia múltiple en la actualidad. “Todos estos jueces, al igual que sus colegas, estarán sujetos al control del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Escuela Judicial. La idea es que tenga un nuevo juez laboral, con sensibilidad social y lejos de cualquier contaminación, producto de concursos de oposición y controles sociales bastante rigurosos”.