El Ejecutivo nacional y los representantes de los Poderes Públicos, se comprometieron  a estudiar y aprobar oportunamente una propuesta de las Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones Civiles, para crear una Comisión de Derechos Humanos.

            Así lo declaró el ministro de Interior y Justicia, Luis Alfonso Dávila, tras sostener una reunión en el Tribunal Supremo de Justicia, en la que participaron además el magistrado presidente, Iván Rincón Urdaneta, el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel Vale, el ministro de la Secretaría, Elías Jaua y el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín.

            Los representantes del Ejecutivo se reunieron además con los coordinadores de las ONG's: Cofavic, Provea, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Fenaddeh, Secorve, Amnistía Internacional, Diócesis de Maturín, la Universidad de Carabobo, Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, Depas y UCAB, para fijar la posición del gobierno frente a las denuncias sobre presunta violación de los Derechos Humanos y dar a conocer las acciones que adelanta el Ministerio de Interior y Justicia en materia de Seguridad Ciudadana, tema que fue ampliamente tratado con el viceministro en dicha materia, Francisco Belisario Landis, quien también asistió a la importante jornada de trabajo.

            El titular de Interior y Justicia igualmente señaló que el Ejecutivo nacional también recogió la propuesta para que el Ministerio de Educación, a través de la educación Básica y Media y Superior, organice y estructure la cátedra de Defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, el ministro Luis Alfonso Dávila, aseguró que éste tipo de reuniones se seguirán realizando.

            Aprovechó el ministro Dávila para anunciar ante los asistentes a la reunión, así como a los diferentes medios de comunicación, la reestructuración de la Dirección de Prevención del Delito, esto con el objetivo de poner énfasis en la prevención de delito y no en la represión.

            En este particular, el ministro, con cifras en las manos, mostró todo el trabajo que ha venido realizando el Ministerio en esta materia, auspiciado con un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo y financiado con recursos provenientes del Plan de Sobremarcha del Ejecutivo.

            El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, por su parte, también calificó de exitosa la reunión sostenida en el TSJ y se comprometió a evaluar el informe presentado por el coordinador de asesoría jurídica del Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, que denuncia la perpetración de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

            Isaías Rodríguez, dijo que no sólo evaluarán las estadísticas registradas en el Informe sobre la "Situación de los Derechos Humanos en Venezuela" (Informe Anual de Provea, octubre 1999 -2000), "sino que recibirán todas las denuncias que en ese sentido (ejecuciones extrajudiciales) se procesen. Quisiéramos que las denuncias que nos hagan llegar tengan elementos concretos por medio de los cuales los fiscales que se comisionan puedan desarrollar un trabajo que les permita concluir".

            El titular del Ministerio Público informó que ya se nombró una comisión que va a investigar y desentrañar cualquier conducta irregular de esa naturaleza, "para que en el caso que nosotros logremos precisar cualquier situación sobre esa denuncia, puedan tener la certeza que nosotros las llevaremos como acusación a los tribunales competentes"

            De su parte, el Canciller de la República, José Vicente Rangel, celebró que se haya conquistado un espacio para el diálogo y para la participación de la sociedad civil, "eso a mí manera de ver es el logro más resaltante".

            José Vicente Rangel, al ser consultado sobre la propuesta de crear una Comisión de Derechos Humanos, dijo estar de acuerdo, porque eso responde a un mandato constitucional, "pues la delincuencia no se puede enfrentar con actos delincuentes, con torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o linchamientos. Si somos un Estado de Derecho y una sociedad civilizada, tenemos que asumir las prácticas que en tales sociedades se aplican"

            Al igual que Liliana Ortega, representante del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (COFAVIC) y el coordinador jurídico de PROVEA, Marino Alvarado, el titular del MRE, considera necesario hacer un acento en la prevención del delito, más que en la represión y crear los mecanismos de contacto con la ciudadanía para que la colectividad participe en la lucha antidelictiva.

            En cuanto a la posición asumida por la Fiscalía General de acusar formalmente a los integrantes de fuerzas policiales presuntamente incursos en violación de los Derechos Humanos durante el operativo de seguridad desplegado en el estado Vargas, durante la tragedia natural de 1999, el canciller manifestó que respalda tal medida y que acciones como éstas demuestran que en Venezuela existe un Estado de Derecho y que no hay impunidad. "Pues la impunidad es lo peor que existe para un Estado de Derecho" - concluyó.