En la sede del Tribunal Supremo de Justicia se llevó a cabo la tercera reunión entre el titular del máximo juzgado del país, el presidente del Poder Ciudadano, el Ministro de Interior y Justicia, el Defensor del Pueblo, los jueces rectores, los presidentes de los circuitos judiciales penales y los fiscales superiores, para tratar el tema de la seguridad ciudadana.

La jornada de trabajo es la ratificación del compromiso adquirido el pasado 12 de enero, por el presidente del TSJ, magistrado Iván Rincón Urdaneta, de abrir los canales de diálogo entre las diversas organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos humanos, con el alto gobierno, y que de este encuentro surjan directrices y lineamientos para los jueces rectores, a los presidentes de los circuitos judiciales penales y a los fiscales superiores, para la constitución de redes o comisiones interinstitucionales en las regiones que permitan enfrentar eficazmente el tema de la seguridad ciudadana, en la que, entre otros aspectos, se armonicen los criterios de interpretación del Código Orgánico Procesal Penal.

            El presidente del máximo tribunal del país declaró a los representantes de los medios de comunicación luego de finalizada la reunión, “lo importante del encuentro es que asistieron los fiscales superiores de todo el país y los presidentes de circuitos judiciales, en donde debatimos la realización de talleres en cada uno de los Estados que representan, para que unidos policías, fiscales y jueces, junto con la participación de las Organizaciones No Gubernamentales, se den criterios de interpretación coherentes en lo que se refiere al Código Orgánico Procesal Penal”.

            En ese sentido, explicó el magistrado-presidente, que se busca con este tipo de reuniones a nivel regional que los actores involucrados en la aplicación del COPP actúen de manera unida, coordinada y organizada, “que todos estén de acuerdo en los términos, en los lapsos, en el momento en que se pueden conceder beneficios, cuando proceden y cuando no proceden, es decir, los temas fundamentales que puedan incidir en los 3 actores involucrados para la impunidad, son disidencia entre quienes protagonizan la investigación y el proceso penal en general”, indicó el magistrado Iván Rincón.

            Precisó el Magistrado que luego de finalizadas las reuniones regionales, se llevará a cabo en el máximo tribunal una reunión entre todos los actores de todos los Estados del país “para que no haya disidencia de criterios y cada uno esté utilizando el concepto de autonomía e independencia, como un concepto que no permita llevarlo a cometer atropellos o que se incurra en la impunidad”. Agregó el Dr. Iván Rincón que en la reunión realizada  se repartieron los formatos para el sistema de los beneficios que ofrece el COPP, con el propósito de tener un buen control en la materia y evitar desordenes en la aplicación de los mismos.

            Los periodistas de la fuente judicial preguntaron al magistrado-presidente acerca de la posibilidad de que exista un conflicto de competencia entre la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos propuesta por las ONG`s, al respecto Rincón aclaró que “nosotros no tenemos aun ninguna institución con estatutos, allí no va existir conflicto. La Defensoría tiene su propio rol en materia de derechos humanos y nosotros lo que podemos acá es cumplir procedimientos que beneficien o no en los derechos humanos. La Defensoría siempre estará libre de ataduras en ese sentido y de ninguna manera estas reuniones van a interferir, porque como ustedes mismos ven –refiriéndose a los periodistas- estas reuniones no sólo se refieren a vigilar los derechos humanos, sino que también se trata el tema de los criterios de aplicación del COPP, que se busca una justicia pronta, accesible, transparente, que no haya enfrentamiento entre fiscales y jueces en materia de su aplicación, porque el máximo afectado es la ciudadanía. Nosotros estamos es para resolver problemas y no para invadir competencias, eso ya lo hemos conversado con el propio Defensor del Pueblo y él está claro en ese sentido”, señaló el presidente del alto tribunal.  

HABLA EL FISCAL GENERAL:  

El Fiscal General, al ser requerido sobre las propuestas que plantea el Ministerio Público para nutrir el debate, informó que estas tienen que ver con la interacción con los órganos del Poder Judicial, pues a su criterio existen algunos criterios jurisprudenciales que dificultan y retardan en algunos casos el trabajo desplegado por su despacho. "Hay descoordinación. Hay estados donde hay más de un circuito, hay ausencia de jueces de control, hay insuficiencia de jueces en algunas entidades. Por otra parte, el planteamiento que está pendiente, de eliminar los jueces de transición, es un elemento que se debe abordar. Considero que no estando concluida la transición, nos parece que no es conveniente que estos juzgados de transición desaparezcan".

            La oportunidad fue aprovechada por los periodistas para preguntar sobre el caso del profesor y abogado, Pablo Aure, donde se plantea un conflicto de competencias entre los juzgados militares y civiles. "En esto insisto, en que tenemos la certeza que la competencia corresponde a un tribunal común. Hicimos el planteamiento ante el Tribunal IV de Control. Tribunal que requirió las actuaciones procesales del tribunal militar, las cuales aún no han sido enviadas. Para el Ministerio Público, el hecho de que haya producido un requerimiento de los actos procesales, es sin lugar a dudas, desde el punto de vista de nuestra opinión, una declaratoria de competencia del Tribunal IV de Control. No es para nosotros indispensable que el expediente esté allí. Basta con que ese requerimiento haya sido hecho. En el supuesto caso de que no se envíen esas actas en el menor tiempo posible y no se plantee el conflicto de competencia por parte de alguno de los dos tribunales, por lo menos del tribunal civil, estamos estudiando la posibilidad cierta de dirigirnos al Superior Natural, que es la Sala Penal, sobre la base del artículo 74 del Código Orgánico Procesal, porque ese articula faculta al Ministerio Público para plantear la incompetencia. Si podemos plantear la incompetencia, podemos también plantear los conflictos de competencia. Sobre la base del principio jurídico, de como quien puede lo más, puede lo menos, la Sala Penal del TSJ debe pronunciarse sobre eso, en el supuesto caso de que no se plantee el conflicto positivo de conocer por parte del Tribunal IV de Control" 

            Sobre el particular, dijo que ya el Ministerio Público comisionó a dos fiscales para que trabajen en esta materia, pues no se puede dejar que transcurra mucho tiempo, por ser un caso que tiene una gran importancia para el país.

            Explicó el Fiscal General que en este caso en particular, se viene trabajando con el criterio de que aún no hay ninguna concreción delictiva, sin hacer afirmación sobre esta materia. "La Fiscalía tiene la competencia para abrir todas las averiguaciones que se planteen, en el supuesto caso de que pudiera haber un hecho delictivo en cualquier nivel, con toda seguridad el Ministerio Público abrirá la investigación correspondiente. Para nosotros, en este momento, no hay ninguna concreción delictiva. Incluso, en el caso de Pablo Aure, nosotros estamos hablando de un presunto hecho delictivo. No hemos hecho ninguna afirmación o confirmación sobre nada de esto" - añadió.                                                          Luego de concluido el encuentro, el Fiscal manifestó en torno a las reuniones interinstitucionales que “es una forma de abordar definitivamente la solución a los problemas que en algún momento se le propinaron al COPP. Yo siento que lo más importante, es que cada una de las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia asuman su responsabilidad en forma autocrítica y de esa manera abordemos conscientemente cuales son las soluciones que debemos brindar”.

            Agregó que en la reunión de hoy estuvo claro que todos los entes involucrados deben actuar de manera organizada, armoniosa y que “el establecimiento de una red que permita que cada una de las funciones de nosotros interactúe es lo que nos puede permitir a corto plazo dar una respuesta al problema de la impunidad en el país”.

LEY DE PROTECCION Y REINSERCION SOCIAL

            Para el viceministro de Seguridad Ciudadana, Francisco Belisario Landis, aprovechó la oportunidad para informar a los periodistas, la posición del Ministerio de Interior y Justicia con relación a la prevención del delito y de reinserción social, en especial referencia a la actuación de las fuerzas policiales, pese al déficit de personal que alcanza 38% y a las deficiencias logísticas que afectan a los organismos de seguridad.

            Belisario Landis, presente en la reunión, señaló que si se quiere entender a cabalidad la actual situación delictiva en Venezuela, "se debe explicar al pueblo muchas cosas. Entre ellas: ¿Cómo fue que alcanzamos en tantos años la pobreza crítica y desempleo?, ¿Cómo fue  que la corrupción alcanzó proporciones alarmantes?, ¿Cómo la justicia fue herida de muerte, fortaleciéndose la impunidad ante el delito?, ¿Cómo la familia venezolana perdió potencialidad social?, ¿Cómo se descuido los servicios públicos en este país?, ¿Cómo se deterioraron los cuerpos policiales en todos los sentidos? Y ¿Porqué en la actualidad la violencia social está propulsando la subcultura de la muerte?, de allí el saldo rojo de todas las semanas".

            En este sentido, el alto funcionario plantea que a todas estas interrogantes hay que darle acertadas respuestas para después evaluar, "si ciertamente podemos exigir soluciones ya, a la vuelta de la esquina, o si por el contrario, tomamos conciencia de lo ocurrido y continuamos desarrollando, como efectivamente se está haciendo, toda una estrategia global para lograr que: la justicia social, por una parte, y por la otra, acentuar la prevención del delito".

            En este punto, el viceministro fue claro al explicar que cuando se refiere a la prevención del delito se está refiriendo a la necesidad que esta vaya paralela a la represión adecuada, "y yo no quiero que se confundan en esto, pues cuando digo represión adecuada no estoy diciendo en ningún momento 'plomo al hampa'. He dicho que lo más importante es la prevención de delito, pero lógicamente tiene que existir como existe en todo país del mundo una represión adecuada, enmarcada dentro de la Constitución Nacional y el respeto de los Derechos Humanos. Esto para que el delincuente sepa y entienda que la sociedad le va a imponer el justo castigo por su comportamiento antisocial y antijurídico. Pienso que no debemos dejarle ningún espacio a la impunidad, ni permitir que los delincuentes hagan de las suyas con la gente honesta y trabajadora. A esa gente, es a quien, yo, Belisario Landis, pretendo proteger".

            Al preguntársele sobre las propuestas concretas que tiene para enfrentar el problema de la delincuencia, el viceministro de Seguridad Ciudadana planteó la necesidad de crear una ley sustituta de la derogada Ley de Vagos y Maleantes. "Estoy abogando por una ley bien diferente, a la cual le pondría Ley de Protección y Reinserción Social, que en otros países se denomina Ley de Peligrosidad Social".

            Destacó el viceministro las reuniones que se vienen desarrollando en la sede del TSJ, pues éstas sirven para discutir la situación actual de la violencia social así como también para "lograr que emerjan instrumentos legales bien precisos que permitan poner a buen resguardo a los azotes de barrios".