Ante el Tribunal Supremo de Justicia se presentaron este jueves los militares presuntamente involucrados en los sucesos del pasado 11 de abril, con el objeto de cumplir la orden emitida por el máximo tribunal, como lo es, la de comparecer ante dicha instancia una vez a la semana mientras dure la medida restrictiva de libertad.

Asistieron a la Secretaría de la Sala Plena, el general de división (Ej) Efraín Vásquez Velasco; el general de brigada (Av) Pedro Antonio Pereira Olivares; el contraalmirante Daniel Comisso Urdaneta y el vicealmirante Héctor Rafael Ramírez Pérez, quienes firmaron el correspondiente cuaderno de presentación.

Cumplido el procedimiento administrativo, los periodistas de la fuente judicial abordaron al vicealmirante Héctor Rafael Ramírez Pérez, quien expresó que el acto se cumplió con toda normalidad en la Secretaría de la Sala Plena.

La oportunidad también fue aprovechada por los reporteros para consultar la opinión del alto oficial sobre la activación del Plan Avila. En ese sentido informó que dicho plan es parte del Plan Soberanía que se aplica en el ámbito nacional, sólo que en esta oportunidad se circunscribe al área metropolitana y que está destinado a preservar el orden público, salvaguardar las instalaciones estratégicas ante manifestaciones desbordadas, protección de las principales vías de comunicación, entre otras área vitales para el desenvolvimiento de la sociedad.

Ante la pregunta de un periodista sobre si fue desconocida la orden del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, de activar el Plan Avila, el vicealmirante fue enfático al señalar que todos los militares que actuaron ese día lo hicieron apegados a su conciencia y que en todo caso consultaran la posición del general Manuel Rosendo, quien como comandante del Comando Unificado de la Fuerza Armada (CUFAN), le correspondía ordenar la activación de dicho plan.

El oficial también manifestó que no se considera traidor, “todo lo contrario me siento orgulloso de portar un uniforme de la Fuerza Armada y de mostrar los símbolos del almirantazgo y, repito, pienso que todos los generales, vicealmirantes y almirantes que actuamos ese día lo hicimos con plena conciencia y sobre la base de la formación que recibimos por más de 30 años en la institución. En la Fuerza Armada nadie está conspirando, no hay golpe de Estado. Lo que hubo fue un examen de conciencia”.

Ante las preguntas de los periodistas sobre los sucesos que provocaron la muerte de numerosos venezolanos en la cercanía del Palacio de Miraflores, el vicealmirante expresó que corresponde a la Comisión de la Verdad el esclarecimiento de tan lamentables hechos.

Por su parte, el abogado Carlos Bastidas, dijo que ya está transcurriendo el lapso de 30 días de vigencia de las medidas restrictivas de libertad, por lo que el Fiscal General de la República podría solicitar el antejuicio de mérito contra sus representados durante los 24 días restantes, “hasta ahora sabemos que eso no ha ocurrido, no se ha presentado una solicitud de investigación formal por parte del Ministerio Público. En consecuencia, sólo queda esperar el transcurso de los acontecimientos, sin embargo, pienso que son pocas las posibilidades para que la Fiscalía General adelante una investigación seria, compleja y objetiva, por lo tanto, creo que el lapso va a expirar sin que se haya producido la solicitud de antejuicio”.

El abogado coincide con el criterio expresado por el vicealmirante Héctor Rafael Ramírez Pérez, al asegurar a los periodistas que nunca hubo golpe de Estado, “lo que se produjo fue una crisis institucional cuando el general Lucas Rincón anunció a la opinión pública la renuncia del Señor Presidente de la República, y la persona llamada a sucederlo, el Vicepresidente Ejecutivo, Diosdado Cabello, no se hizo presente. Por lo tanto, de acuerdo a la doctrina constitucional mayoritariamente aceptada se justifica la presencia de un Jefe de Estado de Hecho hasta tanto se restablezcan los mecanismos constitucionales para designar al nuevo Jefe de Estado. Ante situación algunos juristas opinan que el general en jefe Lucas Rincón está incurso en el delito de falsa alarma, previsto en el artículo 500 del Código de Justicia Militar, porque cuando hizo público el mencionado anuncio verdaderamente causó alarma en el seno de la Fuerza Armada” – concluyó el abogado Carlos Bastidas.