lunes, 06 de noviembre de 2000
Juramentados en el Tribunal Supremo de Justicia
25 NUEVOS DEFENSORES PUBLICOS PARA REFORZAR APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE PROTECCION AL NIÑO Y ADOLESCENTE
El director general del Servicio Autónomo de Defensa Pública, Carlos Cracca, informó que requieren 1050 defensores públicos en todo el país, para garantizarle a las personas de bajos recursos el acceso al sistema de justicia





El presupuesto estimado para el Servicio Autónomo de Defensa Pública está estimado en 80 mil millones de bolívares, por eso manifestó su preocupación por el recorte presupuestario al Poder Judicial

En la sede del Tribunal Supremo de Justicia se realizó, en horas de la mañana, el primer acto de juramentación de Defensores Públicos, evento en el que se dieron cita 25 funcionarios que tendrán la responsabilidad de garantizar la correcta aplicación de las leyes y el acceso de los más desposeídos al sistema de justicia, especialmente en un área tan delicada como los es la ejecución de la novísima Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente (LOPNA).

Los nuevos defensores públicos prestaron juramento ante el presidente del TSJ, Iván Rincón Urdaneta y demás magistrados, en el auditorio de la Sala Plena. En el acto se dieron cita representantes de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de la Dirección del Servicio Autónomo de Defensa Pública, entre otros.

Carlos Cracca, director general del Servicio Autónomo de Defensa Pública, resaltó la trascendencia de la jornada, por ser a su juicio “el semillero” que dará cuenta del papel que jugará la institución a su cargo en el futuro. “Estos son defensores que no sólo están destinados al área del derecho penal ordinario, sino que son defensores que van exclusivamente a la LOPNA, concretamente al Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente”.

Explicó el funcionario que en esta delicada materia se requiere no sólo conocer el derecho sino también de una gran dosis de sensibilidad social, porque allí se trabaja con jóvenes que delinquen y que transgreden las normas del ordenamiento penal. “Yo soy de los que piensan también, que no es sólo un problema de la defensa pública, del Ministerio Público y del sistema judicial venezolano, sino que también involucra a los organismos estatales y de la administración pública, que deben tener de alguna manera una visión distinta de lo que sucede con la conducta transgresora de los menores” – añadió.

Según cálculos de Carlos Cracca, se necesitan 1050 defensores públicos en todo el país, “no sólo para destinarlos al área del derecho penal como tal, sino que la defensa, que es una de las metas que tenemos, piensa expandirse hacia otras áreas del derecho, es decir tendremos defensores en el área civil, laboral, entre otras, para que aquellas personas de bajos recursos, que no tengan acceso a un defensor privado obtengan a través de la defensa pública un defensor que le permita acceder a los niveles de justicia que le correspondan”.

 

SE NECESITAN 150 DEFENSORES PUBLICOS PARA LA LOPNA

Un estimado de 150 defensores públicos para la LOPNA se requieren para todo el país, “para así poder aportar nuestro grano de arena para mejorar la administración de justicia venezolana, y sobre todo en ese sector tan sensible como lo es la gran cantidad de adolescentes venezolanos, que por razones estructurales, pueden delinquir” – indicó Carlos Cracca, al tiempo que señalaba que actualmente el país cuenta con 75 defensores públicos dedicados a la materia antes mencionada.

La labor de los defensores públicos juramentados en el TSJ está encaminada a garantizar: 1) La igualdad entre las partes; 2) El debido proceso y 3) Garantizar la presunción de inocencia. “Pero, nosotros no sólo nos vamos a convertir en esos viejos defensores públicos de presos que sólo argumentaban ante las pruebas del Ministerio Público, sino que vamos a contar con un equipo de trabajo multidisciplinario y técnico que permita controvertir las pruebas de la Fiscalía” – agregó Cracca.

Por otra parte manifestó que el Ejecutivo nacional debe seguir profundizando en la aplicación de políticas para incentivar la economía, el deporte y el sector cultural, para prevenir que los jóvenes incurran en el delito.

Al ser consultado sobre la situación presupuestaria de la recién creada Dirección del Servicio Autónomo de Defensa Pública, Carlos Cracca, manifestó su preocupación por el anunciado recorte presupuestario al sector justicia, explicando que para ejecutar sus planes requieren 80 mil millones de bolívares para el año 2001. “Nosotros, por nuestra parte, hacemos un llamado al Ejecutivo nacional para que reconsideren esta medida, y permitan que del grueso del presupuesto nacional, el 2% (que corresponde por mandato constitucional) venga justamente al sistema de justicia para mejorarlo, modernizarlo y para pagar las deudas laborales, En fin, para tener un sistema de justicia idóneo, distinto y transparente, que permita mejorar de alguna manera el sueldo de los operadores de justicia”.

Sobre el tema planteado, el director general de la Dirección del Servicio Autónomo de Defensa Pública, informó que para solventar el problema presupuestario se han adelantado conversaciones con el Ejecutivo nacional para superar las diferencias surgidas, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Finalmente, Carlos Cracca, informó que la institución que él dirige mantiene una acción monitora en todo el país para supervisar el accionar de los defensores públicos, para así garantizar al país que aquellos funcionarios que no cumplan con su papel sean inmediatamente destituidos de sus cargos. “Aquí asumimos el poder con humildad, y la gente tiene que comprender que tiene un compromiso con el país y con la población de bajos recursos. Yo les puedo garantizar que cualquiera que solicite nuestra asesoría, a pesar de las limitaciones de presupuesto o de espacio físico, será atendido pues hemos impuesto un ritmo de conducta distinto al que imperaba en el pasado”- concluyó.

Autor:
  prensa TSJ

Fecha de Publicación:
  06/11/2000

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