Este viernes se realizó en la sede del Tribunal Supremo de Justicia una reunión de alto gobierno en el que participaron representantes de los poderes del Estado, Ejecutivo Nacional y Organizaciones No Gubernamentales en el que se fijó la posición de los entes mencionados en relación con las denuncias de presunta violación de los derechos humanos y en el que se informó las acciones que adelantan para combatir la inseguridad ciudadana.

            En el acto intervinieron el presidente del máximo tribunal del país, magistrado Iván Rincón Urdaneta; El Fiscal General de la República y presidente del Poder Ciudadano, Dr. Isaías Rodríguez; El Ministro de Interior y Justicia, Coronel Luis Alfonso Dávila; El Ministro de la Secretaría de la Presidencia, Elías Jaua; El Ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel y el Defensor del Pueblo, Dr. Germán Munadaraín.

            También hicieron uso de la palabra representantes del sector universitario, diferentes ONG´s, entre otras, COFAVIC, PROVEA, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Amnistía Internacional; Escuelas de Vecinos, el grupo “Luces contra el Hampa”, Arquidiócesis de Caracas y Carabobo, entre otros. Igualmente estuvo presente el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Tablante; El Gerente General de Administración y Servicios del máximo tribunal, Econ. Cándido Pérez Contreras y la Gerente del Proyecto de Modernización del TSJ, abogada Adriana Lander, quien fue la encargada de moderar el encuentro.

TRIBUNAL SUPREMO DISPUESTO A COLABORAR

El magistrado-presidente Iván Rincón fue el encargado de instalar el evento, allí dijo que el encuentro constituye una clara demostración de la disposición que tienen los diferentes sectores involucrados en solucionar el problema de la delincuencia y la violación de derechos humanos, además es una prueba de la cooperación que debe existir entre los diferentes poderes públicos, lo cual es un deber consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

            “Estamos concientes del problema de inseguridad que vive el país y a la vez de la preocupación que existe por la actuación de algunos organismos policiales, yo siempre he dicho que los cuerpos policiales cuando actúan de diferentes maneras, en oportunidades para defender su vida o en forma preventiva, pero a veces actúan desviando lo que debe ser su verdadera función y atentando también contra la seguridad de los ciudadanos y los derechos humanos”, expresó Rincón. 

            Indicó que el máximo tribunal del país se ofrece como un órgano dispuesto a luchar con toda la sociedad y con los poderes públicos, “no sólo para lograr un sistema eficaz en el combate contra la inseguridad, sino para que todos juntos podamos  establecer las bases fundamentales para luchar contra las violaciones a los derechos humanos”.

REACTIVADA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS

HUMANOS Y DEL SISTEMA PENITENCIARIO

En ese particular informó que se reactivó la Unidad de Seguimiento a los Derechos Humanos y del Sistema Penitenciario para lograr el cumplimiento de todos los objetivos y propuestas provenientes de las ONG´s, “estamos creando la base de datos en el sistema penitenciario, en el seguimiento de los jueces de ejecución, no sólo cuando se otorgan beneficios en forma no prevista en la Ley o desviada de lo que es la función del Juez  de ejecución, sino también cuando hay retardo en el otorgamiento de los beneficios que para nosotros en muy delicado”.

            Iván Rincón manifestó que es importante lograr una coordinación interinstitucional para una efectiva aplicación del Código Orgánico Procesal Penal, “creo que una  de las fallas que existe en este momento es un divorcio existente entre el Juez, el Fiscal y los cuerpos policiales, que son los tres actores fundamentales en el combate de la delincuencia y en el diseño de una política de seguridad y de garantía en materia de derechos humanos”. En relación con lo anterior expresó que se debe seguir educando a los 3 actores mencionados e implementar una coordinación entre ellos, además, que en materia penitenciaria, se deben evaluar los beneficios para los procesados.         

            “No se trata de decir quienes son los responsables por el problema de inseguridad y derechos humanos, si es la policía, el Ministerio Público o el Poder Judicial en general, “todos somos responsables e igualmente la ciudadanía. Tenemos que reactivar, concienciar y obligar a los diferentes alcaldes para que creen los jueces de paz, porque es una justicia importante dentro de todos los Estados del país y sus municipios, que permite resolver conflictos que de lo contrario pasan a ser delitos o pueden convertirse en delitos”. En ese sentido dijo Iván Rincón que estos jueces en otros países del mundo permiten la resolución de pequeños conflictos, evitando potenciales actos delictivos y que inclusive actúan en caso de producirse el delito para prevenir las consecuencias futuras, por ejemplo, venganzas y ejecuciones.

MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAIS ALIADO DE LA SOCIEDAD

Iván Rincón expresó que toda la población tiene en el Tribunal Supremo un aliado para solucionar el problema de la delincuencia y de las denuncias de violación de derechos humanos “la Unidad de Derechos Humanos del TSJ tiene sus puertas abiertas para que trabajen directamente con nosotros. Hagan sus propuestas, sus denuncias para procesarlas, vamos a trabajar juntos para combatir la delincuencia, vamos a frenar las violaciones que existan en materia de derechos humanos. Cuenten con que el Tribunal Supremo de Justicia, precisó el magistrado.