Este viernes en el Tribunal Supremo de Justicia se llevó a cabo el Seminario-Taller del “Decreto Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas”, organizado por el máximo tribunal del país, la Cámara Venezolana-Americana de Comercio e Industria (VENAMCHAM) y la Universidad Católica Andrés Bello. Al instalar el evento, el presidente del máximo tribunal del país, reiteró el compromiso del alto tribunal en promover y apoyar todas aquellas iniciativas que persigan ofrecer seguridad jurídica, como objetivo fundamental del proceso de consolidación del Estado de Derecho, así como una condición básica para el desarrollo social y económico.

            El evento realizado en el Auditorio Principal del país contó con la asistencia de cerca de trescientas personas, entre funcionarios judiciales, abogados, profesionales de instituciones y organizaciones de diversos sectores de la sociedad. Estuvieron presentes el presidente de la Sala Político Administrativa, magistrado Levis Ignacio Zerpa; La Gerente del Proyecto de Modernización del máximo tribunal, Adriana Lander; El presidente y vicepresidente de la Cámara Venezolana-Americana de Comercio e Industria (VENAMCHAM), doctores Pedro Palma y Antonio Herrera; El asesor de VENACHAM, Dr. José Vicente Haro; El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Dr. José María Casal y representantes de los medios de comunicación social.

IVAN RINCÓN: TRIBUNAL SUPREMO APOYA TODA

INICIATIVA QUE PERSIGAN OFRECER SEGURIDAD JURIDICAD

            El magistrado Iván Rincón Urdaneta al instalar el Seminario-Taller, luego de agradecer a todos quienes hicieron posible la realización del evento dirigido, entre otras cosas a difundir el contenido y alcances del Decreto Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, expresó que las nuevas tecnologías, entre ellas la Internet, ofrecen bondades para todos los usuarios, sin embargo reconoció que en el país su acceso todavía es limitado aunque desde diferentes sectores públicos existen esfuerzos por cambiar tal situación y brindar a la población los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías.

            Señaló que a nivel internacional las relaciones, comercio y comunicaciones se han desarrollado de manera vertiginosa, por lo cual es de gran importancia la aprobación del Decreto Ley, “como respuesta inevitable para tratar de resolver aspectos de derecho probatorio para los que no existía una regulación específica en nuestro país”, dijo el magistrado.

            El artículo 1 del Decreto Ley, indicó el magistrado Iván Rincón, establece que el mismo tiene como objeto otorgar,  reconocer eficacia y valor jurídico a la firma electrónica, al mensaje de datos y a toda la información inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte materia, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los proveedores de servicios de certificación y los certificados electrónicos.

            “No dudemos en afirmar la importancia que tiene para Venezuela este Decreto, en cuanto brinda seguridad jurídica a las relaciones comerciales y a las inversiones tanto nacionales como extranjeras, al contar con una legislación de este tipo, en la que juega un papel fundamental la privacidad de los usuarios, así como el control por parte del Estado”, señaló el magistrado-presidente, agregó que con el Decreto Ley, “la competitividad, la posibilidad de acceder a los mercados internacionales, la apertura, la desregulación y todos los demás aspectos que componen hoy día las relaciones económicas, se ven garantizadas jurídicamente en nuestro país”.

            Para concluir, reiteró el magistrado “el compromiso del Tribunal Supremo de Justicia en promover y apoyar todas aquellas iniciativas que persigan ofrecer seguridad jurídica, como objetivo fundamental del proceso de consolidación del Estado de Derecho, así como una condición básica para el desarrollo social y económico”

MIGUEL OSIO: “DECRETO LEY

AGILIZA Y MEJORA ACCESO A LA JUSTICIA”

Por su parte, el Dr. Miguel Osío, corredactor del Anteproyecto de la Ley, quien   disertó acerca del Decreto Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, al ser abordado por los periodistas que cubren la fuente judicial, informó que el Decreto Ley fue promulgado el 28 de febrero pasado, tiene las normas fundamentales para el reconocimiento del formato electrónico, fundamental para el desarrollo del comercio electrónico en el país, “antes de este Decreto Ley, no existía ninguna Ley que reconociera el valor probatorio, que reconociera el valor de estos medios electrónicos, para poder generar una obligación o un derecho en Internet”, explicó.

            Como uno de los beneficios que ofrece, señaló Osío, está el hecho de que “consagra o te desarrolla la seguridad jurídica que necesita un particular mediante el reconocimiento legal del mensaje de datos y de la firma electrónica, se les otorga un valor probatorio a estos, lo cual es un elemento fundamental para poder gestar la economía digital y así el juez tiene la manera, la forma de valorarla como pruebas dentro de un proceso judicial, además le brinda al usuario confianza, ya que le da seguridad a su contrato o negocio que celebre vía electrónica”.

            “El Decreto Ley trae a nuestro sistema jurídico una nueva forma de cómo se está gestionando la economía, que es la vía electrónica, se pueden celebrar contratos y comprar o vender bienes o servicios por la vía electrónica, pero bajo una legislación que le permita hacerlo con seguridad”, agregó Osío.

            Aclaró que el Decreto Ley no regula el tema del fraude electrónico en la Red, pero que hay una Ley general, una Ley marco que está muy adelantada en la Asamblea Nacional, en la cual se consagran y tipifican todos los delitos que se pueden realizar por la vía electrónica.

            Al ser consultado por uno de los periodistas que cubren la fuente judicial en relación a cómo facilita el Decreto Ley al acceso a la justicia, indicó que “permite utilizar todas las herramientas de la tecnología de la información pone a disposición, como las empresas privadas las utilizan para todo el proceso de su parte productiva, el Estado entonces puede utilizarlas para agilizar el proceso judicial, para ahorrar costos en los procesos judiciales, automatizar el sistema judicial  y los tribunales. Es fundamental que los tribunales se modernicen con este concepto, inclusive el Estado a través de ese mecanismo legal entonces puede automatizar el sistema judicial y llevar los archivos ya desde el punto de vista electrónico y evitar una habitación, como hoy en día, llena de expedientes acumulados, ya ahora se podría digitalizar esos expedientes, llevarlos a un formato electrónico y ponerlo en un servidor y eso indudablemente agiliza y mejora el acceso a la justicia”.      

TRIBUNAL SUPREMO ABRIENDO CAMINOS PARA EL USO

DE LA TECNOLOGÍA COMO VIA PARA CUMPLIR FASES PROCESALES

            El Gerente de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia, Ing. Ricardo Jiménez Dan, durante su exposición sobre La Diligencia Judicial Electrónica, se hizo la siguiente interrogante ¿Es posible imaginarse un juicio sin papeles en Venezuela?, al respecto señaló que se trata la serie de alternativas que este tipo de tecnología ofrece para el mejoramiento del funcionamiento de la justicia, gracias al intercambio de información entre las partes y los tribunales por medios electrónicos.

            Desde el punto de vista del máximo tribunal, señaló Jiménez, hay varias fases procesales informativas que se hacen a través de medios electrónicos, “a través de la página Internet del TSJ, se informa, comunica, a los usuarios, a las partes, una decisión tomada en el máximo tribunal del país, de tal manera que ese mecanismo que no está basado en la certificación o firma electrónica, pero que tiene la confiabilidad en el respaldo que da el espacio oficial de Internet  con la categoría de espacio oficial, le permite al magistrado comunicar a las partes su decisión”.

            Agregó que, “el propio Tribunal Supremo en su decisión número siete del 1º de febrero del 2.000, caso José Mejía Betancourt, estableció que para el procedimiento de amparo, el Tribunal podía notificar, entre otros medios, por correo electrónico a las partes, abriéndose un camino de juez a parte, y éste probablemente será uno de los hitos iniciales que ayudarán en la evolución, en la consolidación de una teoría nacional, sobre los actos procesales verificados por medios electrónicos”.

            Además, expresó, que otra decisión que marca un camino en ese sentido, es la decisión del 9 de abril de 2.001, caso Oswaldo Alvarez, según la cual se admite Internet

como un medio posible para la interposición de solicitudes de amparo constitucional, abriéndose el camino en la otra dirección, es decir, en la vía justiciable y juez”. Indicó también que a través del portal del Tribunal Supremo (www.tsj.gov.ve), entre otras cosas, las partes pueden saber el estado de su  caso que cursa dentro del Tribunal, desde que entró hasta la fase que se encuentra hoy.  

            Después de una serie de intervenciones de expertos en la materia, el presidente de la Sala Político Administrativa, magistrado Levis Ignacio Zerpa, se encargó de clausurar el evento, reiterando que el máximo tribunal abre las puertas y apoyara cualquier iniciativa que redunde en fortalecer la seguridad jurídica en el país.