jueves, 20 de junio de 2002
Decidió la Sala Político Administrativa del TSJ:
FIRMADA DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL QUE DECLARO RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE EX ALCALDE MIRANDINO
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Se imputan al ex Alcalde del Municipio Guaicaipuro, Freddy Martínez Troya, su actuación irregular al prescindir del procedimiento de licitación general en la contratación de la obra “Construcción de Kioscos en diferentes sectores de la ciudad de Los Teques”, por un monto total de Bs. 13.725.215,46

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa declaró sin lugar, un recurso de nulidad interpuesto por el ex Alcalde del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, Freddy Martínez Troya, en consecuencia quedó confirmada la decisión de la Contraloría General de la República, mediante la cual se declaró su responsabilidad administrativa durante el ejercicio fiscal de 1995.

 

ANTECEDENTES DEL CASO

El 21 de marzo de 2001 la abogada Victoria Rosales Rojas, apoderada judicial de Freddy Martínez Troya, interpuso un recurso contencioso-administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la resolución s/n del 11 de septiembre de 2000, dictada por el Contralor General de la República, en virtud de la cual se confirmó el auto por el que se declaró la responsabilidad administrativa de su representado durante el ejercicio fiscal de 1995, en su carácter de Alcalde del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.

Las irregularidades imputadas se circunscriben a la supuesta actuación del accionante por la cual prescindió del procedimiento de licitación general en la contratación de la obra “Construcción de Kioscos en diferentes sectores de la ciudad de Los Teques”, por un monto total de Bs. 13.725.215,46, ante lo cual èl, Martínez Troya, alegó en su favor que el Municipio Guaicaipuro se encontraba, durante el año 1995, con problemas derivados de la toma de las calles y avenidas por parte de los comerciantes informales, lo cual hizo imperativa la búsqueda de soluciones que culminaron con el planteamiento de construcción de varios kioscos en distintos sectores de la ciudad de Los Teques.

Agregó igualmente, que la disponibilidad financiera con la cual se contaba para ese momento, las características del trabajo que había que realizar, la urgencia del caso y la imposibilidad de traslado del personal de la obra de un sitio a otro, dado que los kioscos se encontraban en distintos puntos de la ciudad, determinaron la necesidad de otorgar a distintas empresas, durante el curso de un año, los contratos para la ejecución de los referidos kioscos.

La Dirección de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría estimó que el funcionario antes indicado procedió a fraccionar la obra en varios contratos, a fin de aplicar el procedimiento de adjudicación directa para la selección de los contratistas, sin que existiera, de conformidad con los artículos 11 de la Ordenanza de Licitaciones del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda y 61 de la Ley de Licitaciones, un acto motivado que justificara la aplicación del señalado procedimiento.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La Sala Político Administrativa del máximo tribunal del país al estudiar el caso, señaló entre otras cosas que los dos contratos identificados con los números 52-95 del 08-06-95 y 74-95 del 11-08-95, correspondientes a la segunda y tercera etapa, respectivamente, e imputados a Freddy Martínez Troya, fueron suscritos con una misma empresa, esto es, con la sociedad mercantil Construcciones Reluis, C.A., llamando la atención el hecho de que la terminación del primer contrato con esta compañía, tuvo lugar el 28 de julio de 1995, es decir, catorce días antes de la firma del segundo contrato.

Se observa que las obras en cuestión distan de pocos kilómetros, y en algunos casos, se podría hablar sólo de metros, pues la realización del proyecto se dirigió, en todo caso, a la construcción de los kioscos en lo que corresponde a las zonas comprendidas en el casco central de la ciudad de Los Teques.

Indicó la Sala que “los aspectos narrados relativos a la cercanía de los kioscos, la contratación de una misma empresa, por lo menos en dos ocasiones, y las fechas próximas de contratación entre una obra y otra, demuestran, sin lugar a dudas, que se trata de un mismo proyecto de construcción, fraccionado en cuatro contratos alusivos a distintas etapas de realización, sin que obre en el expediente constancia alguna que aluda a los supuestos que, según la ley respectiva, justifiquen el fraccionamiento del contrato”.

Agregó la Sala que el Alcalde debió someter el proyecto denominado “Construcción de Kioscos en diferentes sectores de la ciudad de Los Teques”, al procedimiento de licitación general establecido en el numeral 3 del artículo 8 de la Ordenanza de Licitaciones del Municipio Guaicaipuro, dado que el proyecto en su conjunto supera con creces el monto mínimo establecido para proceder al mecanismo señalado, esto es, Bs. 5.000.000,00; quedándole, en todo caso, la posibilidad de acudir al supuesto de excepción de la regla señalada, previsto en el artículo 11 eiusdem, mediante el cual se admite al Alcalde la posibilidad de proceder por adjudicación directa, independientemente del monto contratado, siempre que medie un acto motivado que justifique su procedencia y de acuerdo a los supuestos contemplados en la misma norma.

En el fallo de la Sala Político Administrativa se desprende que “claramente se puede concluir que el referido funcionario municipal no dio cumplimiento a esta exigencia impuesta por la Ordenanza que rige la materia, toda vez que acudió al procedimiento de adjudicación directa, sin fundamentar previamente por acto motivado, las razones que le impulsaron a tomar esa decisión, lo cual configura indiscutiblemente un supuesto de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, relativo a las averiguaciones administrativas”.

En consecuencia, con base en el indicado artículo y en los fundamentos expuestos por la Contraloría General de la República, basados en la averiguación administrativa correspondiente, la Sala Político-Administrativa consideró infundado el argumento de falso supuesto de derecho planteado, razón por la cual confirma se declaró sin lugar el recurso interpuesto y confirmó la decisión de la Contraloría General de la República, mediante la cual se declaró responsable en lo administrativo a Freddy Martínez Troya, por haber contrariado lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 8 de la Ordenanza de Licitaciones del Municipio Guaicaipuro, así como el artículo 11 de la misma Ordenanza.

Autor:
  prensa TSJ

Fecha de Publicación:
  20/06/2002

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