Por su parte, El Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, se declaró competente y con apoyo en los argumentos siguientes: ¿... 1.- Por ocurrir el hecho dentro de las instalaciones de Fuerte Mara, el cual se encuentra ubicado en esta jurisdicción del Estado Zulia, de conformidad con lo previsto en el Artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal correspondería conocer del caso a un Tribunal del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. 2.- Por haber iniciado la presente investigación la Fiscalía Décimo Octava del Ministerio Público con sede en la ciudad de El Mojan, Municipio Mara del Estado Zulia (...) procediendo para tal evento a través de noticia críminis, de conformidad con lo previsto en los artículos 285, ordinal 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 108, ordinales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 34 numeral 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, considerando que el hecho a investigar versaba sobre la presunta comisión de un hecho punible tipificado en el Título XIX del Código Penal, el cual refiere a los delitos contra las personas, perseguible de oficio, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita. 3.- Por cuanto los delitos investigados afectan directamente derechos humanos fundamentales, lo cual a tenor de lo previsto en los artículos 23,39 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela deben ser juzgados por Tribunales Ordinarios...¿.

Cumplidos los trámites procedimentales del caso, la Sala Penal pasó a decidir de acuerdo con el numeral 7 del artículo 266 constitucional y del artículo 81 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido observó la Sala que ¿cursa en el folio 1 de la primera pieza del expediente, la solicitud de apertura de la investigación penal militar realizada el 30 de marzo de 2004 por el general de división (Ej) Wilfredo Ramón Silva, comandante de la Primera División de Infantería y Guarnición Militar de Maracaibo, con ocasión de los hechos ocurridos el 30 de marzo de 2004 en la sala disciplinaria ¿... del 105 ¿BING CARLOS SOUBLETTE¿ ubicado en Fuerte Mara...¿. Así mismo que en el folio 12 de la primera pieza del expediente se verifica el acta de los abogados Adoniram Bello García, coronel (Ej) y Alberto José Dos Santos González, capitán (Ej), en la que se deja constancia de que Orlando Jesús Bustamante, soldado (Ej), falleció y fue una de las personas que resultó lesionada en el establecimiento militar anteriormente señalado. Que en el expediente aparecen mencionados los soldados (Ej) Ángel Enrique Medina, Maurio Pulgar Parra, Jesús Mena Torres, Eusebio Reyes Galué, César Cambar Tatys y Alcides Martínez Velásquez, como los ciudadanos que resultaron lesionados en el hecho ocurrido en el Batallón ¿Carlos Soublette¿, así como el ciudadano soldado (Ej) Ángel Ciro Pedreáñez, quien resultó lesionado y posteriormente falleció.

En lo que respecta al conflicto de competencia por la materia, como es el caso, la Sala de Casación Penal ha decidido en otras oportunidades que se: ¿ ... Establece en el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que los delitos comunes serán juzgados por los tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones de naturaleza militar. En consecuencia deben entenderse por éstos delitos aquellas infracciones que atenten a los deberes militares. La Constitución resuelve, en esta forma las viejas dudas existentes al respecto y lo hace aplicando el principio de la igualdad: no existe fuero castrense en razón de las personas que cometan o sean víctimas de delitos, sino que la jurisdicción sigue a la naturaleza de la infracción...¿. (Sentencia N° 750 del 23 de octubre de 2001, con ponencia del magistrado Rafael Pérez Perdomo). En cuanto a la jurisdicción militar la Sala Constitucional estableció: ¿...Comparte esta Sala Constitucional el referido criterio de la Sala de Casación Penal, puesto que conforme al dispositivo expreso del artículo 261 de la Constitución, los delitos comunes cometidos por militares, aun cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido, y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo¿ (Sentencia N° 551 del 17 de marzo de 2003, con ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta). Concluye la Sala de Casación Penal que ¿las actuaciones que cursan en el expediente, a juicio de la Sala, constituyen supuestos delitos comunes tipificados en el Código Penal. Por tanto para evitar dilaciones procedimentales inútiles e indebidas, su conocimiento y sanción debe corresponder a la jurisdicción penal ordinaria, tal como lo ordena el artículo 261 de la Constitución.