jueves, 04 de julio de 2002
Acuden al Tribunal Supremo de Justicia para adherirse a la acción principal
FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEL 11-A SOLICITAN MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION Y DESARME DE GRUPOS ARMADOS

Un grupo de familiares de las víctimas de los sucesos del 11 de abril, asistidos por los abogados Alfredo Romero Mendoza, Gonzalo Himiob Santomé, Eduardo Meier García y Antonio Rosich Saccani, acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar medidas cautelares de protección “frente a los posibles atentados que, en el curso del proceso, pudieran sufrir, a cargo de quienes figuren como imputados o de aquellos que eventualmente puedan estar comprometidos en los hechos objeto de la investigación solicitada”.

Los demandantes piden al TSJ que instruya a los organismos de seguridad del Estado, a los efectos de que sirvan tomar las medidas necesarias para, en cumplimiento del mandato contenido en el Artículo 55 del nuestro Texto Constitucional, proteger a los proponentes de la imputación formal, y a la ciudadanía en general, “de cualquier mensaje violento u ofensivo, o de la ejecución de actos violentos o contrarios a los derechos fundamentales de los mismos”.

Así mismo, piden a la Sala Plena del Supremo Tribunal que ordene el cese inmediato de las actividades de grupos (civiles o paramilitares) armados organizados, “y de los ‘brazos armados’ de los denominados ‘Círculos Bolivarianos’, y del uso de fondos del erario nacional para su estructuración, equipamiento y operación. Especialmente, solicitamos a esta honorable Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ordene a todos los cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas Nacionales para que procedan de inmediato a la desarticulación, desarme y pacificación de los brazos armados de los citados ‘círculos’ y de cualquier grupo (civil o paramilitar) armado organizado para la autoprotección o para la imposición violenta de cualquier idea política”.

En este sentido, los accionantes, de conformidad con los artículos 324 y 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitan al TSJ que ordene a los órganos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas Nacionales, que inicie un proceso de desarme de los mencionados grupos, y de control exhaustivo de registro, inspección, comercio, posesión y uso de armas, municiones y explosivos, coordinado para tales fines con los órganos de seguridad del Estado.

Por otra parte, los familiares de las víctimas, interpusieron otro escrito, solicitando una prueba anticipada con relación al ciudadano Fernando Joel Sánchez Colmenares, herido de bala el día 11 de abril de 2002.

Los abogados del mencionado ciudadano piden al TSJ se sirva ordenar un reconocimiento médico legal sobre Sánchez Colmenares, “en el que con ayuda de especialistas médicos, se le extraiga de su cuerpo la bala que recibió el día 11 de abril y se le imponga el tratamiento a que haya lugar a los efectos de, en lo posible, reducir los actuales y eventuales perjuicios a su salud, integridad física, psíquica y moral que han derivado de la grave lesión que le fuera infringida”.

De la misma forma, solicitan al Supremo Tribunal que ordene que “sobre el proyectil extraído, se efectúen, a cargo de los expertos designados a estos efectos, los peritajes balísticos y de comparación necesarios al esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación solicitada”.

Finalmente, María Isaura Rojas, hermana de Orlando Rojas, una de las víctimas fatales de los sucesos del 11-A, solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que la adhiera a la acción de imputación formal por las graves violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por autoridades estatales y los crímenes de lesa humanidad perpetrados presuntamente por autoridades del Ejecutivo Nacional.

Fecha de Publicación:
  04/07/2002

Pagina Web:
  

Correo Electrónico
  

Ir al tope

Recomendar esta página a un amigo(a)