En el Auditorio de la Sala Plena se realizó el acto de juramentación de la tercera lista de jurados para la evaluación y concurso de oposición para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial. En el marco del acto, el presidente  del máximo tribunal, magistrado Iván Rincón Urdaneta, señaló que ya el Ejecutivo y la Asamblea Nacional aprobaron una parte de los recursos para, entre otras cosas, cancelar los pasivos laborales que existe con los empleados tribunalicios, lo cual ya se ha venido adelantando, sin embargo expresó que en caso de una paralización en ese sector, existe un plan de contingencia para evitar la paralización de la justicia. Advirtió que se debe esperar por la emisión del Decreto respectivo, que el dinero ingrese a la tesorería y así proceder a la cancelación de los pasivos laborales, pero que existen tramites para ello que no se pueden obviar. 

            Al acto encabezado por el magistrado-presidente, Iván Rincón, también asistieron los magistrados Omar Mora Díaz, Levis Ignacio Zerpa, Yolanda Jaimes Guerrero, Antonio García García, Alejandro Angulo Fontiveros, Blanca Rosa Mármol de León, Luis Martínez Hernández, Carlos Oberto Vélez, la Secretaria de la Sala Plena, Dra. Olga Dos Santos y representantes de los medios de comunicación.

            Fueron juramentados para integrar la tercera lista de jurados para la evaluación y concurso de oposición para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial, los ex magistrados del máximo tribunal, Alirio Abreu Burelli y Jorge Rosell Senhenn, además, los doctores Rafael Quintero, Lilian Suárez, Haydee Barrios, Mirla Linares y Yuri Bullaz.  

Al ser consultado el titular del Tribunal Supremo acerca de la posibilidad que se maneja acerca de realizar un referéndum para ver si se va o no a una huelga en los tribunales, expresó que el máximo tribunal hasta los momentos ha realizado todas las gestiones necesarias para conseguir los recursos necesarios para pagar los pasivos laborales a los empleados tribunalicios, “así como efectivamente hemos venido cancelándole los intereses de prestaciones y la mayor parte de los pasivos, sin embargo la Dirección Ejecutiva de la Magistratura es la que dirige la parte de la discusión de la contratación colectiva y son ellos los que están discutiendo ese tema con los empleados tribunalicios”, expresó el magistrado.

IVAN RINCÓN: “NOSOTROS TAMPOCO PODEMOS PASAR POR ENCIMA

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL DINERO”

Agregó en relación con los recursos necesarios solicitados por el Tribunal Supremo para el Poder Judicial que ya el Ejecutivo y la Asamblea Nacional aprobaron una parte de ellos, “lo único que esperamos es que ingresen a tesorería, que se publique el Decreto respectivo, lo cual debe ser cuestión de horas, para cancelar los pasivos, pero no sé que otros reclamos tendrán ellos, todo eso se está manejando y está previsto dentro del crédito adicional que se solicitó”.

            Informó que trabajan arduamente para evitar una paralización de la justicia, sin embargo informó que en caso de una paralización, existe un plan de contingencia para evitar la paralización de la justicia, “esta mañana hablé con los directivos de la DEM y se les ordenó que se avoquen al problema planteado por los empleados, porque nada hacemos con paralizar un tiempo los tribunales y después que se paralizan entonces es cuando vienen los recursos. Reitero que los recursos ya fueron aprobados por el Ejecutivo en gran parte, se aprobó el primer tramo, que son cien millardos, los cuales también los aprobó la Asamblea Nacional, pero nosotros tampoco podemos pasar por encima de los procedimientos para el otorgamiento del dinero”. Sin embargo dijo que no puede adelantar nada en relación al plan de contingencia porque la DEM está trabajando para evitar una paralización del sector justicia en el país.

SOBRE LA SENTENCIA 1.013 DEL TRIBUNAL SUPREMO

Posteriormente, una de las periodistas que cubren la fuente judicial preguntó al magistrado en relación con las declaraciones aparecidas en la prensa según las cuales el Dr. Hermann Escarrá, representante del Estado en materia de Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, dijo que si la sentencia 1.013 llega a la Corte Interamericana él no va a se ser el defensor de esa sentencia porque es indefendible, el magistrado Iván Rincón dijo: “ese es él criterio que el tiene, él es el abogado del Estado venezolano y quien debe responderte esa pregunta es el Estado venezolano, porque se supone que si yo contrato a alguien acá y luego me dice que no va a cumplir su función, bueno entonces yo respondo, pero nosotros no tenemos nada que ver con ese tema porque ese es un tema entre Escarrá y el Estado venezolano, no entre el Tribunal Supremo de Justicia y Escarrá”, concluyó.       

ALIRIO ABREU BURELLI: “LOS TRAMITES ANTE

INSTANCIAS INTERNACIONALES SON LENTOS”

            Uno de los juramentados, el Dr. Alirio Abreu Burelli, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también fue consultado sobre la sentencia 1.013, específicamente sobre el tramite que seguiría la acción internacional interpuesta por la Dra. Cecilia Sosa Gómez. Al respecto advirtió que no puede adelantar criterios sobre el fondo del asunto, pero que desde el punto de vista procedimental “todas las quejas sobre violación de derechos humanos conocidas en el Sistema Interamericano entran necesariamente por la Comisión Interamericana que está en Washington, esta última estudia si ya se han agotado los recursos judiciales internos del respectivo país y si cubre los requisitos de admisibilidad se admite la denuncia”.

            Explicó que la Comisión es como un organismo instructor, elabora un expediente del caso y al final hace un informe, “es una especie de decisión sobre lo que estudió y hace unas recomendaciones al Estado denunciado para que tome unas providencias. Si es necesario puede pedir a la Corte Interamericana que dicte unas medidas para preservar los derechos que se consideren han sido violados, hay muchos casos en la Corte donde se han dictado ese tipo de medidas provisionales, a pesar de  que los mismos no han llegado aun a la Corte Interamericana”, señaló Abreu Burelli.

            Advirtió que en caso de que el Estado respectivo no acate las medidas de la Comisión Interamericana, entonces existen dos opciones: la primera, pasar el informe a la Organización de Estados Americanos (OEA) o el caso se pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces en ese caso, la Corte lo convierte en un caso contencioso contra el Estado introducido por la Comisión Interamericana. Agregó que cuando el caso llega a la Corte de nuevo se hace un trámite de admisibilidad, se hace una audiencia donde comparece la representación del Estado y luego de una serie de tramites se dicta una sentencia, “si el Estado es condenado, entonces hay una nueva sentencia de reparaciones”.

            Al ser consultado sobre la duración de las dos etapas referidas, reconoció Abreu Burelli que “los tramites ante instancias internacionales son lentos, porque la Comisión no es un cuerpo permanente, sino que se reúne cinco o seis veces al año, tampoco la Corte es permanente, es lento el procedimiento. Pero podríamos asignarle a la Comisión Interamericana unos ocho o diez meses posiblemente y en la Corte un año”, expresó.