Este miércoles en el Tribunal Supremo de Justicia se firmó un Convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Empresa Estatal Noruega STATOIL, Amnistía Internacional y la máxima instancia judicial del país, el cual es la continuidad del Convenio para la Formación de Jueces en Derechos Humanos, iniciado el 26 de mayo de 1999, entre el entonces Consejo de la Judicatura, STATOIL, Amnistía Internacional y el PNUD en el marco del Proyecto Venezuela 99/ 008. El magistrado-presidente, Iván Rincón Urdaneta, expresó que la cara de la justicia será lavada por la propia ciudadanía, ya que son ellos los receptores de las decisiones de todos los jueces en el país”. 

            La firma se realizó en el Salón de Conferencias de la máxima instancia judicial y contó con la presencia los magistrados Levis Ignacio Zerpa y Antonio García García; El Dr. Adán Febres Cordero, Director de la Escuela Judicial; El Gerente de Administración y Servicios del TSJ, Econ. Cándido Pérez Contreras; La Gerente del Proyecto de Modernización del alto tribunal, Adriana Lander; Igualmente estuvieron la Dra. Ximena de Canestri; El Viceministro Fernando Hernández en representación del Ministerio de Planificación y Desarrollo; El Econ. Antonio Molpeseres, del Programa de las Naciones Unidas, junto con la Consultora Jurídico del PNUD.

Por la Empresa Estatal Noruega, estuvo su presidente el Dr. Staffan Riben; Por Amnistía Internacional en Venezuela, los doctores Fernando Fernández (Director) y Marcos Gómez, además, asistió el Embajador de Noruega Dr. Dag Mork Ulnes.

LAS PUERTAS DEL TRIBUNAL ESTAN ABIERTAS

El presidente del alto tribunal manifestó en el acto de la firma, que el Convenio es un apoyo muy importante en el proceso de reforma y modernización que se realiza en el Poder Judicial venezolano, específicamente destacó que entre las virtudes del Convenio es que gracias a el apoyo intelectual y económico, permitirá que los jueces venezolanos se formen en la materia de los Derechos Humanos, pero dijo que esos jueces que recibirán capacitación compartirán sus conocimientos con los demás colegas con el fin de crear el perfil del Juez que toda la ciudadanía espera, “la cara de la justicia será lavada por la propia ciudadanía, ya que son ellos los receptores de las decisiones de todos los jueces en el país”, expresó a los asistentes a la firma del Convenio.

Igualmente, indicó que las puertas del alto tribunal del país están abiertas a todos los sectores, “para recibir el apoyo en este momento de reforma en el Poder Judicial, lo cual será devuelto con el fortalecimiento del Estado de Derecho y seguridad jurídica para todos”.        

IMPRESIONES DE LOS PROTAGONISTAS DEL CONVENIO FIRMADO

Al ser consultado por los periodistas que cubren la fuente judicial, el presidente de STATOIL, Dr. Staffan Riben, manifestó que el motivo de la empresa para participar en el Convenio es “que con el desarrollo del sistema judicial, con el fortalecimiento de los conocimientos en materia de Derechos Humanos, es muy importante porque brinda seguridad jurídica al país”, dijo.

Explicó que se trata de un programa de entrenamiento de jueces venezolanos, pero que ya hay antecedentes ya que 25 jueces del país hace dos años en un proyecto piloto realizado hace dos años y que para esta firma constituye la segunda etapa del mismo, en relación con la capacitación de los jueces en los Estados Anzoátegui y Zulia, que según el propio Riben comenzará a principios del año 2002”.

Entre tanto, el Director de Amnistía Internacional en Venezuela, Dr. Fernando Fernández, explicó que con el tratado que comenzó hace dos años, se pretende que los jueces sean instruidos en el estudio y aplicación de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, “el programa empezó hace dos años con la capacitación de jueces de niños y adolescentes y la idea de esta segunda etapa es extenderlo a todas las jurisdicciones y especialidades”.

Agregó que “Venezuela es un país tomado como modelo en este tipo de actividades porque se logra que la empresa privada, el Estado y la sociedad civil busquen una solución al tema de los Derechos Humanos en sede de los tribunales   Este programa durará unos dos años más”

            Igualmente, el Econ. Antonio Molpeseres, del Programa de las Naciones Unidas en Venezuela, señaló que el programa es muy interesante porque reúne al Estado, a través del Tribunal Supremo, al sector multilateral, por medio de PNUD, la sociedad civil con Amnistía Internacional y el sector privado a través de STATOIL, todos unidos en el estudio y capacitación en el tema de los derechos humanos.

            Expresó que debido al éxito de la primera parte del convenio, con los jueces de Caracas, entonces se firma esta segunda etapa, para los jueces de Anzoátegui y Zulia, “esperamos que no sea el fin, que vengan otras etapas para los demás Estados del país, creo que en esta segunda etapa se beneficiarán unos sesenta jueces, la mayoría de primera instancia”, dijo.            

DECLARACIONES DEL MAGISTRADO IVAN RINCÓN A LOS MEDIOS

            El magistrado después de realizado el acto de firma del convenio manifestó a los periodistas al referirse al mismo, que se trata de una prueba más de la apertura del Tribunal Supremo y su compromiso con el desarrollo del país, “en el convenio está la empresa privada, con la empresa de Noruega STATOIL, y estamos entonces con esta segunda fase ya de formación de jueces que van a cumplir un efecto repetidor, paralelamente hoy también estamos con treinta jueces en conjunto con la Embajada Americana que estamos enviando a formarse en los Estados Unidos en materia de la aplicación de la Ley Procesal”, expresó. Sobre el objetivo del convenio manifestó el magistrado que es capacitar a los jueces en materia de Derechos Humanos que luego harán funciones multiplicadoras de sus conocimientos en todo el país.

            Indicó el magistrado que el Tribunal Supremo que la justicia en el país está abierta para todos los sectores de la vida nacional, al respecto informó que en días pasados, el alto tribunal sostuvo una reunión con la Cámara Venezolana Americana (Venancham), “quienes representan un gran sector de la empresa privada y con la cual vamos a suscribir convenios más adelante en materia de arbitraje y medios alternos para la solución de conflictos, es decir, que la justicia no está cerrada sino que todas las empresas privadas y extranjeras en este momento están interesadas en trabajar conjuntamente con nosotros para abrir la justicia al ciudadano, para lograr beneficios a los ciudadanos”.

            En relación con el número de jueces que se han venido formando y que ahora recibirán capacitación en materia de Derechos Humanos en Venezuela, explicó que “hemos venido formando en una primera etapa al grupo de jueces que reunían el perfil acá de Caracas. En este momento vamos a hacer una selección de todos los jueces que y han participado en materia de Derechos Humanos de los Estados Zulia y Anzoátegui para que a la vez ellos cumplan un efecto repetidor en el resto de los jueces del país, es decir, ellos reciben una formación con expertos y luego ellos la difundirán por todo el país, porque la idea es que no sólo haya un grupo de jueces privilegiados, sino todos los jueces del país formados en esta materia”, dijo el presidente del alto tribunal del país.

            Al ser consultado sobre el financiamiento, el magistrado informó que es con dinero de la empresa STATOIL, es decir, el máximo tribunal no tiene que hacer ningún desembolso.

- ¿No me queda claro, que interés tiene entonces esta empresa en financiar el convenio?, preguntó uno de los periodistas al magistrado.

- Bueno, todas las empresas privadas, como ustedes saben en la mayoría de los países desarrollados participan en programas de difusión y de bienestar social. El interés que ellos tienen es ayudar con el desarrollo de todos los preceptos constitucionales que tienen que ver con mejorías a la sociedad, cuando hablamos de  desarrollo de los derechos humanos, es precisamente que haya justicia social, porque si hay justicia social hay paz, yo lo dije durante la firma del convenio, nosotros formamos a los jueces, los cuales tendrán un efecto multiplicador, se beneficia a toda la población, lo cual brinda seguridad jurídica y Estado de Derecho que es lo que le interesa a la empresa privada en definitiva y le interesa también la paz social en Venezuela que tiene que ver con el respeto  a los Derechos Humanos.