Carlos Alfonso Prince Arellán, Víctor Hugo Mejías, Alexis José Natera Pérez y Fleming Veitia, abogados miembros de la Fundación en constitución “No olvidemos el 11 de Abril”, así como los diputados Gerardo Blyde, Julio Andrés Borges, Liliana Hernández, Carlos Ocariz y Ramón José Medina, del partido político Primero Justicia y Malvina Pesate ( en su carácter de víctima herida en los sucesos del 11 de abril) solicitaron el avocamiento de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el proceso judicial seguido por la Juez 40 de Control, Norma Sandoval, donde aparecen como imputados Richard Peñalver, Rafael Cabrice y Henry Atencio.

En este sentido, los demandantes recuerdan que el pasado 11 de julio, la juez en cuestión decidió sobreseer la causa que contra los mencionados ciudadanos, intentada por la Fiscalía General de la República por los sucesos acaecidos en la ciudad de Caracas el pasado 11 de abril en las inmediaciones del Puente Llaguno, “sucesos que constituyen hechos públicos y notorios”.

A efectos del avocamiento los accionantes citan la decisión del magistrado José M. Delgado Ocando de la Sala Constitucional del TSJ, del 24 de abril de 2002 (solicitud de avocamiento del Sindicato Profesional de Trabajadores al Servicio de la Industria Cementera, Empresas Filiales, Conexas, Inherente, Afines, Similares y Subsidiarias del estado Trujillo (Sintracemento), Corporación de Cemento Andino, C.A.).

En el referido fallo, se determinó la posibilidad de avocamiento de las diferentes Salas que conforman el Tribunal en virtud del control que las mismas deben ejercer sobre el resto de los órganos jurisdiccionales del país.

Argumentan igualmente que “los hechos acaecidos el 11 de abril causaron una gran alarma, desconcierto y repudio en el seno de la sociedad por lo que al ser procesadas las personas que esgrimieron armas de fuego en contra de los ciudadanos que marchaban hacia el Palacio de Miraflores, dejando como resultado varios ciudadanos heridos y muertos en los alrededores de la Avenida Baralt, la opinión pública exigió que se hiciera justicia. Luego de tres meses pudimos conocer a través de los medios de comunicación la decisión que le otorgó la libertad plena a los presuntos implicados, lo que ha creado una indignación social y la pérdida de la credibilidad en la justicia por cuanto existe la duda razonable de que los acusados están incursos en los delitos señalados en la acusación interpuesta por el Ministerio Público, a través de los Fiscales Héctor Villalobos, José Ernesto Graterol y Danilo Anderson”.

Los demandantes dejan claro que no solicitan la condenatoria a priori de los ciudadanos señalados, “pero constituye un clamor social el que se les siga un juicio justo en el que puedan argumentar y probar su defensa, en el que las pruebas aportadas por el Ministerio Público y los demás órganos de investigación penal y criminalística del país sean valoradas conforme a derecho y, finalmente, conforme a la verdad que se produzca en autos, se determine la culpabilidad o inocencia de los ciudadanos señalados”.